Decisiones de constitucionalidad sobre el concepto de víctima Esta norma fue objeto de múltiples ataques de constitucionalidad, razón por

la cual su alcance e interpretación han sido delimitadas por la H. Corte Constitucional. Es importante resaltar que cada uno de los pronunciamientos del órgano de cierre constitucional, que se van a analizar, no solo se refieren a aspectos puntuales y aislados de demandas de inconstitucionalidad en contra de la ley 1448 de 2011, sino que tratan estudios de constitucionalidad sobre la forma en que dicha Corporación acompasa el concepto nacional de víctima a los lineamientos internacionales, que se estudiaron en acápites anteriores. Para el efecto, se hará un desarrollo temático detallado de los aspectos más relevantes de cada sentencia.

1.1.2.2.2.1. Sentencia C-052 de 08 de febrero de 201282_{-víctimas indirectas-} El primer cuestionamiento que se hizo a la definición de víctimas se refirió a los grados de parentesco y la condición de muerte o desaparición de la víctima, como requisitos esenciales para que ciertos familiares adquieran la condición de víctimas. Ante los cuestionamientos planteados la H. Corte Constitucional aclaró que, en los términos de la Ley 1448 de 2011, la condición de víctima se adquiere

82 _{CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 052 de 08 de febrero de 2012. Magistrado Ponente: Nilson}

con la acreditación de un daño proveniente de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, dentro del conflicto armado interno, entendiendo que el daño puede ser cualquiera de los contemplados en la normatividad vigente o reconocido por la jurisprudencia83_{, es decir, un familiar de}

la víctima directa puede acceder a los beneficios de la ley de víctimas cuando logre acreditar el daño por él padecido, sin importar el grado de parentesco que tenga.

La hipótesis que se incluyó en el inciso 2 del artículo 3 se refiere a una ampliación del concepto de víctima del inciso primero84_{, por tanto, es distinta pero}

complementaria a la del inciso 1.

El máximo órgano constitucional entendió que el inciso 2 cuestionado, lo que hace es crear una situación de presunción de daño, cuando se satisfagan las premisas allí contempladas, es decir, que se acredite un grado de parentesco y que la víctima directa haya muerto o esté desaparecida. En esa medida, las personas que se encuentren en la hipótesis de este inciso no deben acreditar el daño, sino su parentesco y las circunstancias especiales de la víctima directa.

Las situaciones contempladas en los incisos 1 y 2 del artículo 3 de la ley de víctimas revisten situaciones iguales frente al reconocimiento de status de víctimas, pero distintas frente a los requisitos que se exigen para adquirir tal condición, circunstancia que impide hacer un juicio de igualdad entre las dos víctimas de los incisos en mención.

1.1.2.2.2.2. Sentencia C-250 de 28 de marzo de 201285 _{-límite temporal de la}

83_{Puede tratarse de daños materiales e inmateriales, con los distintos componentes que conforman cada uno}

de ellos.

84_{Como lo refiere la H. Corte Constitucional, de ello da cuenta la expresión “También son víctimas…”.}

85_{CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 250 de 28 de marzo de 2012. Magistrado Ponente: Humberto}

condición de víctima-

Otro de los cuestionamientos planteados a la definición de víctima de esta ley fue la limitación temporal para el reconocimiento de las víctimas (1° de enero de 1985). Al respecto la H. Corte Constitucional hizo un recuento de los diversos e intensos debates que se suscitaron alrededor del límite temporal incluido por la Cámara de Representantes86_{, coligiendo que la fecha incluida en el texto}

normativo sólo podría ser declarada inconstitucional si su inclusión se hizo de forma arbitraria. En la decisión se dijo que en un conflicto de larga duración como el colombiano es difícil determinar un único hito relevante, razón por la cual todas las fechas que se propongan pueden dar lugar a discusiones y llevar a pensar en su inconstitucionalidad; empero adoptar una postura que reconozca a todas las víctimas de la violencia en Colombia desde sus orígenes llevaría a limitar la libertad de configuración del legislador y sería una posición irresponsable frente a los recursos estatales, disponibles para la reparación, generando expectativas de imposible satisfacción para el Estado y para las víctimas.

Lo anterior adquiere mayor connotación si se tiene en cuenta que la inclusión de una fecha límite, respondió a extensos debates en el Congreso y respondió a un consenso y acuerdo de las distintas corrientes ideológicas y políticas que representan al pueblo colombiano. Aunado a lo anterior, los datos estadísticos reflejan que las víctimas del conflicto armado interno se incrementan en los años 80, época que cubre la ley de víctimas.

A su vez, el guardián de la Constitución considera que:

La no inclusión de las víctimas anteriores a esa fecha respecto del goce de las medidas reparatorias de índole patrimonial no las invisibiliza, ni supone una afrenta adicional a su condición, como sugieren algunos intervinientes, pues precisamente el mismo artículo en su parágrafo cuarto hace mención

de otro tipo de medidas de reparación de las cuales son titulares, que éstas no tengan un carácter patrimonial no supone un vejamen infringido por la ley en estudio, pues una reflexión es este sentido supone dar una connotación negativa a las reparaciones que no sean de índole económica, la cual a su vez supone una división de las medidas de reparación que no se ajusta a los instrumentos internacionales en la materia.

Es importante tener en cuenta que en las leyes de justicia transicional la inclusión de límites temporales constituye una característica esencial, porque se trata de la transición de un periodo histórico a otro.

En relación con la posible vulneración del derecho a la igualdad entre víctimas anteriores al 1° de enero de 1985 y las posteriores a dicha fecha, la H. Corte Constitucional estableció que no se presenta vulneración alguna, toda vez que si bien es cierto la norma incluye un tratamiento diferenciado entre personas en igualdad de condiciones -víctimas-, también lo es que dicho trato persigue una finalidad constitucionalmente legítima: la sostenibilidad fiscal, entendida como “un criterio de naturaleza constitucional que reconoce la escasez de los recursos públicos y pretende asegurar las condiciones para que el Estado garantice la prestación y el disfrute del conjunto de derechos reconocidos en la Constitución, en el marco del cual se desarrolla el proceso democrático de fijación de prioridades y de adopción de políticas públicas para lograr las metas trazadas, sin desconocer, en ningún caso, los derechos reconocidos en la Constitución.”87

1.1.2.2.2.3. Sentencia C-253A de 29 de marzo de 201288_-víctimas beneficiarias de la ley 1448 de 2011-

87_{Este punto no se justifica ante las decisiones de la comunidad internacional, pues en dichas instancias no}

existe ningún tipo de limitante temporal para que las personas puedan adquirir su condición de víctimas y su derecho a ser reparadas, máxime en Estado como el nuestro donde las circunstancias del conflicto hacen que, en mucha ocasiones, las víctimas sean objeto de doble victimización, haciendo imposible cualquier posibilidad de reclamación ante las autoridades estatales. Puede que la comunidad internacional no vea con buenos ojos que se dé prevalencia al principio de sostenibilidad fiscal sobre la protección efectiva a las víctimas.

88_{CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 253A de 29 de marzo de 2012. Magistrado Ponente: Gabriel}

En esta oportunidad, fueron varias las réplicas al artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, sobre el límite temporal y las personas que fueron incluidas como víctimas.

En una primera parte, la H. Corte Constitucional refirió que la Ley 1448 de 2011, no busca dar una definición para el universo de víctimas sino tan sólo para aquellas que puedan ser beneficiarias de los privilegios que concede esta norma, en ese sentido, las personas que sufren daños como consecuencia de actos de delincuencia común no dejan de ser víctimas, simplemente no pueden acceder a los beneficios de esta norma y deberán acudir a los mecanismos ordinarios para obtener reparación; en igual situación se encuentran las personas que son víctimas antes del 1° de enero de 198589_.

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional aclaró que la Ley 1448 de 2011 no desconoce la calidad de víctimas a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, sino que esta clase de víctimas no hace parte de aquellas que beneficia la ley. El hecho que la norma en mención no incluya a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley no implica que estas personas no puedan acudir a medios ordinarios para obtener reparación cuando quiera que sean sujetos pasivos de daños ocasionados por infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos. La ley de víctimas tampoco niega la aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949 a los intervinientes y víctimas del conflicto armado interno.

En la providencia se aclara que las medidas consignadas en la Ley 1448 de 2011 no sustituyen los procesos penales, ni establece nuevas instancias o

89_{En este punto se observa que existe una contradicción con las consideraciones que la misma Corporación}

expuso en la sentencia C-250 de 2012, toda vez que en ésta providencia se dijo que las personas que sufrieron daños antes del 1° de enero de 1985 también son beneficiarias de medidas no patrimoniales contempladas en la ley 1448 de 2011, no así de las patrimoniales. Contrario sensu, en la sentencia C-253A de 2012 se asegura que las víctimas en mención no están cobijadas por los beneficios de la ley de víctimas.

procedimientos especiales, simplemente contiene medidas de apoyo a las víctimas para que puedan ejercer sus derechos en el ordenamiento vigente.

La definición de delincuencia común debe entenderse como actuaciones que no puedan inscribirse en dentro de un contexto de conflicto armado interno, para efectos de establecer el significado de conflicto armado interno se retoma algunas consideraciones que la Corporación realizó en decisiones anteriores sobre el tema. En ese contexto se ha entendido que no hacen parte del conflicto armado interno los meros disturbios o la tensión interna; además debe tenerse en cuenta la intensidad del conflicto y el nivel de organización de las partes, todos ellos como elementos objetivos de determinación del conflicto. En algunos eventos los elementos son claros, pero en otros se presentan zonas grises que deben ser definidas en cada caso particular, siempre propendiendo por una interpretación que favorezca a la víctima y permita la aplicación del régimen excepcional.

De otra parte, aclara que la interpretación de cada caso particular no puede llevar al extremo de desplazar los mecanismos ordinarios para obtener reparación, por ende, el estudio de cada caso debe ser cuidadoso y atendiendo a los criterios objetivos que definen la presencia de acciones propias del conflicto armado interno y a las pruebas que puedan allegar las víctimas al respecto.

1.1.2.2.2.4. Sentencia C- 781 de 10 de octubre de 201290_{-conflicto armado-} En esta providencia el estudio de constitucionalidad se centró, principalmente, en la circunscripción del concepto de víctima a actuaciones realizadas al interior del conflicto armado interno91_.

90 _{CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 781 de 10 de octubre de 2012. Magistrada Ponente: María}

Victoria Calle Correa.

91_{La decisión adoptada en esta providencia fue confirmada por la Corte Constitucional en las sentencias: C –}

280 de 15 de mayo de 2013, con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla y C - 462 de 17 de julio de 2013, con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo.

La evolución normativa, jurisprudencial, legal y social de nuestro Estado ha llevado a entender el conflicto armado en el siguiente sentido:

5.4.3. De lo anterior surge que la noción de conflicto armado interno al que han hecho referencia tanto el Ejecutivo, como el Congreso y los jueces recoge un fenómeno complejo que no se agota en la ocurrencia de confrontaciones armadas, en las acciones violentas de un determinado actor armado, en el uso de precisos medios de combate, o en la ocurrencia del hecho en un espacio geográfico específico, sino que recogen la complejidad de ese fenómeno, en sus distintas manifestaciones y aún frente a situaciones en donde las actuaciones de los actores armados se confunden con las de la delincuencia común o con situaciones de violencia generalizada. También surge de lo anterior, que a pesar de los esfuerzos del legislador por fijar criterios objetivos para determinar cuándo se está ante un situación completamente ajena al conflicto armado interno, no siempre es posible hacer esa distinción en abstracto, sino que con frecuencia la complejidad del fenómeno exige que en cada caso concreto se evalúe el contexto en que se producen tales acciones y se valoren distintos elementos para determinar si existe una relación necesaria y razonable con el conflicto armado interno.

Bajo el anterior panorama la H. Corte Constitucional considera que el conflicto armado interno no se agota con la confrontación armada, por tanto, la autoridad competente debe examinar cada caso particular, con base en la definición amplia que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional y así determinar si el daño se produce con ocasión del conflicto armado, de tal suerte que la persona que sufra esa lesión pueda ser considerada víctima en los términos de la ley 1448 de 2011.

1.1.2.2.3. Contenido y alcance del concepto de víctima en la ley 1448 de 2011