Derecho ambiental internacional y estandarización verde

La expansión cualitativa y cuantitativa de los actores no gubernamen- tales en la política ambiental internacional no podría haberse llevado a cabo sin un marco jurídico con vocación y alcance global que sirviera de fuerza legitimadora de la causa ambiental y ejerciera un poder vin- culante para Estados y organismos internacionales. Ningún nuevo pa- trón de desarrollo podría haberse impuesto en la década verde si no se hubiesen establecido mecanismos jurídicos internacionales con la sufi- ciente fuerza, legitimidad y obligatoriedad como para que los países del mundo se viesen constreñidos a adoptar, de uno u otro modo, norma- tivas e instituciones ambientales en sus estructuras estatales. La usual dificultad de la comunidad internacional para arribar a consensos y es- tipulaciones medianamente obligatorias para los Estados encontrará en la crisis ambiental global una causa de excepción lo suficientemente alar- mante, dramática y global como para imponerse y adquirir poderosos alcances. Como afirmaban Brugger y Clemencon en el marco de la WICEM II: “el desarrollo sustentable debe proporcionar una nueva base sobre la cual el mundo puede re-organizarse y cambiar sus métodos de desarrollo económico si ello se hace para evitar el desastre ambiental

que de otro modo parece seguro que sucederá” (FD19: Brugger y Cle- mencon, 1991: 35).

Pero para comprender críticamente la emergencia y desarrollo del derecho ambiental internacional es necesario contraponernos a aquellos enfoques juridistasque tienden, a partir del axioma de la aceptación del derecho internacional positivo vigente, a describir luego sus posibles efectos o consecuencias políticas y jurídicas. Por caso y como vimos en el capítulo cuarto, el denominado enfoque de derechos suele afirmar al derecho internacional para, desde allí, establecer criterios de valoración y evaluación de políticas. Tal posicionamiento dogmático-juridistanos llevaría a reducir nuestro análisis en dos sentidos. Por un lado, a pasar por alto la existencia de ordenamientos normativos no producidos ni por instituciones estatales ni por instancias de organismos internacio- nales legalmente habilitadas a ello. Por otro, si sesgamos nuestra mirada del derecho en tanto mero conjunto dado de normas perderíamos de vista el cúmulo de relaciones de poder y prácticas discursivas que parti- cipan en su creación, transformación e interpretación. Es decir, en este punto (como en tantos otros) resulta vital abrevar en la epistemología jurídica crítica12_{para profundizar la problematización de la historia am-} biental contemporánea. Más aún si, como cierta literatura ambiental destaca (FD23: CEPAL, 1995a; FD95: Schatan, 1999; FD12: Bec, 1995a; Brañes, 2000), viene siendo notoria la carencia de estudios de política ambiental preocupados por los requerimientos y necesidades económico-políticas propiamente latinoamericanas. En ese sentido gran parte de la literatura ambiental latinoamericana (entre otros: Rodríguez Becerra et al., 2002; Almagro y Venegas, 2009) viene convirtiendo casi en aforismo la afirmación de que en la región existen cada vez más nor- mativas ambientales con cada vez mayores niveles de ineficacia sin in- terrogarse acerca de la naturaleza política de ese derecho surgido, mayormente, a partir del establecimiento del patrón de desarrollo sus- tentable. Con lo cual y como hemos señalado en otros trabajos, abor- daremos al derecho no como sustancia capaz de determinar en última instancia a lo social sino como una forma o aspecto más de la realidad simbólica y fantasmáticamente construida. De ese modo, nos daremos la posibilidad de hacer foco en las instancias político-ideológicas de cual- quier estructura normativa sea o no estatal (Foa Torres, 2012b; 2013b). En definitiva, para que exista un pensamiento ambiental propiamente latinoamericano no solo es imperioso tener en cuenta las necesidades

específicas de nuestra región sino, principalmente, el desarrollo de epis- temologías críticas del pensamiento occidental allí donde el problema concreto específicamente lo requiera para su radicalización.

La escenificación de la urgencia por dar respuestas a la crisis am- biental global es postulada del siguiente modo por el Informe Brund- tland: “Las próximas décadas son cruciales para el futuro de la humanidad. Las presiones sobre el planeta son ahora sin precedentes y se están acelerando a velocidades y escalas novedosas para la experiencia humana” (FD80: N.U., 1987: 257).

Y como consecuencia, la elevación del desarrollo sustentable como, en palabras de Brugger y Clemencon (por entonces presidente de la compañía “ECOS Gestión” –compañía orientada a la inversión en pro- yectos de desarrollo sustentable en América Latina– y funcionario de la Oficina Federal para el Medio Ambiente de Suiza, respectivamente y en el marco de WICEM II), “utopía necesaria para este globo, inclu- yendo los países industrializados y los países en desarrollo” producirá una serie de efectos jurídico-institucionales de gran trascendencia que rebasarán ampliamente a la materia exclusivamente ambiental. Más aún y tal como vimos en el capítulo anterior, la tendencia metadisciplinar de lo ambiental en su historia contemporánea también influirá en el ca- rácter transversal de sus dispositivos de poder. A partir de allí, comenzará a replicarse la necesidad de insertar la “dimensión ambiental”13_{tanto a} las estrategias generales de desarrollo, inversión y producción como a las estructuras organizativas de agencias estatales y organismos no esta- tales. Pero fundamentalmente el significante por excelencia que comen- zará a cobrar vigor será el de la “gestión ambiental”. Es que si la evidencia acerca de la crisis ambiental global ha logrado el consenso po- lítico y la unidad internacional (hasta hace pocos años inimaginable) en pos de la protección ambiental, lo que entonces lógicamente necesi- tará ser dispuesto a lo largo y ancho del globo serán las instancias y he- rramientas técnico-administrativas para la implementación del plan del desarrollo sustentable. Y para tal proceso será útil no un derecho a sa- biendas político y heterogéneo para cada pueblo y cada nación, sino el despliegue de una técnica jurídico-ambiental de tales proporciones y fuerza que sea capaz de negar sus instancias políticas fundantes para co- adyuvar a imponer al nuevo patrón y estandarizar a las actividades pro- ductivas en todo el globo en aras de conjurar la anunciada catástrofe ambiental.

Asimismo, para hacer realidad el objetivo de reconciliar al comercio internacional con la protección ambiental, el derecho ambiental inter- nacional tendrá en América Latina un rol clave en la difusión de prin- cipios generales del derecho ambiental y de instrumentos flexibles de gestión ambiental. Pero no solamente el aparato jurídico-institucional se verá alterado, sino que también las reglas de juego del mercado se verán afectadas y, a su vez, darán nacimiento a normas ambientales de estandarización. En definitiva, lo que nos ocupará a continuación, como señalaba el jurista ambiental mexicano Raúl Brañes, tiene que ver con el modo por el cual “en torno a la idea del desarrollo sostenible se ha venido creando en los últimos años [en toda América Latina] un sistema jurídico específico” (Brañes, 2000: 35).

I. La década verde y el derecho ambiental en los Estados latinoamericanos

En la declaración final de WICEM II se establecieron una serie de linea- mientos que, como veremos, marcarán fuertemente al derecho ambien- tal internacional y a su adopción por parte de los Estados latinoamericanos. Esas directrices o sentidos implicaron:

• Que el mejor modo de alcanzar el progreso hacia el desarrollo sus- tentable lo constituiría el marco general de la economía de mercado y su adaptación a los nuevos requerimientos ambientales (FD112: WICEM II, 1991).

• Que el desarrollo sustentable solo podría alcanzarse por la acción global y no simplemente por la local o nacional. Con lo cual, las fronteras y la soberanía nacionales debiesen ser permeadas en todo cuanto el nuevo patrón del desarrollo sustentable lo exija. Especialmente en relación a los PED para los cuales “la protección ambiental y el crecimiento económico (…) son desafíos globales” (FD112: WICEM II, 1991: 8).

• Que el comercio internacional fuese requisito fundamental del desarrollo sustentable y el único medio a través del cual los PED, a partir del acceso a los mercados de los PD, pudiesen alcanzar su propio creci- miento económico: “El libre comercio es un requisito clave para el desa- rrollo sustentable. El aumento del crecimiento económico en el mundo en desarrollo depende en gran medida de su creciente acceso al mercado de los países industrializados” (FD112: WICEM II, 1991: 9).

• Que todas las naciones tuviesen los mismos objetivos y estándares ambientales para lograr una armonización ambiental mundial (FD112: WICEM II, 1991: 9).

• Que los Estados den prioridad a los instrumentos cooperativos de mercado para el desarrollo de sus políticas ambientales (FD112: WICEM II, 1991: 16). Y que, por lo tanto, el rol del Estado se orientase a “estimular la iniciativa y la innovación en los sectores público y privado para la satisfacción conjunta de los objetivos ambientales al menor costo” (FD112: WICEM II, 1991: 8).

• Que se logre la promoción de la cooperación internacional para

la transferencia de tecnologías ambientalmente adecuadas y know how

verde, al mismo tiempo que se refuercen, por parte de los Estados, los derechos de propiedad sobre patentes de invención. En tal contexto:

Las empresas multinacionales tienen un papel e interés especialen la aceleración de la transferencia de tecnología ya que son el canal más eficaz para dicha transferencia y para la construcción de un consorcio de personal capacitado e infraestructura (FD112: WICEM II, 1991: 15, énfasis agregado).

Estos lineamientos serán de gran trascendencia para el derecho am- biental nacional de los Estados latinoamericanos en función de, al menos, dos razones de peso. Por un lado, el carácter complementario o subordi- nado de este en relación al derecho ambiental internacional, tal cual lo advertía el quizás más prestigioso jurista ambiental de Latinoamérica:

… se está construyendo un orden jurídico internacional para una so- ciedad mundial ambientalmente sostenible y (…) el derecho interno tiene un papel importante en la construcción de ese orden, pero cada vez más complementario de iniciativas que son adoptadas en escenarios

internacionales(Brañes, 2000: 49, énfasis agregado).

Por otro, nuevamente la naturaleza global endilgada a la cuestión ambiental exige de esfuerzos que rebasan a la soberanía de los Estados nacionales y se sitúan más allá de sus fronteras, en especial en relación a los PED llamados a jugar un rol esencialmente pasivo de recepción-acep- tación de tecnologías de producción y poder provenientes de los PD:

… el derecho internacional haya pasado a ser en muchos senti- dos, metafóricamente hablando, la locomotora que conduce el tren

del derecho ambiental. Muchas de las iniciativas que hoy se están dis- cutiendo en el interior de los países tiene que ver con (…) las trans- formaciones que está impulsando el derecho internacional (Brañes, 2000: 49, énfasis agregado).

El despliegue del derecho ambiental internacional al derecho in- terno de los Estados nacionales latinoamericanos se efectuó a través de, al menos, cuatro vías principales: la adopción constitucional del derecho al ambiente sano y del patrón del desarrollo sustentable, la sanción de leyes generales de ambiente que enunciaran tanto a los principios uni- versales del derecho ambientalcomo a los instrumentos de gestión ambien- tal, la generación de leyes especiales y la creación de espacios institucionales específicos en cada nivel estatal.

a. Las constituciones verdes. Si bien algunos países latinoamericanos introdujeron cláusulas ambientales en sus constituciones en el período de tiempo transcurrido entre Estocolmo 72 y Río 92 (Panamá en 1972, Cuba en 1976, Chile en 1980, Guatemala en 1985 y Brasil en 1988), es a partir de la década verde que este fenómeno se difunde en toda la región (Colombia en 1991, Paraguay en 1992, Perú en 1993, Argentina, Costa Rica y República Dominicana en 1994, Ecuador en 1998, Vene- zuela y México en 1999) (Cafferatta, 2009). Pero más allá de la entidad cuantitativa de este proceso nos interesa destacar las invariantes discur- sivas cualitativas de este. De acuerdo con Raúl Brañes (2000) las regu- laridades normativas de este proceso son14_:

• En primer lugar, la estipulación normativa del deber del Estado de proteger y conservar el ambiente.

• Seguidamente, el deber de todos los ciudadanos y de la sociedad en general de preservarlo15_.

• Asimismo, la incorporación del derecho universal al ambiente sano entre los derechos fundamentales.

• La postulación del ideal del desarrollo sustentable. En el caso ar- gentino se adoptó su fórmula mundialmente difundida: “que las activi- dades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

• Por último, el establecimiento de bases en torno a temas ambien- tales específicos. Siendo de nuestro interés la cuestión de la prohibición del ingreso de RRPP abordada en algunas de las constituciones, espe- cialmente aquellas modificadas en los noventa: Colombia, Argentina y Paraguay.

De tal actividad constitucional se seguirá la sanción de normativas ambientales marco o generales y de leyes especialmente dedicadas a de- terminadas cuestiones ambientales. De ambos tipos también se pueden extraer invariantes discursivas ricas para el análisis. De las primeras nos encargaremos a continuación, mientras que de las segundas específica- mente vinculadas a los residuos de la producción nos ocuparemos en el siguiente capítulo.

b. Los principios universales del derecho ambiental. Como señala Gui- llermo Acuña, las leyes marco constituyen un requisito de la “gestión ambiental moderna” destinadas a reglar el juego ambiental contempo- ráneo: “Hoy en día, este tipo de normas es casi un “requisito” funda- mental para la “gestión ambiental moderna” (FD4: Acuña, 2008). Por nuestra parte, hablaremos no solo de un simple “juego ambiental” sino de un verdadero juego mercantil-ambiental vinculado a la industria del ambiente y a la instauración del patrón de desarrollo sustentable. Una de las principales funciones que este tipo de leyes vienen cumpliendo tiene que ver con replicar en su texto a los principios del derecho am- biental internacional constituyéndolos, de tal modo, en criterios uni- versalmente aceptados.

Es que, si bien la construcción de principios generales suele ser fun- ción del jurista como medio para la sistematización y a los fines de servir de guía para la interpretación del derecho vigente, en el derecho am- biental es el propio texto normativo el que habitualmente explicita los criterios para su aplicación y para servir de guía a las políticas ambien- tales. De este modo, la labor política del jurista es drásticamente men- guada, pero por sobre todo los principios generales pueden implicar, como advertía Michel Foucault en Nacimiento de la biopolítica, la re- ducción de las intervenciones legales del Estado en el orden económico a la estipulación de reglas lo suficientemente generales y formales como para permitir el establecimiento de las condiciones necesarias para la emergencia y superviviencia de los mercados16_{. De tal modo, la econo-} mía es entendida como un juego y el derecho público como el conjunto de reglas para ese juego: “Se trata de un conjunto de reglas que deter- mina de qué manera cada uno debe jugar un juego cuyo desenlace, en última instancia, es desconocido por todos” (Foucault, 2012: 209).

Pero tal desconocimiento no implica que se carezca de toda previ- sibilidad acerca del probable curso de los acontecimientos. Es que esta supuesta incertidumbre en realidad se asienta en la seguridad de que el

Estado no asuma un rol planificador a través de planes con finalidades concretas acerca del desarrollo de tal o cual sector económico o de de- terminado modo de producción o forma de llevar adelante la política comercial de un país. Es decir, el principismo formal tiende a excluir al Estado de su facultad de orientar y dominar la actividad económica, desde el momento en que en el marco de un plan “el poder público cumple el rol de decisor” (Foucault, 2012: 207). Con lo cual, el lugar de la Decisión tiende a ser abdicado por el Estado y desplazado hacia las fuerzas del mercado, hacia el supuestamente “libre” juego de la eco- nomía y el comercio internacional.

A numerosos principios ha dado nacimiento el derecho ambiental internacional, pero los de prevención, precaución y “el que contamina paga”, además de haberse constituido en quizás los más renombrados a nivel mundial, serán objeto de análisis en los capítulos que siguen.

El último de ellos se basa en que “el que contamina debe, en princi- pio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales” y, en razón de ello, “Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de

instrumentos económicos” (FD34: CNUMAD, 1992a: principio 16)17_.

Pero este derecho estatal principista conlleva una revalorización de lo jurídico y de las instancias judiciales por encima de las acciones polí- ticas. Es que, para el sostenimiento y reproducción de las reglas de juego, será necesario un intervencionismo judicial “que deberá llevarse a la prác- tica como arbitraje en el marco de las reglas de juego” (Foucault, 2012: 211). A medida que más se formaliza al derecho estatal más se necesita la intervención judicial para dirimir las innumerables fricciones emer- gentes entre los agentes del mercado hasta convertirse “en un servicio público omnipresente” (Foucault, 2012: 212). En el plano ambiental esto incide directamente tanto en el rol de las ONGA como en los demás actores no gubernamentales preocupados por garantizar el cumplimiento de las reglas vigentes. Como vimos en el capítulo cuarto, la visualización que suele adoptar el enfoque de derechos ubica al Estado como obligado en una supuesta relación contractual con la ciudadanía. Y, en tal es- quema, la función oenegeístapasa por servir de garante técnico-jurídico para el cumplimiento estatal de las reglas de juego establecidas. En este sentido, los principios del derecho ambiental internacional sirven de marco, amplísimo, para la judicialización de los problemas ambientales

y el reclamo sistemático a las administraciones locales. Surge así la idea de la existencia de sectores sociales independientes del poder político ca- paces, por lo tanto, de defender fielmente a la causa ambiental global. Pero lo que un enfoque de derechos de los principios ambientales calla es tanto la consideración de la dependencia estructural de los países pe- riféricos, como su posible reproducción a través del reclamo por el efec- tivo cumplimiento del derecho ambiental internacional. En definitiva, el principismo ambiental es pasible de promover, de tal modo, que el Es- tado asuma el poder de afectar los patrones globalmente establecidos de transferencia y distribución del excedente.

c. Los instrumentos económicos de gestión ambiental. Como señala Brañes, la estructura similar de las leyes generales de ambiente en Amé- rica Latina comprende tanto la estipulación de principios generales, por un lado, como de instrumentos de gestión ambiental18_{, por el otro (Bra-} ñes, 2000; Cafferatta, 2009). Como señalamos, los primeros hacen a las condiciones de existencia de los nuevos mercados ambientales en América Latina, mientras que los segundos buscan intervenir en ellos. Este último es el terreno de lo que en el capítulo cuarto al abordar a la perspectiva técnico-económica de las políticas ambientales denomina- mos como el problema de la oposición entre instrumentos económicos e instrumentos de comando y control. La amplia difusión y promoción de los primeros durante la década verde con el objetivo de establecer mecanismos amistosos y de cooperación con las fuerzas del mercado fue también una cuestión allí abordada. Sin embargo, para evitar reduccio- nismos y como veremos en los próximos capítulos, es importante ad- vertir que “lo amistoso para el mercado” debe ser entendido como aquello que coopera o genera condiciones de expansión para ciertos y determinados sectores de los mercados sin que tal mercado por lo tanto sea identificado como una unidad monolítica, máxime si tenemos en cuenta las relaciones estructurales Norte-Sur y la heterogeneidad estruc- tural de las economías periféricas.