SUMARIO: Introducción. Delitos cometidos por medio de la prensa. El denominado Delito de Opinión. Delitos contra la libertad de prensa.
Introducción
La cuestión atinente el estudio de los medios de comunicación en su relación con los derechos personalísimos plantea tantas posiciones como corrientes doctrinarias e ideológicas haya en el campo del Derecho Público. Este acalorado debate tiene por causa la controversia respecto de la con- cepción referente al tipo de gobierno adoptado y su consecuente interpreta- ción de la libertad de prensa.91
La República Argentina y sus magistrados han defendido y sostenido que la forma de gobierno debe ser democrática, siendo la libertad de prensa uno de sus pilares fundamentales.
La Constitución Nacional, en sus artículos 14 y 32, sostiene esta garan- tía, implicando la imposibilidad de restringir el goce de esa libertad. Los mismos establecen respectivamente:
Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes dere- chos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: 91 Conf. Loreti, Damián, op. cit.
de trabajar y ejercer toda industria lícita [aquí se encontraría la libertad de constituir la empresa periodística] [...] de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles [...]
El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
Es de destacar que la Constitución Nacional no consagra libertades ab- solutas, sino que ellas están limitadas por las leyes que reglamenten su ejercicio; ello no puede afectar el normal desarrollo de una prensa que ac- túe con la mayor de las libertades posible, rasgo característico de toda de- mocracia.
Desde los comienzos de la historia nacional, se implementaron diversas leyes y reglamentos que procuraban establecer pautas para defender e institucionalizar la libertad de pensar y expresarse sin censura previa, ya fuera esta en forma directa o indirecta, por medio de mecanismos que gene- rasen control del Estado sobre los medios de información. Los más impor- tantes antecedentes los constituyen el Reglamento de 1811 y la Ley de im- prenta de la provincia de Buenos Aires de 1828.
El criterio liberal respecto de la prensa, iniciado por los precursores de la organización institucional argentina, sería seguido por los constituyentes de 1853, quienes plasmaron en el Artículo 14 de aquella Carta Magna la libertad de todos los habitantes de la Nación de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, como uno de los denominados contenidos pé- treos (no modificables).
Profundizando esta línea ideológica, la Reforma Constitucional de 1860 incorporó el Artículo 32, prohibiendo al Congreso Nacional dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta y declarando el fuero provincial para la atención de sus cuestiones.
Sin embargo, en razón de los continuos avances de la prensa sobre la vida íntima de las personas, su privacidad, su moral, su buen nombre y honor, el Derecho ha tenido que encontrar soluciones que equilibren y con- juguen debidamente el ejercicio de esta libertad con las otras garantías fun- damentales. En otras palabras, se ha planteado el dilema para el Estado de
encontrar la forma de ponerle límites en el sentido explicitado, sin afectar la independencia y libertad de pensar y expresarse, imprescindibles en un Estado de derecho democrático.
Se hace necesario, de acuerdo a lo expresado, tanto discernir sobre la cuestión referida a los abusos dañosos de la libertad de escribir y comuni- car verbalmente, como determinar si nos encontramos ante simples abusos de la libertad o ante un delito particularizado por el uso de la prensa como un medio, un instrumento, para la comisión de diversos actos penados por la ley. Según sea uno u otro caso, se impondrán sanciones pecuniarias, pe- nales o ambas.
Antes de iniciar los desarrollos pertinentes, es conveniente introducir el debate respecto de la naturaleza del individuo afectado por el acto abusivo. Se ha instalado entre los juristas la discusión acerca del modo en que deben ser ponderados estos actos, según sean perpetrados sobre individuos públicos o sobre quienes no están comprendidos en esta categoría. Por indi- viduos públicos entenderíamos, por ejemplo, los políticos, los artistas del mundo del espectáculo, así como algunos deportistas, modelos, empresa- rios, magistrados y periodistas, quienes están bajo la lupa pública.92 Estos
individuos, por el tren de vida que llevan, tácitamente han aceptado las reglas de juego que plantean los medios de comunicación, una de cuyas consecuencias es la pérdida de gran parte de su intimidad; a esto se suma, de un modo natural, el posible riesgo de que, por la continua manipulación de su nombre, se vulneren tanto su moral como su reputación y honor. No puede dejar de comprobarse que, a menudo, son ellos mismos quienes per- miten esta ingerencia de los medios en su intimidad con la intención de acrecentar su influencia e inserción social. Pero, a pesar de esta auto-asu- mida reducción de su esfera íntima, estos individuos públicos, cuando el ejercicio del deber de informar los perjudica yendo más allá de lo lícito, tienen el legítimo derecho a la protección legal.
El otro grupo de posibles afectados por el ejercicio abusivo de la liber- tad de prensa lo representan los individuos no públicos, quienes de por sí son ajenos a las mencionadas reglas del juego público en relación con los medios de comunicación. Es verdad que, en razón de un hecho excepcio- nal, su vida privada puede convertirse en noticia, pero no por ello pasan a
ser figuras públicas. Es a estos a quienes se intenta proteger mediante la sanción de leyes como el derecho a réplica o reparatorias del tipo civil respecto de los actos dañosos cometidos por la prensa.93
El debate a que se hizo referencia se da entre aquellos que ubican en primer término el interés particular, considerando necesario establecer nor- mas que sancionen los abusos de la prensa como un delito en sí mismo, o que califiquen los delitos cometidos a través de la prensa, y los que postu- lan que el interés social es de mayor trascendencia que el individual, po- niendo más énfasis en defender la libertad de pensar y expresarse, y propo- nen que los abusos que no son más que actos dañosos sean únicamente resarcidos por medio de la reparación pecuniaria que prevé el Código Civil en los artículos 1078 (daño moral), 1089 (calumnias e injurias) y 1113 (res- ponsabilidad por el dependiente), que se expresan del siguiente modo:
La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima. La acción por indemnización por daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos. Si el delito fuere de calumnia o de injuria de cualquier especie, el ofendido solo tendrá derecho a exigir una indemnización pe- cuniaria, si probase que por la calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o cesación de ganancia apreciable en dinero, siem- pre que el delincuente no probare la verdad de la imputación. La obligación del que ha causado un daño se extiende a los da- ños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado.
En los supuestos de daños causados por las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido cau- sado por el daño o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o par-
cialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quién no debe responder.
Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o pre- sunta del dueño o guardián, no será responsable.
Nuestro orden jurídico adopta una posición ecléctica: habrá casos en que la responsabilidad penal correrá junto a la responsabilidad civil, y ha- brá otros en que, por la inexistencia de hecho delictuoso, sea sólo la de este último tipo la que se presente. Pero siempre existirá la obligación de repa- rar las consecuencias del evento dañoso.94
Delitos cometidos por medio de la prensa
Como ya se dijo, el ejercicio de la libertada de prensa, derecho consti- tucionalmente protegido, puede entrar en conflicto con otros derechos igual- mente amparados por la Carta Magna. Estos derechos son los que imponen límites racionales a la libertad de prensa, teniendo en cuenta la preserva- ción de altos valores de la comunidad, que se hacen presentes en la esfera de los atributos de cada individuo.
Cuando sucede el fenómeno del abuso, el ejercicio de la libertad de prensa deja de ser legítimo, generando responsabilidad civil o penal.
Ahora bien, es preciso determinar qué se entiende por ejercicio abusivo: podría decirse que es aquel que se contrapone a los fines que tuvo en cuenta la ley al tiempo de reconocerlos, así como la transposición de los límites que impone la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
En el mundo moderno, más que antes, esta protección de los llamados derechos personalísimos cobra una enorme relevancia, dadas las mayores posibilidades derivadas de la técnica con que los mismos pueden ser conculcados por la arbitrariedad. Por esta razón, las intromisiones en la intimidad, así como la difusión de imágenes, la correspondencia, conversa- ciones privadas que son interceptadas por diversos medios, entre otras ma- nifestaciones esenciales de la vida íntima y reservada de cada individuo,
deben ser prevenidas y sancionadas por el Estado cuando adquieren visos de arbitrariedad manifiesta.95
Cuando estos actos contrarios al regular ejercicio del derecho, que de por sí generan responsabilidad civil (la que impone una reparación del daño causado, como veremos más adelante), configuran además un delito por responder a la descripción de una conducta antijurídica como tal en la nor- ma penal (Código Penal), surge una responsabilidad de este tenor así como su sanción respectiva.
Aquí podríamos, entonces, hacer referencia a los delitos que son come- tidos utilizando como medio la prensa, entendiéndola en el sentido amplio de medios masivos de comunicación.
El Código Penal, en su Título II, artículos 109 a 117, trata la materia de los delitos contra el honor del siguiente modo:
Art. 109.- La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública será reprimida con prisión de uno a tres años.
Art. 110.- El que deshonrare o desacreditare a otro será reprimi- do con multa de $1.500 a $90.000 o prisión de un mes a un año. Art. 111.- El acusado de injuria sólo podrá probar la verdad de la imputación en los casos siguientes:
1) si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garanti- zar un interés público actual;
2) si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiere dado lugar a un proceso penal;
3) si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él.
En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena.
Art. 112.- El reo de calumnia o injuria equívoca o encubierta que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, 95 Conf. Zannoni, Eduardo y Beatriz R., op. cit.
sufrirá del minimum a la mitad de la pena correspondiente a la calumnia o injuria manifiesta.
Art. 113.- El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como au- tor de las injurias o calumnias de que se trate.
Art. 114.- Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, en la Capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente Código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a cos- ta del culpable, la sentencia o satisfacción.
Art. 115.- Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. Art. 116.- Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal po- drá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas.
Art. 117.- El culpable de injuria o calumnia contra un particular o asociación, quedará exento de pena, si se retractare pública- mente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo.
A continuación, explicitado el régimen vigente en el Código Penal a través de los artículos referidos a estos delitos, procederemos al análisis de la normativa.
Ante todo, se trata de delitos dependientes de acción privada, por lo que sólo el particular damnificado tiene la posibilidad de iniciar y proseguir la acción penal.
No interviene en este caso el Ministerio Público, no habiendo interven- ción de oficio, es decir, a instancia exclusiva de la Justicia. Por esta razón,
el Juez no puede, sin excepción, impulsar el procedimiento sino a instancia de la parte.
En la esfera de estos delitos, nuestro ordenamiento jurídico recepta las figuras de Injurias y Calumnias que son delitos contra el honor, que admi- ten una modalidad particular en el mecanismo singular de extinción de la acción penal iniciada, por cuanto pueden retractarse (lo cual, conforme el Artículo 117 del Código Penal, deberá ser hecho públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo).96
El bien jurídicamente protegido, el valor que se ampara a través de la regulación de estos delitos, es el honor, entendiendo por tal la propia perso- nalidad como el conjunto de atributos físicos, morales, jurídicos y sociales valiosos para la comunidad, ya sea como honra o reputación del individuo. Estos dos últimos aspectos del honor requieren de la protección de las leyes para asegurar una pacífica convivencia en la sociedad.
Toda persona física posee por derecho propio una honra y una reputa- ción que puede ser penalmente ofendible, no admitiendo nuestro ordena- miento jurídico, por el principio de igualdad ante la ley, personas con status disminuido (como los esclavos o los despojados de su honor por la antigua figura de la infamia).97
Aun en aquellas situaciones en que el derecho reconoce una incapaci- dad relativa o menor capacidad –por la edad, en el caso de los menores, o en el de los insanos–, ello no obsta a que puedan ser víctimas de una ofensa a su honor.
El régimen jurídico de estos delitos, por un claro afán de justicia contra- rio a la impunidad, va más allá, extendiendo la protección del honor a la memoria de los muertos, por cuando los herederos del fallecido pueden ser los continuadores de la acción penal de la persona ofendida en vida.
Respecto de las personas de existencia ideal o entes colectivos (como, por ejemplo, las sociedades o asociaciones), la doctrina está de acuerdo en que poseen un honor objetivo o reputación que también debe ser ampara- do.98 Si bien carecen de la conciencia que cada individuo posee de su digni-
96 Conf. Núñez, Ricardo, Manual de Derecho Penal; Parte Especial, Córdoba, M. Lerner, 1985.
97 Conf. Núñez, Ricardo, op. cit. 98 Conf. Núñez, Ricardo, op. cit.
dad, sí constituyen actores que se desenvuelven en la esfera social, adqui- riendo un prestigio o reputación que puede verse lesionado, afectando así la normalidad de sus relaciones públicas o profesionales.
El Artículo 117 del Código Penal recoge esta protección al establecer la posibilidad de que el culpable de este delito se retracte ante una asociación, entendiendo por tal todo ente colectivo que desarrolla sus actividades en la sociedad.
Delito de injuria
Yendo a la caracterización de la primera de las figuras delictivas men- cionadas, la de injuria, esta consiste en la deshonra o el descrédito de otro, hechos a sabiendas con la intención de dañar, siendo ella la ofensa genérica al honor ajeno, en cualquiera de sus dos formas, honra o reputación.
Como ofensa a la honra de la persona, la injuria es la lesión que se sufre en el derecho que se tiene a que los terceros respeten las cualidades propias que cada individuo estima como valiosas de sí mismo.99
Considerándola como ofensa a la reputación, la injuria es una lesión al derecho que cada persona posee de que la opinión que sobre ella tengan los terceros no se vea perjudicada.
El contenido propio de la injuria, la materia sobre la que se asienta este delito, ya sea como deshonra o descrédito, consiste en la imputación de una cualidad, conducta o costumbre socialmente disvaliosa; si la imputación carece de repercusión social, jurídicamente no es injuria por el sólo hecho de que el individuo lo considere tal.100
En relación con los modos de ser ejecutado este delito, teniendo en cuenta el uso de los medios de comunicación en ese sentido, puede ser consumado tanto verbalmente como por escrito.
La injuria es un delito doloso, entendiéndose por tal aquel que es ejecu- tado con intención, ánimo o propósito de agraviar, deshonrar o desacredi- tar, cualquiera fuese el significado objetivo (por ejemplo términos que de por sí no constituyen malas palabras sino cuando obran en determinado
99 Conf. Núñez, Ricardo, op. cit. 100 Conf. Núñez, Ricardo, op. cit.
contexto), injurioso o no, de las palabras o del acto expresado por el autor material del mismo.101
El momento de la consumación de la injuria es aquel en que la palabra o el hecho deshonrante llegan a conocimiento de la víctima o de un tercero. Siendo su carácter inmaterial, la tentativa del mismo se consuma, particu- larmente en el caso de los medios de comunicación (en etapa de produc- ción), cuando los actos tendientes a consumarlo son interrumpidos por un hecho ajeno a la voluntad del injuriante.
El Código Penal no protege la honra real de las personas, sino la honra en sentido objetivo, asegurando la tranquilidad social que exige que la per- sonalidad sea respetada. Como consecuencia de esta forma objetiva de pro- tección del honor, la prueba de la verdad de la imputación injuriosa como modo de respaldar los dichos o hechos del injuriante, está prohibida por nuestra ley; la única excepción sería aquella en que un interés social más valioso que el individual lo demandara.
El Artículo 111 del Código Penal establece que el acusado por injuria podrá probar la veracidad de lo que imputara sólo en los casos siguientes:102
Si la imputación tuviere por objeto defender o garantizar un interés público actual. Por este último se entiende lo que resulta útil o bene- ficioso para la sociedad.
Si el hecho que fuera atribuido a la persona ofendida hubiera motiva- do un proceso penal.
Si el querellante solicitara la prueba de la imputación dirigida en su contra. En su propio interés, el querellante transforma el juicio por injurias en un juicio de honor, a fin de lograr el pleno restableci- miento de su nombre.
No significa ello que la injuria queda justificada, pero excusa al querellado por haber actuado en concordancia con la verdad.
Este derecho de exigir la prueba de la verdad del imputado halla su