El Código Penal tipificaba como delito las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos se negaba a reconocer y defender los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Las detenciones, los procesamientos y los juicios de gays continuaron regularmente en 2010. Los encarcelados por este motivo eran presos de conciencia.
Fabien Mballa y Aboma Nkoa Emile fueron detenidos el 24 de marzo por gendarmes en Camp Yeyap, Yaundé. El tribunal penal de primera instancia de Yaundé los condenó a cinco meses de cárcel y al pago de multas, y quedaron recluidos en la prisión de Kondengui.
Roger Bruno Efaaba Efaaba y Marc Henri Bata, que habían sido detenidos en septiembre como
sospechosos de robo, pero a quienes después se acusó de actividades homosexuales, fueron sometidos en octubre a exámenes médicos anales forzosos, una forma de trato cruel, inhumano y degradante. Al terminar el año continuaban bajo custodia.
Condiciones de reclusión
Las cárceles y otros centros de reclusión estaban superpoblados, y a menudo las condiciones entrañaban peligro para la vida. En muchos casos no se proporcionaban atención médica ni alimentos o estas prestaciones eran inadecuadas. Los disturbios y los intentos de fuga eran frecuentes, y varios presos perdieron la vida cuando intentaban evadirse. Los guardias de prisiones habían recibido una capacitación deficiente, estaban mal equipados, y su número era inadecuado para la numerosa población reclusa.
La prisión de Kondengui, construida para 700 reclusos, albergaba a 3.852 en agosto. Los alimentos, el agua y los suministros médicos escaseaban. En un ala, conocida como Kosovo, no había espacio
suficiente para que los presos durmieran tumbados. Otra sección albergaba a reclusos con enfermedades mentales que no recibían atención psiquiátrica.
La prisión de Douala (New Bell), con capacidad oficial para 700 reclusos, albergaba a más de 2.453 presos en agosto. Muchos de ellos estaban en prisión previa al juicio y estaban recluidos junto con presos penados. Algunos presos llevaban grilletes con pernos.
Según los informes, varios reclusos murieron en la prisión de Maroua debido al intenso calor, y en la prisión de Ngaoundere, como consecuencia del cólera.
Impunidad
Fuentes gubernamentales confirmaron que no se habían tomado medidas contra los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos cometidas en 2008, cuando un centenar de personas murieron durante las protestas contra las alzas de precios y contra una reforma constitucional que eliminaba las limitaciones al número de mandatos del presidente en el cargo.
Pena de muerte
Al menos 77 presos estaban en espera de ejecución, aunque no se tenía noticia de ejecuciones desde 1997. Preocupaba el hecho de que un decreto presidencial promulgado en mayo, por el que se conmutaban algunas condenas a muerte por cadena perpetua, no se hubiera implementado plenamente todavía. No se informaba a los presos en espera de ejecución de los motivos por los que no se les conmutaban sus condenas.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Delegados de Amnistía Internacional visitaron Camerún en agosto, se reunieron por primera vez con representantes del gobierno y llevaron a cabo labores de investigación.CANADÁ
CANADÁJefa del Estado: reina Isabel II,
representada por David Johnston (sustituyó a Michaëlle Jean en octubre)
Jefe del gobierno: Stephen Harper
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Población: 33,9 millones
Esperanza de vida: 81 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/6 por cada 1.000
Los pueblos indígenas siguieron afrontando violaciones continuadas y sistemáticas de sus derechos. Se temió que una nueva propuesta de ley pudiera producir la detención prolongada de solicitantes de asilo. Siguieron suscitando preocupación las violaciones de derechos humanos relacionadas con operaciones antiterroristas y de seguridad.
Información general
Al concluir el año estaba pendiente de aprobación un proyecto de ley para crear una estrategia nacional de vivienda conforme con las normas internacionales de derechos humanos.
En junio, el Parlamento aprobó una ley para aplicar el acuerdo de libre comercio suscrito con Colombia, aunque dicha ley no incluía una evaluación creíble e independiente del impacto del acuerdo en los derechos humanos. En octubre, la Cámara de los Comunes rechazó, por un estrecho margen de votos, un proyecto de ley para desarrollar normas nacionales de derechos humanos y un programa asociado para su aplicación en las empresas.
En junio se presentó la coalición nacional Voces (Voices/Voix), como respuesta a los recortes de fondos del gobierno y a otras medidas que dificultaban las actividades de apoyo de la sociedad civil a áreas como la igualdad de las mujeres y los derechos de la población palestina.
Derechos de los pueblos indígenas
La explotación de petróleo y gas, autorizada por el gobierno provincial de Alberta sin el consentimiento libre, previo e informado de los lubicon cree, siguió afectando a las tierras tradicionales de estas comunidades. En septiembre, el relator especial
sobre los pueblos indígenas pidió medidas “nuevas y resueltas” para proteger los derechos de los lubicon.
Siguió suscitando preocupación la ausencia de investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las protestas por el derecho a la tierra celebradas en el Territorio de Tyendinaga Mohawk, Ontario. Los progresos en la aplicación de las reformas relacionadas que propuso la Comisión de Investigación de Ipperwash en 2007 siguieron siendo lentos.
La Corte de Derechos Humanos de Canadá siguió celebrando la vista sobre una queja que afirmaba que el gobierno federal dedicaba a los servicios familiares e infantiles para las comunidades de las Primeras Naciones unos fondos sustancialmente menores que los destinados a comunidades mayoritariamente no indígenas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos siguió examinando una denuncia formulada por el Grupo de Tratado Hul’qumi’num en la que se alegaban violaciones del derecho a las tierras indígenas en la isla de Vancouver (Columbia Británica).
En noviembre, Canadá apoyó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las organizaciones indígenas instaron al gobierno a que la aplicación de la Declaración se basara en los principios.
Derechos de las mujeres
En junio, como anfitrión de la Cumbre del G-8, el gobierno anunció una iniciativa global de salud infantil y materna. Suscitó polémica la falta de un enfoque integral sobre los derechos sexuales y reproductivos.
En septiembre, el gobierno de la Columbia Británica anunció una investigación sobre la respuesta policial a casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Vancouver, muchas de ellas indígenas. Suscitó preocupación la posibilidad de que la investigación no analizara los factores subyacentes que hacían que estas mujeres estuviesen en situación de riesgo.
El gobierno federal no contó con las mujeres indígenas para crear un plan de acción nacional con el que abordar el elevado grado de violencia que padecían. El anuncio de financiación realizado por el gobierno en octubre contenía lagunas importantes en la protección destinada a las mujeres indígenas.
En octubre, el gobierno federal hizo público un Plan de Acción para la Aplicación de las
Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
Seguridad y medidas antiterroristas
En enero, la Corte Suprema de Canadá resolvió que unos funcionarios canadienses habían violado los derechos del ciudadano canadiense Omar Khadr durante los interrogatorios a que éste fue sometido en Guantánamo en 2003 y 2004. Khadr había sido capturado por fuerzas estadounidenses cuando tenía 15 años (véase el apartado sobre Estados Unidos).
Continuaron celebrándose durante el año las vistas de la Comisión para las Denuncias contra la Policía Militar sobre posibles entregas de prisioneros, por parte de soldados canadienses en Afganistán, a la custodia de funcionarios afganos, a pesar del grave peligro de que fueran torturados.
Personas refugiadas
y solicitantes de asilo
En junio, el Parlamento aprobó la Ley Ecuánime de Reforma del Refugio, que instituía un recurso contra la denegación de solicitudes de refugio y asilo e introducía una lista de países de origen seguros con el fin de acelerar algunas solicitudes.
En octubre, el gobierno propuso una ley con medidas enérgicas contra la introducción ilegal de personas en el país, que penalizaba a los solicitantes de refugio y asilo que llegaran a Canadá de forma “irregular”. Las propuestas incluían un año de detención preceptiva sin acceso a una revisión de la medida.