Prosiguió a un ritmo lento el enjuiciamiento de delitos de derecho internacional ante las autoridades judiciales de Bosnia y Herzegovina.
La Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal continuó desempeñando el papel principal en el enjuiciamiento de crímenes de guerra en Bosnia y Herzegovina. A finales de septiembre tenía 50 juicios pendientes por crímenes de guerra. Se estaban celebrando otros 20 en la Federación de Bosnia y Herzegovina, y 13 más en la República Srpska. En el distrito de Brčko había 4 causas pendientes. Seguía sin recibir apenas atención el enjuiciamiento por violación y otros actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra. La Sala había visto en total menos de 20 causas de este tipo desde su creación en 2005.
Sin embargo, se calculaba que había hasta 10.000 causas por crímenes de guerra atrasadas. Se retrasó la aplicación de la estrategia nacional de trabajo sobre crímenes de guerra, que se había adoptado en 2008 con objeto de abordar este problema.
Las medidas de protección y apoyo a testigos aplicadas en Bosnia y Herzegovina seguían
resultando inadecuadas y continuaban siendo uno de los principales obstáculos a los que tenían que enfrentarse las víctimas de crímenes de guerra y sus familiares a la hora de reclamar justicia.
Pese a haber puesto en marcha algunas iniciativas, las autoridades privaban de acceso a una reparación a muchas víctimas de crímenes de guerra, como las sobrevivientes de actos de violencia sexual, los familiares de víctimas de desaparición forzada y las víctimas de tortura.
Los ataques verbales al sistema de justicia y la negación de crímenes de guerra –como el genocidio perpetrado en Srebrenica en julio de 1995– por parte de altos cargos políticos menoscabaron aún más los esfuerzos del país por enjuiciar los crímenes de guerra.
Justicia internacional
Al término de 2010 había pendientes seis causas por crímenes de guerra relativas a Bosnia y Herzegovina ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Otras dos estaban en fase de apelación.
En junio, la sala de primera instancia del Tribunal condenó a siete ex mandos policiales y militares serbobosnios por cargos relacionados con delitos de derecho internacional cometidos en Srebrenica y Žepa en 1995. Vujadin Popović y Ljubiša Beara fueron declarados culpables de genocidio, además de otros delitos, y condenados a cadena perpetua. Drago Nikolić, declarado culpable de complicidad en genocidio, exterminio y asesinato, entre otros delitos, fue condenado a 35 años de prisión. Ljubomir Borovčanin, declarado culpable de complicidad en exterminio, asesinato, persecución y traslado forzoso, fue condenado a 17 años de prisión. Radivoje Miletić, declarado culpable de asesinato, persecución y traslado forzoso, fue condenado a 19 años de prisión. Milan Gvero fue declarado culpable de persecución y actos inhumanos y condenado a 5 años de prisión. Vinko Pandurević fue declarado culpable de complicidad en asesinatos, persecución y actos inhumanos y condenado a 13 años de prisión.
La sala de primera instancia del Tribunal determinó que se había matado al menos a 5.336 personas en diversas ejecuciones tras la rendición de Srebrenica, pero señaló que la cifra definitiva de víctimas podía ascender a 7.826.
Prosiguieron ante la sala de primera instancia del Tribunal las actuaciones contra Radovan Karadžić por
varios cargos, entre los que figuraban dos relacionados con genocidio. El primero de éstos tenía relación con delitos cometidos entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre de 1992 en varios municipios de Bosnia y Herzegovina –que incluyeron homicidios, tortura y traslado forzoso o expulsión– con objeto de causar la destrucción de los musulmanes y croatas de Bosnia como grupos religiosos o étnicos. El segundo tenía que ver con el homicidio de más de 7.000 hombres y niños en Srebrenica en julio de 1995. También se habían presentado otros cinco cargos por crímenes de lesa humanidad, como persecución, exterminio, asesinato y expulsión de población no serbia. El acta de acusación formal incluía además cuatro cargos por violación de las leyes y costumbres de la guerra, como tomar rehenes y sembrar el terror entre la población civil.
Durante el proceso, Radovan Karadžić negó todos los cargos, alegando que tanto Sarajevo como Srebrenica eran objetivos militares legítimos.
En enero dio comienzo el proceso de apelación de la causa contra Rasim Delić, declarado culpable de no haber adoptado todas las medidas necesarias y razonables para prevenir y castigar los delitos de trato cruel cometidos por miembros de la Unidad Muyahidín del ejército de Bosnia y Herzegovina. La sala de primera instancia del Tribunal lo había condenado a tres años de prisión en septiembre de 2008. El 16 de abril, mientras se encontraba en libertad provisional, Rasim Delić falleció. En junio, la sala de apelaciones del Tribunal dio por concluido el proceso y anunció que el fallo dictado por la sala de primera instancia debía considerarse definitivo.
Algunas víctimas y sus familiares decidieron reclamar justicia ante otros tribunales internacionales.
El 28 de enero de 2010, el Tribunal de Apelación de La Haya celebró la vista de una demanda civil interpuesta por 6.000 familiares de víctimas del genocidio de Srebrenica (las “Madres de Srebrenica”) contra Países Bajos y la ONU.
Los demandantes reclamaban una indemnización a las autoridades neerlandesas y a la ONU por no haberlos protegido ni a ellos ni a sus familias del genocidio cometido en Srebrenica en julio de 1995 por miembros del ejército serbobosnio dirigido por el general Ratko Mladić. En el fallo dictado en primera instancia en julio de 2008, el Tribunal de Distrito de La Haya había declarado que no tenía competencia sobre las acciones del personal de la ONU. También
había eximido de toda responsabilidad al gobierno neerlandés.
El 30 de marzo, el Tribunal de Apelación de La Haya desestimó el recurso de apelación. Manifestó que la inmunidad de la ONU ante todo procedimiento judicial era absoluta y que él no tenía competencia para examinar la demanda de indemnización.