Los Desafíos de la Acción de Incumplimiento en propiedad industrial

Para (Helfer, Alter, & Guerzovich, 2009) en su artículo Islands of Effective International Adjudication: Constructing an Intellectual Property Rule of Law in the Andean Community, se destaca que en tres casos concretos, los EEUU ejercieron presión política sobre Colombia, Ecuador y Perú en la adquisición de compromisos que en materia de propiedad industrial se apartaban de la normatividad comunitaria, casos como el de protección de patentes farmacéuticas concedidas a extranjeros, la concesión de patentes de segundo uso y la protección a datos de prueba a farmacéuticas, derivaron en pronunciamientos del TJCA en Acción de Incumplimiento contra decretos y procedimientos aplicados en el orden nacional.

Se confirma entonces desde la lectura de (Helfer, Alter, & Guerzovich, 2009) que la presión de EEUU contra los países andinos ha sido especialmente en el campo farmacéutico36_{, y} ello se evidencia en que los tres casos reseñados en los que están involucrados tanto Ecuador, Venezuela y Colombia, se refieren a elementos de protección de las patentes farmacéuticas, más allá de lo demandado por el ADPIC, materia en la cual la misma CAN había adoptado para su régimen de propiedad industrial, restricciones a las patentes de acuerdo a las flexibilidades que le permitía el ADPIC37_{, decisión comunitaria que se ha establecido en función de promover la salud} púbica a nivel regional, política pública que es respaldada desde el mismo TJCA, órgano de

36 ―In the ―pipeline‖ patent case, decided in 1996, the ATJ invalidated a bilateral agreement between Ecuador and the United States that granted patent protection to foreign pharmaceutical firms. In the ―second use‖ patent case of 2001, the ATJ overturned a Peruvian decree— adopted in response to pressure by the U.S. pharmaceutical giant Pfizer—that authorizeddomestic IP agencies to grant second-use patents—including the lucrative second-use patent for Viagra—in contravention of Andean rules. The ATJ later overturned Ecuadoran and Venezuelan agency decisions awarding patents for Viagra. Last, in the ―data protection‖ case, decided in 2005, the Tribunal found fault with a Colombian decree—adopted under pressure from the United States—that protects the test data submitted by pharmaceutical manufacturers to national health agencies when seeking approval to market new medicines‖. (Helfer, Alter, & Guerzovich, 2009.p. 25)

37 ―Andean states opposed strong IP protection, fearing that domestic industry would suffer. However, the region recognized that complying with international standards of IP protection embodied in TRIPS would be Latin America´s ticket to the emerging global trading party. These legislative reforms on the regional level were coupled with institutional reforms on the national level. In the 1990s, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, and Venezuela all restructured their domestic intellectual property departments in an attempt to modernize.xii In 1992, Peru launched the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Industrial Property (INDECOPI), and Colombia reestructured and greatly improved the Superintendent for Industry and Commerce (SIC) in the same year‖ (Ramirez Bonilla. 2012,p. 8 )

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decisión que se ha convertido en el foro que han utilizado los opositores civiles como organizaciones gremiales, para hacer retroceder las medidas que los gobiernos nacionales habían adoptado a favor de las farmacéuticas de EEUU.

Importante papel también el que ha desempeñado el TJCA a través de su jurisprudencia, en definir los alcances de la Acción de Incumplimiento frente a las controversias surgidas con la expedición por parte de una autoridad nacional, de actos administrativos que resuelven reconocer derechos de propiedad industrial, caso patente o dato de prueba, y esto gracias a que a partir de sus pronunciamiento en los Procesos 127-AI-2004 y AI-02-2009 se sentó la subregla procesal que delimita la capacidad de la Acción de Incumplimiento en controvertir cuestiones probatorias tenidas en cuenta al momento de motivar la expedición del acto administrativo. Para el TJCA entonces,

Cuando se requiera realizar un examen de las razones de evaluación probatoria que llevaron a la expedición de un acto administrativo nacional, dado que para determinar la violación del ordenamiento jurídico comunitario con su expedición habría que desvirtuar las motivaciones de carácter probatorio de la administración nacional, es al juez nacional a quien compete el control de legalidad de la decisión administrativa. En este marco corresponde a este Tribunal una vez más precisar que si bien la acción de incumplimiento puede ser ejercida sobre la base de la expedición de actos administrativos nacionales contrarios a la normativa comunitaria, su ejercicio en este caso no puede confundirse con el trámite de un procedimiento de revisión de legalidad de tales actos administrativos a cargo de los jueces nacionales.

[A] través de la acción de incumplimiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no puede convertirse en una instancia que revise los actos administrativos y jurisdiccionales internos de los Países Miembros. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 127-AI-2004.

El TJCA resuelve por determinar, que su intervención como autoridad judicial es conducente siempre y cuando las controversias conocidas en Acción de Incumplimiento no versen sobre cuestiones que involucren valoraciones o prácticas de pruebas que se dirijan a desvirtuar las motivaciones de carácter material que tuvo la administración nacional en la expedición del acto administrativo, quiere esto decir que su pronunciamiento no es posible en estos casos al ser un asunto que está bajo la competencia de las autoridades judiciales locales, quienes deben adelantar el control de legalidad correspondiente, pero diferente situación acontece cuando la controversia gira alrededor de cuestiones sobre los alcances de la debida armonización, interpretación y reglamentación de la normatividad comunitaria en propiedad industrial y donde la valoración probatoria documental es apreciada por el Tribunal con el mérito de apoyarle y servirle para

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ilustrar su criterio y formar la convicción que permita la emisión del fallo38_{, en esta oportunidad} su intervención si está plenamente justificada, siempre que no se haya acudido previamente ante autoridades judiciales locales para que sea resuelta la controversia, condición exigida en la Decisión 623 artículo 14, instrumento normativo comunitario que reglamenta el procedimiento prejudicial de incumplimiento ante la Secretaría General de la CAN.

En síntesis para el TJCA, su competencia en materia de examinar actos administrativos del orden local que involucran derechos de propiedad industria , es procedente en los eventos que sea necesario dirimir las controversias que surjan entre el derecho comunitario y el acto administrativo en cuanto a la interpretación dada al sustento normativo comunitario desde el cual la autoridad nacional fundamenta la motivación del acto administrativo, de tal forma que si las conclusiones del organismo nacional respecto a la interpretación desarrollada a la norma comunitaria resultaren incompatibles con el espíritu de la misma, se estima por el TJCA ―que la utilización de dichos argumentos o criterios contrarios, no exime a la Oficina Nacional Competente, de su responsabilidad por no haber dado a la norma comunitaria respectiva, la aplicación correspondiente a su fidedigno contenido‖. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 01-AI-2001. En éste caso el TJCA encontró que en la patente otorgada por la autoridad técnica venezolana vía resolución administrativa, en realidad con ella se habían concedido derechos de patentes sobre un segundo uso, constituyéndose el acto administrativo en un incumplimiento al ordenamiento comunitario.