ELN).
Tener una visión holística, integral y sistemática sobre la actual situación del conflicto armado en Colombia es una situación bien compleja por la infinidad de factores históricos, sociales y políticos que se encuentran insertos en un fenómeno cuya principal característica es la dinámica guerra – paz en el manejo del discurso en los últimos años. Esto significa que este análisis busca identificar no sólo el tema del conflicto armado como tal, con el respectivo proceso de negociación con uno de los grupos armados ilegales, sino incluir también la situación de las víctimas por tener incidencia muy fuerte en el actual proceso de paz. En ese sentido, en un primer momento se hace un análisis sobre las últimas estadísticas relativas al conflicto armado, para después asumir el estudio de las condiciones actuales de las víctimas.
Entrando ya al conflicto armado, valga decir, como ya se mencionó anteriormente, que el mismo se encuentra mediado por dos escenarios o dinámicas en torno a los dos grupos armados ilegales de mayor incidencia en el país como son las FARC y el ELN, pues mientras los primeros llevan a cabo el proceso de diálogo de La Habana, lo que ha significado una disminución en la intensidad del conflicto; en tanto los segundos tienen acercamientos, pero siguen llevando a cabo acciones terroristas en las regiones en las que todavía tienen incidencia. En ese sentido, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) muestra el accionar de los grupos armados ilegales en el período 1990 – 2013, identificando los niveles de inseguridad presentes (Ver Figura 5).
Figura 5. Municipios con acciones armadas y violencia asociada al conflicto 1990-2013. Fuente: DNP, 2014, p. 16.
Frente a este marco de violencia y conflicto armado, el DNP (2014) identifica tres factores que inciden en las oportunidades para impulsar compromisos que permitan la salida al conflicto armado en un contexto de diálogo: baja fortaleza militar de los grupos armados ilegales para tomarse el poder por la vía de las armas; existencia de entornos legales y sociales favorables al proceso de paz, como son las leyes relativas a las víctimas e iniciativas de la sociedad civil como son los Programas Regionales de Desarrollo y Paz; y, en tercer lugar, alto impacto del conflicto armado en regiones con presencia débil por parte
del Estado y de una situación socioeconómica marcada por la pobreza, inseguridad jurídica y deficiencias en la infraestructura.
Además de estos tres factores, el mismo informe del DNP (2014) señala los altos costos que ha implicado el conflicto armado interno para la economía del país, la cual calculan que está entre el 0,5 y 8,32 puntos porcentuales frente a la tasa de crecimiento anual, lo que significa que entre los años 2000 a 2009, esto le significó un costo4 del 100% de la tasa de crecimiento anual en este mismo período
No obstante, al entrar en concreto al diagnóstico sobre el conflicto armado con las FARC, específicamente en el marco de los diálogos de la Habana, vale decir que la situación actual de este grupo armado ilegal es bien compleja, pues se han presentado varias circunstancias que han ocasionado tanto rupturas como avances significativos, luego se considera que dicho proceso sigue al ritmo propio de un conflicto armado que ya superó las cinco décadas, luego direccionarlo hacia la paz implica romper con preconcepciones, prevenciones y desconfianzas que cada una de las partes ha venido alimentando en estos largos años de violencia.
Dentro de los hechos que han generado rupturas o distanciamientos al interior de la mesa de negociaciones se pueden destacar entre otros la muerte en emboscada de 11 militares y varios más heridos el 15 de abril de 2015, lo que desencadenó el reinició de ataques aéreos a campamentos de la guerrilla con un saldo de aproximadamente 43 guerrilleros muertos en las siguientes semanas; suspensión el 22 de mayo de 2015 del cese unilateral del fuego ordenado por las FARC como respuesta a la muerte de los 43
4 Estos costos corresponden a los relacionados con las Fuerzas Militares y al daño causado por la acción de los grupos armados ilegales.
guerrilleros de las FARC5, lo que desató una nueva oleada de violencia representada en ataques a las Fuerzas Armadas y a la infraestructura nacional, específicamente a la relacionada con la industria petrolera (Espitia, 2015).
Dentro de los hechos que se consideran han sido significativos para el fortalecimiento de los diálogos se encuentran los siguientes: Cese unilateral del fuego promovido por las FARC a partir del 20 de diciembre de 2014, lo que ocasionó el más bajo nivel de violencia en los últimos 30 años; suspensión de los ataques aéreos por parte de las Fuerzas Armadas a campamentos guerrilleros ordenada el 11 de marzo de 2015 por el Presidente Juan M. Santos, en respuesta al cese unilateral de las FARC (Espitia, 2015).
Además de estos hechos sobresalientes, vale decir que este ha sido el proceso de negociaciones con las FARC que más ha avanzado, pues se han presentado un ambiente de desescalamiento gradual del conflicto armado, a lo que se suma el llegar a tomar decisiones conjuntas Gobierno – Farc como fue la creación de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición:
El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto. En este nuevo escenario será posible aportar a la construcción y preservación de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no sólo se satisfaga el derecho a la verdad sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación, y la no repetición (Comisión de La Habana, 2015, p. 1).
5 Dentro de estos guerrilleros muertos se encontraba un delegado de las FARC que había participado en en los ciclos de negociaciones.
Otro aspecto que incide en las negociaciones con las FARC corresponde a la catalogación de organización beligerante o terrorista, puesto que al obtener su status de beligerancia permitiría, en el ámbito interno e internacional, que sea legalmente reconocido como actor político. Frente a esto, es claro que la fuerte polarización política interna muestra que no hay consenso para que se pueda tomar dicho reconocimiento en medio de los actuales diálogos de paz, pues mientras la mayoría de movimientos políticos (Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal) y entes de control y vigilancia como la Procuraduría General de la Nación (PGN) se encuentran radicalizados en catalogar a este grupo como terrorista; existen otras fuerzas que promueven la inclusión del status de beligerancia (Gonzalvo, 2015).
De otro lado, en lo que corresponde al ELN, es clara la posición de varios investigadores y líderes sociales sobre la necesaria y urgente apertura de diálogos con esta organización armada ilegal, en la medida que convergen factores positivos que han creado escenarios favorables. En ese sentido, Velandia (2014) señala que el contexto histórico actual muestra las siguientes características que hacen imperativo el inicio de diálogos: no existe ni se prevé un claro ganador de la guerra; la guerra representa altos costos sociales, políticos, económicos, en tanto que con la paz sucede lo contrario; hay cansancio social y de las mismas partes en el sostenimiento de la guerra; no hay apoyos internacionales claros a alguna de las partes; la guerra a implicado un impacto negativo sobre la región, sobre todo en las zonas de frontera con los demás países; el conflicto armado ha afectado de forma profunda el desarrollo del país.
Estos factores o aspectos relevantes, ponen en evidencia la importancia de la apertura de diálogos con el ELN, pues tal como lo menciona Colón (2014), una negociación con este
grupo armado ilegal significaría la generación de mayores márgenes de gobernabilidad, lo que permitiría que la participación de la ciudadanía fuera más trascendental: “Desde la reconciliación de sus actores, comunidades, líderes, instituciones del Estado y servidores públicos, la negociación con el ELN facilitaría la construcción de consensos para que la paz sea sostenible” (p. 51).
Desde otra perspectiva, la Fundación CERAC6 (2014) hace un análisis sobre los beneficios que recibirá el país si alcanza la paz, de los cuales se destacan entre otros: aceleración de la economía; aumento del ingreso nacional y del propio ingreso promedio por habitante; mejora en la propiedad de la tierra así como de la distribución del ingreso; los recursos productivos que han sido desaprovechados se podrán incorporar a la economía; mejores condiciones de inclusión al sistema financiero; reducción de la deuda externa (privada y pública); una mayor reducción de la pobreza y mejores condiciones en la calidad de vida; disminución de otros tipos de violencia relacionados con el conflicto armado y, por ende, mayor seguridad ciudadana; paso de la acción contrainsurgente a la seguridad ciudadana; y mayores motivaciones que evitarán la fuga de cerebros.
Estos cambios sustanciales, que sin duda cambiarán el panorama político, social y económico, permitirán que los recursos se redistribuyan más al gasto social que al militar y, en consecuencia mejorarán los indicadores de desarrollo. De acuerdo con Pinilla, citado por Llorente (2013), esto se podrá materializar en que se podrán producir en 110.000 hectáreas adicionales, lo que trae como principal efecto una mayor producción de alimentos, calculada en 700.000 toneladas.
6 Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos.
De otro lado, (Pizarro, 2015) analiza el contexto en el cual se puede generar un proceso de paz, para lo cual retoma las condiciones que han generado el conflicto armado interno en Colombia, que si se conocen a profundidad, permitirá que se establezcan caminos y propuestas para un posconflicto pacífico. En ese sentido se enumeran los siguientes factores:
1. Narcotráfico relacionado con la economía de guerra: Esto potencializó a los diversos grupos armados ilegales (guerrilla, crimen organizado y paramilitarismo), los cuales aprovecharon la ausencia del Estado para aumentar sus niveles de representación y de reclutamiento (Pizarro, 2015).
2. Patrones de violencia contra los civiles: Estos se manifestaron bajo las acciones ilícitas como el secuestro y la extorsión, cuyo mayor auge se dio entre 1998 y 2004, pero que se mantiene en una cifra mayor a los 1.000 secuestros por año hasta el momento actual (Pizarro, 2015).
3. Precariedad institucional: Hay una persistencia de una debilidad del Estado manifiesta en su baja capacidad para la obtención de recursos que cubran responsabilidades en los ámbitos de educación, salud y justicia entre otros. Contrario a esto, el gasto militar ocupa uno de los primeros lugares en América Latina, lo que se pone en evidencia con la ostensible disminución del conflicto armado como consecuencia de la acción efectiva de las Fuerzas Armadas (Pizarro, 2015).
4. La provisión privada de la coerción y seguridad y el fenómeno paramilitar: para Pizarro (2015), esta debilidad del Estado trajo como efecto iniciativas legales e ilegales de protección privada, lo que supuso la generación de mayores niveles de violencia que era imposible de controlar por parte del mismo Estado (Pizarro, 2015).
5. Armas y urnas: El conflicto armado hizo que los cambios constitucionales en materia de elección popular de alcaldes y gobernadores se viera permeado por parte de los grupos armados ilegales, que apoyaban a determinados líderes pero a los que se oponían, corrían el riesgo de sufrir algún tipo de violencia (Pizarro, 2015).
6. Inequidad, derechos de propiedad y cuestión agraria: El problema de la confrontación armada trajo como principales víctimas a los campesinos y diversas comunidades étnicas (indígenas y afrodescendientes), quienes fueron obligados a desplazarse de sus territorios, previa expulsión o venta en condiciones de total desventaja (Pizarro, 2015).
7. Sistema político clientelista/localista: Consecuencia de la profunda fragmentación de los partidos y una alta autonomía por parte de las élites locales y regionales, de ahí que fueran afectadas las condiciones de representación política y los mismos intereses sociales, que se vieron frustrados (Pizarro, 2015).
8. Círculo vicioso de la violencia: Que propició un profundo impacto y desestabilización de la misma sociedad afectada, de comunidades enteras que se vieron confrontadas por el terror causado por los grupos armados ilegales y trofeos de guerra caracterizados por la tortura y la violencia sexual (Pizarro, 2015).
Además de estos factores propios del proceso de paz y de la eventual desmovilización, no se pueden dejar al margen otros que incidieron para que se generara un mayor clima de rechazo a la violencia armada y la insistencia en la solución pacífica del conflicto. Entre estos factores se encuentra el desplazamiento forzado, los falsos positivos, la situación de la economía colombiana, las reformas políticas y los procesos reintegración de las AUC a través de la Ley de Justicia y Paz.
Frente al desplazamiento forzado interno, vale decir que si bien este bajó sustancialmente a nivel nacional, sobre todo a partir de la desmovilización de las AUC, el mismo ha persistido en algunas regiones y en eventos de violencia muy particular, lo que es grave, pues Colombia hace parte de los primeros cuatro países con este problema, pues el promedio de desplazados ya superó los cinco millones de personas (Ferris y Halff, 2011).
Esta situación de expulsión de millones de desplazados de sus territorios es generadora igualmente de tensiones al interior de las comunidades a donde llegan, lo que ocasiona que sean estigmatizados, marginados y excluidos en todos los aspectos de la vida social, económica, política y cultura, haciendo con ello que se origine una nueva revictimización muy nociva para el nivel de calidad de vida que llevan a cabo (CICR, 2009)
Otro de los factores influyentes es el fenómeno de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, el cual afecta directamente el accionar de las Fuerzas Armadas, en cuanto a que se convierte en una de las conductas más reprobables realizada por un mínimo número de personas que pertenecen a estas Fuerzas, pero que tiene un impacto en todos, ya que fue una situación que dejó cientos de víctimas y que todavía no se ha cerrado en su proceso de investigación y juzgamiento.
La importancia de esta situación para el proceso de paz radica en que la política pública en materia de Derechos Humanos ha permitido la reducción sistemática de esta conducta, lo que se constituye en un intento por “buscar y proponer una solución efectiva y posiblemente definitiva a estos hechos que violentan los derechos y libertades básicas de las personas” (Gamboa, 2011, p. 47)
De otro lado, en materia económica, es claro que en Colombia la situación de los hidrocarburos afectó de forma notoria su economía, lo que no significo sin embargo una crisis profunda que obligara a tomar medidas profundas, por cuanto se estima que si el crecimiento del PIB para 2014 fue del 4,8%, se espera que para el 2015 sea de un 4%; lo que significa una desaceleración de la economía (Pardo, 2015).
A esto se suma el tema del intercambio, que son los precios de los bienes exportados sobre aquellos importados, que muestra un deterioro muy notable, producto, como ya se dijo, de la caída en los precios del petróleo, debido ello a su “elevada participación en las cuentas externas del país. En consecuencia, ese deterioro tendrá un impacto negativo sobre el ingreso nacional, lo que afectará notablemente la dinámica de la demanda interna, más allá de lo que esperábamos previamente” (Pardo, 2015, p. 2).
Notable importancia tiene entonces la caída del petróleo ya que la caída del precio internacional implicó graves consecuencias para las economías dependientes de este producto, como es el caso de Colombia. Para una mejor comprensión, en la figura 6 se muestra la evolución de dichos precios a nivel internacional, en la cual se destacan precios superiores a los 100 dólares en el período comprendido entre 2011 y parte de 2014, para bajar estrepitosamente por debajo de los 50 dólares. Contrario sensu, los precios altos estuvieron en julio de 2008 cuando llegó inclusive a los 140 dólares.
Figura 6. Evolución del precio del petróleo en el período enero 2003 a enero 2015. (Martínez y Garzón, 2015)
Finalmente, un factor que no sólo generó las condiciones para la disminución del conflicto armado y de la violencia en todas sus formas, fue el proceso de desmovilización de las AUC, cuyo origen se encuentra en discusión, pero que investigadores como Molano (2006) lo ubican en 1965. Este proceso surge como parte integral de la política de Seguridad Democrática implementada por el presidente Álvaro Uribe, cuyo objetivo se encaminó en el desmonte de los grupos armados ilegales, pero bajo condiciones de sometimiento a la ley, de ahí que se promulgara la Ley 975 de 2005.
No obstante haberse logrado el objetivo de la desmovilización de casi todos los miembros de las AUC, uno de los vacíos que se presentó fueron las bondades y beneficios a que se hacían quienes contaran la verdad, repararan a las víctimas y adquirieran el compromiso de no repetición. Para algunos investigadores las falsas desmovilizaciones y otros factores han puesto dudas al proceso, pese a que los principales comandantes de las AUC fueron condenados y algunos inclusive enviados a los EEUU.
Son muchas las críticas que se han planteado a este proceso de desmovilización de los grupos paramilitares: Se ha logrado establecer por ejemplo, que muchos de los paramilitares desmovilizados –de acuerdo a las cifras oficiales sobrepasa los 31.000- no eran realmente tales, sino delincuentes sociales o jóvenes de sectores populares reclutados antes de iniciarse el proceso, con el fin de captar las ayudas económicas ofrecidas por el gobierno a los desmovilizados (Beltrán, 2013, p. 9).
Pese a estas críticas, se considera que la Ley de Justicia y Paz coadyuvó a que las demás organizaciones armadas ilegales tomaran la decisión de iniciar diálogos de paz, pues si bien no bajo la categoría de sometimiento, sí bajo el entendido de que los golpes propinados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lograran mermar su capacidad de guerra y así proponer un diálogo fructífero en búsqueda de la paz.
En síntesis, las condiciones actuales del conflicto armado y el mismo proceso de diálogo iniciado en La Habana, permiten identificar la creciente necesidad por identificar las causas reales de la violencia, los factores que inciden en su persistencia y una prospectiva sobre los resultados y beneficios para el país ante un evidente proceso de desmovilización, desarme y reintegración.
4. Experiencias de posconflicto a nivel internacional y su relación con el Ejército