Experiencias de posconflicto en América Latina

En el caso de El Salvador, el proceso de posconflicto inicia en los Acuerdos de Chapultepec en 1992, el cual se basó en una serie de reformas al sistema político, las Fuerzas Armadas, el sistema electoral y el sistema de justicia entre otros. A esto se sumó una política de tierras en zonas de conflicto, un plan nacional para la reconstrucción del país y un programa de reinserción a la vida civil (Bello, 2012).

Frente a las Fuerzas Armadas, su papel constitucional quedó limitado a la defensa de la soberanía, eliminando así cualquier tipo de atribución en relación con la seguridad pública. “Se establecieron medidas para depurar las instituciones de los oficiales involucrados en violaciones a los Derechos Humanos y la reducción del ejército a unos treinta mil efectivos” (Bello, 2012, p. 238).

A esto se sumó la supresión de los cuerpos seguridad que se habían creado en los últimos años como la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional. De la misma manera se crearon organismos como la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública conforme al interés de una sociedad democrática.

Frente a los excombatientes, el principal inconveniente presentado fue la falta de una planeación a mediano y largo plazo para brindar la asistencia técnica y financiera de los desmovilizados, pues el tema se centró básicamente en la tierra: “En El Salvador, la tierra se impuso como el mecanismo para la reintegración, principalmente por la distribución inequitativa de la misma. Este último aspecto fue considerado por muchos analistas como una de las causas más profundas del conflicto” (Bello, 2012, p. 238).

Este plan tenía como objetivo atender la situación de 47.500 personas, 7.500 de ellos excombatientes y 25.000 tenedores en las zonas de mayor conflicto armado. Uno de los problemas es que la tierra no alcanzó a cubrir a todos los solicitantes, quedando un vacío de 28.000 personas, lo que significó un incumplimiento para el 59,57% de estos reclamantes, generando con ello un impacto negativo en el proceso desarrollado, lo que trajo como consecuencia un rearme de la sociedad civil y de los excombatientes que terminó por generar mayores niveles de violencia, los cuales venían marcado por la impunidad y la falta de reacción del Estado.

Al igual que en Camboya, el tema de las armas no fue manejado de forma sistemática, pues la desmovilización logró sacar 10.230 armas, pero quedaron circulando un promedio de 400.000, de las cuales sólo el 36,25% son legales, con lo cual se puso a la población en una situación de indefensión, pues en el posconflicto se registró el mayor número de homicidios que en el mismo conflicto armado.

Esta violencia es uno de los principales problemas que afronta El Salvador en la etapa posterior al conflicto. Algunos excombatientes se vincularon nuevamente al crimen. Entre las causas principales sobresalen: la dificultad en la inserción económica de los combatientes, la gran cantidad de armamento circulante y el vacío institucional en materia de seguridad pública y justicia en el país (Bello, 2012, p. 239).

Otra experiencia de posconflicto relevante se encuentra en Guatemala en donde el enfrentamiento armado data de 1960 cuando un grupo de militares se subleva como rechazo a las políticas impuestas por el Gobierno de turno, quien venía siendo cuestionado por haber derrocado al Presidente Jacobo Arbenz en 1954. Esto originó el surgimiento de los

primeros grupos guerrilleros como Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR- 13); las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR); y el Frente Revolucionario 12 de Abril, los cuales fueron rápidamente eliminados por la acción de las fuerzas de seguridad del Estado; pero posteriormente surgieron dos organizaciones de mayor poder como la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). (Paniagua, 2012).

Bajo este contexto, las fuerzas del Estado dirigieron una política de tierra arrasada que afecto de forma sustancial la vida de millones de campesinos y comunidades indígenas, llegando a crearse comunidades con control y vigilancia permanente lo que desencadenó un ambiente de violencia que también estaba presente en las ciudades. Debido a este alto nivel de violencia y conflicto armado, a partir de 1984 se dio un proceso para ceder el poder político a los civiles que terminó con elecciones en 1985, para después iniciarse un proceso de negociación con la guerrilla, el cual inició en 1990 y terminó seis años después: “En el proceso de negociación se firmaron 13 acuerdos sobre temas sustantivos para la transformación del país, como el respeto a los derechos humanos, los derechos socioeconómicos y la situación agraria, la reforma del Estado, los derechos de los pueblos indígenas, la reforma militar y la creación de una nueva policía, la instalación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, entre otros temas” (Paniagua, 2012, p. 12).

Al igual que en El Salvador, en Guatemala la etapa del posconflicto ha generado un inusual incremento de la criminalidad y la violencia social en aspectos como extorsiones, homicidios, robos, secuestro y violencia sexual, llegando inclusive a tener una de las más altas tasas de homicidios en toda América Latina: “La mayor parte de crímenes ocurren en las zonas urbanas, se cometen con armas de fuego, y quedan en la impunidad debido a la

incapacidad del sistema judicial para responder a la abrumadora cantidad de delitos diarios. Muchos de los crímenes están relacionados con el tráfico de drogas, el crimen organizado, las pandillas juveniles y la delincuencia común” (Paniagua, 2012, p. 14).

Una síntesis de las experiencias en el posconflicto la ofrece García (2014), quien plantea que a partir de los 80s, se está presentando en Centroamérica un proceso de transiciones políticas, las cuales se dan en el marco de unas condiciones que no han sido benévolas en la región, de la cual destaca cinco elementos básicos:

• Transiciones políticas en medio de conflictos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

• Ninguno de los gobiernos presentes en el conflicto armado ha tenido una tradición democrática sólida.

• Paso de las dictaduras militares a gobiernos democráticos como una opción por parte de las élites en la región.

• Importancia y relevancia de actores externos en el proceso de desmovilización y posconflicto como ONU, Estados Unidos, el Grupo de Contadora7_{, Primera} Cumbre de Presidentes Centroamericanos (1986).

• Posición de los militares proclive a una salida negociada.

Estos elementos permiten sistematizar no sólo el contexto general del conflicto en Centroamérica, sino que pone en evidencia el importante papel de las Fuerzas Armadas en la resolución de los conflictos, por cuanto pese a no tener injerencia directa en el poder político como tal, sí existe un consenso general, tanto de la sociedad como de las élites

7 _{Este grupo se conformó entre 1983 y 1985 por países de la región como Colombia, Venezuela, México y} Panamá, a fin de lograr una salida negociada a los diversos conflictos armados en Centroamérica.

económicas en que las Fuerzas Militares tienen una honda incidencia en la forma como se asuman los procesos de diálogo, como es el caso actual de los diálogos de La Habana, y que fue bien entendido por el Presidente Juan Manuel Santos, quien puso a representantes de estas Fuerzas, tanto activos como retirados, en el tratamiento de la seguridad en el posconflicto, para lo cual creó el “Comando Estratégico de Transición”, en cuya cabeza se encuentra el General Javier Flórez, quien estaría como parte fundamental en el tema del desarme (Fisas, 2015).