En contraste con la invisibilización del mundo rural en el imaginario generalizado de los medios urbanos, la cual fue alentada desde la perspectiva del “desarrollo” (Ploeg, 2010), distintos estudios, entre ellos el Informe Nacional de Desarrollo Humano (PNUD, 2011), evidencian que la participación de este componente en la configuración de la sociedad colombiana es sustancial. En este sentido tienen especial pertinencia los estudios hoy clásicos sobre la formación del mundo moderno (Tilly, 1990; Moore, 1966), los cuales en su momento, advirtieron la importancia de la relación entre los poderes establecidos y los campesinados, en la configuración de os Estados y en su evolución política. Dicha importancia está relacionada con la participación de los campesinos en la generación de rentas objeto de expropiación, en el marco de las relaciones de poder que regían a estas sociedades (Binswanger et al., 1993). A partir de los procesos de descolonización que tuvieron lugar tras la terminación de la Segunda Guerra Mundial, se incrementó la proyección del papel de los campesinos en las relaciones económicas, políticas y ambientales. Se destaca en estos ámbitos su participación en la producción de alimentos y materias primas y, por otra parte, la vinculación a la que fueron forzados en conflictos territoriales en torno al control de recursos naturales, como el agua, los suelos y la biodiversidad, tal como lo sustenta una amplia documentación, incluyendo los pronunciamientos de las Naciones Unidas y la FAO.
Al tiempo que ocurren estos procesos avanzan, de manera creciente, expresiones de “desagriculturización” de la vida rural, en la medida en que se han generado profundas modificaciones en la producción y comercialización de los bienes agrícolas, los cuales han sido relocalizados según los intereses de grandes corporaciones transnacionales. En este contexto, para compensar el descenso de sus ingresos, la población es inducida a buscar medios de vida diferentes a la producción agrícola tales como trabajar en el sector de los servicios o la migración, permanente o temporal, para incorporarse a mercados de trabajo urbanos, en el propio país o en el exterior (Grammont, 2006; Meillassoux, 1998).
La depreciación de la producción agrícola se añade a la reconfiguración de la economía mundial, en la cual la destrucción del trabajo es corolario de la búsqueda
119 permanente de la reducción de costos de la producción y de los desarrollos tecnológicos asociados a la misma. Por esta razón, como lo ejemplifica Grammont (2006, p. 6) en el caso de México, “la persistencia de los hogares campesinos y no campesinos no responde solamente a la fuerza de los vínculos comunitarios tal como se planteaba hace algunas décadas, sino principalmente a la actual situación del mercado de trabajo, escaso y precario, incapaz de absorber la mano de obra sobrante del campo”.
En Colombia esta tendencia es agravada por la guerra, circunstancia que ha acelerado, ampliado y profundizado los procesos de descomposición de las comunidades rurales, su desterritorialización y la pérdida de sus tierras. El proceso actúa en el marco de profundas transformaciones de la economía, en el cual la participación de la producción agrícola fue sustituida por las inversiones mineras, las cuales solamente generan una reducida oferta de empleo productivo.
Las dimensiones demográficas y sociales del campesinado colombiano, su distribución espacial y sus articulaciones con la economía han resultado afectadas por el proceso histórico de su descomposición impulsada por el propio desarrollo capitalista (Ferranti et al., 2005). En el caso particular de la formación social colombiana, ha asumido características propias, una de las cuales la representa el más prolongado conflicto armado de la época contemporánea, acompañado por el impacto que han tenido en el país las políticas económicas y comerciales de carácter internacional.
Existen varias aproximaciones a la cuantificación y caracterización de la población campesina colombiana71. Según el Censo Nacional de 2005, las cabeceras albergaban 31,5 millones de personas y “el resto” 10,5 millones. Sobre este conteo y sus proyecciones se han elaborado distintos estimativos: según Leibovich, en 2012, dentro de los parámetros de una proporción del 25% para la ruralidad, la población de este sector del país sumaba aproximadamente 11,2 millones de personas (PNUD, 2011; Balcázar et al., 2013, p. 23).
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Las referencias empleadas aquí (Leibovich et al., 2013; Rubiano, 2010) tienen como base la proyección del Censo Nacional de Población de 2005 y la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.
120 Con base en este conteo y en las cifras de ocupación de la Encuesta Continua de Hogares de ese mismo año, Garay, Barberi & Cardona (2010) presentan la cifra de 1.776.253 “trabajadores por cuenta propia” en el sector agropecuario y un total de 1.369.438 hogares campesinos en todo el país, lo cual representaría una población aproximada de 6 millones de personas.
Por su parte, el Informe Nacional de Desarrollo Humano y Rubiano han cuestionado los criterios de clasificación de la distribución espacial de la población (urbano/rural), establecida a partir del número de habitantes y de la función administrativa de los núcleos, y proponen el reconocimiento de las actividades económicas dominantes de las poblaciones asentadas en los núcleos y la calidad de su comunicación con las capitales regionales, todo lo cual modifica el carácter de los asentamientos y, en el caso colombiano, eleva la ruralidad de los núcleos formalmente calificados como “urbanos”. Con base en esta apreciación, el Informe Nacional de Desarrollo Humano otorga a la ruralidad una participación superior al 32% (PNUD, 2011), porcentaje que equivale a una población de 14,9 millones de personas en el país; Rubiano (2010, p. 16) sin embargo, sustenta la cifra de 10.997.700 personas para el “resto rural disperso”, mientras que el DANE, por su parte, estima para 2012 una cifra de 11.204.685 personas residentes en las áreas rurales (Balcázar et al., 2013, p. 23).
Estas diferencias evidencian variaciones de carácter metodológico en las operaciones censales debidas a dificultades propias del país para la recolección de la información, en particular en las áreas rurales, y a divergencias en los criterios para el análisis de la información. De acuerdo con el análisis de Rubiano (2010), en Colombia los muy numerosos asentamientos con menos de mil habitantes están lejos de ser considerados como “urbanos” y, “en consecuencia, podría decirse que en el país los centros poblados tienen un carácter eminentemente rural, por lo menos en 94,3% de los casos” (p. 19).
En cuanto a la localización espacial del campesinado, el estudio Unidades Agrícolas Familiares, Tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia del Proyecto “Protección de tierras y Patrimonio de la población desplazada” de la Agencia Presidencial para la Acción Social (2010) revela la distribución de estas unidades por departamentos, lo cual permite apreciar en dónde se concentra la pequeña propiedad, si
121 bien excluyó los predios de propiedad colectiva, como resguardos y consejos comunitarios negros.
La distribución espacial de los campesinados a lo largo y ancho del país se relaciona con su articulación a la malla de asentamientos urbanos y se expresa en su participación en los distintos mercados de bienes y servicios, como lo establecen los estudios de Forero (2010), Rodríguez (2006), Garay (et al., 2006) y Yepes (et al, 2005). De acuerdo con la FAO, en 1986 la producción campesina colombiana representaba el 40% del total de alimentos producido en el país y abastecía el 49% del mercado interno y el 35% del total de productos agropecuarios para la exportación (Grandi, 1996).
Esta participación alcanza el 47% del área total cosechada en 2005 con cultivos transitorios y el 50% de la producción de los mismos, el 56% del área en permanentes y el 48% de su producción. Los estudios de Forero (2010) y Garay (2006) señalan cómo para 2005 la participación de la oferta campesina en cultivos de ciclo corto, permanentes y cárnicos de la canasta básica continuaba siendo elevada: papa, 82%; arveja y haba, 79%; trigo, 83%; fríjol, 81%; aves, 17%; cerdos, 35% (Leibovich et al., 2013).
Estos niveles de participación, no muy distantes de los registrados por la Misión de Estudios del Sector Agropecuario (1990), fueron reducidos por los impactos del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Estos procesos –que han afectado primordialmente a los campesinos (CODHES, 2012) – se han hecho sentir en las tierras abandonadas, la oferta productiva, las importaciones y la persistencia de la pobreza, no solamente en las áreas rurales sino también en las urbanas (Ibáñez L., 2008)72. A propósito de las condiciones de ingresos de los campesinos, Forero (2010, p. 47) señala cómo “el 68% de los hogares registró ingresos por debajo de un salario mínimo, con 76% para los rurales y 44% para los urbanos y solamente el 2% de los hogares rurales obtuvo ingresos superiores a los tres salarios mínimos”. En términos de las condiciones de pobreza para el campo, López, Garnica R., & Campillo (2010, p. 23) señalan una cifra del 65,5%, frente a un 43,6% para los medios urbanos y un 29,1% de indigencia rural frente a 12,4% para las ciudades.
72
122 La magnitud de la producción campesina y de su participación en el abastecimiento alimentario fue reconocida en los diagnósticos, formulación de programas y proyectos y aplicaciones del Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), en particular en sus intervenciones en comercialización entre mediados de la década de 1970 y comienzos de la de 1990 (Mendoza V., 1999)73.
Posteriormente, la comercialización de la producción campesina en los mercados urbanos ha sido objeto de los diagnósticos, propuestas y programas para Bogotá de Forero (2006), Rodríguez (2004), Mondragón y Montoya (2010), elaborados dentro de los debates en torno a la aplicación del “Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos de Bogotá”. Los dos primeros ilustran el sistema a partir de las condiciones de la producción parcelaria, las regiones productoras (“anillos”) y sus implicaciones ambientales (“huella ecológica”), en tanto que el tercero presenta el análisis de experiencias locales en la comercialización de la producción campesina. Estos estudios evidencian la complejidad de la composición de este sistema agroalimentario en el cual participan, además de los productores directos, pequeños transportadores y tenderos. Igualmente, Guarín (2010) en un estudio realizado para la FAO sobre la configuración de las tiendas de alimentos en Bogotá, Soacha, Medellín y Manizales, establece la participación de alimentos procedentes de la producción campesina74 en este canal de abastecimiento para medios urbanos.
Otros estudios sobre la situación de la producción campesina permiten apreciar las implicaciones de las políticas de apertura comercial y, en particular, del tratado de libre comercio sobre el sector parcelario y sobre el abastecimiento alimentario de la capital. Los trabajos de López, Garnica R., & Campillo (2010), Garay, Barberi y Cardona (2010), Suárez (2007), Robledo (2009), López H. (2012) y Gómez M. (2013) analizan los alcances de la política de importaciones agrícolas y el estímulo a los agroexportables frente a la producción nacional de alimentos.
Las condiciones tradicionales de prevalencia de la pobreza en el campo han resultado agravadas no solamente por los efectos del modelo económico dominante,
73
En particular, capítulos 3 y 8.
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Sobre la participación de los cultivos de producción campesina, ver Garay, Barberi & Cardona (2010, p. 48).
123 analizado de manera amplia por varios autores (Ferranti et al., 2005; López et al., 2010; PIADAL, 2013), sino también, en el caso colombiano, por el conflicto armado y los destierros asociados al mismo, todo lo cual ha afectado fundamentalmente a las comunidades campesinas. La pérdida de tierras y el desplazamiento forzado ha inducido la formación de un sector de nuevos pobres tanto en el campo como en las ciudades, así como una reducción en la oferta productiva (Kalmanovitz, 2010). Como lo advierten los autores citados, la demanda ha sido atendida de manera creciente a través de importaciones de alimentos, las cuales posiblemente han incidido en el cambio de dieta de una población crecientemente urbanizada. Adicionalmente, la descomposición de las comunidades ha ampliado la oferta de mano de obra para los mercados laborales de las agroindustrias y empresas urbanas, pero la articulación de trabajadores a estas opciones ocurre en condiciones de informalidad y envilecimiento de la remuneración del trabajo.