Economía solidaria, autoestima y capital social

Una de las rápidas respuestas de las autoridades del DEM en febrero de 2002, fue el lanzamiento del Programa de Agricultura Urbana, el que conciliaba intervenciones en materia laboral, alimenticia y barrial. La horticultura siempre había sido una alternativa para los contextos de crisis ya que ella demandaba muy bajos recursos al DEM y sus efectos eran positivos: alto número de participantes sin mayores necesidades de capacitación, complemento nutricional, fuente de ingresos, medio de ordenamiento territorial, instancia de reunión de individuos.

Por el lado de la población villera de 15 a 24 años sin escolaridad primaria completa, el objetivo continuaba puesto en mejorar su empleabilidad adquiriendo

competencias básicas (expresarse de manera oral y escrita, interpretar textos) y específicas (aplicar normas de higiene y seguridad, operar equipos y

herramientas). En este orden, el Estado local sumó al Programa Rosario Hábitat el Programa Joven de Inclusión Socieducativa dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años para reinsertarlos en el sistema educativo y capacitarlos en el manejo de herramientas informáticas y así, luego de una pasantía en una empresa o una repartición estatal, poder ser competentes para postularse a un empleo, emprender una actividad productiva, “interpretar y aplicar las normas y códigos propios del mundo del trabajo” (IEMP, 2003:22), mundo en el que las ocupaciones eran crecientemente inestables, las redes de seguridad social menos densas y más difusa por ende la proyección individual de un futuro. “Estamos viviendo momentos críticos, donde el tema de la inseguridad se ha instalado en la agenda pública y donde a veces se opta por soluciones apresuradas, aumentando penas, disminuyendo edades de imputabilidad, endureciendo la represión. Pero las ciudades que han sido exitosas en generar mejores condiciones de seguridad y de convivencia urbana, lo han hecho con fuertes programas de inclusión para jóvenes

que están en una situación de vulnerabilidad social porque no tienen trabajo y no están contenidos por el sistema escolar” (MR, 2004b:3). La intervención se vinculaba con los reiterados casos delictivos que en la ciudad y el país involucraban por entonces a menores de edad como responsables, los cuales gozaban de inimputabilidad cuando no hubiesen cumplido los 16 años, lo que se traducía en una pronta liberación si estaban detenidos en comisarías (y una eventual reincidencia) o bien en el ingreso a institutos correccionales de menores –alternativa más difícil por la saturación de sus plazas disponibles–. Sumado a esto, los datos del censo 2001 mostraban a nivel provincial una inasistencia al sistema educativo del 16% entre los jóvenes de 14 y 17 años y un incremento del 30% con respecto al año 2000 en las tasas de repitencia y deserción escolar. Por ello, la intervención posible apuntaba a “buscar permanentemente nuevas formas de recrear valores y normas: socializar, humanizar, reforzar con vínculos y símbolos lo que hoy está siendo ocupado por la violencia” (IEMP, 2003:48).

El emprendedurismo siguió siendo la alternativa priorizada desde el DEM para tratar de encaminar la trayectoria laboral de este segmento poblacional que se enfrentaba a la búsqueda de una primera ocupación. Autoempleo y asociativismo como incentivos a un mercado de trabajo que ofrecía reducidas opciones de empleo asalariado a la mano de obra poco calificada. Por ende era necesario asistir a los sujetos para que puedan reconocer “sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, visualizándose a ellos mismos frente al mercado e identificando opciones” (MR, 2004d:2), es decir, acompañarlos en la incorporación y desarrollo de una racionalidad con la cual reconocer actitudes o comportamientos a modificar y ventajas a explotar para así mejorar su competitividad dadas las características del mercado en un determinado momento. “El desarrollo de estas capacidades específicas, junto a las capacidades emprendedoras personales, sustentarán en el futuro no sólo los emprendimientos productivos sino que apunta a reforzar la autoestima de las/los participantes y a generar ciudadanía activa” (idem). Trabajar sobre la autoestima de los sujetos de manera que puedan sentirse útiles, reconocidos por la sociedad, con la expectativa de aportar y esperar algo de ella y en consecuencia no ignorar o discutir su organización y su funcionamiento.

Con los emprendimientos alentados desde el Estado municipal no se pretendía satisfacer una demanda genuina de bienes y/o servicios no ofrecidos por

otras unidades productivas sino más bien ayudar a colocar en el mercado esos mismos bienes y servicios atendiendo distintos objetivos: por un lado, que la población beneficiaria no pierda la cultura del trabajo, el “esfuerzo propio y la ayuda mutua” (MR, 2004d:2) como valores morales que orienten la conducta; por otro, que el proceso productivo sirva como excusa para “el diálogo, [el] conocimiento de otras situaciones y, fundamentalmente, a promover la cooperación” (idem); en último lugar, que las eventuales ventas concretadas representen un ingreso con el cual poder subsistir, lógica ésta que organiza las actividades comúnmente asociadas al sector informal urbano (Lazarte, 2000).

La asistencia al autoempleo y al asociativismo también encontraba viabilidad en el proyecto de crear un fideicomiso con el cual financiar “proyectos de inversión de personas físicas, microempresas y microemprendimientos que tengan dificultades para acceder a préstamos por los canales habituales del sistema financiero” (IEMP, 2003:19). Los destinatarios propuestos eran cuentapropistas y

microempresarios que quisieran iniciar una actividad familiar comercial,

industrial o de servicios, correspondiéndole a la sociedad civil –entidades intermedias y organizaciones no gubernamentales (ONG´s)– la detección de necesidades y la selección de potenciales beneficiarios. Microempresarios, suerte de eufemismo para designar trabajadores autónomos –auxiliados en ocasiones por familiares–, con baja dotación de capital y productividad (compensada con el número de horas trabajadas por día), compelidos a ser creativos para pergeñar estrategias que contribuyan a su supervivencia física inmediata, ofreciendo bienes y/o servicios a bajo precio generalmente a poblaciones de bajos recursos. Microempresarios y no trabajadores, término ligado a asalarización, sindicalización, seguridad social, prácticas en retroceso aún con una economía en marcada recuperación. Microempresarios de una economía

solidaria que debían orientar sus empresas no “por la ganancia y la acumulación

de capital sin límites [buscando] contribuir a asegurar la reproducción con

calidad creciente de la vida de sus miembros y sus comunidades de pertenencia”

(Coraggio, 2011:47, cursivas en el original).

Como campo de emprendimientos y cooperativas de producción, esta

economía solidaria venía manifestándose exitosa para cierta refuncionalización de

la población no inserta en actividades económicas formales más afectada por la crisis de 2002, si bien esto no niega que con la recuperación del empleo en el

sector privado el número de individuos participantes se redujera215. Ella también contribuía al tejido de “redes sociales en las que la solidaridad y el trabajo compartido permiten superar las difíciles condiciones de vida” (MR, 2007:2), motivo por el cual el municipio siguió interviniendo para su fortalecimiento con asistencias técnicas, crediticias, capacitaciones, articulaciones con el Estado nacional para conseguir financiamiento y apertura de más puntos de comercialización y producción.

Físicamente, la villa debía integrarse en la trama urbana de la ciudad abriendo en ella calles que se conecten con las lindantes, proveyéndola de infraestructura de servicios y equipamiento social (escuelas, centros de salud, playones deportivos, plazas), pero además, su población no podía permanecer socialmente aislada. Ello amenazaba a su normal socialización. Había que inventar y/o potenciar mecanismos que la expusiesen a encontrarse, comunicarse, conocerse y tender lazos. Si por un lado es cierto que la villa actuaba como “base de estructuración de soportes sociales indispensables para quienes iban desenganchándose del empleo, del sindicato y del entramado institucional con epicentro estatal” (Merklen, Op. Cit.:14), también lo es el temor de dejar la vivienda y encontrarla, al regreso, ocupada o demolida, algo no poco frecuente dadas las rencillas personales o familiares. Por ello, puede pensarse la economía

solidaria como dispositivo en base al cual los villeros de la ciudad desarrollasen capital social (Putnam, 1995), esto es, una agenda de contactos, de conexiones

fluidas con otros individuos, de lazos afectivos, relaciones de cooperación y vínculos de confianza que deriven en oportunidades de todo tipo, entre ellas, el tendido de redes de asociatividad para la producción. Si para Durkheim, por tomar un clásico, la solidaridad orgánica era el efecto de una cada vez más extensa división del trabajo social –con su consecuente especialización– que conllevaba una mayor interdependencia entre los individuos, estos términos parecerían ahora invertirse: “hoy en día producir significa, cada vez más, construir comunidades de cooperación y comunicación […] Poco a poco, redescubrimos que las mismas transacciones capitalistas dependen mucho de los vínculos de confianza que son

215

En el caso de las huertas enmarcadas en el Programa de Agricultura Urbana, “mucha gente se fue a trabajar en el sector formal… En parte por una estructura mental, que uno necesita trabajar bajo patrón, y también por la cuestión de que vos no podes luchar contra 4 mil pesos seguros […] Trabajar la tierra es muy sacrificado, muy esclavo, donde no hay feriados, hay que trabajar bajo la lluvia, con el sol”. Entrevista a Juan Pablo Jozami, ingeniero agrónomo y agente del PAU.

construidos en las relaciones interpersonales. Ellos son funcionales al mercado pues reducen los costos de transacción” (de Melo Lisboa, 2004:392). La mirada del capital social instrumentaría las relaciones humanas en función de la obtención de dinero: a mayores número de contactos, mayores chances de disponer ingresos.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando en esta dirección […] que genera trabajo y oportunidades, la posibilidad de concretar proyectos colectivos, un proyecto de vida para muchas familias que el sistema económico había marginado y dejado a un costado. Quiero que este lugar sea un motivo más, no sólo para la producción, sino para la atracción turística, para mostrar la cara de la ciudad que trabaja, que no baja los brazos” (MR, 2004c:2, cursivas del autor). Producir bienes no de manera estandarizada, con el afán de ganar grandes segmentos de clientes en el mercado, sino producirlos de modo diferenciado, artesanal, casero, buscando sumar elementos distintivos, poco habituales, para una ciudad interesada en fortalecer su oferta de servicios y su perfil turístico.

La aspiración que de alguna manera seguía regulando este tipo de prácticas era lograr que pudiesen progresivamente incorporarse y consolidarse dentro del mercado formal para así rescindir la asistencia estatal que recibían para su sustentabilidad. En este sentido, era en cierto aspecto novedosa la táctica municipal de establecer vínculos entre los emprendimientos asistidos desde el DEM con cooperativas de mayor recorrido temporal y con infraestructura propia para alcanzar sinergias, beneficios mutuos tales como transferencias de conocimientos y una mayor visibilidad de la producción en mercados más dinámicos. Esta economía solidaria englobaba y daba impulso a prácticas no necesariamente mercantiles, de baja productividad, organizadas más para subsistir frente a necesidades materiales inmediatas que para obtener un excedente; así, prácticas que bajo el paradigma de la modernización solían considerarse obstáculos para el desarrollo económico, rémoras de pautas culturales tradicionales a superar, pasaron en estos años a ser consideradas un capital que, además de beneficiar a quien lo poseía, aportaba un elemento novedoso a aprovechar desde el turismo (ferias) y también por aquella población de la ciudad que elegía seguir una dieta saludable, orgánica, y estaba dispuesta a pagar un precio igual o más alto por la producción agroecológica de las huertas.

La informalidad de estas actividades era tolerada desde el Estado local –de hecho, en 2004, el PAU fue distinguido por la Municipalidad de Dubai y el

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos como una de

las mejores prácticas216 para mejorar las condiciones de vida de la población– ya que al menos permitía procurar un ingreso mínimo con el cual sobrevivir, acompañándolas hasta que logren una inserción plena en el mercado.

V.6 El refuerzo de la participación a partir de las intervenciones del