Instalando capacidades para la seguridad alimentaria

La devaluación de la moneda en casi un 300% a comienzos del 2002, había provocado un aumento en los precios de los alimentos del orden del 60%, en particular los derivados de commodities como el trigo, que hizo caer su consumo. La población que resultó más afectada por esto fue justamente la de menores recursos económicos, que es la que prioriza el consumo de alimentos saciadores como pan y fideos, ambos derivados de harinas (Calvo y Aguirre, Op. Cit.). Dada la gravedad de este escenario, el DEM convalidó la proliferación de ollas

populares para que entregasen comida elaborada, práctica que, como se vio, había

sido combatida años anteriores. Entre los motivos de esta rectificación podía señalarse, por un lado, la insuficiencia de los alimentos que por medio de cajas el Estado entregaba para afrontar la coyuntura (cajas que empezaron a repartirse de modo masivo a lo largo de 2002 ampliando los padrones de receptores que cada

Centro Crecer tenía) y por otro, el hecho de que surgieron, en las propias comunidades que venían siendo objeto de intervención, múltiples organizaciones

que apelaron a recurrentes piquetes207, acampes y otras manifestaciones públicas para obtener subsidios del Estado local, argumentando la necesidad de montar comedores208. El DEM debía satisfacer, como se comentó en capítulos anteriores,

necesidades básicas, idea que la Organización Internacional del Trabajo y el BM

habían delineado a mediados de los años setenta para argumentar la pérdida de potencial heurístico de los indicadores basados en la magnitud del PIB y del PIB per cápita. Era más conveniente mensurar ese desarrollo a partir de la satisfacción de necesidades concretas y tangibles como alimento, vivienda, vestido, saneamiento, salud (Griffin, Op. Cit.). Nada de conflictivas y estériles abstracciones y ambigüedades conceptuales como reducir las desigualdades sociales o mejorar el bienestar: “satisfacer las necesidades básicas es más importante que reducir la desigualdad por tres razones. Primera, la igualdad como tal es probable que no sea un objetivo de gran importancia para la mayoría de la gente, excepción hecha de los filósofos e ideólogos utilitarios. Segunda, esa falta

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Para profundizar sobre el fenómeno piquetero, se sugiere consultar Massetti (2004), Svampa y Pereyra (2003), Scribano (1999) y Schuster y Pereyra (2001).

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“La conflictividad se resolvía abriendo comedores […] Llegamos a tener seiscientos y pico de comedores en Rosario… una locura”. Entrevista a Josefina Bianchi, funcionaria municipal de la Secretaría de Promoción Social, coordinadora del Programa Crecer entre los años 2000–2004.

de interés se justifica porque el satisfacer las necesidades humanas básicas es moralmente un objetivo más importante que el reducir la desigualdad. Tercera, reducir la desigualdad es un objetivo complejo y abstracto en grado sumo, abierto a muchas interpretaciones diferentes y, por consiguiente, ambiguo desde el punto de vista práctico” (Streeten209, 1981:28). Si la única manera de eliminar la pobreza absoluta consistía en incrementar la productividad de los pobres, el hecho de proveerles servicios de sanidad, de educación y acceso a ciertos umbrales alimenticios aportaba “una contribución mayor al mejoramiento de la productividad de la mano de obra que la mayoría de otras inversiones” (idem:9), mano de obra cuyo “único bien que poseen son sus dos manos y su voluntad de trabajar, [situación en la cual] la mejor inversión es la dirigida hacia el aprovechamiento de los recursos humanos” (idem:10).

En paralelo a este panorama, el gobierno de la población de las villas en lo concerniente a su alimentación siguió formalmente en líneas generales los cálculos y las técnicas de intervención de años anteriores. Las prácticas educativas y asistenciales sobre embarazadas, madres que amamantaban, familias y población en su conjunto seguían siendo el sustento con el que producir las conductas consideradas apropiadas para evitar principalmente los casos de malnutrición. La niñez era puesta en el centro de las reflexiones al entenderla como un objeto cuya atención necesariamente impactaba en el futuro de la familia, de la comunidad y de la ciudad. Desatenderla o prestarle una mala atención (no exponerla a estímulos lúdicos, a controles médicos recurrentes, a procesos de aprendizaje y a una adecuada nutrición) tendría daños que trascenderían a cada niño considerado de manera aislada, afectando “a la sociedad entera, ya que la principal riqueza de una sociedad reside en su capital humano y, si éste se encuentra dañado, se restringen las posibilidades de progreso colectivo” (IEMP, Op. Cit.:75). Capital humano como perspectiva –ya aludida– para valorar y designar “las cualidades humanas que se pueden emplear como `capital´ en la producción tal como se emplea el capital físico” (Sen, 1998:69).

Descuidar los primeros cinco años de vida del niño lo condenaba a la imposibilidad de “crecer armónicamente, educarse y vivir en sociedad” (idem). El

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Sonia Álvarez Leguizamón (2008) recuerda que este economista trabajó en la década del ´80 en el Banco Mundial y fue además uno de los precursores del Informe sobre Desarrollo Humano que el PNUD elabora anualmente y cuyo concepto fuese tratado páginas atrás.

niño también era un sujeto de derechos inserto en una familia a la que había que brindarle oportunidades de que pueda criarlo adecuadamente para que en un futuro pudiera aprovechar los rendimientos de ese capital; entre tales oportunidades, espacios para que sus integrantes se relacionen afectivamente, se vinculen con la naturaleza, aprendan oficios con los que trabajar y procurar un ingreso. Las autoridades del DEM convenían en “dejar capacidades instaladas en la gente” (idem); reducir la asistencia alimentaria porque “una perspectiva exclusivamente asistencial desde el Estado debilita el entramado social. La

sociedad se vuelve así demandante, complejizando aún más la creciente tensión

social” (IEMP, Op. Cit.:48, cursivas del autor). Era menester desde esta racionalidad alejarse del problema “de reducir a los ciudadanos al papel de clientes inactivos de la tutela burocrática”, posicionamiento que Kymlicka y Norman (1997:10) asignaran al pensamiento conservador crítico del Estado de Bienestar.

Aparece en los documentos municipales consultados de aquellos años la idea de seguridad alimentaria como derecho a disponer tanto de una alimentación nutricionalmente adecuada y suficiente como también de los medios para su correcta utilización biológica y cultural (Aguirre, 2005). La inseguridad alimentaria, como reverso, refería a las dificultades causadas por la pobreza para acceder a los alimentos. De aquí que el DEM acentuase la relevancia de la dimensión microsocial de la seguridad alimentaria, esto es, las estrategias de consumo de los hogares pobres como objeto a intervenir. Aguirre define estas estrategias domésticas como “las prácticas y las representaciones acerca de la comida realizadas por los agregados familiares, reiteradas a lo largo de su ciclo de vida, tendientes a obtener, respecto de la alimentación, una gama de satisfactores para cumplir con sus fines productivos y reproductivos. Se manifiestan en elecciones que tendrán lugar dentro de un rango limitado de alternativas disponibles, fuertemente condicionadas por las restricciones paramétricas de los hogares, las que les son propias por su inserción social” (Aguirre, Op. Cit.:32). Por medio de “sistemas de organización comunitaria que permitan simplificar la cadena de producción, comercialización, distribución de alimentos, favoreciendo los microemprendimientos y el circuito informal de producción, elaboración, etc.” (IEMP, Op. Cit.:83), el DEM buscaba incidir en dichas prácticas estratégicas familiares, modificando hábitos que tiendan a estructurar nuevas disposiciones de

acción, de valoración, de pensamiento, con las que orientar nuevas prácticas de alimentación a futuro. En este marco, el estímulo a las huertas ecológicas (tema que se ampliará luego), libres de fertilizantes u otros agroquímicos, era una contribución tanto al desarrollo de hábitos de alimentación saludables como una disposición a reforzar la cultura del trabajo que legitime y dignifique el acceso a un ingreso monetario.

No debe olvidarse que el Ejecutivo municipal tenía también presente la idea de soberanía alimentaria, la cual venía gestándose frente al riesgo de monocultivo alentado por técnicas productivas como la siembra directa y los altos precios internacionales de la soja, que inducían a productores agrícolas a descuidar la rotación de sembrados, afectando los rendimientos futuros de la tierra y la disponibilidad de una diversidad de bienes regionales (yerba mate, tabaco, caña de azúcar) así como la leche, por el destino del suelo a una actividad agrícola más rentable que la ganadera (Giarraca, 2003:27). Las prácticas de horticultura impulsadas desde el municipio encontraban soporte en esa racionalidad de

soberanía alimentaria que rescataba y revaloraba los saberes y tradiciones de los

sujetos huerteros, las técnicas ambientalmente sustentables de siembra y cosecha, la conveniencia del minifundio y la generación de “redes solidarias de producción, circulación y consumo de alimentos sanos” (decreto Nº 808/03). Las huertas estimulaban un asociativismo entre esta población desocupada destinado a amortiguar los efectos que la incertidumbre ligada a la coyuntura de crisis tenía sobre este segmento villero de la población. Su encuentro para trabajar la tierra era afín a tender y/o reforzar entre ellos vínculos afectivos, solidarios con una tramitación menos angustiante del escenario, proveyendo referencias y mínimas certidumbres que no disparasen conflictos sociales de mayores dimensiones.

El cálculo entonces desde el DEM pasaba por contener la emergencia con asistencia pero sin renunciar a producir sujetos capaces de proveerse alimento de manera autónoma, haciendo de la comunidad una especie de fuente de recursos dada la inmovilidad territorial que incitan los estados de privación material: “en todas las acciones relacionadas con la seguridad alimentaria debe promoverse la participación activa de los actores y de las organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad local, en aspectos de formulación, seguimiento y evaluación de programas de asistencia alimentaria” (IEMP, Op. Cit.:82, cursivas del autor). Esa

del DEM, sería una manera de hacer asequible a esas autoridades el gobierno de los sujetos que la conforman; ella sería “una nueva superficie o plano en el que las relaciones micro–morales entre personas son conceptualizadas y administradas” (Rose, 2007:117). Comunidad como campo de valores, creencias y lealtades que estructuran la conducta moral de los individuos, de modo tal que operando sobre los primeros puedan obtenerse efectos sobre el comportamiento de los segundos en términos de responsabilización y autocontrol. Este estilo de gobierno pone a la

comunidad, siguiendo a Rose, simultáneamente como un dato preexistente que

permite la identificación del individuo con ella, y como un horizonte a lograr, por lo que aquél debe ser educado, concientizado, alertado en su lealtad hacia ella.