Los países de América Latina, a pesar de las disparidades en el desarrollo social, el crecimiento económico y las fortalezas o debilidades institucionales, comparten dentro de sus principales preocupaciones, problemas relacionados con la eficacia y manejo de la seguridad ciudadana. En Panamá se ha incrementado su relevancia entre las principales preocupaciones y prioridades de la sociedad, el 46% de la población panameña expresó en Latino Barómetro del 2010, que la delincuencia y la seguridad pública es el principal problema del país. No obstante y a pesar de este incremento, el país presenta todavía unos niveles de victimización relativamente bajos si se comparan con otros países de la región. Según el Informe sobre desarrollo humano para América Central publicado por el PNUD en 2009, Panamá ocupa el lugar más bajo con una victimización del 10%, seguido por Honduras (15.1%), Costa Rica (16.3%), Nicaragua (24.1%), Guatemala (24.3%) y El Salvador (32.2%).
Existe una creciente preocupación por la seguridad ciudadana; por los tomadores de decisión y la opinión pública relacionada a una amplia gama de fenómenos y procesos que se presentan sin respuesta efectivas y de impacto, que logren mejorar las condiciones de seguridad y libertad de las personas. También la existencia cada vez mayor por los temas de violencia y la presencia de jóvenes, tanto en su calidad de víctimas como de victimarios. El fenómeno de la seguridad ciudadana y “las juventudes”, es sin duda uno de los fenómenos de mayor complejidad y preocupación a los que se enfrentan las sociedades latinoamericanas y obliga abordarlo desde la reflexión profunda en el plano político y social.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde la clasificación de violencia, a través de la tasa de homicidio, señala que violencia baja son aquellas tasas que oscilan entre 0 y 8,7 homicidios por cada 100.000 habitantes por año. El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, destaca a través de los registros administrativos continuos un aumento sostenido de la tasa de homicidio por 100,000 habitantes desde al año 2005 con 11.3 por 100,000 habitantes, en su momento de acuerdo a la clasificación antes señalada como violencia media. Sin embargo, para el año 2009 se registra una tasa de 24 homicidios por 100,000 habitantes, ellos nos ubica como un país de violencia alta (entre dos y tres veces la tasa mundial). Se destaca, que el año 2010 registró un descenso en la tasa de acuerdo a las autoridades de aproximadamente 4 puntos, situándose en 20.2 homicidios por 100,000 habitantes; a pesar de ello aún nos ubica en niveles de violencia alta.
El 78% de este delito se comete con arma de fuego para el 2010. Situación que enciende las señales de alarma y nos apunta a una situación alarmante de porte y tenencia de armas ilegales; se comenten alrededor de dos homicidios diarios, y se agrava lo fines de semanas, con mayor énfasis los días domingos. Con respecto, a los delitos de hurto y robo, ambos son hechos de mayor frecuencia a nivel nacional. Sin embargo, es preocupación ciudadana el robo con arma de fuego: para el año 2010 fue la modalidad de mayor comisión, con 64% de la totalidad de robos. La Primera Encuesta de Victimización y Percepción Social de la Seguridad Ciudadana del 2010 resalta un aumento sostenido en los porcentajes de personas que reconocen y declaran haber sido víctima de un delito en un período de tiempo determinado. Así, mientras que para el 2010 se registró 10.2% de victimización a nivel nacional, dicha cifra se ha duplicado en los últimos dos años (5.7% al 2008), siendo la población joven entre 18 a 24 años de edad, la mayor víctima de delitos con violencia y uso de arma.
Panamá cuenta con una población de unos 600,000 jóvenes de 15 a 24 años, que representan el 18% del total poblacional. Los homicidios, accidentes de tránsito y suicidios son una de las principales causas de muerte entre los jóvenes varones, en el caso de las mujeres jóvenes las muertes están relacionadas por causas naturales relacionadas con embarazos, partos y puerperio. Ser persona joven se ha constituido también en un factor de riesgo, la participación en hechos de violencia ya sea como víctimas o victimarios es cada vez mayor.
Es importante considerar que el análisis de la violencia asociada a los jóvenes es sumamente amplio y complejo, lo que obliga a su vez al abordaje desde diferentes ángulos y de manera integral. No es suficiente comprender el tema de la violencia juvenil única y exclusivamente desde enfoques que define al joven como un sujeto rebelde y transgresor por “naturaleza”, como tampoco es acertado mirarlo exclusivamente como el generador de la descomposición y el peligro social. Por lo tanto, este fenómeno requiere ser releído desde ópticas que entienden al joven como un sujeto inserto en un conglomerado social y cultural desde el cual adquiere referentes éticos, recursos y oportunidades de distinta índole, que permitirán o no su inclusión social y el goce de sus derechos. Por otro lado, los diferentes fenómenos sociales se convierten en discursos que adquieren dimensión pública al ser narrados por los medios de comunicación. En consecuencia, resulta evidente que la violencia, la inseguridad y la vinculación de las y los jóvenes como fenómenos sociales, son narradas a través de las comunicaciones mediáticas. Los medios de comunicación visibilizan las representaciones sobre el crimen, el delito, la violencia pero también a aquellos que están involucrados en su práctica o en su inhibición, en este caso a la juventud. La comunicación es una dimensión central de los problemas de la seguridad y en las respuestas que se presentan. En primer lugar, porque el crimen, la violencia, y el delito rompen la convivencia pacífica de una sociedad; en segundo lugar, por la importancia de la comunicación para los actores e instituciones involucradas que se traduce en enfoques de la
política pública de respuesta, y tercero, porque la comunicación resulta esencial para un enfoque democrático e integral de la seguridad.
En el tratamiento informativo de la seguridad ciudadana y las juventudes suele haber falta de análisis, una aproximación muchas veces emocional, incluso sensacionalista y morbosa, a los hechos y una ausencia de profundización en las causas legitimando la opinión estigmatizada que relaciona “la juventud” como responsable del orden social y se asocia a una mirada cargada de racismo, prejuicios y discriminación. Si se es joven, afrodescendiente, hombre, que vive en comunidades de bajos recursos, se es percibido como amenaza para los demás, por lo que es relevante la dimensión subjetiva y la capacidad de incidencia de los medios de comunicación en la relación seguridad ciudadana y juventud.
En el análisis de las distintas variables e indicadores que intervienen en los temas de seguridad ciudadana, es imprescindible evaluar los distintos factores que incluyen, tener en cuenta la multiplicidad de sus causas y los elementos de interacción entre los individuos involucrados y los contextos en los que se producen. Otro elemento fundamental a considerar es el familiar, que parecieran haber dejado de ser el primer espacio de protección y socialización. De igual forma, hay que reflexionar en las situaciones que empujan a la niñez y a jóvenes adolescentes al trabajo infantil, con lo cual se aumenta el riesgo de deserción escolar o bajo rendimiento académico y la exposición a situaciones de riesgo que afectan negativamente su desarrollo.
Otro elemento a analizar es el vivir en un área donde haya disponibilidad de drogas o un alto índice de sucesos delictivos, también es un factor de riesgo. En muchos casos, el que la comunidad no disponga de alternativas sanas para el uso del tiempo libre en la comunidad se constituye en un aspecto que contribuye a la aparición de la conducta delictiva.
Desde el Programa Conjunto Ventana Temática de Prevención de Conflictos y Construcción de Paz auspiciado por el Fondo español para los ODM, en la que participan cinco agencias del Sistema de Naciones Unidas (PNUD, UNESCO , ONUDC, UNFPA y UNICEF) trabajamos con el objetivo de fortalecer la capacidad instalada para la gestión de la seguridad ciudadana, con un enfoque integral basado en la prevención de la violencia y el delito, mejorando las capacidades de diversos actores e instituciones a nivel nacional y local, generando y produciendo conocimiento que apoye la creación de políticas públicas y que permita profundizar en el fenómeno de la violencia más allá de las narrativas mediáticas.
Hay que apostarle a intervenciones pertinentes que incorporen un enfoque de respeto y ejercicio de los derechos humanos, incidiendo en aspectos preventivos, donde se promueva los valores de no violencia en la solución de los conflictos y controversias entre individuos y grupos, incorporando la participación de las personas jóvenes, como sujetos de derecho y potenciales actores estratégicos del desarrollo.
Estamos frente a un fenómeno complejo, que requiere de enfoques integrales, consistentes, los cuales deben generar respuestas a corto, mediano y largo plazo. Las mismas deben incidir en todos y cada uno de estos aspectos, con la participación de diversas instancias sociales, con un enfoque de responsabilidad compartida, y en la que todos asumamos parte de la respuesta, en el área que nos compete.
El Programa Conjunto Ventana de Paz, pretende estimular el debate abierto, el diálogo democrático, el intercambio de conocimiento, y opiniones en el marco de la búsqueda de mejores alternativas y soluciones.
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