Educación Cívica y el Valor del Diálogo 90

Son muchos los autores que defienden a día de hoy la educación cívica como un componente básico de la democracia, y para configurar una ciudadanía activa y preparada para una participación adecuada en los procesos políticos. Barber, por ejemplo, defiende la idea de una comunidad autogobernada de ciudadanos, unidos por la educación cívica «Ciudadanos ilustrados para la actividad mutua y las empresas comunitarias en virtud de sus actitudes cívicas e instituciones participativas […]» (Barber, 2004, p.187).

Cortina pone sobre el tapete todo un compendio sobre educación para la ciudadanía. El mestizaje ciudadanía-educación es el preludio hacía la búsqueda de un mundo de los valores morales desde el principio de la educación en valores cívicos, tales como la libertad, la igualdad, el respeto activo, la solidaridad y, como no, el diálogo, eso sí, en status de simetría. En este sentido, Cortina se dirige hacia una ética discursiva como referente condicional, y añade que puesto que el diálogo puede ser el medio para llegar cooperativamente a lo verdadero y lo justo:

El diálogo es entonces un camino que compromete en su totalidad a la persona de cuantos lo emprenden porque, en cuanto se introducen en él, dejan de ser meros espectadores, para convertirse en protagonistas de una tarea compartida, que se bifurca en dos ramales: la búsqueda compartida de lo verdadero y lo justo y la resolución justa de los conflictos que van surgiendo a lo largo de la vida (Cortina, 1997, p. 208).

Frente al valor del diálogo se erige, lo que denomina García-Marzá, la «partitocracia». A su juicio, los valores básicos y las reglas de juego de toda institución democrática se encuentran supeditados a un sistema de partidos políticos, que a pesar de ser el principal medio de participación democrática, se han convertido en un entramado hermético dirigido por unas élites políticas aliadas con los poderes económicos. Este hecho promociona un sistema corrupto y propicio para los intereses del sector privado. A su vez, el parlamento está a las órdenes de la disciplina de voto, con unos candidatos pre-elegidos por la dirección de los partidos a partir de unas listas cerradas «con un sistema judicial politizado, con sus órganos de control y representación elegidos por los políticos; con unos medios de comunicación dependientes del poder de los presupuestos públicos o de la publicidad de los diferentes gobiernos; y así un largo etcétera» (García-Marzá, 2015, pp. 95-96). En este sentido, las virtudes democráticas o cívico-políticas emergen de una ciudadanía que no se ve representada ni por los políticos ni en las instituciones; por todo ello los ciudadanos demandan una esfera pública en la cual se consensuen sus demandas de bien común, y formar un contrapoder o una voz de alerta dirigida al poder Estatal.

Habermas define la sociedad civil como una trama asociativa y social desvinculada del Estado y de la economía, compuesta por todo tipo de asociaciones, organizaciones y movimientos que surgen de forma más o menos espontánea y voluntaria bajo la premisa de la solidaridad. A su juicio, la sociedad civil se comporta como una especie de caja de resonancia de los problemas sociales de interés general; por tanto tiene la capacidad y la posibilidad de influir en la administración –bien para que promuevan nuevas leyes o, en su caso, moderen o eliminen aquellas que se presentan injustas para la sociedad– a través de instrumentalizar la opinión pública (Habermas, 2005, p. 447). Por tanto, la ciudadanía se puede organizar comunicativamente o a través de un proceso dialógico en favor de un bien común, que a su vez revierte en la opinión pública de donde recoge el impulso para dirigir sus demandas a las altas instancias gubernamentales. En este sentido, en nuestro caso. el asociacionismo se presenta como un mecanismo relacional idóneo capaz de mediar entre la ciudadanía y el gobierno local.

El ciudadano de derecho no necesariamente hace uso siempre de sus derechos. Al igual que aquel ciudadano que ejerce sus derechos no lo hace siempre con una firme plenitud cívica. Como defiende Cortina, la ciudadanía es un quehacer formal e informal, y ser ciudadano, como tantas cosas en la vida, se aprende; o dicho de otro modo, hace falta una

educación para la ciudadanía. Los valores cívicos son fundamentalmente: la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y el diálogo, es decir, «la disposición a resolver los problemas comunes a través del diálogo» (Cortina, 1997, p. 193). A juicio de la autora, esto no significa que no existan otros valores dignos de consideración tales como la lealtad o la honradez, entre otros, sino que de los cinco mencionados se postulan el resto. La libertad tiene varios significados según el contexto en el que se refiera. Por ejemplo, la libertad como participación se entiende como autonomía política; es decir, cada ciudadano puede participar activamente en la vida política de su comunidad. La libertad, entendida como autonomía moral, se refiere a que cada persona es libre de querer unas cosas y otras no; siempre que no perjudique a los demás. Según Cortina, ser libre no significa hacer aquello que nos venga en gana, sino que exige saber qué es aquello que nos humaniza y, por el contrario, aquello que nos deshumaniza (Cortina, 1997, p. 198).

La igualdad debe ser entendida como igualdad ante la ley y como igualdad de oportunidades para alcanzar unos mínimos materiales y unas mínimas condiciones sociales y culturales en pro de un desarrollo personal y de una vida digna. Por ello, inherentes a la idea de ciudadanía social, y como exigencia moral, se deben «proteger los derechos humanos de la segunda generación» (Cortina, 1997, p. 200). La tolerancia, o como señala, el respeto activo, es uno de los valores más proclamados en los países democráticos, puesto que sin él la convivencia no es posible. Fomentar este valor en la educación es de suma importancia. En su opinión, no es solo que el otro, que es diferente a mí –que tenga ideales de vida distintos–, pueda convivir conmigo, sino que además debo procurar entenderlo –no dejarlo a su suerte mientras no moleste–, preocuparme por él, ayudarlo e incluso aprender de él. Porque «lo más difícil de tolerar no es que otras personas tengan creencias distintas, sino planes de vida que entran en conflicto –o a mí me lo parece– con los míos» (Cortina, 1997, pp. 202-203).

En cuanto a la solidaridad, se debe entender no como una solidaridad grupal o de interés individual o particular, sino en cuanto a solidaridad universal; o como señala la autora, «cuando las personas actúan pensando no sólo en el interés particular de los miembros de un grupo, sino también de todos los afectados por las acciones del grupo» (Cortina, 1997, pp. 204-205). En este sentido, la solidaridad debe ser entendida más bien como una acción para poder ayudar a que el débil llegue a alcanzar el mayor desarrollo y autonomía posibles. De poco valdría en un mundo repleto de desigualdades hablar de igualdad y libertad sin tener en consideración la solidaridad. Por ello Cortina dice que:

Obviamente, esta solidaridad de que hablamos es universal, lo cual significa que traspasa las fronteras de los grupos y de los países y se extiende a todos los seres humanos, incluidas las generaciones futuras. De donde surge la percepción de tres nuevos valores al menos: la paz, el desarrollo de los pueblos menos favorecidos y el respecto al medio ambiente. Estos valores requieren solidaridad universal (Cortina, 1997, p. 207).

Según Cortina, el diálogo se convierte como la mejor manera de resolver los problemas que supone la convivencia en sociedades pluralistas. La imposición y la violencia no son los «medios racionales para defender lo verdadero y lo justo o para resolver con justicia los conflictos. Lo es un diálogo emprendido con seriedad [...]» (Cortina, 1997, p. 208), que permite buscar una solución pacífica que puede satisfacer a las partes implicadas y crear unas normas básicas y válidas para la convivencia. La autora pone de manifiesto o propone ocho puntos de la ética discursiva como base de un diálogo de estas condiciones. A mi modo de ver, un modelo dialógico de estas características sería un buen punto de partida para poder llegar a acuerdos entre los gobernantes de nuestra denostada y cuestionada democracia representativa y la desencantada ciudadanía.

Resumiendo los puntos de la autora se podría concluir que los valores cívicos – tales como la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respecto activo– culminan en un diálogo de todos los afectados en condiciones de simetría. En el cual todas las voces deben ser tenidas en cuenta, ya que se debe partir de la premisa de que no hay una sola verdad sino que la misma debe ser construida por todos a través de la racionalización de los argumentos expuestos. Por tanto no se trata de un diálogo de suma cero, sino por el contrario, la derrota argumental particular redunda en la victoria colectiva, de todos los implicados o afectados en el diálogo. Por consiguiente, la finalidad última del diálogo es encontrar una decisión justa en su totalidad; es decir, no solo en el plano particular o grupal, sino en base a intereses universalizables. En este sentido, también se debe dejar una puerta abierta a una posible revisión de la solución final, puesto como toda decisión tomada no está exenta de poder estar equivocada, aun habiendo sido consensuada por unanimidad (Cortina, 1997, pp. 208-209). En conclusión, si bien no es muy difícil reconocer a un ciudadano legal y, a través de la propuesta de Cortina, un ciudadano cívico y predispuesto a activarse, pero, ¿cómo se llega a ser un ciudadano activo?