La Soberanía Popular 53

Según Touraine las dos maneras diferentes en la que se ha interpretado la democracia son: por una parte, para tratar de dar forma a la soberanía popular y, por otra, para asegurar la libertad del proceso político. En primer lugar, la democracia se define por su sustancia, mientras que en el segundo se rige por sus procedimientos. A su juicio, la segunda se presenta más fácil de describir:

la libertad de las elecciones, preparada y garantizada por la libertad de asociación y expresión, debe ser complementada por reglas de funcionamiento de las instituciones que impidan la malversación de la voluntad popular, el bloqueo de las deliberaciones y las decisiones, la corrupción de los elegidos y los gobernantes. Se trata, sobre todo, de defender el Parlamento contra el poder ejecutivo, que dispone de una mayor capacidad de información y de decisión. La debilidad de esta concepción reside en que el respeto a las reglas de juego no impide que las posibilidades de los jugadores sean desiguales si algunos de ellos disponen de recursos superiores o si el juego está reservado a las oligarquías (Touraine, 1995, p. 169).

Touraine habla de cultura democrática y entiende la democracia como un régimen que reconoce como sujetos tanto a los individuos como a las colectividades, protegiendo y estimulando en su voluntad su forma de vivir y dar sentido a su vida. Lo que limita el poder «no es sólo un conjunto de reglas de procedimiento sino la voluntad positiva de incrementar la libertad de cada uno» (Touraine, 1995, p. 274). A su juicio, la libertad de los modernos, nos está apartando, sin intenciones de retomar, el ideal de la libertad de los antiguos y su concepción de ciudadanía y del espíritu cívico.

Una característica diferenciadora que sobresale de la democracia de los antiguos frente a la democracia de los modernos es que para los primeros democracia mantenía su significado etimológico: poder del demos, y no, como para los modernos (y en la actualidad) que se identifica con el poder de los representantes del demos. Como señala Bobbio, el concepto

demos, a partir de ser entendido como comunidad de los ciudadanos, se ha definido de múltiples maneras (de la mayoría, de los muchos, de la masa, de los pobres contrapuestos a los ricos), y con ello la democracia fue calificada como el poder de la mayoría, del pueblo, de la masa, de los pobres. Sin embargo, a su juicio, esta forma de identificarla no justifica el cambio radical de su primer significado; es decir, no cambia que el pueblo abandone su poder en manos de representantes y deje de decidir por él mismo, sobre todo en las actividades gubernamentales relevantes: sobre la guerra y la paz, las finanzas, la legislación, las obras públicas, etc. (Bobbio, 2005, p. 402). A mi juicio, este es el elemento más problemático a superar para construir una verdadera democracia. En este sentido, una base democrática adecuada no debe renunciar a escuchar el sentir de la ciudadanía, al menos, en aquellas cuestiones importantes que pueden cambiar radicalmente su modo de vida.

Las relaciones de poder, o más bien, quién ejerce el poder es una cuestión básica en cualquier modelo de democracia. ¿Quién está legitimado a ejercer el poder en una democracia, el pueblo o sus representantes?¿Los representantes del pueblo están legitimados o solo legalizados por el proceso democrático para ejercer el poder? Se puede sostener que legitimidad y legalidad son las dos caras de la misma moneda del ejercicio del poder en una sociedad democrática. Bajo esta premisa tanto debería depender la legitimidad de la legalidad como al contrario. En este sentido, el equilibrio legítimo/legal constituye el principio de una sociedad con pretensiones democráticas. Sin embargo, la instrumentación del ejercicio del poder en uno u otro sentido puede desvirtuar el propio significado del término. En cuyo caso, es importante determinar qué es el poder. Según M. Castells, el poder es el proceso fundamental de una sociedad, la cual se define alrededor de valores e instituciones, determinados por las relaciones de poder. El poder es, pues, «la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder» (Castells, 2009, p. 33).

Según Castells, el poder se puede ejercer a través de la coacción o mediante la construcción de significado en base a discursos, donde los actores sociales dirigen sus

acciones. La formación del poder a través de la violencia no es una relación social, aunque se trate de una acción social con repercusión social, y la dominación pueda desplegar así su eficacia. Castells hace hincapié en que si bien aquellos que están sujetos al poder aceptan un cierto grado de sometimiento, cuando la resistencia es más fuerte que la aceptación se transforman las relaciones de poder, el poderoso pierde poder y se inicia un proceso de cambio estructural. A su juicio, solo bajo estas circunstancias las relaciones de poder se convierten en relaciones sociales. A su vez, añade que «Cuanto mayor es el papel de la construcción de significado en nombre de intereses y valores específicos a la hora de afirmar el poder de una relación, menos necesidad hay de recurrir a la violencia (legítima o no)» (Castells, 2009, pp. 34-35). Por su parte, Gramsci hace hincapié en que la supremacía de un grupo social se presenta de dos modos: como dominio y como dirección intelectual y moral. Por una parte, entiende que un grupo social es dominante respecto a los grupos contrarios, a los que tiende a erradicar o a someter incluso mediante el uso de la fuerza armada y, por otra, es dirigente de los grupos próximos y aliados. A su juicio, una de las condiciones básicas de un grupo social para la conquista del poder es que tiene que ser dirigente incluso antes de alcanzar el poder gubernativo y, a su vez, cuando alcanza el poder a la par de ser dominante tiene que seguir siendo dirigente « […] no se tiene que contar sólo con la fuerza material que da el poder para ejercer una dirección eficaz» (Gramsci, 1977, p. 486).

A mi juicio, las relaciones de poder deben estar equilibradas entre ambas fuerzas, para ofrecer la legalidad durante el proceso democrático a los representantes, y la legitimidad se cedería a los representantes a través de un proceso democrático discursivo. En este sentido, Habermas sitúa la esencia para permitir al estado equilibrar el ejercicio de su dominación en el proceso de legitimación. Entre la concepción liberal (representativa) de la democracia y la republicana (directa), el autor sitúa su idea de una política deliberativa capaz de legitimar el proceso político a través de la racionalización y la acción comunicativa o discursiva.

Según Habermas, por una parte, la concepción liberal interpreta la política como una lucha por el poder; es decir, una forma de rivalizar por conseguir mayores cuotas de poder administrativo. La lucha estratégica de agentes colectivos por conseguir o mantener ventajosos puestos de poder condiciona, a su vez, el proceso de formación de la opinión y de la voluntad política, tanto en la esfera pública como en el parlamento. El estatus de poder se alcanza a través de la legitimidad que ofrece el número de votos alcanzado en el proceso electoral, obtenidos de los ciudadanos cuando aceptan unas u otras propuestas de candidatos y

programas. Habermas sitúa el proceso electoral en la misma línea que cuando aquellos que participan en el mercado, convencen a sus futuros clientes de las ventajas de adquirir sus productos. Por otra parte, la concepción republicana entiende el proceso de formación de la opinión pública de la voluntad política en el espacio público y en el parlamento, atendiendo a las estructuras propias de una comunicación pública dirigida al entendimiento. Por tanto, a su juicio, este modelo de política no entiende la práctica de la autodeterminación en relación al mercado, sino en el diálogo orientado hacia el entendimiento (Habermas, 1999, pp. 236-237). En este sentido, la deliberación y la puesta en debate de las diversas opiniones públicas, se puede convertir en un medio político propicio para, más allá de perseguir una mera autorización de tomas de posiciones de poder, legitimar y vincular el discurso político con la manera de ejercer el dominio público.

¿Hay alguna forma de equilibrar la pérdida del poder de la ciudadanía? B. Barber, como lo hacen autores como Habermas o Keane desde sus propias perspectivas, observa en la sociedad civil un agente mediador potencial entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, capaz de ofrecer un espacio público en el cual los ciudadanos de manera voluntaria puedan ejercer sus actividades. A su juicio, el riesgo que se corre aparece cuando el gobierno hace suyo el concepto «público» y asume la exclusividad en los temas de estado. Es entonces cuando el verdadero público pierde la capacidad de pensar de sí mismo como algo público, lo que redunda en que los políticos y burócratas se alzan como los únicos oficiales públicos relevantes. Lo que lleva a que «La política se profesionaliza y la ciudadanía se transforma en una ocupación de carácter privado» (Barber, 2000, p. 53). Según el autor, la sociedad civil es un lugar en el cual la ciudadanía se puede encontrar a salvo de los gobiernos burócratas –en los que han perdido su confianza– y los mercados privados en los que no pueden confiar que sustenten sus principios morales y cívicos.

A raíz de haber expuesto algunas de las principales características en las que se fundamenta la democracia directa, relevantes para abordar el concepto de soberanía popular, se ha podido observar la importancia en el equilibrio en las relaciones de poder en una sociedad democrática. La deliberación y la acción comunicativa, la no violencia, asambleas ciudadanas, referéndums, representación y participación en los asuntos relevantes, equilibrio entre legitimidad y legalidad, acción ciudadana, protagonismo de la sociedad civil, etc., se sitúan dentro de la propuesta de democracia en el ámbito local; representativa pero sin perder la porosidad a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas.