Los efectos de la internacionalización militar hacia Estados Unidos en el proceso de paz con los paramilitares

Los grupos paramilitares surgieron en Colombia en 1981 como una opción nueva e ilegal para combatir a los grupos rebeldes.28 En numerosas ocasiones quedaron demostrados los vínculos entre estos grupos y los militares, el sector privado, las empresas multinacionales y la clase política colombiana. Sus sistemáticas vio- laciones de los derechos humanos también pudieron ser extensivamente docu- mentadas por diversas ong nacionales e internacionales. El presidente Uribe puso en marcha un proceso de paz con uno de los grupos paramilitares —las auc—, pero su posición en este diálogo recibió duras críticas por ser considerada demasiado blanda. Algunos sectores de la opinión pública y los medios colom- bianos insistieron en el que Presidente había sido demasiado indulgente, hasta el punto de haber permitido que gran parte de los graves crímenes cometidos por los paramilitares quedaran impunes.

El Gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de algunos de los principales líderes de las auc. Cuando el proceso de paz con esta organización se encontraba en una fase crítica, el fiscal estadounidense del distrito sur de Nueva York, David Kelly, pidió al Gobierno colombiano la extradición de uno de los comandantes en jefe de las auc, alias “Don Berna”, acusado del tráfico de varias toneladas de cocaína hacia Estados Unidos (Revista Semana 2005e). La preocupación de Estados Unidos por esta guerra contra las drogas ilegales era compatible y complementaria con la guerra del Gobierno colombiano contra la insurgencia, pero perjudicaba gravemente y dejaba en segundo plano el apoyo estadounidense al Gobierno de Colombia en su intento por firmar acuerdos de paz y desmovilizar a los grupos paramilitares. En 2008, cuando algunos líde- res paramilitares detenidos denunciaron la participación de destacados alia- dos gubernamentales en sus actividades ilícitas y amenazaron con denunciar directamente al propio Uribe, fueron extraditados a Estados Unidos, donde aún 28 Para la consulta de un relato elocuente del impacto de estos grupos en la historia reciente de Colombia, ver Dudley 2004.

esperan ser juzgados por su participación en el tráfico ilegal de drogas.29 Con esto se disiparon las sombras de conflicto entre Washington y Bogotá.

Así mismo, los senadores estadounidenses Edward Kennedy, Christopher Dodd, Barack Obama, Russel Feingold, Joseph Biden y Patrick Leahy enviaron una carta en tono firme al presidente Uribe en la que expresaban su inquietud sobre el proceso de negociación con las auc. Adicionalmente, Human Rights Watch criticó constantemente al Gobierno por la laxitud con la que trataba a los paramilitares en el contexto de las negociaciones. Debido a la dureza de estas críticas, en julio de 2005 el Gobierno colombiano envío un grupo de alto nivel a Washington para convencer al Ejecutivo y al Congreso de Estados Unidos de las ventajas de la Ley de Justicia y Paz, el marco legal de las negociaciones con los grupos paramilitares y de la desmovilización de estos (Gómez 2005a). Sin embargo, esta comisión se encontró con un ambiente extraño y casi hostil y, sobre todo, con un fuerte escepticismo hacia el proceso de paz iniciado con los comandantes de los paramilitares (Revista Semana 2005f). En agosto, Uribe viajó al rancho del presidente Bush en Crawford, Texas, con el fin de convencerle de la idoneidad y la legitimidad de la Ley de Justicia y Paz y para solicitarle cerca de cuarenta millones de dólares anuales de asistencia para apoyar el proceso de paz con los grupos paramilitares (Gómez 2005b). Uribe era consciente de la nece- sidad del apoyo material y político de Washington para avanzar en los diálogos con los paramilitares, por lo que incorporó inmediatamente esta dimensión del conflicto a su estrategia de internacionalización.

Sin embargo, este viaje y las presiones constantes no fueron suficientes. En 2006 el Congreso estadounidense redujo la cifra asignada a la desmovilización de los paramilitares a veinte millones de dólares —de los ochenta millones sugeridos inicialmente por la Administración Bush— y condicionó esta parte del paquete de ayuda a que el Departamento de Estado certificara la efectiva cooperación de Colombia con la extradición de los líderes y miembros de las organizaciones terroristas que fueran requeridos por la justicia de Estados Uni- dos. Era evidente que el Congreso estadounidense no compartía la estrategia aplicada por Uribe en el proceso de paz con los grupos paramilitares y que le preocupaban las implicaciones de estas negociaciones en la guerra contra las drogas ilegales. No obstante, el paquete de ayuda aún era importante: de los 734 millones de dólares entregados a los países andinos, Colombia recibió casi 29 El Gobierno afirmó que fueron extraditados porque no cesaron sus actividades ilegales cuando estaban en prisión, aunque Uribe prometió asegurarse de que fueran juzgados también por sus crímenes contra la humanidad y sus múltiples violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, visitó Colombia en agosto de 2008 precisamente para investigar el proceso de extradición de los paramilitares y el hecho de que no se hubieran interpuesto acciones judiciales por los delitos relacionados con los derechos humanos.

600 y, aunque no existía una total satisfacción con la forma en que el Gobierno colombiano estaba tratando a los paramilitares, el Congreso de Estados Unidos suavizó sus condiciones en materia de derechos humanos (Gómez 2005c).

Probablemente este fue el inicio de una nueva tendencia en cuanto a la ayuda de Estados Unidos a Colombia, la cual ha continuado experimentando cambios. La modificación de la relación entre el Congreso y el Presidente estadounidense, así como la llegada del Partido Demócrata a la Casa Blanca, fueron factores cruciales que afectaron el volumen y la naturaleza de la ayuda estadounidense a Colombia. Una vez más, la estrategia de internacionalización implementada por el Gobierno se vio obstaculizada por la creciente fragmen- tación en el seno del Gobierno de Estados Unidos y, especialmente, entre el Congreso y el Ejecutivo.

2.5. El segundo mandato: en busca del apoyo de Estados Unidos a la