Entre el invierno de 1931 y el verano de 1933, bajo la coalición de partidos que pre- sidía Manuel Azaña, la República conoció su etapa más dinámica y fructífera. La am- plia mayoría parlamentaria que disfrutaba la izquierda gobernante permitió la puesta en marcha de un ambicioso plan de reformas sociales y administrativas que pretendían convertir a España en un Estado democrático y socialmente avanzado. Buena parte de estas medidas figuraban desde hacía tiempo en los programas de la izquierda burguesa y de la social-democracia y habían comenzado a ser aplicadas por el Gobierno provisio- nal. Pero era ahora, una vez aprobada la Constitución, y fuera del Gabinete los sectores más conservadores de la Conjunción republicano-socialista, cuando sería posible aco- meter la reforma agraria, la modernización de las Fuerzas Armadas, la universalización de la Enseñanza Primaria, la transformación de las relaciones socio-laborales o la con- solidación del sistema territorial de autonomías.
Los obstáculos a la reforma fueron, sin embargo, superiores muchas veces al propio ímpetu de los reformadores. Procedían de fuerzas dispares. De un lado, la Iglesia cató- lica, las oligarquías tradicionales y las corporaciones profesionales y empresariales, amenazadas por un cambio en el que veían un designio revolucionario. De otro, las fuer- zas auténticamente revolucionarias, que nunca creyeron en la sinceridad del proyecto reformista y contribuyeron a desestabilizarlo. Amplios sectores de la población que- daban, pues, automarginados del consenso social y político que demandaba el progra- ma de 1931. En el interior del propio bloque reformista, las distintas visiones de los rit- mos y alcances del proceso —los socialistas ponían el acento en las reformas sociales, los republicanos, en las administrativas, los primeros esperaban alcanzar una sociedad socialista, los segundos, consolidar la democracia burguesa— dificultaron su armoniza- ción en el marco de una difícil situación económica, que no favorecía el aumento del gasto público. La aportación a la tarea fue generosa en la mayoría de los gobernantes del bienio, pero no faltaron los excesos ideológicos y las presiones del entorno partidista, abriendo hueco a las disensiones.
EL SISTEMA DE PARTIDOS
Ya vimos cómo, en los meses previos a la proclamación de la República, la izquier- da se había vertebrado en un conjunto de partidos poco organizados —con excepción del veterano PSOE— al que se unió la derecha liberal para integrar la gran coalición re- publicano-socialista. La derecha conservadora, sorprendida por el brusco cambio de ré- gimen, tuvo a su vez que improvisar otros grupos para hacer frente a las elecciones a Cortes Constituyentes. A lo largo del primer bienio se consolidaría un sistema multipar- tidista, cuyas principales características eran:
a) Aparición repentina. La etapa dictatorial y, sobre todo, la caída de la Monarquía, alteraron drásticamente el sistema de partidos de la Restauración, al arruinar las bases de un régimen parlamentario basado en buena medida en el sistema caciquil y en la des- movilización política de grandes segmentos del electorado. La marginación de los par- tidos durante la Dictadura, la creciente politización de la ciudadanía y el radical cambio en el modelo electoral que trajo la República, favorecieron la desaparición de la prácti- ca totalidad de los partidos monárquicos y una profunda reconversión de los republica- nos. Por ello, el sistema de partidos actuante a partir de la primavera de 1931 suponía una ruptura de continuidad casi total con la etapa precedente.
b) Debilidad y dispersión, debidas a la precipitación con que fueron creados la ma- yoría de los partidos y a la inconcreción programática y pobreza organizativa que carac- terizaban a muchos de ellos. Su propia movilidad dificultaba su función representativa, lo que provocó, como ha señalado S. Juliá, que la defensa de los intereses sociales se en- cauzase preferentemente por moldes corporativos —patronales y sindicatos— al mar- gen del sistema político1. Aún así, es preciso hacer referencia a la aparición de un mo-
delo de partidos de masas, hacia el que tendían casi todas las formaciones políticas, pero que fue encarnado sobre todo por el PSOE y la CEDA. La adopción de este mode- lo — probado sin éxito por la UP primorriverista— supuso que la acción de los parti- dos «ya no se limitó al Parlamento o a las combinaciones gubernamentales, como ocu- rría durante la Monarquía liberal, sino que se extendió a la búsqueda y al encuadramien- to de la opinión pública»2.
c) Fraccionamiento y radicalización. Las continuas escisiones y reagrupamientos provocaron la aparición de docenas de partidos, algunos muy personalistas o de vida efí- mera, que abarcaban una amplísima gama ideológica. A ello se unía un continuado impul- so centrífugo, que condujo a una progresiva desaparición del espacio centrista y que per- mite aplicar al sistema republicano de partidos el concepto de «pluralismo polarizado»3.
d) Solapamiento de una doble estructura: nacional y regional. La existencia de partidos regionales, políticamente legitimados, pero que actuaban al margen y a veces
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1 S. Juliá, «Gobernar, ¿para quién? Debilidad de partidos y representación de intereses en la Segunda Re-
pública», en Revista de Derecho Político, 12 (1981-82), págs. 137-158.
2 S. Varela, «Los partidos políticos en la Segunda República», en Cuenta y Razón, 5 (1982), pág. 70. 3 Tomo este concepto de G. Sartori, Partidos y sistemas de partidos, Madrid, 1980, vol. 1, pág. 166.
contra el sistema general, contribuyó notablemente a su inestabilidad. Según la ocasión, estos partidos se adherían a las coaliciones estatales o las combatían en nombre de los intereses particulares de su región. No obstante, en el regionalismo periférico cabe dis- tinguir, como hace J. L. de la Granja, entre sistemas regionales de partidos específicos —Cataluña y el País Vasco— y subsistemas regionales, con partidos regionalistas, pero hegemonía de los nacionales, como en Galicia y Valencia4.
No parece, sin embargo, existir una relación directa entre la extrema movilidad del sistema de partidos y la crisis del modelo parlamentario. En el primer bienio, con parti- dos poco organizados, la coalición gobernante permaneció estable largo tiempo y apli- có un programa coherente. A partir de 1934, los partidos se consolidaron y se redujo su número, pero ello no impidió que la falta de acuerdo programático del centro y de la de- recha acarrease una crisis casi permanente a la vida política. En un sistema como el re- publicano, los partidos no sólo debían tener un programa y una organización estables, sino disponer de una gran flexibilidad para mantener el consenso en el seno de coalicio- nes parlamentarias muy amplias y dispares.
Es imposible narrar aquí con detenimiento las complejas vicisitudes de los partidos durante el primer bienio. Me limitaré, pues, a esbozar las líneas de su evolución.
La derecha no republicana
La súbita proclamación de la República provocó un cierto pánico entre los miembros de las elites monárquicas. En los días siguientes, muchos de ellos cruzaron las fronteras y se establecieron en el exilio, temerosos de que el cambio de régimen derivase en una revolución social, o de que los nuevos gobernantes les exigieran responsabilidades por su actuación durante la Dictadura. Con esta emigración monárquica, encabezada por el pro- pio Rey y que se repartió, fundamentalmente, entre París, San Juan de Luz, Roma, Lis- boa y Londres, desaparecieron por el momento buena parte de quienes hubieran podido encabezar una reacción proalfonsina en el interior5. Desmantelados sus partidos en las se-
manas siguientes a la proclamación de la República, la derecha monárquica buscó fór- mulas federativas que superasen su atomización y facilitasen la creación de un bloque an- tirreformista capaz de disputar el voto a la Conjunción en las inminentes elecciones a Cortes Constituyentes. Esta búsqueda se concretó, en una primera etapa, en dos organi- zaciones: Acción Nacional (AN) y la Comunión Tradicionalista (CT).
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4 J. L. de la Granja, «El sistema vasco de partidos en la II República», en J. L. García Delgado (ed.), La
II República española. Bienio rectificador y Frente Popular, Madrid, 1988, pág. 105.
5 La mayoría de los exiliados abandonaron el país en la primavera de 1931, pero algunos lo hicieron con
posterioridad, como Sanjurjo y otros implicados en el intento de golpe de Estado de agosto de 1932. Los nú- cleos de la emigración incluían a casi todos los ministros de la Dictadura, a varios altos mandos del Ejército, a una parte considerable de la alta nobleza, a eclesiásticos como Segura y Múgica y a políticos conservadores como De la Cierva, Cambó y el Duque de Alba. Sobre el reparto geográfico de la emigración, N. González, «Los exiliados monárquicos durante la Segunda República», en AAVV, La 2.ª República española, Barcelo- na, 1983, págs. 41-43.
La primera —que pasó a llamarse Acción Popular (AP) en 1932— era un partido de carácter conservador y específicamente católico. Fundada como plataforma electoral por el periodista Ángel Herrera Oria y sus seguidores de la ACNP a los pocos días del cambio de régimen, atrajo una militancia muy variada, desde tradicionalistas a católicos sociales. En torno a la cuestión del acatamiento o rechazo de la República se desarrolla- ron en su seno dos tendencias: la accidentalista, dirigida por Herrera y José M.ª Gil-Ro- bles, y la monárquica fundamentalista, encabezada por Antonio Goicoechea. Para los accidentalistas era prioritario establecer un modus vivendi con el nuevo régimen, par- tiendo de la consideración de que las formas de gobierno son accidentales y que lo sus- tancial era, en aquel momento, la defensa de los valores socio-económicos y culturales que encarnaba la Iglesia católica, incompatible no tanto con la República en abstracto como con el modelo constitucional que estaba desarrollando la coalición gobernante. Para los fundamentalistas, la conservación de estos valores se identificaba, en cambio, con la vigencia de la Monarquía, cuya restauración debía ser el objetivo básico de las fuerzas derechistas, incluso si ello implicaba prácticas claramente situadas al margen de la legalidad.
La CT surgió como reacción de las tres ramas en que se había dividido el carlismo —integristas, jaimistas y mellistas— al cambio de régimen. Ya el 23 de abril, don Jai- me de Borbón, el pretendiente carlista al trono, hizo un llamamiento a la creación de «un partido monárquico, federativo, anticomunista», que acogiera bajo su dirección a carlistas y alfonsinos, pero que encontró poco eco entre estos últimos. Por otra parte, la unificación de los sectores tradicionalistas en la Comunión fue impuesta en buena me- dida por las bases populares del carlismo, que mostraban un rechazo absoluto a la de- mocracia republicana, y se vio facilitada por el fallecimiento del don Jaime y su suce- sión por su tío, el octogenario don Alfonso Carlos de Borbón. El proceso culminó, a co- mienzos de 1932, con el establecimiento de una Junta Nacional de la Comunión Tradicionalista, presidida por el dirigente del jaimismo navarro, Conde de Rodezno. La CT era fuerte en las zonas rurales de Navarra y del País Vasco, sobre todo en Álava, pero también en Cataluña, donde recibió el apoyo de muchos miembros de los disueltos Sindicatos Libres, y pronto destacaría por su empuje el núcleo andaluz, dirigido por el integrista Manuel Fal Conde.
El enfrentamiento entre fundamentalistas y accidentalistas se agravó en el seno de AN/AP a lo largo de 1932. Tras el fracaso del golpe de Estado del 10 de agosto de ese año, una considerable porción de los primeros abandonó el partido para ingresar en la CT o fundar, a comienzos de 1933, Renovación Española (RE), un pequeño partido de- fensor de la restauración de Alfonso XIII que dirigía Goicoechea, y que encontró sus principales apoyos entre la aristocracia y la burguesía urbana y en núcleos de caciquis- mo rural antaño vinculados al conservadurismo o al primorriverismo6. Por su parte, los
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6 La pervivencia de los residuos localistas del antiguo caciquismo es especialmente patente en determi-
nadas zonas, donde RE no pudo establecer organización propia y hubo, por tanto, de pactar una asociación con los pequeños partidos alfonsinos locales: Acción Ciudadana, de Cádiz, Derecha de Cataluña, la Agrupa- ción Regional Independiente, de Santander, Derecha Aragonesa, en Zaragoza, la Juventud Monárquica de Bilbao, la Unión Regionalista Guipuzcoana y la Derecha Regional Murciana.
accidentalistas de AP buscaron la convergencia con numerosos partidos derechistas de ámbito regional o local y en marzo de 1933 integraron con ellos la Confederación Es- pañola de Derechas Autónomas (CEDA), presidida por Gil-Robles. Durante ese año, la CEDA se convertiría en un partido de masas de acentuado carácter clerical7.
Al margen del desarrollo de estas tres organizaciones de ámbito nacional, y de la aparición de los primeros núcleos fascistas, cuya evolución estudiaremos en el próximo capítulo, podía adscribirse a la derecha no republicana el Partido Nacionalista Vasco, que había completado el proceso de reunificación con la constitución de su Consejo Na- cional, el 6 de mayo de 1931. Enfrentado a republicanos y socialistas, el PNV había for- mado coalición electoral y parlamentaria con los carlistas y en nombre de su confesio- nalidad católica se había opuesto con todas sus fuerzas a la Constitución. Incluso algu- no de sus dirigentes mantuvo contactos con los conspiradores monárquicos en la segunda mitad de 1931. Sin embargo, ya en 1932, el PNV rompió su alianza con los carlistas, fundamentalmente por la cuestión del Estatuto y comenzó a evolucionar hacia postulados democráticos, bajo la influencia de dirigentes más filo-republicanos, como José Antonio de Aguirre. Tanto las elecciones municipales de abril de 1933, como las parlamentarias de noviembre, demostraron que el PNV se había convertido en la prin- cipal fuerza política en Vizcaya y Guipúzcoa.
La derecha republicana
Pese al refuerzo que le supuso, en mayo de 1931, la adhesión de la mayoría de la Iz- quierda Liberal albista, la Derecha Liberal Republicana cosechó un resultado relativa- mente malo en las elecciones a Cortes y se vio sometida a conflictos internos, que pro- vocaron algunas escisiones. El 3 de agosto, su Asamblea general cambió el nombre de la organización por el de Partido Republicano Progresista. Al ser elegido Alcalá-Zamo- ra presidente de la República, pasó a dirigir el Comité Nacional del PRP César Juarros, su hombre de confianza. Ello provocó el alejamiento de Miguel Maura quien encabezó una escisión para fundar, en enero de 1932, el Partido Republicano Conservador, con una minoría parlamentaria de trece diputados. Con ello, la joven derecha republicana se fraccionaba en tres partidos, situados en la oposición al Gobierno: el ahora minúsculo PRP, presidido honoríficamente por el Jefe del Estado, pero dirigido en la práctica por Juarros; el PRC de Maura, con una militancia más numerosa y que durante algún tiem- po aspiró a convertirse en una gran fuerza de derecha; y el Partido Liberal Demócrata (PLD), de Melquíades Álvarez, fundado en mayo de 1931. El PLD, que tenía su princi- pal base electoral en Asturias, no era «en puridad, más que el antiguo Partido Reformis-
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7 Al margen de Acción Popular, extendida por gran parte de la geografía española —18 provincias en
1933, 37 en 1936— la Confederación contó con un único partido de ámbito nacional, el socialcatólico Acción Obrerista, y varias organizaciones regionales, provinciales o municipales, entre las que destacan: Derecha Re- gional Valenciana (Derecha Regional Agraria en Castellón y Alicante); la Unión de Derechas de Baleares; las Uniones de Derechas de La Coruña, Lugo y Pontevedra; la Derecha Autónoma Salmantina; Acción Agraria Leonesa; la Derecha Autónoma Vasca, en Guipúzcoa; la gaditana Unión de Derechas, etc.
ta, sin abjurar, modificar o suprimir ninguno de los postulados que integraban su primi- tivo programa»8. Pese a su credo reformista, el partido no formó parte de la Conjunción
y mantuvo una abierta oposición a los gobiernos azañistas, hasta el punto de que su lí- der ha sido señalado como uno de los posibles inspiradores del golpe de Estado de agos- to de 1932.
En Cataluña, la Lliga Regionalista había mantenido su colaboración con la mayoría de las fuerzas monárquicas tanto en el Gobierno Aznar como en los comicios munici- pales de abril de 1931, en los que, fuera de la región, se había presentado bajo la etique- ta del Centro Constitucional. La proclamación de la República sembró la desorientación en sus filas. Tras la apresurada disolución del Centro Constitucional, el líder de la Lli- ga, Francesc Cambó, que confesaba que el cambio de régimen le causaba «auténtico te- rror», se autoexilió en Francia durante más de un año. Mientras, la Lliga reafirmaba su carácter conservador y localista y se aliaba con los carlistas en las elecciones a Cortes Constituyentes, donde sólo obtuvo cuatro diputados. Aun así se mantuvo como la se- gunda fuerza en Cataluña y mejoró notablemente sus posiciones en los comicios auto- nómicos de 1932, aunque siguió estando a mucha distancia de la ERC. En febrero de 1933, cambió su nombre por el de Lliga Catalana, acató al régimen republicano y ma- nifestó su voluntad de ocupar un amplio espacio de centro-derecha en la política regio- nal. Esta tendencia centrista sería reforzada por la incorporación de un sector del Partit Catalanista Republicà y de la Dreta Liberal Republicana, la agrupación local del PRP. Aún así, parece evidente que la Lliga siguió acaparando en Cataluña buena parte del
voto útil conservador y monárquico.
Los partidos de centro
En el centro político, el radicalismo también pasó a la oposición a finales de 1931, y fue incapaz a lo largo del bienio de capitalizar su condición de segunda fuerza parla- mentaria y principal partido republicano. El cambio de régimen había sorprendido al PRR sin una auténtica organización de ámbito nacional, que controlase el funciona- miento excesivamente autónomo de las secciones locales. Apoyándose en el liderazgo de Lerroux y en la existencia de una numerosa minoría parlamentaria en las Cortes, se intentó establecer a partir de agosto de 1931 una mayor centralización de las actividades del partido, gobernado por una Junta Nacional, con un Comité ejecutivo integrado por diputados y una Asamblea Nacional, que se reuniría anualmente9. Pero las sucesivas ini-
ciativas en este sentido no alcanzaron un gran éxito, estorbadas por la resistencia de los
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8 M. Cuber, Melquíades Álvarez, Madrid, 1935, pág. 91.
9 Entre agosto de 1931 y octubre de 1932 funcionó un Comité ejecutivo provisional de 19 miembros. En
la Asamblea Nacional celebrada por el PRR en ese último mes, fue elegido formalmente el siguiente Comité ejecutivo: Presidente, A. Lerroux; vicepresidente, D. Martínez Barrio; secretario, Manuel Torres Campañá; secretario de actas, Pedro Amasa; vocales, Manuel Marraco, Sigfrido Blasco Ibáñez, Rafael Guerra del Río; Antonio Lara, Eloy Vaquero, Rafael Salazar Alonso, Gerardo Abad Conde, Gerardo Carreres, Fernando Gas- set, Antonio Marsá.
comités locales y de los grupos federados —como el PURA valenciano o las Juventu- des Radicales— a ceder cuotas de poder a una organización centralizada. Durante el primer bienio, el radicalismo acentuó su talante conservador y populista, tanto por la afluencia de militantes procedentes de los sectores sociales acomodados y del antiguo liberalismo monárquico, caso de Santiago Alba, como por la pretensión de Lerroux y de sus colaboradores de centrar al régimen presentando al PRR como una organización de masas interclasista —aunque su electorado se localizaba fundamentalmente entre las clases medias— al margen de la izquierdal reformista. Puede hablarse en este sentido de un éxito sorprendente, ya que, pese a la falta de un programa político coherente, a las carencias organizativas y a la fama escandalosa que arrastraba, el radicalismo fue una fuerza en ascenso a lo largo de este período.