Contemplado desde una perspectiva histórica, el proyecto republicano de los años 1931- 1933 fue un fracaso, por cuanto el cambio político provocado por las elecciones de no- viembre de 1933 y, sobre todo, la ruptura bélica de 1936, invalidaron por largo tiempo los desarrollos democratizadores impulsados durante el bienio. Los obstáculos puestos al proceso reformista fueron de muy variada naturaleza. Algunos procedían de la propia coalición gobernante y es fácil entender que las diferencias ideológicas entre socialistas y republicanos de izquierda acabasen aflorando por encima de las coincidencias estra- tégicas cuando el ritmo previsto de las reformas empezó a frenarse.
Pero fueron las presiones exteriores las que, en definitiva, terminaron frenando los procesos de transformación estructural impulsados por la Conjunción republicano-so- cialista. Se ha señalado el importante papel desestabilizador jugado por la crisis econó- mica, o por la rivalidad entre los modelos sindicales socialista y anarcosindicalista que, en definitiva, fue tan perjudicial como la resistencia de las organizaciones patronales a la articulación de un modelo estable de relaciones laborales.
La mayoría de las presiones exteriores tuvieron su origen, sin embargo, en la activi- dad opositora de grupos sociales y económicos, cuyos intereses se vieron afectados por las reformas: los terratenientes y el clero en primer lugar, pero también determinados sectores profesionales y funcionariales, tanto civiles como militares, la mayor parte de las organizaciones patronales, los círculos intelectuales vinculados a la tradición conser- vadora o fascista, buena parte de la opinión católica, etc. En ocasiones, esta resistencia al cambio fue frontal y muy radicalizada. Incluso se cuestionó el conjunto del sistema constitucional. Pero, con todo, esta oposición se desenvolvió casi siempre dentro de unos límites tolerables para la democracia republicana durante el primer bienio y halló, dentro del sistema parlamentario, cauces para el revisionismo legal al llegar los radica- les al Poder, a finales de 1933.
El auténtico problema, por el riesgo que implicaba a corto plazo de desestabiliza- ción del sistema democrático, lo plantearon las organizaciones vinculadas a tres co- rrientes ideológicas, con desigual, pero minoritario peso social: monárquicos, fascistas
y anarquistas. Estos sectores se situaron como outsiders respecto del Estado republica- no y su actuación antisistema contribuyó en gran medida a impedir la normalización de los mecanismos políticos que precisaba la República para consolidar el régimen demo- crático.
LOS MONÁRQUICOS Y EL10DE AGOSTO
Derecha y antirrepublicanismo no eran conceptos totalmente equiparables en la Es- paña republicana, y menos aún derecha y monarquismo. Pero es indudable que esta úl- tima opción aglutinaba a una parte considerable del conservadurismo social y que inclu- so la derecha accidentalista, mayoritaria en la CEDA, hubiera aceptado de buen grado una restauración monárquica. Pero fue precisamente el desarrollo de esta accidentalidad táctica lo que frustró por algún tiempo la reorganización del monarquismo alfonsino, del que procedía la inmensa mayoría de los seguidores de la Confederación populista. Por el contrario, los carlistas, opuestos por principio a cualquier forma de Estado libe- ral, encontraron en el cambio de régimen el impulso preciso para reunificarse rápida- mente y atraer hacia la Comunión Tradicionalista a muchos conservadores abiertamen- te antirrepublicanos. El Comité de Acción Política, creado por don Jaime de Borbón en París en 1930 en previsión de un próximo colapso de la monarquía alfonsina, se convir- tió desde abril de 1931 en un organismo conspirativo, dedicado a aunar los esfuerzos del tradicionalismo en la lucha contra la República.
Carentes del apoyo popular de otros sectores, los alfonsinos renunciaron pronto a le- vantar un movimiento de masas y buscaron consolidar su posición en tres frentes: a) el cultural, básicamente centrado en la actualización del viejo discurso tradicionalista, para lo que contaron como principal instrumento con un grupo de intelectuales ultrade- rechistas agrupados en torno a Acción Española, una revista de tirada reducida, pero considerable influencia entre los sectores burgueses más proclives a la radicalización; b) el insureccional, teorizado por el sacerdote Castro Albarrán como el derecho a la rebel-
día de los católicos frente a un orden que consideraban injusto y que inspiró la forma-
ción de sucesivas tramas conspirativas dirigidas por militares antiazañistas; c) el políti- co, consolidado desde comienzos de 1933 por una opción propia, Renovación Españo- la, partido muy minoritario cuyos intentos de desestabilizar al sistema republicano le llevarían a intentar instrumentalizar al naciente fascismo español y a buscar, de forma intermitente, la formación de un frente monárquico con los carlistas o una unión de de-
rechas con la CEDA y otros grupos no específicamente republicanos.
Acción Española nació en diciembre de 1931. Dirigida por el Marqués de Quinta-
nar y luego por Ramiro de Maeztu, la revista dio pie a una Sociedad Cultural, presidida por José María Pemán, que actuó como punto de encuentro y eje de la propaganda de los sectores neotradicionalistas procedentes del alfonsismo y del carlismo. Sus princi- pales colaboradores —Maeztu, Pemán, Vegas Latapié, Pradera, Sainz Rodríguez, Pe- martín— acometieron la doble tarea de modernizar el corpus doctrinal del tradiciona- lismo español y de buscar todo tipo de justificaciones morales y políticas a la subver- sión contra la República. Como el resto de los monárquicos, tuvieron que racionalizar
el hecho de que un régimen que consideraban revolucionario y nefasto para los intere- ses nacionales hubiera desplazado a la Monarquía sin encontrar apenas resistencia y con el asentimiento de la mayoría de la población. Ello les llevó a ahondar en el estudio de los procesos revolucionarios, añadiendo a los discursos histórico-políticos de los tradi- cionalistas españoles del siglo XIX, y en especial de Menéndez y Pelayo, las aportacio-
nes de varias escuelas extranjeras de pensamiento —maurrasismo francés, fascismo ita- liano, integralismo portugués, etc.— y a sistematizar una teoría de la contrarrevolución que orientase el proceso de restauración de la Monarquía, que en cualquier caso impli- caría la muerte de la democracia parlamentaria. Para triunfar, este proceso debía cubrir dos etapas: primero, detener la progresión de las fuerzas revolucionarias y acometer lue- go la construcción de un Estado contrarrevolucionario, nuevo y, a la vez, tradicional. Como no tardaría en demostrarse, no se trataba de meras especulaciones teóricas de un grupo de intelectuales marginales: los golpistas de 1936 y, luego, los responsables de la longeva dictadura franquista, les deberían gran parte de su filosofía política.
La conspiración contra la República revistió el carácter de una trama cívico-militar cada vez más compleja. En sus orígenes, tuvo como eje a un grupo de nostálgicos pri- morriveristas, militares como los generales Barrera, Ponte y Orgaz y civiles como el Conde de Vallellano y Santiago Fuentes Pila. Los descontentos intentaron, desde mayo de 1931, atraerse el apoyo de los oficiales descontentos con las reformas azañistas y de monárquicos acaudalados, dispuestos a financiar un golpe de Estado. Se acercaron sin éxito a los carlistas, que iniciaban en Navarra la reorganización de sus milicias reque-
tés, y al nacionalismo vasco, uno de cuyos dirigentes, José Antonio de Aguirre, se en-
trevistó varias veces con el general Orgaz. Finalmente, los rumores de lo que se prepa- raba llegaron al Gobierno y Azaña creyó ponerlos fin en septiembre enviando a un des- tierro honorable a Orgaz y a algún otro de los militares implicados. Pero la trama apenas fue tocada y en los meses siguientes se integraron en su organización militares como los generales Villegas y Cavalcanti. Los conspiradores buscaron aproximaciones, mal co- nocidas, a una trama civil paralela, inspirada por el antiguo grupo constitucionalista de Burgos y Mazo y Melquíades Álvarez, quienes, con la colaboración del propio jefe del Estado Mayor del Ejército, general Goded, y quizá con alguna connivencia por parte de Lerroux, se disponían no a terminar con la República, sino a rectificar su rumbo, expul- sando a la izquierda del Poder. En enero de 1932, el responsable de la Guardia Civil, ge- neral Sanjurjo, fue colocado al frente del cuerpo de Carabineros, un puesto de menor re- lieve, en lo que se interpretó como un castigo por sus críticas a la política gubernamen- tal de orden público. Era lo que necesitaban los conspiradores para captar a un militar de gran popularidad. Poco después, Sanjurjo se convertía en responsable máximo de una conspiración tan confusa como mal organizada.
El debate en las Cortes del Estatuto de autonomía para Cataluña y el desarrollo de las reformas militares contribuyeron a aumentar la determinación de los conspiradores, pese a que el Gobierno les seguía los pasos. Por su parte, los responsables carlistas vol- vieron a negar la colaboración formal de la Comunión, pero autorizaron la participación individual de sus militantes, que debían formar de grupos civiles de apoyo a los golpis- tas, junto con los albiñanistas y otros elementos de la extrema derecha. Cuando, a co- mienzos de agosto de 1932, la policía comenzó a desarticular la organización de estos
grupos civiles, los militares comprometidos decidieron adelantar el golpe, que se fijó para el día 10. En Madrid, los insurgentes fracasaron en el asalto al Ministerio de la Guerra, donde se encontraba Azaña, y en el intento de sublevar a la guarnición. En Se- villa, Sanjurjo logró hacerse con el control de la ciudad y publicó un manifiesto anun- ciando una dictadura militar, pero sin mencionar la restauración de la Monarquía. Falto de los apoyos prometidos desde otras guarniciones y enfrentado a una huelga general convocada por los sindicatos, el general intentó huir a Portugal, pero fue detenido cerca de la frontera. Condenado a muerte por un consejo de guerra, recibió el indulto del pre- sidente de la República y, tras una temporada en la cárcel, terminó estableciéndose en el país vecino.
Los efectos de la sanjurjada fueron los contrarios de los que buscaban sus protago- nistas. El régimen republicano salió consolidado. La izquierda reforzó sus lazos de so- lidaridad y sacó adelante con rapidez los atascados proyectos legislativos de la Reforma Agraria y del Estatuto de Cataluña. La derecha, con su Prensa clausurada por el Gobier- no, hubo de poner fin a la campaña obstruccionista. Los accidentalistas de AP, alarma- dos ante las consecuencias negativas que el fracasado golpe podía tener para su táctica de oposición dentro de los cauces legales, multiplicaron sus manifestaciones de acata- miento del juego democrático. Sobre los monárquicos, señalados por la opinión públi- ca como inductores del golpe, cayeron casi todas las medidas represivas previstas por la Ley de Defensa de la República. Se clausuraron las sedes de sus organizaciones políti- cas y culturales y sus más significados órganos de Prensa; muchos de sus activistas fue- ron detenidos y más de un centenar de ellos deportados al Sáhara occidental; la alta no- bleza, acusada de sufragar el golpe, sufrió la expropiación de sus tierras por el Parla- mento, etc.
Durante la segunda mitad de 1932, los alfonsinos se verían crecientemente presio- nados por sus socios accidentalistas para que renunciaran explícitamente a la acción in- surreccional contra la República. Obligados a abandonar AP durante el otoño, no tarda- rían en fundar su propio partido, Renovación Española, y darían con ello prioridad al rearme ideológico y a la lucha política legal. Pero ello no significaba que, al igual que los tradicionalistas, renunciaran a la estrategia insurreccional, que siguieron cultivando en espera de momentos más favorables.
EL NACIMIENTO DEL FASCISMO ESPAÑOL
Parece fuera de toda duda la existencia de un fascismo español anterior a la Guerra Civil, por más que continúe abierto el debate acerca de sus orígenes, sus componentes autóctonos y foráneos y, por tanto, su naturaleza específica en el marco de los modelos de la extrema derecha europea. Aunque se puede señalar intentos poco logrados de crear grupos fascistas en los primeros años 20 —la madrileña Legión Nacional, el gru- po barcelonés La Traza— el fascismo español fue, en todo caso, un movimiento tardío y débil, que hasta las vísperas mismas del conflicto civil hubo de disputar su campo de actuación con una derecha radical monárquica —UP, UMN, PNE, RE, etc.— que lleva- ba ya algunos años asimilando un proceso de fascistización meramente epidérmico.
Las primeras iniciativas fascistas de cierta entidad surgieron entorno a dos aventu- ras periodísticas. La Gaceta Literaria, creada en 1927 por Ernesto Giménez Caballero, desde la que se realizaba la labor de exaltación de un nacionalismo católico teñido de admiración por el fascismo italiano. Y La Conquista del Estado, semanario fundado en marzo de 1931 por Ramiro Ledesma Ramos, un funcionario de Correos, intelectual de corte orteguiano —colaboraba en La Revista de Occidente—. Ledesma estaba dotado de un sentido revolucionario del fascismo que le llevó a proclamar en el manifiesto con que anunció la revista que «todo el poder corresponde al Estado» y a proponer la orga- nización de «falanges» juveniles que aplicarían «métodos de acción directa sobre el vie- jo Estado y los viejos grupos político-sociales del viejo régimen», hasta derrumbar «la armazón burguesa» y lograr un nuevo Estado basado en «los valores hispánicos». En torno al equipo redactor de la revista cuajó, en octubre de ese año, el que se considera primer partido fascista español, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), en el que se integraron desde el primer momento las Juntas Castellanas de Acción Hispá- nica, pequeño grupo creado poco antes en Valladolid por el sindicalista católico Onési- mo Redondo. Defensoras de un modelo de fascismo radical, el nacional-sindicalismo, y opuestas a la restauración de la Monarquía, las JONS llevaron a lo largo de 1932 una existencia precaria, faltas de medios materiales y humanos.
La eclosión del fascismo español se produjo en 1933. Obedeció en buena medida al interés con que los monárquicos contemplaron el triunfo del nazismo en Alemania, que parecía señalar el camino para terminar con la República liberal. Durante la primavera y el verano, se sucedieron hasta cuatro iniciativas que buscaban impulsar el lanzamien- to de una organización fascista:
a) En marzo, el director del diario monárquico La Nación, Manuel Delgado Barre-
to reunió en torno al proyecto de un semanario de carácter doctrinal, El Fascio, a varios miembros de la reducida intelectualidad fascista —Ledesma, Giménez Caballero, Ra- fael Sánchez Mazas— junto con algunos derechistas radicales susceptibles de un rápi- do proceso de fascistización, como el abogado José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, y el periodista Juan Aparicio. Su intención era sentar las bases de un «fascio intelectual», del que surgiera un núcleo político. Pero el primer número de El Fascio fue secuestrado por las autoridades republicanas y la publicación no tuvo continuidad.
b) Las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, en un intento por superar su aisla-
miento, sacaron en mayo una revista doctrinal, JONS, y organizaron escuadras, peque- ños grupos de asalto que desarrollaban actuaciones violentas contra los estudiantes de la FUE y contra organizaciones de izquierda, como la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, cuya sede fue saqueada a mediados de junio. Pero la enérgica reacción policial, que detuvo poco después a gran parte de la exigua militancia jonsista, detuvo la progresión del movimiento que, por otra parte, no logró rentabilizar las simpatías de algunos alfonsinos —Areilza, Lequerica— bien relacionados con los medios del capi- talismo vasco.
c) Por su parte, el PNE de Albiñana, autodisuelto tras la quema de conventos de
1931 y reconstruido en abril del año siguiente, intentó lanzar un fascismo católico y mo- nárquico. Encontró algún eco entre los tradicionalistas. Pero no llegó muy lejos, tanto
por la falta de coherencia del proyecto como por el hecho de que el partido, reducido a la mínima expresión, vivía en la semiclandestinidad tras su participación en la sanjurja-
da, con su Jefe Supremo confinado en una aldea de Las Hurdes cacereñas, en virtud de
la Ley de Defensa de la República.
d) Pese a estos fracasos, los alfonsinos siguieron manifestando interés por la crea-
ción de un fascismo subordinado a sus intereses, católico y socialmente más conserva- dor que el nacional-sindicalismo jonsista. Surgió así el Movimiento Español Sindicalis- ta, un grupúsculo dirigido por José Antonio Primo de Rivera, Rafael Sánchez Mazas y el aviador Julio Ruiz de Alda. Durante el verano de 1933, el MES intentó un pacto po- lítico con las JONS, cuyos dirigentes le estimaban demasiado reaccionario. En cambio logró la adhesión del filofascista Frente Español, constituido por algunos intelectuales discípulos de Ortega y Gasset, bajo la dirección de un antiguo integrante de la Agrupa- ción al Servicio de la República, Alfonso García Valdecasas.
La formación resultante seguía siendo muy débil pero, en agosto, Primo de Rivera concluyó con los alfonsinos de RE el llamado Pacto de El Escorial, por el que éstos se comprometían a financiar su partido a cambio de que éste asumiera un programa político satisfactorio para la causa monárquica. Ello reforzaba la dependencia de la pequeña for- mación fascista respecto de sus protectores conservadores, pero a cambio obtuvo un mayor margen de maniobra e incluso el hijo del dictador y uno de sus colaboradores, el Marqués de la Eliseda, fueron incluidos en el otoño en la candidatura derechista a Cor- tes por Cádiz, lo que les permitiría conseguir dos actas de diputado. En plena campaña electoral, el triunvirato director del MES, Primo, Ruiz de Alda y García Valdecasas, protagonizaron un «acto de afirmación españolista» en el Teatro de la Comedia, de Ma- drid (29 de octubre de 1933), considerado como un punto de inflexión en la hasta en- tonces vacilante trayectoria del fascismo español. Tras el mitin, el partido fue refunda- do con el nombre de Falange Española, y semanas después se hacía con una pequeña re- presentación en las nuevas Cortes. El fascismo era ya una realidad política en la España republicana.
EL INSURRECCIONISMO ANARQUISTA
El anarcosindicalismo había mantenido una posición ambigua en los meses que precedieron al 14 de abril, basculando entre el apoyo a la conspiración antimonárqui- ca y el retraimiento de todo lo que pudiera significar compromiso político. Esta con- tradicción forzó a la CNT a mantenerse en una expectativa llena de reservas en las pri- meras semanas de vida de la República. El cambio de régimen colocaba, en realidad, a la Confederación en la tesitura de elegir entre la línea sindicalista que representaban Pestaña, Peiró y el grupo «Solidaridad», y la anarquista, encarnada principalmente por la FAI, partidaria de una presión continua —«gimnasia revolucionaria», la llamaban algunos— que acelerase el proceso de revolución social. Los faístas defendían un mo- delo de revolución ruralizante y utópico, frente a las tendencias sindicalistas, que pre- conizaban una adecuación de los programas del movimiento libertario a las realidades
de una sociedad en vías de industrialización. Los primeros aparecen como los máxi- mos responsables de exacerbación de los métodos de acción directa, que buscaban en la conflictividad laboral y en la insurrección campesina —culminada en la creación de comunas libertarias— la quiebra del orden burgués y la consecución de una sociedad sin clases ni Estado.
Estas tendencias opuestas se mostraron claramente en el Congreso Confederal reu- nido en el Teatro del Conservatorio, de Madrid, a mediados de junio de 1931, en el que