Así como el modelo económico tiene una gran influencia en la forma de constitución de la ciudad, estos espacios que se crean de la distribución geográfica de las edificaciones tienen una gran influencia en los ciudadanos y en la relación que estos construyan con el Estado. Esta forma de relacionarse se ve representada tanto en el espacio público como en la convivencia ciudadana. Una de las principales características de la sociedad actual es la fragmentación producida por las diferencias sociales, culturales y axiológicas, producto de la
la cual se tratará más adelante. Aspecto que incita a que se propenda por favorecer el papel integrador y creador de lo común de la política, “le confiera (a lo público) una forma institucional, desde los gobiernos locales hasta las articulaciones más complejas de la escena mundial” (Innerarity, 2006, pp.14) de tal forma que se retorne a un entorno en que se privilegie la construcción de lo colectivo.
Según plantea Daniel Innerarity (2006) el espacio público, como esfera de deliberación donde se articula lo común y se tratan las diferencias, se puede entender como una construcción frágil y variable, en la que debe siempre haber representación y argumentación, por lo que el escenario más desfavorable es aquel en el que los espacios son abstractos y desestructurados. El espacio público como lugar común a los individuos, tiene entonces la capacidad de integrar las diferencias, la subjetividad y la experiencia a través de la participación y el diálogo, por lo que no es posible que se creen “esencias” iguales a todos los lugares considerados como espacio público, pues construyen a partir de las características específicas de donde se encuentren.
Yendo atrás en el tiempo, el concepto de espacio público, tuvo su origen en el siglo XVIII. Fue parte definitiva en la construcción de las democracias modernas, pero en la actualidad se enfrenta con una redefinición al momento de cotejar su compatibilidad con las sociedades actuales, en las que el significado de lo público y lo privado ha mutado, las TIC o tecnologías de la información han modificado el modo de relacionarse entre los ciudadanos, sin mencionar cómo las nuevas formas de gobierno influenciadas por el mercado global y la Nueva Gestión Pública, han promovido la individualidad y la desdibujación de una concepción de edificación de un ámbito de cumplimiento del interés común, es decir, la dinámica privatizadora del mundo común ha hecho del espacio público el escenario de tramitación de las reclamaciones o demandas privadas. (Innerarity, 2006)
Partiendo más que todo de los efectos que el gobierno empresarial - impulsado por la NGP-, ha tenido sobre la política y consecuentemente sobre el espacio público se puede hacer mención más específicamente a la “desafección hacia la política, la degeneración de la opinión pública, la burocratización y tecnificación de la política, la dejación de los deberes de la ciudadanía”(Innerarity, 2006, pp.20) imposibilitando de esta forma la creación de consenso en la democracia y construcción de una verdadera opinión pública en un espacio común y asequible a todos, antes permitiendo que se fomente la manipulación mediática así como la percepción del Estado como instancia destinada únicamente a los controles sociales.
Los cambios en el significado del espacio público, en el sentido en que cada vez se discute menos lo relacionado con el bien común, supone una despolitización de los individuos que trae como consecuencia que se piense a la sociedad como una adhesión de grupos de interés cuya única relación es el cumplimiento de sus propios intereses, dejando de lado el sentido de lo colectivo. “Sin una adecuada representación, es decir, sin el trabajo de mediación institucional que concretan e integran lo diverso en un espacio público, la sociedad tiene grandes dificultades para verse, para descifrar y hacer operativa la multiplicidad social” (Innerarity, 2006, pp. 56)
El espacio público como tal resulta ser un espacio geográfico que al momento en que pasa a tener significado deja un poco de lado esta dimensión física, pues debe ser capaz de acoger todas las facciones de la vida pública, en la que el individuo además de participar políticamente se desarrolla como persona. (Yory, 2010, pp. 35) Cada uno de los lugares destinados a la esfera pública cuentan con la facultad de absorber para sí gran cantidad de significados que le son atribuidos, muchas veces más que por las ambiciones de los urbanistas, por
las necesidades de las personas que recurren a ellos, adquiriendo demarcaciones emocionales, ideológicas, estéticas, políticas y económicas (Yory, 2010, pp. 52)
Estas características atribuidas al espacio público permiten hacer del mismo uno de los elementos capaces de mejorar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. El ser un escenario a disposición de todos, por lo tanto bajo la responsabilidad de todos, tanto sociedad civil como las autoridades, trae de nuevo a colación la necesidad de que los individuos se autorregulen y sean corresponsables con el fin de preservar y mejorar dicho espacio.
En la definición sobre espacio público se recurre a diferentes visiones que son acordes a los modelos de ciudad de cada territorio, así como al tipo de relaciones sociales a las que los individuos recurran. Estas diferentes percepciones sobre espacio público han surgido, o han tendido a conceptualizarse con más apuro, más que todo desde el auge de la economía neoliberal y la promoción del interés individual que ha provocado una modificación en la forma de relacionarse los individuos entre sí y con el Estado.
Según la definición “jurídica instrumental” mencionada por López de Lucio (2000), el espacio público es aquel en el que se encuentran los dispositivos – caminos, calles, carreteras…- que permiten acceder o dirigirse a las propiedades privadas en cualquier lugar del territorio, sea o no urbano. Desde esta perspectiva se le quita al espacio público todo valor social, funcional o político, dando pie a que se les atribuya la ya mencionada definición, a los modelos de ciudad en que la característica principal es la dispersión de sus estructuras. Cuando el modelo es otro - ciudad compacta -, y se parte de otras visiones, también mencionadas por López de Lucio, se puede hacer mención de 2 concepciones de espacio público:
- Una clásica, que tuvo su origen en la República greco-romana, en la que este espacio está más que todo destinado al desarrollo de la vida
política y la participación ciudadana permitiéndose la toma de decisiones colectiva, su lugar por excelencia era la plaza o “ágora”.
- La moderna en la que se involucra la totalidad de espacios en los que se permite el tránsito libre de la ciudadanía, siendo ahora la “calle el espacio de la sociabilidad difusa” (López de Lucio, 2000), el espacio político es trasladado a edificios e instituciones específicos, excepto para los casos en que se organizan actividades políticas, como manifestaciones, conmemoraciones o desfiles entre otros.
Según la normatividad colombiana (articulo 82 superior de la constitución política de 1991), el derecho al espacio público se concibe como un derecho constitucional colectivo. Este comprende 3 aspectos fundamentales, los cuales son los bienes de uso público, los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que satisfacen necesidades de uso público y por último las áreas requeridas para la conformación de sistemas de espacio público. (Yory, 2010, pp. 212). Un aspecto a recalcar es el señalamiento a que siempre debe prevalecer el interés general.