Capítulo 4: Política agraria y colonización campesina forzada
4.4. El progreso, una ideología que excluye y elimina
La idea del “progreso” para las oligarquías latinoamericanas era igualar el modelo de vida y los patrones de desarrollo industrial y consumo pautados por los Estados Unidos y Europa. El imaginario predominante era tener un Estado racional-moderno, clonar en las nacientes ciudades el estilo de vida norteamericano y europeo y estructurar una sociedad guiada por preceptos morales y de comportamiento conservadores heredados del catolicismo y la época señorial colonial.
No obstante, Castro-Gómez y Restrepo (2008) plantean que en Colombia esta visión del progreso, que era preconizada por doquier, funcionó más como una ideología que como una realidad socio-económica y política. Para estos autores, los propósitos del desarrollo, enunciados durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, nunca se alcanzaron. Recuerdan ellos que Bogotá nunca se convirtió en la Nueva York suramericana, la mayoría de la población siguió adoleciendo de servicios básicos de salud, vivienda y educación, la investigación científica era prácticamente inexistente, la racionalidad burocrática del Estado no funcionó, la ley no fue imparcial y la burguesía nunca abandonó sus prácticas coloniales hacendatarias
Para la oligarquía el progreso era alcanzar la “civilización” y superar la “barbarie”. Por esta razón, la oligarquía estaba empeñada y obsesionada en superar lo que aparecía en el escenario social y económico, desde su ideología, como un obstáculo para esa visión de progreso, de desarrollo económico y político, que estaban impulsando. Dice Arturo Escobar (1996) que la noción de desarrollo se ubicó en el imaginario de la oligarquía como una escritura sagrada, como un evangelio que prometía superar las viejas prácticas institucionales coloniales, acceder a nuevas tecnologías políticas y nuevos sistemas económicos, pero sobre todo, un evangelio que conducía a la incorporación de un “sistema de conocimiento” caracterizado por clasificar, jerarquizar, descalificar, marginar y excluir otras culturas, valores y marcos cognitivos e intelectuales que no estuvieran inscritos en la
lógica admitida por ese evangelio, es decir, que no estuvieran reconocidos como válidos por la lógica occidental.
Para responder a este ideario de progreso, no sólo se impulsaron políticas orientadas a lograr un manejo empresarial-moderno en las áreas neurálgicas de la economía colombiana, como ya hemos visto, sino que se fue construyendo un concepto de civilidad
colombiana, es decir, se fue definiendo en los espacios del poder un prototipo de ser
humano compatible con la visión de progreso que se estaba impulsando, es decir, se empezó a definir el sujeto que en criterio de la oligarquía era funcional a la sociedad que se estaba construyendo. Este tipo de sujeto fue definido desde la racionalidad capitalista que privilegia el tener y el acumular, la moralidad católica-señorial, el comportamiento social preestablecido y un determinado fenotipo de las gentes15.
Esta visión de progreso traía ínsita su propia definición de sujeto. La constitución de un sujeto compatible con la idea de progreso hacia parte del avance natural hacia la civilización y una toma de distancia frente a lo que representara la barbarie, lo salvaje y lo involucionado. El homo oeconomicus, concebido como el producto de la evolución humana, satisfacía el perfil perfecto de esta idea de progreso y de sujeto. Por esto, para las oligarquías de países como Colombia, Perú, Bolivia o Ecuador el “laisser-faire” y el “laisser - passer”, en coherencia con las ideologías librecambistas, eran componentes básicos de la lucha natural contra la “barbarie” y a favor de la “civilización” (Ospina, 1955; Bonilla, 1980; Ocampo, 1984; Zabaleta, 1986). En Colombia esta visión de progreso - elitista y excluyente- de manera paulatina se fue empoderando.
15 Algunos investigadores colombianos han llamado recientemente la atención en los discursos racistas y eugenésicos que se empoderaron en los años veinte en Colombia y que incidieron en las políticas públicas poblacionales y en la misma estructuración discursiva de la psicología, la sociología y la antropología colombianas (Pedraza, 2004; Villegas, 2005; Castro-Gómez & Restrepo, 2008; Páramo, 2010). A manera de ejemplo, Laureano Gómez en 1928 decía: “Nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, de indios y de negros. Los dos últimos caudales de herencia son estigma de completa inferioridad. Es en lo que hayamos podido heredar el espíritu español donde debemos buscar las líneas directrices del carácter colombiano contemporáneo”(Citado por Guhl,1982:97).
4.4.1. Las demandas campesinas, un obstáculo para el progreso
La lucha por el territorio entre campesinos y empresarios agrarios durante el siglo XIX y comienzos del XX, como hemos mostrado, fue constante y una de sus consecuencias principales fue la conversión del campesino en arrendatario o peón en su propio territorio. Esta dinámica generó profundas contradicciones sociales en el interior del régimen terrateniente-hacendatario y una superposición (traslapamiento) territorial. Los campesinos no dejaron de ver sus territorios como suyos y no cesaron de pensar y sentir que pagar arriendo por trabajar en sus propias tierras o trabajar como peón en lo que otrora fuera de su propiedad era oprobioso e indigno.
De manera progresiva, y en diferentes regiones de Colombia, las manifestaciones campesinas de repudio y protesta frente a los procesos de expoliación y ultrajes cometidos por los empresarios agrarios fueron crecientes y adquirieron diferentes niveles de confrontación. Como señalamos anteriormente, el campesinado pasó de estrategias defensivas, en donde privilegiaron las quejas jurídicas, los desafíos simbólicos y las “formas indirectas de expresión”, a estrategias ofensivas que involucraban adicionalmente demandas que iban, desde la exigencia a sembrar cultivos comerciales, como el café, hasta la reivindicación de la propiedad de la tierra.
Para los empresarios agrarios estos procesos organizativos de los campesinos, y sus reivindicaciones, iban en contravía de lo que ellos consideraban el devenir “natural” del desarrollo económico y político. El campesinado, que había sido percibido por los empresarios agrarios como la fuerza de trabajo que valorizaba la tierra que posteriormente ellos, por las vías legales e ilegales, iban a controlar, empezó a ser concebido por estos como “decadente” y “problemático” e, incluso, a nivel Estatal y en correspondencia con las tendencias racistas de la época, ya mencionadas, se llegó a plantear la pregunta de si realmente el campesinado podía ser considerado un ciudadano racional, dotado de autonomía (Palacios, 2011). El campesinado, con sus demandas territoriales, estaba obstaculizando el “progreso”, una idea ligada a la ideología librecambista que se había
arraigado en Colombia y el resto de Latinoamérica desde la era republicana (Ospina, 1955; Bonilla, 1980; Ocampo, 1984; Zabaleta, 1986).
Mientras los campesinos permanecieron en silencio y sin protestar públicamente contra los agravios y expropiaciones adelantados por los empresarios agrarios, el devenir del agro fue “normal” y “natural”, pero cuando aquellos se organizaron y empezaron a exigir sus derechos e incluso a disputarse por vías jurídicas y de hecho la propiedad de la tierra, fueron vistos como seres inferiores16 y considerados con sospecha. Los empresarios agrarios se incomodaron fuertemente con la presencia de campesinos levantiscos en “sus” haciendas y por ello no dudaron en calificarlos de enemigos del progreso y de comunistas (LeGrand, 1980; Londoño, 2011; Palacios, 2011).
Los argumentos de los empresarios agrarios usados para cerrar el paso a las demandas de los campesinos fueron de tres tipos. El primero consistió en descalificar sus conocimientos agrarios al afirmar que ellos, los campesinos, no estaban capacitados técnicamente para sembrar café y que, si ello se admitía, el “país” (entelequia argumentativa de marras) perdería competitividad en el mercado internacional; el segundo argumento era que sus iniciativas organizativas y reivindicativas más que responder a una reclamación autónoma y justa de sus derechos, eran el eco de “azuzadores profesionales” que los instrumentalizaban y buscaban generar conflictos donde estos no existían y, el tercer argumento, fue la creación de un enemigo externo, el comunismo, el cual era señalado como agente político desestabilizador, ateo y enemigo de la propiedad privada.
Mientras los Comités de Cafeteros regionales, en efecto, argumentaban los riesgos y deficiencias técnicas que enfrentaría la producción de café, en caso de ser sembrado en predios campesinos (Palacios, 2011), los propietarios, a través de sus agremiaciones,
16 En la oralidad colombiana es frecuente encontrar expresiones populares que designan al campesino como
“indio bruto, animal de monte, patirrajado”, ubicándolo, de esta manera, en la misma matriz racial, despreciativa y discriminatoria con que se ha designado a los comunidades indígenas y afro-descendientes desde tiempos coloniales.
sustentaban que esas demandas eran fruto de la presencia de agitadores profesionales y comunistas. Al respecto Marco Palacios (2011:132) extrae un párrafo escrito por el Sindicato Central de Propietarios y Empresarios Agrícolas (Futura APEN) en donde podemos apreciar este tipo de argumentos:
“No ignora S.S. que la Liga campesina del Tequendama, afiliada al Comité Nacional del Partido Comunista, ha ordenado recientemente, como medida de lucha y agresión contra los patrones y el derecho de propiedad que sus afiliados, que lo son la mayoría de los trabajadores de los cafetales, procedan a sembrar café en sus parcelas, con violación del contrato celebrado con el dueño, lo cual habrá de producir nuevos y numerosos conflictos; y en momentos en que esto sucede se da a la publicidad el importante concepto de S.S., el que imperfectamente comprendido por los trabajadores y hábilmente explotado por sus azuzadores, traerá, como es evidente, serias complicaciones que habrían podido evitarse si los aspectos que trata S.S. en la atenta nota que contestamos, se hubieran reservado para ser discutidos con amplio y cuidadoso espíritu en la Comisión de asuntos sociales recientemente creada por el gobierno nacional, de la cual hace parte S.S. Sucede que hasta las simples notas del ministerio en que se acusa recibo a los trabajadores de sus memoriales, han sido explotadas en diversas ocasiones, por los leguleyos y comunistas para hacer creer a los trabajadores que el gobierno les otorgará la propiedad de las haciendas y que obligará a los propietarios a retirarse de sus fincas.(…) El partido comunista, que ha visto que las restantes causas de conflictos van desapareciendo porque los trabajadores mismos se convencen de su sinrazón, y porque los propietarios acceden a lo que tiene un principio siquiera de justicia, ha optado por ordenar a sus afiliados la siembra de café en las parcelas o la presentación de quejas por falta de licencia para esas siembras, para crear nuevos y fuertes conflictos que servirán a los fines que ese partido persigue”