tantes las ocasiones en las que la Asamblea de Extremadura no ha emitido ningún dictamen y, en cualquier caso, únicamente dos de los emitidos han tenido finalmente eco en los informes de la Comisión Mixta.
En segundo lugar, llama poderosamente la atención que me- diante el Reglamento parecen haberse “blindado” las competencias de la Comisión respecto a la emisión de dictámenes a propósito del principio de subsidiariedad, en tanto que sólo si la propia Comisión lo decide, en concreto su mesa, la decisión relativa al dictamen podrá ser tomada por el Pleno, previa solicitud, eso sí, de un Grupo parla- mentario. De esta forma parece impedirse al Pleno recabar directa- mente para sí, cuando lo estime oportuno, la decisión respecto a una propuesta consultada concreta. Aunque en la práctica parlamentaria, puede resultar difícil que llegara a producirse un enfrentamiento en- tre la Comisión de Asuntos Europeos y el Pleno a este respecto.
Y, en tercer lugar, a la vista de las materias sobre las que versan las propuestas consultadas, se observa que gran cantidad de ellas no tienen ningún interés relevante ni para la Comunidad Autónoma de Extremadura ni para su Asamblea, por lo que tener que examinarlas todas sólo podría conllevar un gasto innecesario de tiempo y recursos parlamentarios, incluso cuando dicho examen se realice en su totalidad en el marco de una ponencia.111
110. Art. 4 de la Resolución del Presidente de la Asamblea de Extremadura de 13 de octu- bre de 2010, sobre el procedimiento para el control de la aplicación del principio de subsidiariedad de los proyectos de actos legislativos europeos: “(…) la Comisión de Asun-
tos Europeos organizará la tramitación y adoptará las medidas que procedan para la de- liberación y aprobación, en su caso, del correspondiente dictamen (…)”.
111. Ciertos autores demandan la necesidad de ampliar los medios de Parlamentos auto- nómicos en virtud de su participación en el procedimiento de alerta temprana, cuando lo lógico sería racionalizar previamente las propuestas sobre las que deberían pronunciarse.
Vid. en este sentido la ponencia J.C. Aréizaga Hernández, “El papel de las regiones en la
aplicación y el control del principio de subsidiariedad tras el Tratado de Lisboa: el meca- nismo de alerta temprana y el recurso por incumplimiento de dicho principio”; pronun- ciada en la Jornada sobre el principio de subsidiariedad en la Unión Europea celebrada en el Parlamento de Navarra en diciembre de 2008, que puede consultar en la siguiente web: www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2008/20081217_epp_ areizaga_j_c_es_o.pdf No obstante, lo anterior parece que los Parlamentos Autonómicos no confían en poder dotarse del personal especializado necesario para poder desempeñar de forma correcta y eficaz su tarea de control del principio de subsidiariedad ni a corto ni a medio plazo. Vid. en este sentido C. Ares Castro-Conde, op. cit., págs. 234 y ss.
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5. Conclusiones
Aunque ya hemos ido anticipando algunas de las conclusiones alcanzadas a lo largo de este artículo, procede ahora hacer una reca- pitulación de las más significativas, a las que añadiremos otras antes no mencionadas pero estrechamente relacionadas y que surgen en el marco del estudio realizado.
En primer lugar, a nadie escapa que, más allá de la retórica co- munitaria, el sistema de alerta temprana del control de la subsidiarie- dad coloca a toda iniciativa legislativa proveniente de la Unión Euro- pea en situación de “permanente sospecha”, en tanto que todas las propuestas deben ser sometidas a dicho procedimiento de control, incluso las que sólo tienen que ver con materias propias de la Unión Europea y sus Instituciones. Y esa desconfianza destila una sutil pero evidente percepción negativa del proyecto de integración europeo y de sus principales actores, las instituciones europeas. Además, es ne- cesario tener un conocimiento muy extenso no solo del Derecho apli- cable en cada caso sino también de las políticas y realidades de cada una de las materias referidas a las distintas propuestas normativas consultadas, para conocer si éstas realmente son o no conformes con el principio de subsidiariedad o si pueden llegar a conculcarlo, cosa que en ocasiones está fuera del alcance –y también del interés– de los Parlamentos Autonómicos.
En segundo lugar, fruto de esa “sospecha permanente” –que en algunos casos podría estar merecida pero en otros alcanza lo irracio- nal- se ha embarcado a las Cortes Generales y a los Parlamentos Au- tonómicos de los Estados miembros en la compleja y costosa tarea de analizar todas las propuestas normativas de la Unión Europea, me- diante un capitidisminuido mecanismo de naturaleza “cuasiconsultiva”, en el que, en principio las Cámaras nacionales y autonómicas sólo pueden manifestar su motivada conformidad o disconformidad res- pecto al cumplimiento del principio de subsidiariedad y proporciona- lidad por parte de la propuesta, sin que quepan cualesquiera otras consideraciones al respecto de la misma. A lo anterior se añade, ade- más, que dicha tarea de control se opera solamente sobre el proyecto de disposición, y no sobre la norma finalmente aprobada. Respecto del control de la norma final se prevé la posibilidad de que los Parla- mentos nacionales (y sólo los nacionales y no los regionales) puedan llegar a instar un recurso ante el Tribunal Justicia, a través de los go-
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