habana, especialmente
en los puntos sobre el
fin del conflicto, proceso
de reparación, justicia y
no repetición a víctimas
e implementación
de los acuerdos, las
organizaciones de la
sociedad civil fueron
fundamentales »
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« Dossier: socieDaD civil y partiDos políticos »
Diálogo Político 1 | 2018
situación que contribuye a que el plu- ralismo político y el disenso dentro de los marcos institucionales, discursos y prácticas cotidianas sean condiciones para la democracia.
Así, los cambios de concepto de- ben ser más visibles a nivel territorial recordando a los decisores políticos y a las instituciones gubernamentales lo- cales que los movimientos sociales
[…] permiten la expresión polí- tica de los actores sociales subrepre- sentados, contribuyen a la socializa- ción de la ciudadanía en los valores democráticos, enriquecen el debate político, visibilizan problemas rele- vantes, coadyuvan en la formación de la sociedad civil y fomentan el control social de la gestión pública. (Cruz, 2015, p. 93)
El segundo reto se enmarca tanto en la organización como en el alcance de los movimientos sociales, que, gra- cias a su experiencia y narrativas de acción, han aumentado su capacidad de presión territorial. El éxito que han logrado los diversos paros nacionales o las plataformas del Catatumbo o de los movimientos indígenas, da cuen- ta de la capacidad organizativa de los colectivos sociales que han transitado de espacios rígidos y verticales a unos más asamblearios y horizontales, en los que las decisiones son descentralizadas y deliberadas por amplios miembros de las colectividades, lo que imprime un carácter e identidad más sólidos a quie- nes son miembros o activistas de estas.
Así, la idea que la sociedad con- trainsurgente ha construido sobre las organizaciones como ausentes de li-
derazgo, desordenadas, desarticuladas e inexpertas frente a lo público y a las políticas mismas se debilita frente a los hechos. Por tanto, es necesario que los decisores políticos territoriales y na- cionales incluyan a los diversos colecti- vos sociales en sus decisiones públicas o en calidad de acompañantes en los procesos de construcción de la política pública.
Por ello, entender que los movi- mientos sociales, al igual que el resto de los actores políticos en este con- texto transicional de posconflicto, se encuentran en proceso de transforma- ción y adaptación a las nuevas reglas institucionales y normativas permitirá al Estado entenderlos como voces ne- cesarias para la articulación que debe establecer con los ciudadanos, indica- dor sustancial para garantizar elevados grados de gobernabilidad.
El tercer reto se explica en cuanto a las temáticas y repertorios de acción usados por la sociedad civil. Con el fin del conflicto, nuevas temáticas deben empezar a ser tratadas por el Gobier- no como prioritarias para su agenda. Si bien la seguridad será un tema prio- ritario durante los primeros momen- tos del posconflicto, aquellos como el aborto, la eutanasia, la inclusión, junto con la pobreza, la desigualdad, la equidad, el modelo económico o la explotación minera, manifestarán los problemas estructurales del sistema político-económico colombiano.
Ello se reflejará en la creación y re- configuración de la sociedad civil den- tro de los territorios y regiones en las que existió el conflicto armado. A pe- sar del riesgo que esto puede suponer, es necesario que gobernantes locales y
municipales se enfrenten a estos «nue- vos» problemas públicos con la misma capacidad con la que atendieron los problemas tradicionales, y propicien con ello cambios culturales y políticos.
En cuanto a los repertorios de ac- ción, las organizaciones sociales han apostado por performances culturales de profunda contundencia simbólica, capaces de llegar a la ciudadanía, con el fin de hacer conocer su problemática. En ese sentido, al finalizar el conflicto las acciones colectivas entrarán en una dinámica distinta, en la que los reper- torios de acción puedan ser entendidos como parte de un discurso político le- gítimo dentro de la construcción de lo público.
El último reto se enmarca en la ac- ción de la sociedad civil para el fortale- cimiento de la gobernanza territorial. Y es que el proceso transicional permi- te a las organizaciones de la sociedad civil que interactúan en los diversos niveles territoriales gubernamentales lograr insumos en el ámbito simbólico, institucional, interactivo y sustantivo, que se reflejarán dentro del ciclo de las políticas públicas que se discutan.
Así, la capacidad de gobernar «ya no aparece como una actividad unidi- reccional y monopolista sino [como] una lógica relacional» (Ibarra, Goma y Martí, 2002, p. 52), lo cual permite el fortalecimiento de la gobernanza en los territorios donde el conflicto armado fue más crudo. Por lo tanto, gobiernos locales, sociedad civil e in- cluso empresa privada deben trabajar de forma conjunta y coordinada para fortalecer esa lógica relacional y con ello los elementos que fortalecen la de- mocracia.
Conclusiones
A lo largo de su historia, la sociedad civil colombiana, en el ámbito nacio- nal pero especialmente en el territorial, ha construido una inmensa acción, experiencia organizacional e inciden- cia política en la trama de la paz. Esa situación permitió a múltiples y diver- sas organizaciones de la sociedad civil pasar de un papel secundario, entendi- do como de incidencia en la creación de una opinión pública favorable a la paz, a un papel protagónico al partici- par directamente en la mesa a través de mecanismos que oscilaron entre la con- sulta, la participación directa y la repre- sentación en puntos de la negociación.
Primero, la extensa trayectoria de las organizaciones de la sociedad civil les permitió crear múltiples me- todologías y aportes en los diferentes procesos de paz que se realizaron a lo largo del siglo xx. Las intervenciones y apuestas de creación con incidencia en el ámbito territorial-local pueden con- siderarse un insumo que encontró en la decisión del presidente Juan Manuel Santos una estructura de oportunidad política para que la participación e in- cidencia de las organizaciones fuera fundamental en los seis puntos de ne- gociación en el proceso de La Habana. Segundo, la participación de la sociedad civil en La Habana fue soli- citada por las dos partes negociadoras desde el inicio del proceso, y aquellas