CAPÍTULO II RÉGIMEN SANCIONADOR
ENMIENDA NÚM 6 De Sustitución.
Se propone sustituir la Disposición Adicional Única. Publicación de retribuciones, por el siguiente texto: DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA Medidas de transparencia.
De los Diputados:
Se publicarán en la página web de la Asamblea de Madrid en los apartados de los Diputados:
Las retribuciones de los Diputados de la Asamblea de Madrid y los demás ingresos públicos que reciban, en qué concepto y la entidad pública que se hace cargo de ellos; sus nóminas mensuales y las retribuciones en especie. Número de iniciativas que haya presentado y el número de intervenciones que haya tenido en Pleno o Comisión, con enlaces directos a esas iniciativas y a las actas de las intervenciones.
La publicación de los informes sobre conflictos de intereses. De los Grupos Parlamentarios:
Se publicarán en la página web de la Asamblea de Madrid, en un apartado específicamente dedicado a los Grupos Parlamentarios:
La cuantía de las asignaciones anuales que reciben de la Asamblea; sus gastos anuales y la auditoria anual de sus cuentas.
El número de personas que tengan contratadas, el currículum, procedimiento a través del que han sido contratadas y las retribuciones que estos puestos de trabajo llevan aparejadas.
De la Asamblea:
Se publicarán en la página web de la Asamblea de Madrid, en un apartado habilitado al efecto:
El Presupuesto de la Asamblea de Madrid, en un formato sencillo y claro, con conceptos entendibles por cualquier ciudadano y liquidaciones del mismo.
El número de puestos eventuales que dependen de la Mesa y de su Presidente; el perfil y currículum detallado de cada uno de ellos; procedimiento a través del cual han sido elegidos; sus requisitos de acceso; los currículos de los candidatos que concurran a ocuparlo; y la motivación de los nombramientos y ceses que se produzcan.
Los viajes que se realizan con cargo a los presupuestos de la Cámara. En esta información se incluirá el destino del viaje, la duración, motivo del viaje (incluidos órdenes del día de las reuniones o actividades que se prevean realizar), personas que componen la delegación (tanto parlamentarios como personal de la Asamblea), medios de transporte utilizados y categorías de los hoteles de alojamiento. Una vez facturados y pagados los gastos en los que se ha incurrido en el viaje, se incluirá el coste del mismo.
Registro de Actividad de Vehículos Oficiales. Este registro contendrá los partes que se levanten diariamente por los responsables del parque móvil, en los que se recoja el uso que se da a los vehículos oficiales: trayectos realizados, origen, destino, hora de salida, hora de llegada, kilómetros recorridos y objeto del trayecto.
ENMIENDA NÚM. 7 De Adición.
Se propone añadir una nueva disposición adicional con el contenido siguiente: "Disposición adicional.-
La Secretaria General de la Asamblea será el órgano encargado de la llevanza y gestión del Registro de Intereses y Bienes y responsable de la custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que contenga. Asimismo le corresponde verificar, en caso de que sea preciso, la exactitud de los datos aportados por los Diputados. Para el ejercicio de estas competencias actuará con plena independencia orgánica y funcional de la Mesa de la Asamblea."
2.4PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2013, de conformidad con los artículos 49, 97, 205 y siguientes del Reglamento de esta Cámara acuerda admitir y tramitar las Proposiciones No de Ley que a continuación se relacionan.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.1 del Reglamento de esta Cámara, se ordena su publicación en el “Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid”.
Sede de la Asamblea, 25 de marzo de 2013.
El Presidente de la Asamblea JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA ECHÁNIZ
SSSS
PNL-45/2013 RGEP.3332SSSS
Presentada por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que lidere la firma de un Pacto Social que movilice a todos los agentes políticos y sociales madrileños con el objetivo de compensar la desaparición de la financiación procedente de la Obra Social, estableciendo un plan que incluya los objetivos que se relacionan en el escrito. Para su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Obra Social ha sido uno de los factores distintivos de las Cajas de Ahorro dentro del sistema financiero español y ha representado un modelo de éxito que ha perdurado tres siglos. Mediante este modelo, las Cajas de Ahorros destinaban a Obra Social una parte importante de sus beneficios.
En los últimos 6 años, las Cajas de Ahorro invirtieron más de 10.000 millones, aproximadamente un 27% de sus beneficios, a Obra Social. Esta cantidad es superior a las aportaciones filantrópicas de Bill Gates, que es considerado el mayor donante privado del mundo.
La contribución social de las cajas a través de la Obra Social ha crecido (en euros constantes) más de 100 veces desde 1947, lo que representa un crecimiento anual sostenido del 8,7%.
A cierre del ejercicio 2010, según datos de la Confederación de Cajas de Ahorro para toda España, la Obra Social sostenía 45.000 empleos indirectos y 3.522 empleados propios; eran 5.000 los centros operativos abiertos; y el patrimonio estimado alcanzaba los 1.850 millones de euros.
La Obra Social ha sido tradicionalmente muy dependiente de las aportaciones anuales de las Cajas, situándose permanentemente por encima del 92% del presupuesto anual. En otras palabras, la Obra Social no cuenta apenas con recursos propios (menos del 8%) para continuar desplegando su actividad si no se nutre anualmente de la cuenta de los resultados de la Caja correspondiente.
La llegada de la crisis económica en 2008, las pérdidas sufridas por algunas entidades (con Bankia como caso paradigmático a la cabeza), el traspaso a bancos de su negocio financiero y la nacionalización de algunas de estas Cajas "bancarizadas" han supuesto una modificación del sistema y una amenaza directa a la financiación de la Obra Social de las Cajas de Ahorros.
En este proceso hay que destacar dos factores que nos han conducido a la situación actual:
En primer lugar, la irresponsabilidad profesional de determinadas conductas amparadas por una situación de burbuja inmobiliaria y financiera; y en segundo lugar por la politización de sus órganos de gobierno y la responsabilidad subsiguiente de partidos políticos (especialmente de los dos grandes), sindicatos y patronal.
Algunos expertos (Javier Quesada, Papeles de Economía Española núm. 130), consideran que el descenso presupuestario de la Obra Social tendrá consecuencias directas en tres ámbitos: el de los beneficiarios directos que dejarán de recibir algún tipo de servicio; el de las instituciones colaboradoras que incorporan a sus presupuestos las aportaciones de la Obra Social y que verán mermada su capacidad financiera para desarrollar su actividad normal; y el conjunto de la economía española, en forma de un descenso de la producción y del empleo como consecuencia de la reducción de la demanda final de la Obra Social.
Esta situación de crisis afecta de manera especialmente grave a la Comunidad de Madrid, debido a la integración de Caja Madrid (entidad con la mayor actividad de obra Social en Madrid), en Bankia.
En la actualidad comienza a dar sus primeros pasos la Fundación Especial Caja Madrid que es donde se integra la Obra Social de Caja Madrid. El nacimiento de esta Fundación es consecuencia de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, y nace con muchas incertidumbres sobre su futuro y también sobre su enfoque en la acción social.
Mientras que en 2007 Caja Madrid dedicó 252 millones de euros a Obra Social, o 180 millones en 2008, las dotaciones descendieron especialmente en 2011, encontrándonos con que en 2012 no se ha producido dotación de los resultados de BFA, así que su presupuesto en 2012 ha sido de unos 53 millones que procede de 18 millones por ingresos de su actividad y 31 millones del fondo de reserva. Hay que destacar que todas las Cajas de Ahorros cuentan con una dotación de anteriores ejercicios, fruto de los años de bonanza económica que algunas fuentes cifran durará 3 años.
Para contrastar, la Caixa de Catalunya ha contado en ese mismo año 2012 con unos 500 millones de euros para Obra Social, cantidad que se mantiene estable para 2013.
Las consecuencias de este proceso son catastróficas para la acción social madrileña y en particular para los Proyectos de Entidades del Tercer Sector que están actualmente en marcha y que afectan a actividades tan diversas como la atención a la discapacidad y a la exclusión social, la atención a mayores, la cooperación y desarrollo, el voluntariado y centros de atención social.
La Comunidad de Madrid no se puede quedar de brazos cruzados ante esta situación y escudarse en que el efecto sobre los presupuestos de la Consejería de Asuntos Sociales se limita a 8 millones de euros. Las consecuencias reales son mucho más negativas: la práctica desaparición de la Obra Social afecta sobre todo a la colaboración directa con Entidades del Tercer Sector, lo cual incide en los servicios que dejarán de recibir los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
Según los datos recientemente publicados en el Anuario del Tercer Sector de Acción Social 2012, la financiación de estas entidades era en 2010 de un 60% de origen público; un 18,2% privado; y un 21,8% propio. En el caso de la financiación pública, la componente más importante es la correspondiente a las Comunidades Autónomas (un 57,3%).
El entorno de encogimiento de la financiación pública producto de la crisis se ha visto agravado por la situación de la Obra Social de las Cajas de Ahorro, que suponía en 2010 un 43,9% de toda la financiación privada (frente a un 13% de Fundaciones o un 10,8% de empresas), y que ahora se reduce de manera drástica.
A nuestro juicio, la responsabilidad de la Comunidad de Madrid es doble: en primer lugar esta situación es en gran parte consecuencia de políticas equivocadas del pasado y la obligación de la Comunidad de Madrid es garantizar en cualquier caso que la acción social se lleve a cabo, sea directamente o mediante entidades del Tercer Sector.
A pesar del sombrío paisaje que hemos descrito, consideramos que existen alternativas que permiten una cierta dosis de esperanza en la sociedad madrileña.
En primer lugar los ciudadanos están dando una extraordinaria lección de solidaridad que supone que como consecuencia de la crisis sus aportaciones individuales no sólo no decrezcan sino que hayan aumentado. Este ejemplo debe ser un estímulo para las empresas, que deben ser conscientes de que en estos momentos necesitamos el compromiso y el esfuerzo de todos.
Y en segundo lugar, las políticas de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) son un marco muy adecuado para trabajar en estos momentos de crisis y la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público ofrece extraordinarias oportunidades para trabajar en el fomento de cláusulas sociales que vayan más allá de la simple adjudicación por el precio.
En ese sentido, recomendaremos la elaboración de una Estrategia de RSC en la Comunidad de Madrid que abarque no sólo aspectos sociales sino ambientales y económicos, pero creemos que es absolutamente imprescindible ahora la puesta en práctica de acciones tácticas en RSC dentro del área social que permitan compensar los efectos de crisis de la Obra Social de las Cajas de Ahorro sobre las iniciativas de acción social en la Comunidad de Madrid. Por esa razón, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta esta Proposición No de Ley con el siguiente contenido: