Se considera que el progresivo envejecimiento de la población hará au- mentar la tasa de dependencia, relación entre población jubilada y pobla- ción ocupada, aumentando la carga financiera sobre los ocupados, derivada de la financiación de las pensiones de los jubilados. Sin embargo, en nues- tro país hemos visto que la tasa de dependencia no es gravosa, la población potencialmente activa es mayor a 50 por ciento de la población total, con lo cual, con políticas de empleo y creación de empleo productivo y decen- te, las pensiones que se basan en el sistema de reparto hubiesen seguido sin problema de financiación, ya que las pensiones se financian con las cotizaciones de los trabajadores ocupados. Sin embargo, la mayor parte del empleo en México es de tipo informal y por tanto, ni los trabajadores, ni los patrones o el Estado cotizan a la seguridad social y desde la Ley del Seguro Social del 1997, el sistema de reparto ha sido sustituido por un sistema de capitalización (obligatorio, pero privado), según el cual los tra- bajadores activos van construyendo con sus cotizaciones un fondo a partir del cual se financiará su futura pensión, con lo que se dice que se eliminará el problema de quiebra de la seguridad social. Contrario a esta afirmación, Muñoz de Bustillo (2000) afirma que las conclusiones que se obtienen tras un análisis cuidadoso de la situación distan mucho de ser alarmistas y lo deseable es que las futuras pensiones crezcan al ritmo de los salarios y que éstos crezcan al mismo ritmo que la productividad. En esta perspectiva, la tasa de dependencia es el producto de los cambios de tres variables: la relación entre población con 65 o más años y la población potencialmente activa, la tasa de actividad y la tasa de empleo, con lo que los aumentos de
Hitos Demográficos del Siglo XXI: Envejecimiento Tomo I CIEAP/UAEM
entre las mujeres, los trabajadores por cuenta propia y los que trabajan en las áreas rurales o en el campo.
En suma, el finaciamiento de la seguridad social en nuestro país no re- presentaría ningún problema si la economía fuera capaz de generar empleo digno para la población económicamente activa y de incentivar la partici- pación en el mercado de trabajo formal a los potencialmente activos.
Otra opinión que merece atención es la de la OIT, para la cual, la solu- ción sería lograr un aumento significativo de la productividad laboral en complemento de las medidas para frenar la disminución de la oferta de mano de obra. Bajo esta perspectiva, más de 80 por ciento de la producti- vidad laboral se necesitaría para paliar el impacto del envejecimiento de la población en el crecimiento, lo que significaría que los salarios en los próximos años no aumentarán tanto como crecerían de otra manera.
En México conviven dos sistemas pensionarios distintos, según López (2011):
uno basado en la solidaridad social, conocido como Sistema Solidario o de Ca- pitalización Solidaria (LSS 1973), y otro fundado exactamente en lo contrario: la insolidaridad social, es decir, el Sistema de Capitalización Individual (LSS 1997).
Siguiendo a este autor, ambos sistemas son diferentes en numerosos aspectos, el primero depende del comportamiento de la tasa de empleo y la productividad y el otro, del comportamiento del tipo de interés y de los precios, gastos de gestión y administración que supone hasta dos por ciento de los salarios, lo cual vulnera los preceptos constitucionales y es inviable y catastrófico para los asegurados, porque el monto de las pensiones que percibirán los trabajadores será proporcional a las aportaciones que hayan destinado durante toda su vida activa, por lo que las pensiones serán muy bajas.
Desgraciadamente, la capitalización individual de las pensiones no ha sido la mejor opción que el Estado mexicano escogió para reemplazar el sistema de reparto, que ha dejado en manos de sociedades mercantiles la administración de las pensiones de los trabajadores mexicanos. No deja de ser preocupante un contrato mercantil que no brinda garantías futuras al estar los recursos sujetos a pérdidas o ganancias. Además, puede suceder que las sociedades sean incapaces de responder por las cantidades que ma- nejan y el Estado tendrá que absorber los riesgos, con lo que ello significa. Sin embargo, no es claro que el Estado vaya a asumir sus compromisos
Las políticas de protección social frente a los retos del envejecimiento... /Gloria Moreno Álvarez de garante de las pensiones, cuando lo que ha hecho es descargarse de su compromiso con el financiamiento de los sistemas de pensiones.
En opinión de otros autores, se ha exagerado el envejecimiento demo- gráfico en la literatura, sobre todo si observamos las economías cuya tasa de dependencia es alta y no han sufrido una reducción del ritmo de creci- miento de la economía o una caída de su PIB, provocado por la reducción de nuevos activos al mercado. Muñoz de Bustillo avanza que el pago de las pensiones futuras no se derivará de una insuficiencia de recursos, sino de la distribución de la riqueza, porque en todas las sociedades de todas las épocas se ha tenido que hacer frente al problema del mantenimiento de las personas de edad avanzada y no solamente las familias han respondido por ellas, por lo que:
No dejaría de ser una paradoja difícilmente asumible que, en un momento en el que la capacidad de creación de riqueza de las sociedades occidentales es inconmensurablemente mayor que en el pasado, se considere que los sistemas de previsión social para la tercera edad son insostenibles (Muñoz de Bustillo, 2000).