Equidad y excelencia educativa, claves para la calidad de la educación inclusiva

Lograr una educación inclusiva de calidad, implica alcanzar el equilibrio entre excelencia y equidad (UNESCO, 2008), ya que no se puede concebir que una educación sea de calidad sólo para una minoría de estudiantes cuando hay otros que quedan marginados del derecho de aprender en niveles de excelencia.

En este sentido, Cano (2009) sostiene que la equidad es un componente intrínseco de la calidad, señalando que:

Una educación que no cumpla los principios marcados por la constitución de igualdad de oportunidades, de no discriminación, (…) no podría ser nunca de calidad. Una formación sin equidad no será nunca, por más elevados que sean los resultados académicos medibles de ciertos alumnos, una educación de calidad. (p.199)

Por tanto, lograr la calidad educativa requiere asegurar que todos los alumnos aprendan en niveles de excelencia que les permitan en el futuro tener una participación activa en la sociedad.

Ello sólo será posible en la medida en que los sistemas educativos se tornen más equitativos, es decir, cuando sean capaces de generar políticas de equidad con las cuales logren compensar las desigualdades económicas y sociales que aumentan drásticamente las diferencias en el aprendizaje de los alumnos y con ello minimicen los efectos derivados de las circunstancias personales, familiares y contextuales de los estudiantes, que tanto afectan a su aprendizaje. En este ámbito, existe una tendencia por confundir los términos equidad con igualdad, ya que ambos están estrechamente relacionados. Sin embargo el concepto de equidad es más amplio pues incluye dos principios antagónicos: el de igualdad y el de diferenciación (Blanco, 2006; UNESCO, 2007). Es decir, para que haya equidad se requiere de un criterio diferenciador que permita ajustar los recursos educativos a las particularidades de cada estudiante permitiéndoles estar en igualdad de condiciones para beneficiarse de sus derechos y de las oportunidades que se les brindan, es decir: “La educación debe tratar de forma diferenciada lo que es desigual en el origen para llegar a resultados de aprendizaje equiparables” UNESCO-OREALC (2007). No se trata de dar lo mismo a todos, sino que dar en función de las necesidades de cada uno.

Lo que se intenta evitar es, que la educación se convierta en un factor más de reproducción de las desigualdades sociales y económicas de origen de los estudiantes, ya que éstas condicionan fuertemente el desarrollo y el logro de la excelencia en sus aprendizajes. Por ende, la educación inclusiva de calidad aboga por el aseguramiento de la equidad de los sistemas educativos en tres dimensiones: los accesos, los procesos y los resultados, de manera que estas circunstancias personales o socioeconómicas de los individuos no impidan el desarrollo de su potencial educativo.

En este sentido, alcanzar la excelencia en los aprendizajes implica que todos los estudiantes, según sus posibilidades, puedan desarrollar al máximo sus potencialidades y las competencias establecidas en el currículo escolar, necesarias para su integración próspera en la sociedad (Marchesi y Martín, 2014, UNESCO, 2008). Para lograrlo, es imprescindible que el apoyo educativo y los recursos se brinden de una manera personalizada a las necesidades de cada estudiante, con el fin de igualar las oportunidades.

Sin embargo, lograr la excelencia de los aprendizajes para todos, supone una mayor exigencia para el logro de la equidad, puesto que son numerosas las evidencias que constatan que los resultados obtenidos por los estudiantes se encuentran fuertemente condicionados por el nivel socioeconómico y cultural de sus familias (Bonal, 2012; Demeris, Childs, y Jordan, 2008; Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2015, MECD, 2013c; Pedró, 2012), es decir, que a

mayor nivel socioeconómico y cultural de las familias, mejores resultados y mayores expectativas educativas para el alumno y viceversa. Revertir esta relación se ha convertido en el mayor desafío para los sistemas educativos inclusivos a nivel mundial.

En el caso concreto de Cataluña, uno de los retos actuales del sistema educativo es combatir las desigualdades entre los resultados de aprendizaje obtenidos por la población de alumnos inmigrantes y los alumnos nativos (Albaigés et al., 2013; Bonal, 2012) como también, la desigual distribución del alumnado inmigrante en las escuelas catalanas, lo que ha acentuado la segregación de este colectivo en los centros educativos de nivel socioeconómico bajo, ocasionado por diferentes motivos como por ejemplo la concentración residencial, la tendencia a la agrupación con sus homólogos, el efecto de huida de las familias autóctonas que buscan escuelas con menos alumnos extranjeros, entre otros (Bonal, 2012), con los consiguientes riesgos educativos y sociales que este fenómeno conlleva.

El desafío que supone combatir las desigualdades educativas, no tiene que ver solo con aplicar un conjunto de medidas técnico pedagógicas, sino que es doblemente complejo ya que, como mencionamos en el primer capítulo, posee un profundo trasfondo social, que explica las influencias de las relaciones de poder que se dan en los centros y en las aulas y que son la base de la estructura que potencia la reproducción social (Murillo, 2008).

Por lo tanto las respuestas surgirán en la medida en que nos cuestionemos “la estructura de la exclusión” (Slee, 2012:161), a través de un cambio en la mentalidad de la sociedad en general y de los gobiernos en particular, que implique un convencimiento genuino del derecho a la igualdad de oportunidades para todos. Este menester quizás explique el por qué medidas como las reformas educativas y la provisión de recursos económicos no han sido suficientes para lograr mejoras en los resultados de aprendizaje de todo el alumnado.

He aquí un nudo gordiano al que se enfrentan los sistemas educativos en todo el mundo: el poder armonizar el desarrollo de escuelas democráticas y equitativas dentro de una sociedad neoliberal cuyo modelo se basa en el individualismo, la competencia y la productividad (Santos Guerra, 1999). Asimismo la existencia de leyes, políticas, estructuras de financiación y sistemas políticos fuertemente arraigados que actúan perpetuando el status quo de reproducción de las desigualdades (Fisher et al., 2002; Slee, 2012). Esta enorme contradicción es la principal barrera con que se enfrenta la educación inclusiva, en sus intentos por asegurar la calidad y equidad educativas.