“Desarrollo sostenible significa que las necesidades de las presentes generaciones deben alcanzarse sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para cubrir sus propias necesidades. Es un objetivo de la Unión Europea establecido en el tratado, y que gobierna todas las políticas y actividades de la Unión. Se trata de salvaguardar la capacidad de la tierra para albergar vida en toda su diversidad; y se basa en los principios de democracia, equidad de género, solidaridad, el imperio de la ley y el respeto a los derechos fundamentales, incluida la libertad y la igualdad de oportunidades para todos. Procura la mejora continua de la calidad de vida y el bienestar en la tierra de las generaciones presentes y futuras.” (EU, 2006:2)
cuestiones sociales y ambientales más importantes han sido despachadas de un vistazo superficial. La UE también está sacando partido del hecho de que el proceso de los EPA le permita negociar en bloques aislados o incluso en forma individual con economías más débiles y vulnerables. Esta situación ha impulsado a competir entre sí a algunos de los países más pobres del mundo, haciendo retroceder los procesos de integración regional y permitiendo a la UE ser dura e inflexible para conseguir mayores concesiones de comercio. Aún así, los mercados de la UE ya están bastante abiertos a las exportaciones de los países ACP. Esto significa que la UE no tendrá que realizar muchos cambios, aunque existan alteraciones con respecto al arroz y al azúcar. Sin embargo, es improbable que Europa experimente algún tipo de retroceso económico como consecuencia de los EPA.
Más aún, parece que el contenido final de cada EPA dependerá más de la habilidad negociadora del país, o de los países en cuestión, que de sus necesidades económicas y de desarrollo. Un análisis realizado por el UK’s Overseas Development Institute (Instituto de Desarrollo de Ultramar de Reino Unido) señala que “Algunos de los países más ricos entre los enumerados tendrán que adaptarse rápido, pero también tendrán que hacerlo los más pobres. La imagen que se presenta es coherente con la hipótesis de que los países tienen entre manos unos tratados que reflejan su capacidad negociadora: que los países que conocen sus intereses y son capaces de negociar duro han obtenido mejores condiciones que los que carecen de estas características”.
Un análisis de los diferentes tratos alcanzados con países del África del Oeste y África Central en relación con las restricciones a la exportación demuestra que surgen variaciones entre diferentes EPA y evidencia las consecuencias que podría tener para los bosques de África, para la biodiversidad y para las comunidades cuya existencia depende de los bosques una aplicación amplia de los EPA. Tomemos como ejemplo Camerún. Mientras hay un capítulo sobre la tala ilegal incluido en los EPA parciales, similar al vigente en la UE, parece que Camerún debería levantar muchas de las restricciones sobre la exportación de madera dispuestas para asegurar el valor agregado mediante procesos de transformación e impedir la exportación de ciertas especies. Es difícil que así se desaliente la tala ilegal.
Por otra parte, probablemente por haberse adaptado bien a las negociaciones, Ghana parece haber logrado escapar a la condición de tener que levantar las restricciones a la exportación de maderas. En cualquier caso, parece ser uno de los pocos países que ha logrado gestionar bien este asunto. Costa de Marfil, su país vecino y el otro único país en África del Oeste que ha firmado un EPA parcial, lo ha arreglado de forma diferente. Parece que las restricciones cuantitativas sobre las exportaciones de madera, según los términos acordados en su EPA, deberán desaparecer. Indicaciones similares aparecen en otros EPA parciales. A largo plazo, es previsible que la aplicación de restricciones sobre la exportación de madera -para generar su transformación in situ, a la vez que para proteger la biodiversidad- desaparezca de forma generalizada a nivel pan-africano.
En conjunto, se puede argumentar que todo el impulso de los EPA entra en conflicto directo con los dos compromisos de la UE de promover el desarrollo sostenible y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que exigen la erradicación del hambre y la pobreza, y la protección de la sostenibilidad ambiental. En este sentido, los tiempos establecidos para las negociaciones de los EPA no podrían ser peores. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, hizo recientemente la observación de que África permanece “fuera de la senda” necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos del desarrollo” (ONU, 2008).
La forma neo-colonialista de la UE de abordar las negociaciones de los EPA es completamente inaceptable, dado que afecta a potenciales acuerdos con las economías más pobres y más vulnerables del mundo. A largo plazo, los EPA y otras modalidades similares amenazan con reducir las zonas boscosas y la biodiversidad de África. La consecuencia general es que la existencia y los modos de vida de las
comunidades africanas que dependen de los bosques están amenazados; y que los riesgos planteados por el cambio climático que, especialmente en el trópico, pueden ser mitigados por la presencia de los bosques no hacen más que aumentar. (Friends of the Earth International, FOEI, 2008).
Los EPA, al igual que otros tratados de libre comercio, efectivamente mercantilizan los recursos naturales, relegándolos al nivel de mercancías, en lugar de considerarlos como bienes públicos que deben ser
protegidos. Fundamentalmente, la liberalización del comercio significa la apertura de un número creciente de sectores a la vez que se limita la intervención del Estado. Los tratados de liberalización del comercio como los EPA encierran a los países en un modelo económico irreversible basado en la exportación de materias primas.
Las negociaciones EPA deberían detenerse y aquellos acuerdos que ya han sido firmados deberían revocarse. A cambio de eso, la UE y sus Estados miembros deberían concentrarse en la creación de un
verdadero y equitativo partenariado con los países ACP, asegurando el apoyo práctico y financiero a los países ACP para que puedan desarrollar sociedades genuinamente justas y sostenibles.
Los países ACP deberían ser capaces de mantener su soberanía y su espacio para marcar políticas que incluyen el uso apropiado de sus propios recursos naturales. Deberían ser capaces de utilizar la regulación de inversiones, las barreras arancelarias y las restricciones a las exportaciones para promover el desarrollo económico local, equitativo, sostenible y proteger sus recursos naturales. Ciertamente, la UE no tiene el derecho de acceso automático a las materias primas de otros países. Más que intentar eso, debería intentar poner en marcha una inmediata y profunda revisión de sus estrategias de comercio, poniendo al desarrollo sostenible y el ambiente de los países pobres como primer punto de su agenda; y comenzar a dar, urgentemente, los pasos para desligar su propia economía del despilfarro de recursos utilizados y de la dependencia de los combustibles fósiles. No debería haber ninguna necesidad de usurpar los recursos naturales de África.
Finalmente, con relación a negociaciones intergubernamentales como estas, existe una necesidad acuciante de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas para asegurar el desarrollo de unos acuerdos que reflejen plenamente las necesidades de las personas que viven en los países ACP y en otros países en desarrollo.