PROFESIONAL
En América Latina y el Caribe la presen- cia de la CI fue decisiva en el origen, desarrollo y consolidación de las IFP que recibieron fuerte respaldo financie- ro y técnico de los organismos interna-
cionales multilaterales (el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] y OIT principalmente), los ban- cos multilaterales y las cooperaciones bilaterales, sobre todo europeas (Weim- berg, 2008). Desde equipamientos hasta modelos de aprendizaje, pasando por la formación de docentes y técnicos y, en general de los recursos humanos de las IFP, ha sido favorecida por los diversos programas de cooperación (Cinterfor, 2008).
Los años noventa del siglo pasado fue- ron escenario de un profundo viraje res- pecto a la presencia de la CI en la FP en la región. La CI dirigida hacia los IFP no sólo vio mermados sus fondos por el es- tancamiento general de la cooperación en la región, sino también porque los fondos se orientaron hacia otro tipo de programas de FP (Jacinto, 2008).
Las IFP vieron limitada la asistencia téc- nica de la OIT debido a que ésta descan- saba sobre los fondos de PNUD, cuyos recursos financieros disminuyeron sensiblemente. Simultáneamente, han comenzado a intervenir, cada vez de manera más intensa, la cooperación ja- ponesa (Japan Internacional Coopera- tion Agency [JICA]) y coreana (Korea International Cooperation Agency [KOI- KA]); este fenómeno se advierte princi- palmente en los países del istmo centro- americano y República Dominicana. También estuvo en constante crecimien- to la cooperación sur-sur (Weimberg, 2008).
En particular, los créditos de organis- mos multilaterales, en los años noventa, alcanzaron un nivel inédito en cobertura y magnitud, se concentraron en algunos otros ejes tales como la educación bási- ca (Ministerios de Educación) y los pro- gramas de lucha contra la pobreza (Mi- nisterios de Asuntos Sociales y/o de Trabajo). Entre estos últimos, fueron muy importantes los orientados a la ca- pacitación de jóvenes desempleados (BID). Estos créditos por su envergadura tuvieron la característica de influir fuer- temente en la agenda y formatos de las políticas públicas del período al mismo tiempo que se vinculaban al marcado endeudamiento de los países latino- americanos4. Asimismo, el mecanismo
de otorgamiento de créditos internacio- nales funcionó como un instrumento de transferencia de modelos de políticas públicas de FP.
El traslado del apoyo desde las IFP hacia otros agentes de la FP no sólo se debió al énfasis dirigido hacia programas de lucha contra la pobreza sino que tam- bién se promovió un modelo de finan- ciamiento a FP al margen de las IFP y una diversificación de actores de la for- mación.
Un ejemplo claro de estos nuevos énfa- sis y operatorias fue la adopción de un modelo de FP denominado «orientado por la demanda» (demand driven). Esto se refiere a que los cursos se deben di-
señar a partir de demandas concretas de ocupaciones en el mercado de tra- bajo. Se opuso este modelo a aquel «orientado por la oferta», que alude a cursos que se brindan regularmente sin mayores ajustes a demandas concretas del mercado de trabajo, que se sostenía, era la orientación de muchas de las ac- ciones de las IFP. Justamente, los gran- des créditos vinculados a los programas de capacitación de jóvenes financiados por el BID en los años noventa, instala- ron la licitación de cursos a diferentes proveedores, para seleccionar a las enti- dades ejecutoras. Los estados, a través de los Ministerios de Trabajo o directa- mente desde Unidades ad hocdepen- dientes de la Presidencia, intervinieron en el diseño global de los programas, la selección de las entidades capacitado- ras, la supervisión, y la evaluación. Pero se descentralizó la ejecución de los cur- sos, subcontratando a una diversidad de instituciones y organizaciones públi- cas y privadas, tales como sindicatos, OSC técnicas (algunas con una larga tra- yectoria en el terreno y otras de reciente creación), y entidades privadas de capa- citación. En el capítulo sobre FP, se refle- xiona sobre las debilidades de este mo- delo, que tendió a diversificar la oferta pero también a fragmentarla.
En paralelo, el fuerte peso dado a los programas sociales de lucha contra la pobreza (para aliviar los costos sociales del llamado «ajuste estructural») dio ori-
4 En prácticamente todos los países de la región, los pagos anuales del servicio de la deuda son equiva-
gen a la emergencia de otras alternati- vas de FP. En el marco de los Ministerios de Asuntos Sociales, y contando tam- bién con el financiamiento de agencias multilaterales de cooperación, se ha desarrollado otro modelo de financia- miento, a través del cual, tanto OSC, como fundaciones, congregaciones reli- giosas (especialmente la Iglesia católi- ca), instituciones nacionales de forma- ción, gobiernos locales, etc., reciben subsidios del Estado para desarrollar programas de FP destinados a desem- pleados, poblaciones rurales, jóvenes, etc. En estos casos, la capacitación se concentra en el sector informal, el auto- empleo y/o la generación de microem- prendimientos. Estas instancias pueden proveer espacios de participación social a los pobres pero frecuentemente se ha cuestionado la baja calidad técnica de sus cursos y su escasa claridad en cuan- to a los resultados esperados en térmi- nos de empleos concretos (Jacinto, 2002). Algunos de estos cursos de for- mación estuvieron dirigidos al desarro- llo de capacidades emprendedoras ge- nerales, sin un verdadero anclaje en la capacitación en oficios específicos. Asi- mismo, en reiteradas oportunidades se observa que no se ha tenido en cuenta si la población meta tiene experiencia o características personales afines a la conducción de un emprendimiento pro- pio (Jacinto, 2002b). En este tipo de polí- ticas de «lucha contra la pobreza» y de promoción de microemprendimientos, las estrategias suelen orientarse a la creación de fuentes de ingresos para los pobres, en lugar de hacia el desarrollo
de microemprendimientos formales perdurables.
De este modo, puede argumentarse que importantes programas de la CI no con- tribuyeron al fortalecimiento de la insti- tucionalidad tradicional de la FP durante esos años sino a la conformación de una FP en paralelo.
En estos mismos terrenos, otros coope- rantes, en particular europeos comenza- ron a intervenir en la escena regional con fondos de envergadura por esos años, como COSUDE y AECID. Al mis- mo tiempo, otros ya venían intervinien- do, lo hacían de manera más acotada, apoyando proyectos piloto, desarrollo institucional y asistencia técnica a go- biernos, como GTZ (Jacinto y Lasida, 2008). Hacia los años 2000, nuevos vira- jes tendieron a cambiar los ejes y las modalidades de cooperación, como se verá a continuación.
III. LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS