Fallas y barreras en lo administrativo Hay que indicar que la gestión administrativa de las E.P.M.B., estaba estructurada en cinco áreas de servicios

las cuales fueron descritas en el capítulo primero de éste trabajo, no obstante; las fallas a describir y analizar en las siguientes líneas serán las más relevantes por su trascendencia en la incidencia de la crisis en la prestación del servicio público de agua en la ciudad, la cual estaba en manos de las E.P.M.B.

Así mismo se dedicará un aparte de este capítulo, a las fallas cometidas en la gestión de seguimiento y control de los entes gubernamentales en las

43

actividades desplegadas por las empresas y la intromisión de la clase política dirigente local en el manejo de las mismas.

En primera medida hay que mencionar que las fallas en el aspecto administrativo de las E.P.M.B., estaban ligadas a los deficientes manejos gerenciales de los admistradores de turno, y que se pueden relacionar así:

a) No existían manuales de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas y equipos de la Entidad.

b) Existía interferencia externa en el manejo del personal lo cual impedía la aplicación del reglamento de manera eficaz.

c) Las E.P.M.B., carecían de recursos económicos para adquirir las sustancias químicas necesarias para el tratamiento del agua lo que evidenciaba la falta de políticas financieras en esta materia.

d) No existía un laboratorio para controlar y brindar la calidad del agua tratada.

e) No contaban con un Plan de Desarrollo Institucional para la expansión de la red de acueducto y alcantarillado, ya que éste se realizaba conforme a la creación de urbanizaciones particulares.

f) No existía una medición exacta del volumen y porcentaje de pérdidas del líquido por cuanto no había un adecuado sistema de micro y macro medición. Es necesario indicar que la micro medición es el volumen de agua suministrado a los usuarios, la cual era incorrecta y desordenada, pues no existían medidores en algunas viviendas que contaban con el servicio; y la macro medición hacía referencia a la cantidad o volumen de agua que era tratada desde la planta, y la cual no era posible contabilizar adecuadamente, debido a las fugas de agua por tuberías en mal estado.

Una de las áreas de mayor relevancia en la gestión administrativa de las E.P.M.B, fue el área comercial, que como ya lo hemos expresado era la encargada de interlocutar de manera directa con los usuarios, por cuanto a través de ella se adelantaban las tareas de medición de consumos, generación

44

de facturas, tramites de peticiones quejas o reclamos de los usuarios, entre otras.

Esta área, para mediados de 1980 adelantaba sus labores con un sinnúmero de carencias, que afectaban las dinámicas propias de la entidad y que se evidenciaban principalmente en la nula capacitación con las que contaba su personal técnico y administrativo.

Además de lo anterior, esta área carecía de instalaciones adecuadas para prestar sus servicios, no contaban con manuales de procedimientos para tramitar quejas y reclamos de los usuarios y tampoco contaba con una clara política de corte y reconexión del servicio de agua.

Sumado a lo anterior, otra compleja falla que golpeó grandemente a la entidad en sus finanzas, fue sin duda la opción que asumió la ciudadanía en el no pago de las facturas de cobro de los “servicios prestados”, éstos generados por la entidad a los usuarios que tenían instalados en sus viviendas medidores de consumo, y los cuales no pagaban por que dichas facturas reflejaban consumos que no correspondían a la realidad del servicio recibido.

La opción del no pago, fue utilizada como un medio de protesta contra la entidad, no solo por los usuarios que tenían medidores en sus residencias sino también por aquellos que se les generaba el cobro de manera colectiva, como fue el caso de los habitantes del barrio La Pradera, al cual se hará referencia más adelante.

De esta modalidad de protesta o manifestación de descontento social, el señor Israel Barreiro Delgado ex concejal de Barranquilla para el periodo 1978-1980, entrevistado por el autor del presente trabajo, fue testigo presencial y así relató su experiencia al respecto:

“Las reclamaciones de la población era casi a diario, por la mala prestación de los servicios ya mencionados, me refiero básicamente a aseo y agua potable. Una buena parte de los sectores barriales, en señal de protesta porque que el agua no llegaba todos días sino esporádicamente o por ratos, en eso se manifestaba el mal servicio, pues no pagaban las facturas, entonces ese fue un factor también que debilitaba a las empresas públicas”. (Barrero, 2015)

45

Por otro lado y en materia de atención de los usuarios, ya sea para la instalación del servicio, trámites de quejas y reinstalaciones después de los cortes, los ciudadanos requerían la inversión de gran cantidad de tiempo y papeleos innecesarios, lo que desmotivaba al mismo y generaba inconformismos.

Un caso único que demuestra la improvisada gestión administrativa de las E.P.MB, lo constituyó la poca planeación en la extensión y creación de las acometidas, las cuales eran realizadas conforme se creaban urbanizaciones en la ciudad, mas no bajo un estudio estricto del crecimiento paulatino de la misma. Esto se evidencia, por ejemplo; en la forma como fue instalado el servicio de acueducto en el barrio La Pradera de esta ciudad, ubicado en el suroccidente de Barranquilla (Ver Anexo 3. Mapa de Barranquilla) y que en sus inicios tuvo una connotación tugurial. (Ver Anexo 4. Mapa del barrio La Pradera).

Este barrio, carecía completamente del servicio de acueducto y sus reclamos iban más allá de una simple infraestructura, es decir; buscaban se le reconociese su derecho fundamental a la vida, amenazado por la falta de éste importante líquido.

Para 1983, los fundadores del barrio conformaron un Comité Cívico que para esta fecha no ostentaba su reconocimiento legal, el cual consistía en la expedición de su personería jurídica, por parte de la Cámara de Comercio de la ciudad. Es así como este pequeño grupo de personas, se abroga la tarea de la construcción por sus propios medios del acueducto y un medidor propio, siendo esto un caso atípico conocido por el autor de este trabajo. Así lo expresó Wilson Díaz:

“Ese Comité nació de la iniciativa de tres personas del barrio, que para 1983 estaba habitado por 260 habitantes, y éramos los señores José Pinzón Salas, Gabriel Rodríguez el cual ya falleció, y mi persona. Nosotros fuimos quienes gestionamos diversas cosas para la comunidad y logramos el reconocimiento jurídico de este comité en el año 1985 mediante Personería Jurídica Nº 577 de noviembre 26 de 1985.

El barrio empezó la construcción de su acueducto comunitario a finales del año 1982 y el Comité Cívico fue creado con el objeto de mejorar la calidad de vida en el barrio, el cual sufría el problema de que el agua no era apta para el consumo humano. Nosotros teníamos agua desde 1983 cuando empezamos a tener agua en el barrio por tubería que fue la que el Comité Cívico llevó a las casas (Ver Anexo 5. Comunidad trabajando) pero esto no era constante, y era irregular pues

46

dependíamos de La Parris, urbanización gerenciada por David Parris quien era un empresario norteamericano dedicado al mercado de la construcción.

Esta urbanizadora le permitió al Comité Cívico que su tubería se pegara de la suya con una tubería menor, cuando ella abriera el hidrante. Después Nosotros adquirimos un acueducto comunitario que empezamos a construir a finales del año 1982, que era administrado por el Comité Cívico y creamos un acueducto independiente, venia un solo recibo para el barrio y el comité lo pagaba y cobraba mensualmente a los habitantes del barrio La Pradera. Nosotros gestionamos la construcción del acueducto y la E.P.M.B nos permitió tener el contador y nos dio el permiso para el funcionamiento y nosotros por cuenta nuestra pagábamos las acometidas a las casas de lo que recaudábamos por el servicio mensualmente. Nosotros le pagábamos a la persona que hacia el mantenimiento de las redes y a la que hacia el cobro mensual de la factura y el restante lo pagábamos a las E.P.M.B.

Cuando se presentaban inconvenientes con el servicio, el Comité Cívico gestionada todo de manera personal ante las E.P.M.B., éramos un comité cívico que nos valíamos de medios de protesta pacífica. Actuábamos de manera independiente y no nos mancillábamos con ningún político”. (Díaz, 2015)

Para el 17 de julio de 1987, el Comité Cívico del barrio la Pradera y las E.P.M.B; en cabeza de Marina Sanmiguel De Melo quien posaba como Gerente General de la entidad, suscribieron contrato de prestación de servicio de acueducto donde se refleja lo manifestado por el señor Wilson Díaz Vásquez en relación al mantenimiento, facturación y prestación del servicio público del agua en el sector. (Anexo 6. Copia factura).

La experiencia del barrio La Pradera fue un caso único conocido por el autor, ya que en el barrio Galán (Anexo 7. Mapa del barrio La Pradera) por ejemplo, la instalación de los servicios se debió en gran medida a la gestión adelantada por la comunidad en cabeza del el ex concejal y ex diputado Israel Ortigoza quien afirmó en conversación con el autor de este trabajo, que “las acometidas de la red de acueducto y alcantarillado fueron instalados en el barrio a todo costo y solo hasta 1992”. (2015) Lo anterior expuesto, se diferencia de la

experiencia del barrio La Pradera debido a que sus habitantes por medio del comité cívico, sufragaron todos los gastos de acometidas y medidor.

Ortigoza fue representante de las comunidad en el cabildo municipal y departamental a finales de los años setenta y principio de los ochenta, en razón a su condición de dirigente del Partido Comunista Colombiano en la ciudad y, manifestó en la entrevista que en pocas ocasiones, la comunidad del barrio, utilizó vías de hecho como protesta o mítines, ya que él y sus colegas en el Concejo dirimían las quejas en relación a la prestación del servicio público de

47

agua de manera directa con el gerente de la Entidad, quien los recibía y tramitaba sus inquietudes.

Una falla más en las E.P.M.B., que generó deficiencia en la prestación del servicio de agua en la ciudad, estaba representada en el manejo financiero por parte de sus directivas; la cual siempre estuvo bajo la sombra de empréstitos extranjeros para su capitalización, pues ésta no lograba recaudar suficientes recursos para su funcionamiento, debido a las razones ampliamente expuestas en líneas anteriores.

Las E.P.M.B, para la década de los ochenta presentaban deficiencias en la elaboración de sus estados financieros, los cuales eran realizados de manera rudimentaria, ya que el área de contabilidad y finanzas no contaba con un manual de contabilidad, tal cual como lo señaló el informe final del diagnóstico citado por Bernal, así como tampoco contaba la entidad con las herramientas o equipos necesarios para recopilar la información de ingresos y egresos, siendo difícil establecer a ciencia cierta los dineros con los que contaba las E.P.M.B, y que probamente propiciaba una fácil desviación de estos.

De esto último da cuenta el otrora Gerente de las E.P.M.B., entre 1989–1990, Álvaro Dugand Donado, quien fuera entrevistado por el Diario El Tiempo para septiembre de 1990 y a la pregunta ¿Cuál de todas las denuncias considera

usted que es la más grave? Respondió: “Esta descomposición moral apunta a

que se utilizan intermediarios para suministros en la empresa. El comercio organizado no cotiza directamente por razón de la mala fama en los pagos de las Empresas y utiliza intermediarios que recargan en un 100 por ciento las cotizaciones; hay hurtos continuados en los almacenes; falsificaciones de recibos de impuesto predial y de servicios; sustracciones en las cajas, etc.”. (Ardila, 2015)

Las E.P.M.B, no contaban con unos estados financieros conforme los exigían las normas convencionales en esta materia para la época, que dieran fe del adecuado recaudo e inversión de los dineros de las empresas.

48

Un último aspecto que condujo a la crisis de la prestación del servicio público de agua en Barranquilla lo constituye, sin duda, que los grupos políticos de la ciudad convirtieran la entidad en su fortín clientelar, donde pagaban los favores electorales, vinculando laboralmente a la misma, personas para que ejercieran laborares tanto administrativas como en el área técnica.

Para febrero de 1984, el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público; doctor Edgard Gutiérrez Castro durante su visita a la ciudad de Barranquilla y en declaraciones concedidas a El Heraldo, reveló que en materia de servicios públicos: “el gobierno nacional no está dispuesto a financiar proyectos de ensanche para las Empresas Públicas Municipales de Barraquilla mientras la entidad no sea despolitizada” (…) y que, “para el caso de Barranquilla hay problemas debido al desorden administrativo y las presiones políticas que hay en tales organismos”, y sigue aseverando: “… es necesario sanear a fondo las Empresas Públicas de Barranquilla y alejarla de las presiones políticas”. (Cervantes, 1984)

No es un tema oculto que los grupos políticos fuertes en la ciudad para la época, controlaban ciertas entidades municipales y tenían incidencia directa en el nombramiento de su personal y que tuvieron el control burocrático de las E.P.M.B., como fue por ejemplo el caso del senador Pedro Martín Leyes que para la segunda mitad de la década de los ochenta (Bernal, 1991), mantuvo el control sobre el particular en la entidad. Además de ello como ya se indicó en el capítulo anterior, en la figura del Alcalde Municipal reposaba la responsabilidad de nombrar algunos delegados de la Junta Administradora de las E.P.M.B, de ternas enviadas por los grupos que tenían asientos en dicho órgano.

Sólo hasta principios de los años noventa, se conoció por medio de la prensa escrita en especial el Diario El Tiempo, que: “La Procuraduría Departamental y Provincial habían ordenado la destitución de tres ex alcaldes de Barranquilla, cuatro ex gerentes generales de las Empresa Públicas Municipales, ocho ex miembros de la Junta Directiva, un ex tesorero y dos ex auditores, pues omitieron tomar decisiones que permitieran lograr los objetivos específicos del

49

ente”. (El Tiempo, 2015) Todo esto para indicar, que los malos manejos administrativos de los Gerentes y demás miembros de la Junta Administradora, sí incidieron negativamente en el buen funcionamiento de la Entidad y constituyeron un factor de su extinción. Sin embargo, es necesario aclarar que en lo atinente a este punto, no se tuvo acceso a documentación oficial que permitiera conocer fallos que impusieran penas ya sea privativas de la libertad o pecuniarias a los ex miembros de la Junta Administradora o Ex Alcaldes, por actos de corrupción o malversación de recursos en ésta entidad; ocurridos durante la década de los ochenta, pero ello no obsta para descartar que se hayan presentado este tipo de conductas en manos de ex directivos o funcionarios, ya que estas conductas si se dieron según las muchas publicaciones del importante diario de circulación nacional citado anteriormente, a las cuales no restamos importancia.

Esta polaridad de la prestación del servicio de acueducto como negocio versus servicio público propiamente dicho, queda en evidencia cuando se realiza el análisis de la incidencia del clientelismo en la distribución y comercialización del agua, y es que por ésta anomalía, el municipio dejaba de percibir recursos económicos del gobierno nacional por el temor que expresaba este último a que no se invirtieran los dineros en los objetivos misionales de la entidad en la ciudad; las aseveraciones de un ministro de la época y tenidas en cuenta en este planteamiento, reafirman nuestra posición.

Y es que aquellas fallas no se encontraban huérfanas, por ejemplo, para la época, en sectores del suroccidente de la ciudad el agua era llevada en carro tanques y vendida a las comunidades. Esto representaba una actividad económica apetecida por su alta rentabilidad que significó un negocio grande en pocas manos y de particulares, quienes la vendían a muy altos precios a la ciudadanía en comparación al valor que se la compraban a las E.P.M.B., lo que alimentó también el descontento social para con la entidad.

Esta situación se vio reflejada en declaraciones dadas en rueda de prensa realizada el 4 de agosto de 1990 por. Yaneth Cecilia Suárez, Auditora de las E.P.M.B:

50

“Exijo claridad sobre el negocio de la venta de agua a carros tanque particulares que cargan cada viaje por $300 en la boca toma del acueducto y que luego venden en los barrios populares a precios que fluctúan entre los doce mil y quince mil pesos. También pidió respuestas del porqué entre las cinco y las ocho de la mañana los carros tanques reciben el líquido en forma gratuita”. (Semana, 1990)

Este tipo de prácticas las sufrió la ciudadanía de estratos bajos, quienes se vieron obligados por la supervivencia, a comprar un líquido servido en latas, a altos costos7 y en condiciones insalubres8, tal cual lo manifestó el ex alcalde de la ciudad Bernardo Hoyos Montoya y que en relación a este tema indicaba que en algunas ocasiones en esas aguas: “… venían larvas y pescaditos o peces pequeños y la mayoría de gente se abastecía de carro tanques y el agua se tomaba directamente del río”. (Hoyos, 2015, entrevista) Lo que permite afirmar

que sus condiciones no eran aptas para el consumo humano.

Más aún, son inexplicables las razones por las cuales la entidad prefirió alimentar ésta práctica comercial que afectó las finanzas de la misma, debido al bajo costo en que le vendía el líquido a los mercaderes de los carro tanques, lo que representó a las E.P.M.B., mermar su inversión en tuberías, conexiones y medidores para beneficiar a la población y fortalecer las empresas.

Sin embargo, no podemos dejar de decir, que este tipo de prácticas tenía sin lugar a dudas sus raíces en la clase política imperante, en especial; en los senadores que la representaban. Para el profesor Bernal citado a lo largo de este trabajo, el Ex Senador Juan Slebi era quien mantenía el control político y clientelar de las EPMB, para 1988, lo que no es difícil imaginar que compartía con otros colegas de la región. Adicionalmente el ex Alcalde de la ciudad Bernardo Hoyos Montoya, quien desde 1984 y gracias a su labor educativa y

7

Esta noticia a manera de ilustración y argumentación: "En las casas donde habitan hasta cuatro personas necesitan por lo menos un tanque de agua que equivale a doce latas, es decir; que tiene que gastar 120 pesos diarios en la compra del líquido, pero hay que tener en cuenta, que en la mayoría de las residencias, habitan de dos a tres familias lo que aumenta el número de habitantes por cada una de ellas a más de doce personas, por lo cual el gasto en la compra del agua se eleva a una cantidad superior a la señalada". Diario del Caribe (1983, 2 de Noviembre), "Carrizal: Sin agua ni alcantarillado y víctima de las epidemias”, Barranquilla, p. 8.

8

Un episodio registrado en El Heraldo, ilustra sobre el particular: El Alcalde de Barranquilla, Hoyos Montoya, ordenó suspender el suministro de agua a través de un pozo profundo, perforado en la prolongación de Murillo hacia Gran Abasto. La decisión fue tomada ante las innumerables quejas de los usuarios por la mala calidad del agua. ‘Siempre he estado en contra de la utilización de esa agua porque los usuarios me manifiestan que es salobre y corta el jabón. Entonces, el agua no es recomendable y al usuario no se le puede dar’, expresó el mandatario. (…).Diario El Heraldo. “Hoyos suspende suministro de agua por pozo”. Miércoles 24 de junio de 1992., p.p. 1ª y 7ª.

51

pastoral en los barrios marginados de la ciudad, lideró un movimiento cívico en