Molyneux (2000) explora la histórica relación entre el Estado y la equidad de género en América Latina. Para esta autora, si bien las dinámicas estatales se encuentran atrave- sadas por tensiones complejas en términos de clase, género y raza, el Estado no está unilateralmente determinado por estas estructuras, sino que cuenta con una «autono- mía relativa». Aunque el Estado está lejos de ser neutral, se constituye en una arena, antes que en un actor, en la cual diversos grupos sociales despliegan sus recursos de poder, disputan y se enfrentan en luchas cuyos resultados no son necesariamente pre- decibles. Para el caso concreto de las relaciones y construcciones de género, el Estado no es neutral pero tampoco es un bastión del poder masculino (Molyneux, 2000: 39). Este enfoque sobre el papel del Estado coincide con el de Skocpol (1995), quien seña- la que los Estados son actores que se encuentran atravesados por diversas tensio- nes. Así, sus objetivos, funcionamiento y políticas concretas no operan de forma «ra- cional» como medios orientados a fines. Antes bien, aunque son influidos por entornos socioeconómicos y sistemas político-constitucionales en los que se desen- vuelven, a la vez gozan de autonomía relativa en tanto arenas de juego particulares. Para el caso de América Latina, Molyneux (2000) señala que el papel del Estado en materia de igualdad de género ha sido conflictivo: ha incidido de manera determi- nante en la configuración de las familias aunque no de manera unívoca ni homogé- nea. Un primer escenario de relaciones Estado-familias refleja una inercia de la for- mación de política pública con respecto a las transformaciones de las prácticas sociales. Un ejemplo histórico relevante lo brinda el «corporativismo populista» lati- noamericano surgido al calor del boomde la sustitución de importaciones entre 1930 y 1950, en países como Argentina, Brasil e incluso México. En ese escenario, la inter- vención del Estado en la economía y el bienestar conllevó arreglos sociolaborales corporativos desfavorables para las mujeres, en tanto crearon brechas salariales y desincentivaron su inserción laboral.
Juliana Martínez Franzoni y Koen Voorend
Por un lado, el Estado explícitamente reconoció los derechos civiles y políticos de las mujeres, pero, por el otro, se acentuaron los desequilibrios distributivos debido a una expansión paternalista del papel del Estado. En ese marco las mujeres fueron beneficiarias de la política social principal o únicamente en calidad de dependientes familiares. Más aún, la autora destaca que detrás del desarrollo de esta política so- cial, existía una construcción cultural que tiende a reforzar la hombría (y por lo tanto el modelo de hombre proveedor) en tanto «orgullo patrio», que legitimaba la subor- dinación femenina al hombre y reproducía la noción tradicional de familias. Más re- cientemente, en gran medida detonado por la crisis económica de los años ochenta, las mujeres irrumpieron masivamente en el mercado laboral, pero las políticas socia- les continúan estando diseñadas para un modelo de familia que sólo representa a dos de cada diez.
Un segundo escenario muestra que la mera existencia de políticas públicas favora- bles a la igualdad de género dentro de la familia no garantiza que las transformacio- nes tengan lugar en una única dirección (Molyneux, 2000). Por ejemplo, desde fina- les de los años ochenta, en el marco de la transición política hacia la democracia, tuvieron lugar importantes avances en materia de reconocimiento de derechos de las mujeres, tales como el divorcio o la asignación de cuotas femeninas para los puestos de elección popular. Al mismo tiempo, sin embargo, las reformas económi- cas neoliberales recayeron de manera desproporcionada sobre las espaldas de las mujeres pobres. La reducción de la participación del Estado en la regulación de la economía y en la prestación de servicios sociales que fueron trasladados al mercado, las ONG y las propias familias conllevó cambios distributivos que generalmente afectaron negativamente a las mujeres.
En el balance, tras el estudio de políticas y escenarios nacionales diversos durante la historia latinoamericana del siglo XX, Molyneux concluye que estamos frente a un fe-
nómeno complejo, condicionado por la existencia de variaciones regionales, espa- ciales y temporales, así como por el tipo de alianzas políticas que se configuraron en cada caso. Estas relaciones complejas entre Estado y prácticas sociales subrayan la importancia de ubicar la distribución de recursos y el reconocimiento de derechos en el marco de regímenes de bienestar diversos, asentados tanto en prácticas sociales como en factores culturales. Ambos dan cuenta de la formación, transformación y re- sistencia de papeles de género tradicionales.
Las relaciones entre Estado y sociedad no pueden abordarse sin dar cuenta del papel del llamado «maternalismo». Durante el siglo XXel maternalismo desafió ideolo-
gías y prácticas patriarcales, mostrando y denunciando el tratamiento de lo femeni- no como diferente en el marco de condiciones de desigualdad, de dependencia y de
exclusión del mundo público (Orloff, 2009). Como alternativa, el maternalismo hizo una exaltación de esa diferencia entendiéndola como una capacidad superior a las capacidades masculinas. Así, el maternalismo, en tanto ideología, discursos, po- líticas y prácticas, enalteció y promovió la capacidad de las mujeres de ser madres y de cuidar y atender a otras personas. Más aún, asoció la maternidad a valores que deberían organizar el conjunto de la sociedad: cuidado, crianza y moralidad (Koven y Michel en Orloff, 2009; traducción propia). El maternalismo es así expresión del femi- nismo de la diferencia (Fraser, 1994). Cuando se extiende a la política social, se ex- presa en una validación de criterios directos de acceso asociados a la maternidad (en contrapunto con, por ejemplo, la dependencia económica de las mujeres que son madres).
En su análisis de los países europeos, Glass y Fodor (2007) distinguen entre materna- lismo público y maternalismo privado. Bajo el primero los cuidados son proporcio- nados a las familias y a las personas por el Estado. Por ejemplo, existen licencias por maternidad y paternidad y servicios públicos de cuidado infantil. Bajo el segundo, el mercado y las propias familias constituyen las principales instituciones que brindan los cuidados. Por ejemplo, la atención de niños/as y personas adultas mayores debe ser comprada o realizada mediante trabajo no remunerado (Glass y Fodor, 2007). Desde fines del siglo XIX, el maternalismo ha influido fuertemente en la política social
latinoamericana, en gran medida debido a la influencia de la Iglesia católica. Esta ins- titución representa «la tradición ética más vieja e influyente en la región latinoameri- cana, [y que] provee un protocolo básico para el desempeño apropiado de hombres y mujeres, la función y naturaleza del matrimonio y la familia, y el significado de la reproducción» (Htun, 2003: 30-31; traducción propia). Esta tradición promueve las di- ferencias de género en el marco de relaciones jerárquicas bajo la supremacía mascu- lina, y promueve la permanencia de la división sexual tradicional del trabajo entre hombres y mujeres. Su maternalismo es, por lo tanto, patriarcal.
En los países de capitalismo avanzado, la tendencia actual de las políticas sociales es apoyar cada vez más el empleo femenino fuera de casa. Las políticas dejan de pro- mover el modelo de la mujer dedicada a tiempo completo a los cuidados y, en cam- bio, promueven un modelo de persona, hombre y mujer, trabajadora. Por eso, Ann Orloff (2005, 2009) se pregunta si nos encontramos frente a un «adiós al materna- lismo».
Lejos de un adiós al maternalismo, en América Latina se ha producido su regreso, es- pecialmente de la mano de los programas de transferencias monetarias condiciona- das. Estos programas dan por sentado y capitalizan la división sexual tradicional del trabajo entre hombres y mujeres. Concretamente, exaltan las capacidades de las
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mujeres que son madres para, a diferencia de los hombres, maximizar el uso de los recursos públicos en función del interés de sus niños/as. Es debido a esta visión que las transferencias se entregan a las mujeres así como es a ellas a quienes se les pide que demuestren el cumplimiento de las condicionalidades en materia de salud y educa- ción para poder recibirlas. Se trata, por lo tanto, de un maternalismo patriarcal.