Dado que los regímenes de bienestar, en sí mismos, giran en torno a relaciones so- cioeconómicas y de género, ¿cómo analizar y evaluar sus efectos en la equidad de género sin depender de los mismos criterios utilizados para reconstruir dichos regí- menes? ¿Es posible diferenciar los regímenes de bienestar, por un lado, y las relacio- nes de género, por el otro? Sabemos ya que distintos regímenes de bienestar se or- ganizan en torno a combinaciones de mercados, familias y Estados, y por lo tanto de recursos monetarios, trabajo femenino no remunerado y recursos colectivos. El prin- cipal aporte que hacemos en este libro es conocer el orden de género en el que se asienta y que a la vez produce cada régimen de bienestar latinoamericano.
Para aprehender las relaciones entre regímenes de bienestar y órdenes de género o variedades de patriarcado (nociones que Walby usa de manera intercambiable, y nosotros siguiéndole a ella), recurrimos entonces al estudio de las tres estructuras propuestas por Walby: mercados laborales, políticas públicas y familias. A la hora de reconstruir las formas de patriarcado dentro de cada estructura, nos interesan las prácticas (y en alguna medida las normas socialmente definidas) directamente relacio- nadas a la asignación de recursos. Ahora bien, ¿qué es relevante de lo que ocurre en estas estructuras para entender la relación entre régimen de bienestar y orden de gé- nero?
Dado que los órdenes de género se organizan en torno a distintas fuentes de subor- dinación, tanto públicas como privadas, buscaremos analizar la combinación entre prácticas de distribución de recursos (eje del régimen de bienestar) y los tipos y gra- dos de (des)igualdad entre hombres y mujeres asociados, o no, a los regímenes de bienestar (eje del orden de género).
Las académicas feministas concuerdan en que la igualdad de género constituye un objetivo necesario —y siempre en movimiento— para mejorar el bienestar de las mujeres, aunque no necesariamente coinciden en cómo definirla. «Hasta ahora las feministas han asociado la igualdad de género tanto con diferencia como con
igualdad. La igualdad significa tratar a las mujeres exactamente igual que a los hom- bres. La diferencia significa tratar a las mujeres de manera distinta, en tanto se dife- rencian de los hombres [...]» (Fraser, 1994: 594). Las partidarias de la diferencia argu- mentan que las estrategias de igualdad asumen al hombre como la norma; las partidarias de la igualdad plantean que las estrategias de diferenciación se basan en supuestos esencialistas acerca de la feminidad, y refuerzan así estereotipos que con- finan a las mujeres a las divisiones de género existentes (Fraser, 1994).
Frente a ambas visiones, Fraser (1994) argumenta que la igualdad de género debe ser identificada con ambos valores, el de igualdad y el de diferencia, dado que está constituida por una pluralidad de principios o estándares normativos, algunos más asociados al enfoque de la igualdad, otros al de la diferencia, y otros ni a uno ni a otro. A partir de esta noción multidimensional relativa a la igualdad de género, Fra- ser elabora cinco principios que permiten valorar los grados de igualdad en situacio- nes concretas. Desarrolla estos principios en función de los Estados de bienestar; nosotros los adaptamos para analizar la relación entre regímenes de bienestar y ór- denes de género, es decir, incluyendo aunque trascendiendo la política pública. El principal aporte de este estudio es realizar un análisis empírico a partir de criterios normativos explícitos, que nos permitan identificar similitudes y diferencias en dis- tintos entornos nacionales.
Los principios empleados son cinco: antipobreza, antiexplotación, antimarginación, antidesigualdad y antidesvalorización social, los cuales a partir de Fraser definimos en tanto entornos capaces de crear condiciones amigables para las mujeres y para la equidad. El principio deantipobreza se define como la capacidad autónoma de las mujeres para atender sus necesidades materiales básicas. El principio deantiex-
plotación alude a la magnitud del trabajo y de las condiciones con que se cuenta
para llevarlo a cabo asociada, estrictamente, a la condición de género (por ejemplo la violencia o el acoso sexual). Está ligada a las relaciones que tienen lugar en el ámbito doméstico, con empleadores y supervisores en el mercado laboral, y con servidores públicos en sus relaciones con el Estado. Tercero, el principio de anti-
marginaciónse refiere al grado en que las mujeres desempeñan tareas «de muje-
res», sea en el ámbito doméstico como en el mercado laboral y en el Estado (por ejemplo, la segregación ocupacional). Cuarto, el principio de antidesigualdad remi- te a tres recursos principales: ingresos (monetario y social), ocio y respeto o valora- ción social.
La igualdad en los ingresos monetarios alude a salarios iguales por tareas similares
y la manutención de ingreso femenino frente a la disolución de las parejas (cuando en general aumenta entre los hombres y se reduce entre las mujeres) (Fraser, 1994).
Juliana Martínez Franzoni y Koen Voorend
Laigualdad en los ingresos socialesalude a la asignación del gasto público social y la igualdad en el uso del tiempo alude a la disponibilidad de tiempo para activida- des distintas al trabajo, remunerado o no.
El principio de antidesvalorización socialalude a la eliminación de arreglos sociales, que cosifiquen, denigren o trivialicen a las mujeres y las actividades que éstas reali- zan (Fraser, 1994). La combinación de estos principios permite realizar un balance re- lativo al antiandrocentrismo, es decir, al grado en que las prácticas sociales trascien- den el supuesto de que los patrones de vida masculinos constituyen la norma para todos los seres humanos.
Dado que el régimen de bienestar se articula en función de tres dimensiones —de mercantilización, desmercantilización y desfamiliarización/desfeminización del ma- nejo de riesgos—, este estudio se propone determinar empíricamente las relaciones entre estas tres dimensiones y los cinco principios que, en su conjunto, configuran la (des)igualdad de género.
Como mostraremos seguidamente en los capítulos empíricos, equipados con estas nociones para relacionar régimen de bienestar y variedad de patriarcado, diseñamos un instrumento teórico-metodológico que nos permitirá dar un salto cualitativo en la manera en que los conceptos formulados en este capítulo pueden dialogar con la realidad.
Entonces, ¿cómo se vinculan los regímenes de bienestar y el género? ¿Qué podemos decir acerca de la interacción entre regímenes de bienestar y variedades de patriarca- do en América Latina? Los vínculos identificados, ¿se refieren sólo a las prácticas mercantiles o afectan también a las prácticas domésticas y cómo? Los siguientes ca- pítulos exploran las respuestas a estas preguntas.
I PARTE
¿Es posible identificar fuentes predominantes de subordinación de género, según se asienten principalmente en el ámbito privado o en el público? Y si fuera así, ¿están éstas asociadas a los escenarios (re)distributivos, es decir, a los regímenes de bienestar? Las respuestas que podamos dar a estas preguntas son relevantes tanto para com- prender como para transformar las relaciones de género hacia un mayor grado de igualdad.
Analizando la realidad de los países europeos, Sylvia Walby (1997) identifica varieda- des de patriarcado sobre todo privadas y públicas. Bajo una forma privada de patriar- cado, las mujeres se encuentran principalmente recluidas en el hogar y desempe- ñando un trabajo no remunerado. Bajo una forma pública, en cambio, existe una presencia masiva de mujeres en el mercado laboral y una cierta proporción de traba- jo doméstico trasladado al mercado o al Estado (en particular mediante el trabajo do- méstico remunerado y/o servicios de cuidados). Así, bajo una variedad pública de patriarcado, al menos una parte del trabajo no remunerado que dejan de realizar las mujeres en el ámbito doméstico se traslada al mercado o al Estado en forma de ser- vicios privados y públicos, respectivamente (Walby, 2004). En el caso de América La- tina, además, sabemos que una buena parte del trabajo que dejan de realizar las mu- jeres que se insertan laboralmente permanece como trabajo no remunerado, tanto repartido entre mujeres de la familia como desempeñado por ellas mismas durante la llamada «doble jornada» laboral (OIT/PNUD, 2009).
Bajo una modalidad privada de patriarcado, los «beneficiarios» principales del traba- jo de las mujeres son hombres a título individual. Ellos aportan ingresos y protec- ción; ellas, los cuidados y el trabajo no remunerado. Mediante una estricta división sexual del trabajo, las mujeres tienen un acceso indirecto al intercambio monetario y a la protección que la política social brinda a quienes son económicamente depen- dientes. A cambio, las mujeres contribuyen con trabajo no remunerado y los bienes y servicios a que éste da lugar.
Bajo una modalidad pública de patriarcado, el producto de la segregación y la subor- dinación es apropiado colectivamente. Las mujeres participan en el mercado laboral y tienen acceso directo tanto al intercambio monetario como a la protección social. Sin embargo, este acceso es diferente al de los hombres, tanto en términos de las tareas que desempeñan como del reconocimiento monetario de las mismas. Es esta inser- ción diferenciada en el mundo público la que es apropiada colectivamente.
En la realidad, estas variedades de patriarcado no se presentan de manera pura y pue- den coexistir rasgos de una y otra modalidad. Más aún, en entornos muy desiguales como los latinoamericanos, es de esperar que ambas modalidades coexistan y se
diferencien según estratos socioeconómicos. Además, particularidades como la pre- sencia de economías de subsistencia y de trabajo familiar ameritan adecuar el lente analítico con el que se busca reconstruir las variedades de patriarcado existentes. La conceptualización propuesta por Walby es pertinente para una mirada a países del Sur dado que parte de las tres principales estructuras sociales en las que tiene lugar la desigualdad: el trabajo remunerado, la política pública y la producción doméstica. La identificación de cuál de estas estructuras es la principal fuente de la subordina- ción femenina es absoluta materia empírica. Entonces, para explorar si hay diferen- tes patrones en cómo se organizan las relaciones de género en América Latina, pre- dominantemente públicas o privadas, debemos determinar cuál de estas estructuras sociales es ordenadora de las relaciones de género en las restantes.
La participación de las mujeres en el ámbito público, en tanto democratizadora de oportunidades para las personas, en este caso vía de acceso directo a los ingresos, independientemente de su sexo, es condición necesaria pero no suficiente para la igualdad. Sin embargo, esperaríamos que el orden de género sea distinto según po- sibilite o no que las mujeres tengan independencia económica o ciudadanía política. Por eso, patriarcado doméstico y patriarcado público no implican que el movimiento de uno a otro conlleve, necesariamente, mayor equidad de género, sino que aluden a
formasde desigualdad de género (Walby, 1997). Analizaremos las desigualdades de
género en el capítulo 3.
A continuación describimos la metodología, de carácter exploratorio, que hemos se- guido para distinguir entre patriarcado público y privado, así como los hallazgos ob- tenidos.