E: Y digamos que, ellos cuando empezaron a sembrar ¿les empezó a ir bien económicamente?, ¿Se
1.2.3.2. Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar (BCB) 36 El Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio fue uno de los nueve frentes que integró el
Bloque Central Bolívar (BCB), uno de los más grandes del proyecto paramilitar37. Su surgimiento no hubiera sido factible si al Bajo Cauca antioqueño no llega un hombre con una extensa trayectoria cri i al: Ca los Ma io Ji é ez, alias Ma a o o Javie Mo tañez .
Jiménez nació en Envigado, Antioquia, el 26 de febrero de 1966. Estando muy pequeño, él y su familia se mudaron al barrio Santa Teresa en Dosquebradas, Risaralda. En esta localidad adelantó estudios hasta el tercero de bachillerato. Abandonó las aulas de clase para trabajar con su padre, Mario Jiménez, en el expendio de carnes y en el comercio de ganado. En 1983, con 17 años de edad, Jiménez Naranjo tomó la decisión de trasladarse a Puerto Asís, Putumayo, donde empezó a trabajar con personas allegadas a su familia, quienes lo apalancaron económicamente para que incursionara en el negocio de la venta de combustible. Las ganancias le permitieron arrendar un estadero conocido como El Cosmos y una estación de gasolina llamada Los Recuerdos. Cinco años después, 'Macaco' conoció a la viuda Rosa Edilmira Luna Córdoba, extraditada actualmente por el delito de narcotráfico, con quien se fue a vivir en la finca Animalandia, en Puerto Asís. En 1991, Rosa Edilmira, heredera de las propiedades de su esposo muerto, fue secuestrada por el Frente 32 de la guerrilla de las Farc a cargo de alias Ped o , quien se decía era hijo de fallecido comandante subversivo Jacobo Arenas. El grupo guerrillero exigió al principio un pago de 250 millones de pesos, pero Jiménez Naranjo logró negociar y reducir el pago a 125 millones más la entrega de dos motores fuera de borda avaluados en 14 millones cada uno. No obstante, las amenazas en su contra continuaron por varias razones: de un lado, se había negado a reunirse con las guerrilla en varias ocasiones y, de otro, debido a que sus negocios eran frecuentados por funcionarios del DAS, fue señalado por los insurgentes como "auxiliador" de las fuerzas del Estado.
36 La siguiente caracterización se realiza con información extraída del portal periodístico VerdadAbierta.com y Tribunal “upe io de Bogotá. “ala de Justi ia Paz. De isió : se te ia ‘od igo Pé ez Alzate, Juliá Bolíva . de agosto de . 37 El proceso de georeferenciación realizado por la Fiscalía 27 de la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (antes
Justicia y Paz) determinó que entre 2000-2006, el Bloque Central Bolívar tuvo presencia activa en 15 departamentos, más de 450 municipios del país y contó con más de 7.500 hombres en armas, lo que lo convierte en el bloque más grande y poderoso de las Auc.
La información aportada por desmovilizados del BCB a los fiscales de Justicia y Paz indican que detrás de la administración de negocios de combustible se escondía la verdadera identidad de Jiménez: la de un narcotraficante. El siguiente fragmento consignado en la sentencia contra Rodrigo Pérez Alzate, alias Juliá Bolíva , p ofe ida el de agosto de po la “ala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, así lo señala:
Información allegada por la Fiscalía, señala que Carlos Mario Jiménez, durante el periodo de su vida que estuvo en Putumayo (entre 1981 – 1991), fue relacionado con empresas como el comercio de combustible y la administración de estaderos. Aunque igualmente, se expuso información en la que víctimas y residentes de Puerto Asís, informan que nunca le conocieron una actividad lícita y que por el contrario era publica su condición de sicario. Una de las entrevistas realizadas por las Fiscalía Ge e al, evide ia ue Ca los Ma io Ji é ez fue vi ulado al g upo o o ido o o los Masetos concretamente al homicidio de Daniel Lara Quiceno. Este proceso por el homicidio del ciudadano, según la información de la Fiscalía, se perdió en un incendio. Igualmente se aseveró que en una ocasión el domicilio de Rosa Edelmira y Carlos Mario Jiménez fue allanado y en él se encontraron susta ias ilí itas 38.
En la misma providencia se consigna que, promediando la década de los noventa, Jiménez y su esposa deciden trasladarse a la región del Bajo Cauca antioqueño, más concretamente al corregimiento Piamonte de Cáceres. Allí adquiere varias propiedades: La Mojosa, La Esmeralda; La Uno; El Cairo39. En este corregimiento Jiménez sufre un ataque armado por parte de la guerrilla del Eln, a finales de 1996, lo que lo llevó a conformar su propio esquema de seguridad personal. Para ello, contrata a los hermanos Vinicio Virgues Mahecha, alias JotaJota o , Armando Virguez Mahecha, alias 'Queso', Erbert Virguez Mahecha y a Héctor Edilson Duque, alias Mo oteto o , con quienes conformó su primer grupo de autodefensas que denominó LosCapa apos debido a que la mayoría venían de Caparrapí, Cundinamarca40. En 1997, Vicente Castaño convocó a una reunión en una finca ubicada cerca al municipio de Caucasia, a la que fueron invitados tanto comandantes como líderes de las pequeñas estructuras que existían en la región para que se integraran a las Autodefensas de Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). En dicha reunión, Vicente le asignó a Jiménez la margen izquierda del río Cauca, lo que incluye Cáceres, parte de Caucasia y )a agoza. Vi e te le pidió a Ma a o ue desde allí, i i ia a su p o eso de e pa sión hasta el sur de Bolívar y Nordeste antioqueño. Para ello, Jiménez también controla toda la cadena productiva
38Íbid.
39Sobre estas propiedades pesan actualmente solicitudes de restitución en la Unidad de Restitución de Tierras, pues se
presume que el exjefe paramilitar las adquirió por medios violentos. Es el caso del predio Villa Yomara, cuyos antiguos propietarios alegan que hombres al servicio del jefe paramilitar les arrebataron violentamente su propiedad. Esta finca hace parte de la gran Hacienda La Uno, juntos con los predios La Esperanza, Las Cabañitas y Las Flores. Este inmueble
figu a e los egist os del Fo do pa a la ‘epa a ió de las Ví ti as o o e t egados po Ma a o pa a u pli su
compromiso de resarcir a sus víctimas, según consta en el acta N. 18 de Recepción de Bienes de la antigua Acción Social, fechada el 1 de diciembre de 2007. El ex paramilitar también entregó para reparación de las víctimas la finca El Cairo – integrada por los lotes Las Brisas, El Contento, Nueva Esperanza y Los Pilores –, y la Hacienda La Esmeralda, donde tuvo su campamento madre y la cual fue reclamada por su antiguo propietario ante los tribunales de Justicia y Paz de Medellín.
40 La presencia de este grupo de autodefensas en Cáceres generó graves problemas de desplazamiento. Según el
Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, el corregimiento Piamonte pasó de 3.500 habitantes en 1995 a menos de 400 en 2002.
del narcotráfico: desde la siembra de la hoja hasta su procesamiento y exportación a Europa y los Estados Unidos, lo que le dejaba suficientes utilidades para garantizar la estabilidad financiera de su estructura armada. Lo anterior, sumado a sus logros militares en su disputa territorial con la guerrilla del Eln, le significó a Jiménez, quien comenzó a ser conocido al interior de las Auc con el alias de
Javie Mo tañez , ga a se ápida e te la o fia za de los he a os Castaño.
La cercanía llegó a tal punto que Carlos Castaño designó a Jiménez como el comandante general del Bloque Central Bolívar (BCB), una macroestructura paramilitar cuyos antecedentes se remontan, por un lado, a las intenciones de Carlos Castaño de expulsar a la guerrilla del Eln del sur de Bolívar y así, poder establecer un importante corredor estratégico para las Autodefensas; y, de otro lado, el asesinato de Guillermo Crista ho A osta, o o ido o o 'Ca ilo Mo a tes , jefe de las Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar, el cual fue ordenado por el propio Castaño po sus p esu tos e esos o t a la po la ió . T as la ue te de Ca ilo Mo a tes, el máximo jefe de las Accu ordenó la fusión de todos los grupos de autodefensa que delinquían en el sur de Bolívar, Santander, Puerto Berrío, Yondó, Bajo Cauca y Nariño bajo el nombre de Bloque Central Bolívar. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, consignó lo siguiente en su sentencia contra ‘od igo Pé ez Alzate, alias Juliá Bolíva :
se expuso en el desarrollo de la audiencia, información y fuentes que apuntaban a que al interior de la cúpula de las Au , ás o eta e te Vi e te Castaño, alias El P ofe , fi a ió la e pa sió territorial de los frentes y bloques paramilitares a través de la venta de franquicias a narcotraficantes. E este pe iodo de ve ta de f a ui ias’, según la información de varios ex miembros de las Auc, llegaron a comandar estructuras narcotraficantes. Uno de los señalados concretamente es Carlos Mario Jiménez Naranjo, quien, por versiones escuchadas en audiencia, de narcotraficante paso a comandante paramilitar. Según lo expuesto, esto era funcional para ambas partes, i) por un lado las Auc expandían estructuras a nuevos territorios; y ii) los narcotraficantes dejaban de ser simples delincuentes organizados, para adquirir el rol de partes de un conflicto armado inte o 41.
Los integrantes del Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio lograron mantener un férreo dominio en las localidades de Cáceres, Caucasia, Zaragoza, Segovia, Remedios y sur de Bolívar. Su desmovilización se produjo el 12 de diciembre de 2005, en zona rural del corregimiento Santa Cecilia de Remedios, Antioquia. Ese día, unos 1.922 combatientes hicieron entrega de sus armas al entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
Como se puede apreciar, fueron los grupos paramilitares, específicamente el Bloque Mineros y el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del BCB, quienes fungieron como únicos reguladores de la actividad económica del narcotráfico. La pregunta que aún falta responder es ¿qué obtuvieron los paramilitares por dicha regulación?
41 Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. Decisión: sentencia Rodrigo Pérez Alzate, Juliá Bolíva . de agosto
En primer lugar, les permitió consolidar un dominio hegemónico de las actividades criminales en la región por poco más de una década: además de conquistar antiguos territorios de tránsito y retaguardia de las guerrillas, sometió a sangre y fuego a todas las manifestaciones criminales de la región, erigiéndose como autoridad en materia criminal. Producto del poder armado alcanzado gracias a los réditos económicos derivados de los excedentes del narcotráfico, dominaron las poblaciones. Así, el pleno dominio tanto del territorio como de las riquezas y las poblaciones inmersas en él le permitieron a los paramilitares fortalecerse como actor fundamental en ese campo de fuerzas y de poder que configura al Estado.
Lo anterior remite nuevamente a Migdal en tanto pone de presente que cada región y localidad tiene una experiencia particular en el proceso de formación del Estado. Por ello, según lo recuerda Alonso, ese conjunto de tensiones, interacciones, disputas, luchas y competencias que se dan al interior del campo estatal se inserta en una racionalidad histórica que además, reconstruye y ei ve ta pe a e te e te al p opio Estado. La o lusió lógica de este enunciado es que las rivalidades y luchas entre los grupos dominantes y entre estos y sectores subalternos no presuponen un mal funcionamiento del Estado, su captura, debilidad o disolución; evidencian, por el contrario, las modalidades y formas de funcionamiento del campo estatal en contextos históricos dete i ados : .
En ese orden de ideas es posible señalar que la construcción del Estado en el Bajo Cauca antioqueño durante el siglo XX estuvo determinada por una intensa competencia por el control de los capitales económicos, jurídicos, políticos, sociales y simbólicos que involucró a diversos actores tales como las comunidades campesinas, los ganaderos, los mineros, las entidades estatales, movimientos políticos alternativos a los partidos tradicionales, las guerrillas y los paramilitares que terminó por configurar un campo estatal sumamente volátil, donde fueron permanentes además las tensiones entre la región y el resto del cuerpo de la Nación por cuenta de las dificultades de vincularse con los circuitos económicos nacionales y al orden estatal. Podría afirmarse entonces que lo anterior derivó en dos situaciones que caracterizaron el fin del siglo XX en los municipios Caucasia, Cáceres y Tarazá. En primer lugar, ante el avance de los grupos paramilitares y el dominio hegemónico criminal alcanzado por estos, el Estado terminó te e izando e ellos la fu ió oe itiva o o est ategia para fortalecer su capacidad de gobernar e imponerse ante sus competidores políticos. Ello fue posible gracias a la estrecha relación de delegación-cooperación42 que desde su génesis, tejió el paramilitarismo con funcionarios estatales y de la fuerza pública. Sobre ello se volverá más adelante. En segundo lugar, la relación de delegación-cooperación entre instituciones estatales y paramilitares no implicó el sometimiento de los segundos al conjunto de normas que intentaron imponer las primeras. En ese campo de fuerzas y de poder que es el Estado, los paramilitares también usurparon funciones propias del poder político: impusieron normas de conducta y convivencia a los pobladores de Caucasia, Cáceres y Tarazá; se autoerigieron como autoridades
42 Distinta a la relación de abierta confrontación que estableció con las guerrillas y movimientos políticos alternativos, o
tramitadoras de conflictos; regularon las actividades económicas tanto legales como ilegales y ello terminó por configurar lo ue U i e de o i a u a so e a ía e vilo (Uribe, 1998). Así, durante un interregno que va de 1996 a 2006, en los municipios objeto de investigación el poder político legalmente constituido, aquel que se elige en las urnas cada cuatro años, debió desenvolverse e interactuar con el poder político alterno impuesto por los paramilitares. Y, como bien lo sustenta Uribe, lo anterior termina por producir fenómenos de fragmentación institucional, inorgacidad y precarización de la ciudadanía:
una soberanía en vilo y una ciudadanía virtual, terminan por producir fenómenos de inorganicidad y de fragmentación en la amplia y compleja fronda de la burocracia estatal. Alcaldes, concejales, funcionarios locales o de institutos descentralizados del Estado, jueces, miembros de la rama legislativa y funcionarios de diversa naturaleza, no desarrollan la gestión y la administración públicas de acuerdo con el orden institucional que representan, sino que son imbricados y controlados por las tramas y los complejos circuitos de los grupos armados de diferente signo, de tal manera que fragmentos significativos de la burocracia estatal terminan desarrollando sus labores públicas en el marco de los órdenes políticos alternativos y bajo las demandas o etas del o fli to a ado (1998:31).
2. La fragmentación violenta de un dominio hegemónico criminal