Los principios de legitimidad nacen, crecen, envejecen, se extinguen y, en ocasiones, discuten y se enfrentan entre sí con una fuerza y una saña increíbles. Sus ciclos vitales y sus luchas constituyen una trama invisible de la que se nutre la historia del mundo. Invisible porque la humanidad, aun suponiendo su existencia, difícilmente penetra en el secreto de sus causas últimas, que se esconden en los más oscuros y profundos meandros del cuerpo social. Esta es la razón por la que nuestra época comprende poco o nada de aquel inmenso drama que comenzara en 1914, con la Primera Guerra Mundial, y que después de un cuarto de siglo continúa manifestándose en una serie ininterrumpida de tremendas sacudidas en apariencia inexplicables, porque responden al conflicto entre el principio de legitimidad hereditario aristocrático-monárquico y el principio de legitimidad electivo-democrático; un conflicto lábil, profundo, de remotos orígenes, que desde hace doscientos años obliga a los hombres a luchar incesantemente sin saber exactamente por qué.
Desde la Revolución Francesa, el principio aristo-monáquico ha venido siendo combatido sin pausa por personas sinceramente convencidas de batirse por la libertad y el progreso de la humanidad, y sostenido por otras no menos seguras de defender el orden, la familia, la religión y la civilización, salvajemente amenazados por los nuevos bárbaros. Pero a pesar de todas sus apariencias, y dejando también a un lado la totalidad de los ropajes exteriores, es preciso reconocer que ambas opciones no eran en realidad más que dos manifestaciones contrarias de un mismo y único mal: la fiebre terciaria de la pasión política, enfermedad demasiado intermitente y caprichosa como para explicar por sí sola
acontecimientos de proporciones tan amplias y de tan profunda eficacia.
Ya expusimos anteriormente que resulta de todo punto imposible jerarquizar los principios de legitimidad sin estipular previamente una unidad de medida que sirva de criterio discriminador de las diferentes opciones en liza, al igual que también indicamos que los dos principios de legitimidad en pugna durante siglos —herencia contra elección, democracia contra monarquía— no merecen más que parcial y relativamente el calificativo de racionales y justos, ya que tanto uno como otro son susceptibles de críticas muy similares. Del mismo modo quedó en evidencia lo absurdo de todo intento encaminado a establecer una comparación entre las democracias y las aristocracias, entre las repúblicas y las monarquías, para determinar cuál de entre todas ellas resulta ser la forma de Estado que merece sobre las demás el calificativo de óptima.
Quienes combatieron por el Genio del Ancien Régime o por el Genio de la Revolución creyendo que uno era mejor que otro, fueron víctimas de ese terrible espejismo que sólo la pasión sabe despertar.
Empero, interesa detener aquí un instante el razonamiento, porque en este supuesto particular se reproduce en pequeña escala el problema planteado en términos generales en las primeras páginas de este libro: ¿por qué los hombres se preocupan continuamente por cambiar leyes e instituciones si no hay forma humana de saber si los cambios son buenos o malos? ¿Cuál es la causa de que a lo largo de la historia se haya vertido tanta sangre para defender la monarquía, la república, la aristocracia o la democracia, cuando todos los sistemas políticos tienen igual o, al menos, similar valor, ante el tribunal de la razón, siendo además de todo punto imposible establecer entre ellos una gradación jerárquica?
Al principio de este ensayo tratamos de dar respuesta a esta difícil pregunta afirmando que «las luchas por el poder ocupan un lugar tan destacado en la historia por un algo más profundo que el simple deseo de mejorar la organización de la comunidad política y que básicamente consiste en la existencia en el seno de las sociedades humanas, de ciertas fuerzas que actúan impidiéndolas cristalizar de manera definitiva». Esas fuerzas son los principios de legitimidad, a los que también hemos denominado Genios invisibles de la ciudad. Ahora bien, lo anteriormente dicho no era más que una hipótesis provisional, una tesis a demostrar, a la que le ha llegado el momento de la verificación a través del estudio de un caso concreto: la lucha entre el Genio del Ancien Régime y el Genio de la Revolución.
El problema capital que condiciona la totalidad de la historia de los dos últimos siglos es, precisamente, la lucha entre estos dos principios, una lucha que estallará primero en Europa a finales del XVIII, y que con el tiempo terminará expandiéndose por todo el mundo. Para resolverlo es necesario partir de un dato de capital trascendencia, a saber: un principio de legitimidad no puede ser nunca explicado de manera aislada al margen de la realidad social en la que vive. Los principios de legitimidad son, por definición, postulados extraídos de la realidad social, lo que significa que, al igual que puede actuar e imponerse por sus solas fuerzas, a lo largo de su existencia sienten constantemente la absoluta necesidad de combinarse con las costumbres, la ciencia, la religión y los intereses generales de una época, o para decirlo en términos de Gina Lombroso, con las orientaciones o tendencias comunes a los espíritus humanos en un momento dado23.
23 Gina Lombroso, hija del famoso criminalista italiano Cesar Lombroso,
Cuando las costumbres, la ciencia, la religión, los intereses generales y, en una palabra, los espíritus humanos cambian de orientación, los principios de legitimidad tienden también a incorporar en su seno la nueva realidad.
Así fue como el principio aristo-monárquico tomó carta de naturaleza y así fue también como consiguió imponerse en Europa por muchos siglos, nucleando y organizando entorno a sus valores y en plena confusión y barbarie medieval, todo un sistema de convivencia social. La concentración del poder, a partir del principio hereditario, en un pequeño número de dinastías y de familias nobles, se apoyó entonces en una paralela concentración de la riqueza en pocas manos, o dicho de otra forma, la subordinación política de las masas tuvo un inexcusable y necesario correlato en un equivalente desequilibrio de fortunas. Dividida en un pequeño número de bastas propiedades, la riqueza principal — la tierra— pertenecía casi exclusivamente a la realeza, a las familias nobles, a la Iglesia, esto es, al sector de la sociedad que detentaba el poder; era patrimonio exclusivo de las grandes dignidades militares, políticas, jurídicas y eclesiásticas. Las masas dominadas tenían reservadas también en exclusiva los empleos subalternos del Estado y de la Iglesia, las profesiones liberales, el trabajo agrícola e industrial, el pequeño y gran comercio, especialmente en algunas repúblicas, y compartían con el grupo dominante las altas magistraturas eclesiásticas. Pero la industria independiente, en manos de artesanos libres, y el comercio minorista, que no incluía la comercialización de los productos, estaban poco desarrollados, porque todas las grandes haciendas señoriales se esforzaban en satisfacer por sí mismas sus propias necesidades. Los metales preciosos eran escasos y raros, el interés del dinero prohibitivo, el crédito inexistente. La vida era a la vez pobre y fastuosa: pocos medios para satisfacer las más perentorias necesidades, ninguna comodidad, incluso en las clases mejor
situadas, pero ¡qué profusión de objetos de lujo! Pieles, encajes, sedas, brocados, perlas, rubíes, diamantes, zafiros, oro, plata, caballos, séquitos, palacios, villas, banquetes, música, pinturas, esculturas. Desde el Renacimiento, todas las Musas se pusieron incondicionalmente al servicio de la aristocracia y de la monarquía, para producir esos suntuosos y espléndidos ornamentos que en restos fragmentarios nos muestran aún hoy los museos.
La aristocracia y la monarquía alcanzaron el cénit de su desarrollo en el seno de la civilización cualitativa que precedió en el mundo occidental a la revolución cuantitativa del siglo XX, un modelo de civilización que no buscaba tanto multiplicar la riqueza y aumentar el poderío de los hombres, como procurar ciertos niveles y ciertos cánones de perfección. El arte fue en este contexto, la más sensual y la más popular de todas las perfecciones de que se supo servir el
Ancien Régime para deslumbrar a las masas y convencerlas de la
superioridad del poder.
Lo mismo sucedió, poco más o menos, con la religión. A través de las órdenes monásticas, las catedrales, las ceremonias sacras, las festividades, los santos, las obras de caridad, las jerarquías y las doctrinas, la Iglesia mostraba su superioridad al pueblo, con la única diferencia de que el cristianismo era y es, ante todo, un credo igualitario que reconocía al conjunto de los creyentes la común e idéntica condición de hijos de Dios. Las desigualdades inherentes a la organización social, las jerarquías sociales y los principios de legitimidad que los justifican, no son para los cristianos más que meros accidentes humanos subordinados al propio problema fundamental que domina a todos los demás: la salvación del alma. ¿Cómo ha sido posible que una religión igualitaria fuera durante siglos y siglos el pilar esencial del régimen aristo-monárquico? ¿Cuál es la razón de que reyes y príncipes consiguieran gobernar Europa por décadas y décadas en medio de una extraordinaria proliferación de iglesias, de conventos, de doctores, de santos y de
santas y del sonido de campanas que tañían mañana y tarde en todos los pueblos y ciudades? Esta fue hasta finales del siglo XVIII una de las complicaciones más extraordinarias de la historia occidental, ya que el cristianismo superpuso a su doctrina de la igualdad universal una metafísica del alma y del cuerpo que exageró hasta tal extremo el dualismo platónico, que terminó aniquilando por completo toda referencia carnal. Como señalara Leo Ferrero24, la religión cristiana exaltó de tal forma el amor a
Dios y a los hombres que terminó desterrando para siempre el egoísmo, y con él, renunciando a toda referencia real. En resumidas cuentas, lo cierto es que el cristianismo partía y predicaba una metafísica y una ética demasiado elevadas para el hombre medio, accesibles tan sólo a una minoría ilustrada. Y ello explica, pues, que a la postre la doctrina de los seguidores del Mesías se transformara finalmente en una religión de masas encabezada por una resplandeciente superaristrocracia de doctores y santos.
Quiérese decir con ello, que la aristocracia y la monarquía en su época de mayor esplendor, dieron acogida, apoyo y sustento entre sus jerarquías a toda aquella minoría selecta de cardenales, prelados, obispos y potestades e incluso acrecentaron y ampliaron su prestigio y, sobre todo, forjaron entre las Instituciones del
Ancien Régime y la Iglesia católica unos lazos de solidaridad que,
pese a no ser exigida por la doctrina canónica y por encima también de conflictos pasajeros, supo mostrarse consistente, profunda y tenaz en el transcurso de los siglos e, incluso, en medio de las tempestades desencadenadas por la Revolución Francesa. Apoyándose en el principio hereditario, en la riqueza territorial, en la Biblia en la Iglesia, en los fascinantes esplendores de la antigua
24 Se trata del propio hijo del autor, prematuramente malogrado, que colaboró
con su padre en la elaboración de alguno de sus primeros y más importantes ensayos. (N. del T.)
civilización cualitativa, la monarquía y la aristocracia lograron hacerse aceptar por las masas como jerarquías legítimas; un pequeño número de familias gobernaron a inmensas multitudes convencidas de que su sometimiento era justo, razonable, conforme a la voluntad divina y a sus propios intereses. Ahora bien, a diferencia de los Estados modernos, aquellas jerarquías exigían de las masas pequeños y no muy gravosos sacrificios: la conscripción era desconocida, los impuestos escasos y los gobiernos contaban poco, porque muchas funciones públicas eran ejercidas gratuitamente por la nobleza, pero, a cambio de todo, ello los gobernantes exigían un respeto total, absoluto e incondicionado a su posición y a sus decisiones. El ceremonial era una de las leyes sagradas del Ancien Régime, la codificación minuciosa, indiscutible e inviolable de las formas, destinada a simbolizar en miniatura y en todo momento de la vida cotidiana, la inmutable distinción entre las jerarquías superiores y las masas sometidas. Empero, además de todo esto y a los efectos que más tarde comprenderemos perfectamente, interesa precisar e insistir en una idea clave: el Ancien Régime no conocía el derecho a la oposición tal y como lo entendemos hoy, esto es, el derecho de la minoría a suponer que el poder se equivoca sistemáticamente y la consiguiente posibilidad de denunciarlo todos los días. Únicamente reconocía a determinados grupos sociales organizados la facultad de exponer sus quejas, de manifestar sus anhelos, de admitir o no ciertas obligaciones exigidas por las leyes. Esta era justamente la función encomendada a las numerosas asambleas que, bajo diferentes nombres, encontramos en los distintos Estados del
Ancien Régime: Dietas, Parlamentos, Consejos, Estados, Staende, y
fue exactamente, el deseo de evitar que el ejercicio de aquellos modestos derechos estamentales pudiera desembocar en el nacimiento de un auténtico derecho a la oposición la razón que llevó al absolutismo monárquico a usurpar, por todo el continente
europeo y en mayor o menor medida, las prerrogativas de las asambleas.
En cualquier caso y antes y después de que todo esto sucediera, también el Ancien Régime tenía sus reglas: a cambio de reconocimiento, respeto y obediencia, el poder otorgaba protección, defendía a los débiles, impartía justicia, mantenía el orden, aseguraba la prosperidad del pueblo y de las clases medias, a costa incluso, en muchas ocasiones, de salir arruinado de guerras comerciales. Las familias nobles y la propia casa real debían endeudarse periódicamente hasta las cejas, para que su lujo hiciera prosperar el comercio proporcionando trabajo al pueblo.
Mientras que esta orientación consiguió mantenerse segura de sí y generalmente aceptada en Europa, el principio de legitimidad aristo-monárquico pudo perpetuarse, fuerte y sólido como los Alpes. Las generaciones se sucedían unas a otras aceptando la estructura y las jerarquías sociales con la misma naturalidad que contemplaban el paso de las estaciones o el cambio de las fases lunares. Pero los descubrimientos geográficos del siglo XVI y la Reforma dieron la puntilla definitiva, tanto a aquella particular orientación del espíritu, como al sistema político que en ella descansaba. Durante las sesiones del Concilio de Trento, los legados papales no dejaban pasar ocasión propicia para espetar a bocajarro a sus rivales, los príncipes protestantes alemanes, «Os empeñáis en sostener al pueblo frente al papa olvidando que ese mismo pueblo que hoy se levanta contra Roma, mañana desafiará vuestros derechos, los de los reyes, y los del mismísimo emperador».
A partir del siglo XVI, el oro y la plata americanos provocaron en Europa las primeras oleadas inflacionarias y sus consecuencias no se hicieron esperar: Calvino declaró conforme a la moral el préstamo usurario, los mercaderes se enriquecieron, las industrias se desarrollaron, los artesanos se multiplicaron, mientras el
renacimiento por todo el continente del legado clásico, provocaba una generalizada secularización de la cultura. Los primeros descubrimientos de la erudición y de la ciencia, los trabajos de Copérnico y de Galileo en el campo de la astronomía, la colonización de América, el incremento de la riqueza, el desarrollo de las técnicas mortíferas y de los ejércitos, aumentaron la confianza de los hombres en la fuerza de su voluntad y en la capacidad de su inteligencia. El espíritu crítico reapareció y, ya en pleno siglo XVII, se comenzó a susurrar a media voz en los salones las primeras críticas abiertas al poder, al tiempo "que empezaban a pergeñarse vacilantes y tímidos programas de reformas. Por todas partes asomaba la preocupación por cultivar mejor la tierra, por multiplicar la industria, por aumentar el volumen del comercio. La teología, Regina Scienciae del medievo, declinaba y los fervores místicos se iban enfriando poco a poco, anticipando la incredulidad generalizada que se extenderá entre las clases privilegiadas en el siglo XVIII. Y en medio de todos aquellos cambios, comenzó a abrirse lentamente camino la idea de que el poder, para ser legítimo, precisaba de la sanción del pueblo. Contrariamente a lo que cabía esperar, en un primer instante, la nueva filosofía no se presentó en términos agresivos como enemiga frontal de la legitimidad hereditaria, como una opción dispuesta a suplantarla, sino de una manera mucho más tímida y modesta, como si se tratase de un simple complemento o matización perfeccionista del principio dominante, de un posible remedio a hipotéticos abusos. Por muy bien dispuestos que estuvieran los príncipes y los aristócratas respecto de la masa de súbditos, se pensaba cada vez más que la suerte de los hombres no podía quedar confiada exclusivamente a la benevolencia y la buena voluntad de los poderosos, porque todos los hombres, incluso los más humildes, tenían un alma y unos derechos que el poder debía forzosamente respetar.
Inglaterra servía, por aquel entonces, de ejemplo palpable y real, de auténtico botón de muestra, de hasta qué punto el poder podía llegar a ser, en buena medida, controlado por quienes en principio debieran estar destinados a obedecerle. En Inglaterra, a diferencia de lo ocurrido en Francia y en general en todo el continente, el absolutismo no había logrado imponerse a lo largo del siglo XVII, entre otras razones porque el derecho de establecer impuestos, atributo común a todos los Parlamentos, Estados o Dietas del
Ancien Régime, permaneció en este caso en manos de las cámaras de
los Comunes y de los Lores, lo que significó que estas dos instituciones continuaron desempeñando, en los momentos de mayor apogeo del absolutismo europeo, una función activa en la dirección del Estado que, sin anular completamente a la Corona, atemperó considerablemente su capacidad de decisión. Aún cuando de derecho el poder del Parlamento no descansaba en una nueva idea de legitimidad radicalmente descalificadora del principio aristo-monárquico, sino en una Carta semiconstitucional y en toda una serie de privilegios y prerrogativas fuertemente arraigadas en la historia, los Comunes eran de hecho y en la práctica un órgano nuevo integrado de manera electiva y no hereditaria, claramente separado e independiente de la Corona y de los poderes tradicionales a los que en realidad buscaba limitar y controlar de manera efectiva, sobre la base de transformar la posibilidad de oponer resistencia al poder, con todas las libertades y atribuciones que ello comportaba, en un derecho jurídicamente ejercitable.
En toda Europa, y muy especialmente en Francia, se observaba con atención lo que estaba sucediendo en Inglaterra y, generación tras generación, los hombres terminaron por pensar que un control y una limitación del poder, basado en esos mismos presupuestos, podría ser útil en sus respectivos países.
Al mismo tiempo que sucedía todo aquello, algo comenzaba a cambiar en los fundamentos sociales que sostenían la estructura interna del Ancien Régime, decaía el prestigio exterior, el espíritu de cuerpo y la coherencia interna que hasta entonces había caracterizado a la casta nobiliaria. Las viejas familias se extinguían o arruinaban entregando sus títulos por dinero o por matrimonio a abogados y médicos recientemente enriquecidos, mientras que el poder, por su parte, contribuía al proceso general, en la medida de lo posible, abusando repetidamente de su facultad de vender títulos nobiliarios y permitiendo que el dinero ampliara y, conviene no olvidarlo, debilitara unos cuadros nobiliarios y aristocráticos, que de esta guisa se transformaban en más abiertos, menos respetuosos de las leyes divinas y humanas, más ávidos de saber, de placer, de riqueza y de influencia.
Por doquier estallaban luchas políticas, en las que constantemente