La gestión de la movilidad también incluye medidas que incrementen la concienciación de la gente en materia de transporte sostenible. Utilizando las ventajas que aportan las nuevas tecnologías, se pueden fomentar también
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actividades como realizar la compra por Internet, realizar reuniones o contactos a través de videoconferencias y el teletrabajo.
La gestión de movilidad es amplia, puesto que puede abarcar todas las medidas que gestionan la movilidad de la población. Una forma fácil de ilustrar la variedad y versatilidad de la gestión de la movilidad es explicar cómo se aplican sus técnicas en distintas ubicaciones, recogidas en los llamados “Planes de Transporte”2
. La gente se desplaza a destinos variados y cada destino tiene sus características de desplazamiento propias.
4 Movilidad y energía
Las consideraciones energéticas de la movilidad presentan dos aspectos fundamentales, el relacionado con el consumo de recursos y el relacionado con las emisiones que genera su consumo.
Se calcula que en la Unión Europea el transporte es responsable de un 21% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea.
Por lo tanto, para cumplir los objetivos de sostenibilidad, en particular la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero aprobada en el Protocolo de Kioto, es esencial encontrar soluciones para reducir las emisiones del transporte.
Pero éste no es el único reto. Casi toda la energía utilizada en el sector del transporte de la UE procede del petróleo. Las reservas de petróleo conocidas son limitadas y están restringidas a unas pocas regiones del mundo. Existen nuevas reservas, pero la mayor parte serán más difíciles de explotar que las antiguas. Por consiguiente, la seguridad del abastecimiento energético para el futuro no sólo se consigue reduciendo la dependencia de las importaciones,
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Estos planes, que pueden ser a nivel municipal, provincial o autonómico, pretenden coordinar acciones en busca de la eficiencia, fluidez y comodidad de las operaciones de tráfico en una zona, además de prever la infraestructura y recursos necesarios para que esas condiciones prevalezcan en el futuro, promoviendo el mejoramiento de las condiciones ambientales, sociales y económicas del área.
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sino adoptando una amplia variedad de iniciativas políticas, incluida la diversificación de las fuentes y las tecnologías.
En la UE ya se han adoptado varias medidas que complementan los esfuerzos para mejorar los transportes públicos y fomentar el uso de medios de transporte respetuosos con el medio ambiente. La industria automovilística está desarrollando nuevos modelos más limpios y más rentables en lo que respecta al consumo de combustible y está trabajando en nuevos conceptos.
En este escenario, las ciudades presentan casuísticas complejas. La preocupación por las emisiones de CO2 se une a la especial atención que su calidad del aire precisa, fundamentalmente en términos de salud. En este sentido, debemos tener especial consideración hacia lo que podríamos llamar vehículos limpios, más eficientes energéticamente, menos contaminantes, lo que los ingleses llaman coches más amigables. Obviando que el automóvil más ecológico es el que no se usa y que la bicicleta es el paradigma de vehículo limpio, debemos centrar los análisis en los combustibles alternativos, la conducción eficiente, la optimización de desplazamientos, la disyuntiva entre el diesel y la gasolina, las opciones fiscales que pueden favorecer determinadas tendencias, los avances tecnológicos, el papel de la contratación pública y, en definitiva, cualquier mecanismo que pueda mejorar los aspectos de ahorro y eficiencia energética derivados de nuestras necesidades de movilidad.
Un proceso de consecución y uso de la energía (incluida la movilidad) sólo será duradero cuando las fuentes de energía utilizadas ahora y en el futuro estén suficientemente disponibles, cuando los efectos del consumo de energía sean siempre inocuos para la naturaleza y el ser humano, cuando el suministro sea fiable y seguro, y cuando todo el mundo tenga acceso a la energía por un precio razonable.
El actual abastecimiento de energía no es sostenible, entre otras cosas porque es responsable de la mayor parte de las emisiones de los gases de efecto invernadero. El World Energy Assessment (WEA) constata además que dos mil millones de personas no tienen acceso a un abastecimiento de energía fiable y
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asequible, que el uso de combustibles tradicionales provoca considerables daños para la salud, que muchos países dependen de la importación de energía fósil y que la tierra no es capaz de absorber todas las emisiones como consecuencia del consumo mundial de energía (gases de efecto invernadero, emisiones acidificantes, sustancias orgánicas volátiles (SOV) y polvo fino). La actual forma de pensar sobre la energía se centra únicamente en la escasez de los combustibles fósiles, en los costes directos y en los efectos medioambientales regionales aquí y ahora. Esta mentalidad tiene que cambiar. La cuestión energética es un problema mundial; la transición hacia una gestión sostenible de la energía es imposible sin incluir en ella la expansión económica de los países en vías de desarrollo. Asimismo los costes sociales y los costes medioambientales habrán de quedar reflejados en los precios de la energía. Es necesaria una ampliación de la oferta de fuentes de energía con fuentes renovables, además de un uso motivado de las fuentes fósiles.
En el marco de la transición hacia una gestión sostenible de la energía, la política se concentra sobre todo en las emisiones de CO2 y NOx. A la larga, una reducción drástica de estas dos emisiones reducirá también las emisiones de otros componentes nocivos para el medio ambiente. Si ello no sucede, será preciso idear una política complementaria.
El enfoque de las emisiones relacionadas con la energía es una cuestión de cooperación mundial y europea. Mientras la cooperación mundial progrese en el ámbito de la reducción de CO2, España se esforzará para conseguir más acuerdos y cumplirlos. Si esta cooperación se estancara, España proseguiría con la reducción de las demás emisiones (en el ámbito de la UE).
La transición hacia un proceso de consecución y uso sostenible de la energía exige una innovación fundamental del abastecimiento de energía. En este sentido cabe distinguir tres vías tecnológicas:
- El uso de fuentes de energías renovables;
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- Una tecnología energética avanzada (concretamente tecnología de energía fósil limpia).
Cuando existe un entendimiento internacional sobre la necesidad de un enfoque conjunto, la transición es imaginable, viable y asequible. Si se utilizan todas las opciones, la reducción necesaria de la emisión de CO2 dentro de España es realizable; incluso quedará alguna reserva. Si se elimina una opción (como la energía nuclear), desaparecerá la reserva. La asequibilidad de la transición esbozada se desprende de diferentes estimaciones. Los costes estimados son del mismo orden que los costes de la actual gestión de la energía.
En la transición hacia una gestión sostenible de la energía surgen diversos obstáculos. Así, la distribución desigual entre Norte y Sur es un dilema importante, por lo cual los países ricos han de asumir obligaciones de reducción adicionales. Los causantes de los problemas señalados no tienen aún suficiente interés en solucionarlos. Además, no está claro en qué dirección se desarrollará la tecnología. A fin de allanar este tipo de obstáculos, el gobierno incorpora instrumentos que hacen incidir al máximo los costes medioambientales en el precio de la energía. Las incertidumbres se reducen a través de iniciativas en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la demostración, y a través de estímulos orientados a la introducción selectiva en el mercado.
Como ejemplo práctico de Movilidad y Energía en España podemos destacar el Proyecto Piloto de Movilidad Eléctrica, denominado MOVELE.
El Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011, aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de Agosto de 2008, incluye en su Medida nº4 el desarrollo de un proyecto piloto de introducción de vehículos eléctricos con el objetivo de demostrar la viabilidad técnica, energética y económica de esta alternativa de movilidad.
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El Proyecto MOVELE, gestionado y coordinado por el IDAE, consiste en la introducción en un plazo dos años (2009 y 2010), dentro de entornos urbanos, de 2.000 vehículos eléctricos de diversas categorías, prestaciones y tecnologías, en un colectivo amplio de empresas, instituciones y particulares, así como en la instalación de 500 puntos de recarga para estos vehículos, con los siguientes objetivos:
- Demostrar la viabilidad técnica y energética de la movilidad eléctrica en los entornos urbanos, posicionando a España entre las escasas experiencias reales de demostración de las tecnologías de movilidad con energía eléctrica.
- Activar dentro de las administraciones locales implicadas medidas impulsoras de este tipo de vehículos: infraestructura pública de recarga, reserva de plazas de aparcamiento, circulación por carriles bus-taxi, etc.
- Implicar a empresas del sector privado en la introducción del vehículo eléctrico: empresas eléctricas, empresas de seguros y de
financiación (renting), etc.
- Servir como base para la identificación e impulso de medidas normativas que favorezcan esta tecnología: medidas fiscales en la compra o uso de los vehículos, tarifas de suministro, modificación de normas que impidan su evolución (acceso a puntos de recarga en viviendas comunitarias, homologación), etc.
Con vistas a extender a un mayor número de ciudades españolas la posibilidad de cofinanciar el desarrollo de redes de puntos de recarga de vehículos eléctricos, IDAE ha incluido dentro de los Convenios de Colaboración con las Comunidades Autónomas del Plan de Acción 2008-2012, la posibilidad de presentar proyectos piloto en estas tecnologías dentro de la Medida Prioritaria de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
Las distintas administraciones autonómicas que gestionan estos programas de colaboración, disponen de la opción de financiar estas redes en las mismas
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condiciones que en las ciudades pioneras del Proyecto MOVELE (Sevilla, Madrid y Barcelona), con la salvedad de que la instalación mínima debe disponer de, al menos, 10 puntos de recarga de acceso público y el volumen de ayudas límite será del 40% del presupuesto, con un límite por proyecto de 200.000 euros de ayudas con cargo a esta medida.