EL MINISTRO DE HACIENDA EXPONE A LAS CORTES SUS PLANES DE RESTRICCIÓN DE GASTOS DEL ESTADO. — ASPIRA A NIVELAR EL PRESUPUESTO A FINES DE
1936. — CALVO SOTELO Y VENTOSA CALIFICAN LOS PROYECTOS DE IRREA- LIZABLES Y FANTÁSTICOS. — PRÓRROGA DEL ESTADO DE PREVENCIÓN Y ALARMA EN CATORCE PROVINCIAS. — ABSORCIÓN POR EL ESTADO DE 400.000 TONELADAS DE TRIGO EXCEDENTE. — DEBATE SOBRE LOS PROYECTOS DEL MINISTRO DE TRABAJO PARACOMBATIR EL PARO: PRIMASA LA CONSTRUCCIÓN Y ESTÍMULOS A LAS EMPRESAS PRIVADAS. — APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. — LOS CONSEJOS DE GUERRA POR LOS SUCESOS DE ASTURIAS DICTAN MUCHAS SENTENCIAS DE MUERTE QUE NO SE CUMPLEN. —
BRILLANTE HOMENAJE DE SALAMANCA A GIL ROBLES Y CASANUEVA. —
ASISTEN EL JEFE DEL GOBIERNO Y VARIOS MINISTROS. — SE CONSOLIDA LA ALIANZA RADICAL-CEDISTA. — LA C. E. D. A. EN EL APOGEO DE SU ESPLENDOR Y DE SU FUERZA. — GIL ROBLESDICE EN MEDINA DEL CAMPO: «CON NOSOTROS ESTÁ ESPAÑA. NO NECESITAMOS MÁS AYUDA QUE LA DE LOS CIUDADANOS CON LA PAPELETA ELECTORAL EN LA MANO». — CONCENTRACIÓN RADICAL EN
VALENCIA. — «NOSOTROS NO HEMOS EVOLUCIONADO NADA, HAN SIDO LOS CEDISTAS LOSQUEHANEVOLUCIONADO» (LERROUX).
Los grandes planes que anuncia Chapaprieta para restringir los gastos públicos, crean un ambiente de expectación y hasta de esperanza. El mi- nistro da la sensación de hallarse muy seguro de sí mismo. Además, toda promesa de economías hechas por un hacendista es siempre bien acogida, Pues no se piensa en los contratiempos ni en quiénes podrán ser las posi- bles víctimas de una política de austeridad. El Gobierno se embarca con- fiado en la aventurada navegación, a todas luces difícil y peligrosa. No parean preocupados los ministros; antes, por el contrario, se muestran dispuestos a cooperar en la patriótica obra de nivelar el presupuesto y de sanear s finanzas, objetivos primordiales de Chapaprieta.
El proyecto de ley de Autorizaciones al Gobierno con la finalidad de restringir los gastos del Estado es dado a conocer a las Cortes (29 de mayo). Los siete primeros artículos abarcan: reorganización de los servicios de los Departamentos ministeriales; supresión de Cajas especiales y de exacciones que no se hallen legalmente establecidas;
reducción de los gastos de personal y de material; limitación de los créditos para la reforma agraria y restricción de los gastos de clases pasivas. Chapaprieta expone a la Cámara el pensamiento del Gobierno en materia financiera y económica. El presupuesto para el segundo semestre de 1935 ha sido estudiado con un espíritu de economía y será de liquidación. «Pretendo —dice— que acabemos con todo lo que el Estado tiene de créditos extraordinarios y prorrogados que vinieron del anterior Parlamento.» El proyecto de ley de restricciones es una preparación del presupuesto de 1936. El déficit del correspondiente a 1934, no liquidado todavía, girará alrededor de 750 millones de pesetas. «Casi puedo adelantar que al liquidar el presupuesto de 1935 el déficit quedará por bajo de los 500 millones.» El plan del ministerio de Hacienda, «efusiva y cordialmente aceptado por los compañeros de Gabinetes, se desarrollará en tres fases: una de preparación, que será todo el ejercicio de 1935, otra de transformación del presupuesto, que será en 1936, y una tercera, la del año 1937, de perfeccionamiento y nivelación». «Y hasta tengo la íntima esperanza de alcanzar la suspirada nivelación acaso a fines de 1936, jamás conocida, como no nos remontemos a los primeros años del siglo.»
¿Cómo se podrá conseguir tan prodigioso evento? En primer lugar, haciendo uso del recurso legítimo de las conversiones voluntarias, re- bajando los tipos elevados de interés y con una política de revalorización de la riqueza. «Capítulo muy esencial en las economías será la transforma- ción de clases pasivas, y aun cuando no puedo cometer la imprudencia de decir hoy a la Cámara a cuánto ascenderán en total aquéllas, desde luego adelanto que se podrán cifrar en centenares de millones de pesetas.» Res- pecto a los ingresos, «me propongo no recargar los tributos, lo que no quiere decir que no haya de hacer una revisión de los mismos, para colocar las distintas tributaciones en un plan de igualdad y de justicia». El ministro de Hacienda aparecía ante la Asamblea como un mago llegado del país de las maravillas
«Tengo una gran complacencia en decir que los latidos que llegan hasta el Ministerio de Hacienda me permiten asegurar que se inicia una corriente de capitales nacionales y extranjeros que nos podrían traer la solución a casi todos nuestros problemas. En lo que respecta a la rehabilitación de España, no debe haber diferencia. En política económica no veo que los Gobiernos de izquierdas hayan tenido una política distinta a los de centro y derecha.»
Opípara ración de optimismo y de júbilo, denomina Calvo Sotelo d discurso del ministro. «Durante los cuatro años de República, hemos co- nocido un presupuesto de doce meses, otro de nueve, dos semestral^ y cinco prórrogas trimestrales. Ningún país de Europa presenta una situación comparable. Hace un año propuse la concesión de plenos poderes al Gobierno para resolver el problema económico. El proyecto fue torpedeado. Se nombró una Comisión para estudiar las economías que convenía hacer. Nada hemos sabido de ella; ahora nos presentan un presu- puesto cuyo cifrado desconocemos. En cuanto al futuro, ¿quién asegura al ministro y a sus compañeros que seguirán en el Gobierno, no en 1937, sino el año próximo? Problema más inmediato es el monetario; la política de intervención que se ha seguido es muy onerosa y ha creado una situación difícil, debido al déficit de la balanza de pagos, que se puede evaluar en mil millones de pesetas. ¿Cuál es el remedio para este mal? Capital ex- tranjero no vendrá mientras España no ofrezca garantías de paz y de orden.» España vive una verdadera guerra civil larvada y el mañana es una incógnita pavorosa que no la despejará el Gobierno. Además, tendría que garantizar a ese dinero el retorno, cosa harto problemática. En cuanto a la estabilización de la peseta, ¿cómo va a estabilizar España su moneda, cuando vive en inestabilidad todo el mundo. La peseta no recobrará nunca una gran parte de su actual devaluación.»
Un presupuesto —afirma Ventosa— representa la traducción de una política, y sin definir ésta resulta inútil la pretensión de hacer un presu- puesto. Las ilusiones y esperanzas del ministro de Hacienda son irreali- zables. El Gobierno debe asegurar el orden público y el ministro de Ha- cienda ganar la confianza en la normalidad financiera del país, sin lo cual ni la estabilidad monetaria ni el derecho de decidir en el problema moneta- rio podrán conseguirse. Con las observaciones de otros diputados y el anuncio del ministro de Hacienda de la próxima presentación a las Cortes de una serie de proyectos, de un Presupuesto y de una colección de leyes complementarias, finaliza la primera fase de la operación hacendística, médula de la política del Gobierno. Comienzan a discutirse las obligacio- nes generales del Estado, en relación con el presupuesto.
A propósito de la regulación de los servicios de Orden Público, Justicia y Enseñanza de Cataluña, el tradicionalista Comín denuncia injerencias de la Generalidad, encaminadas a menoscabar la autoridad y prestigio de la enseñanza en castellano, tanto en la Universidad como en Escuelas normales y primarias. Deduce el diputado que el Estatuto ha sido utilizado para disminuir cuanto tiene carácter español. A juicio del
regionalista Trías de Bes, el uso del bilingüismo, cuando no hay reticencias, se puede solucionar noblemente. «Al hablar en catalán y explicar en catalán —dice— siempre lo hacemos en un idioma español.» El diputado Maeztu exclama: «¡Su señoría, sí!»
Se ha experimentado hasta el extremo límite la imposibilidad de go- bernar si no es apoyándose en leyes de excepción. Los días de normalidad constitucional en la República se cuentan con los dedos. De nuevo el Go- bierno solicita de las Cortes (6 de junio) una prórroga de treinta días del estado de alarma y prevención en catorce provincias. Es la octava pró- rroga. El Gobierno, afirma el diputado de Unión Republicana Pascual Leone, no puede mantener la normalidad sin vulnerar violentamente la ley de Orden Público, con olvido de la Constitución. Ahora se dice que el Gobierno prepara una lista de oradores a quienes se les prohibirá hablar en público. Las leyes son del pueblo y no es lícito utilizarlas contra él. El Gobierno —replica el ministro de la Gobernación— no hace más que interpretar la voluntad del pueblo y servirlo. «Por el bien público deben continuar suspendidas las garantías constitucionales en este momento. La paz material no basta. Hace falta también que en la nación reine un espíritu de conciliación y de templanza. En los mítines de un lado y de otro impera la violencia de palabra y las provocaciones»... «No se puede comparar a unos y otros —interrumpe Calvo Sotelo—, porque nosotros estuvimos al lado del Gobierno el 6 de Octubre.» Varios diputados protestan, llamándole «dictador». Calvo Sotelo: «Tendremos que ser, como sigáis así, dictadores de vuestra cobardía.» Barcia: «Cobardía la de sus señorías en estos momentos.»
«El estado de excitación moral que domina al país — afirma el ministro de la Gobernación— aconseja no dejar la vía libre a los derechos y garantías constitucionales.» «He llamado cobardes, explica Calvo Sotelo, a los hombres que el día de la promulgación de la Constitución votaban la ley de Defensa de la República, y a su amparo se cometían crímenes mons- truosos. La continuada suspensión de garantías significa que la Consti- tución es inviable.»
Pórtela, avisa que suspenderá los mítines cuando prevea que van a ser motivo de alteraciones del orden y sólo autorizará los que no ofrezcan peligro. Acusa a Calvo Sotelo de buscar la dictadura por todos los caminos incluso los del desorden. Nueva intervención de Barcia para rechazar los calificativos de traidores y cobardes. Continuos alborotos. Prodigalidad de insultos de unos bancos a otros y disertaciones sobre la actitud de las izquierdas el 6 de octubre. Copiosa lluvia de invectivas, réplicas y disqui-
siciones retrospectivas hasta el agotamiento. Insistencia de Calvo Sotelo en sus denuncias. La Dictadura —dice— reconoció el hecho sindical y profesional del obrerismo, pero no pactó con el marxismo. Llaneza, Cor- dero, González Peña, Largo Caballero y otros jefes socialistas convivieron con la Dictadura. Hay que extirpar el marxismo, porque de lo contrario éste acabará con España. «Por muchos millones que arbitréis para remediar el paro obrero, como no garanticéis la seguridad social, haciendo que no sea posible asesinar de noche a un patrono, por haber despedido a un obrero revolucionario, como ocurrió ayer, o permitáis que se lance por la calle de Muntaner, en Barcelona, a toda carrera un tranvía incendiado, hecho ocurrido hace tres noches; mientras no logréis asegurar la tranquilidad no habréis conseguido nada.» «Vosotros, exclama, dirigiéndose a las izquierdas, os entregáis a la propaganda entre las masas obreras buscando público para vuestros auditorios. En definitiva, vais a repetir las jornadas del año 30: vais a proporcionar un éxito a esas fuerzas para que luego os aplasten y después pasen por España, si no hay españoles que sepan impedido.»
El regionalista Ventosa afirma: «Mientras la opinión pública esté di- vidida en dos bandos enemigos irreconciliables, ni con estados de excep- ción ni sin ellos será posible un régimen de normalidad en España. La nor- malidad de los espíritus será el preludio de una normalidad material-* Por 127 votos contra 25 se autoriza al Gobierno para prorrogar el estado de alarma.
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La Cámara consagra varias sesiones, tarde y noche, al proyecto de ley de Autorizaciones para resolver el problema planteado por el excedente de trigo, debido a las desorbitadas importaciones hechas por Marcelino Domingo, siendo éste ministro de Agricultura, y por la prohibición de- cretada por la Generalidad a la entrada de trigos castellanos en Cataluña. Se trata de autorizar al ministro para retirar temporalmente del mercado, por sí o delegando en un Banco oficial y en condiciones que se fijen, hasta 4.00.000 toneladas de trigo procedente de la cosecha de 1934; para bonificar a tipo máximo de 9 por 100 anual, englobados intereses y gastos, las retenciones voluntarias de trigo procedentes de aquella cosecha. El pro- yecto de Ley queda aprobado.
Simultáneo a este debate se desarrolla otro sobre medidas para remediar al paro, mediante primas a la construcción de obras públicas,
exenciones de impuestos del Estado y arbitrios municipales y provinciales por veinte años, ayudas a particulares y sociedades inmobiliarias que se dediquen a construir casas de renta comenzando la edificación antes del 31 de diciembre de 1935 para terminarlas, el 31 de diciembre de 1936, como fecha tope. Los créditos autorizados en los presupuestos del segundo semestre de 1935 y en 1936, para combatir el paro, importarán como máximo doscientos millones de pesetas. Si los parados se aproximan, según el diputado radical Basilio Álvarez, a un millón (65), resulta exigua
aquella cifra para luchar con éxito contra la calamidad. Diputados de Unión Republicana, cedistas, radicales, monárquicos, tradicionalistas, independientes coinciden en reconocer insuficientes los créditos. Aquí, exclama el cedista Madariaga, nos limitamos a criticar, pero nadie aporta una idea de provecho.
Con esta son cuatro las veces —afirma el ministro de Trabajo (4 de junio) — que la Cámara se ocupa de un proyecto contra el paro forzoso. Todos fueron combatidos por insuficientes, diciéndose que la solución es- taba en los principios marxistas. Se exagera el número de parados, que deben de ser 500.000 o menos, pero aumentan de manera constante. Las causas de paro son de tipo económico. Aparte de las obras comprendidas en el proyecto hay otras de iniciativa privada, entre ellas las de cuatro inmobiliarias, dispuestas a invertir solamente en Madrid varios millones de pesetas. El ministro calcula que el proyecto representará hasta finales de 1936 una movilización de unos cuatrocientos millones de pesetas. Otras medidas de Gobierno permitirán la movilización de cifra parecida. «Ningún otro proyecto se ha presentado nunca que represente un conjunto de medidas tan eficaces y de tanto alcance como éste.» Se aprueba el dictamen.
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La ley de Imprenta, discutida con tanta fogosidad en las primeras sesiones de junio, queda en vía muerta para dar paso a otros proyectos, especialmente el de paro, y a los presupuestos del segundo semestre de 1935, cuya aprobación urge. Los votos particulares y enmiendas al dic- tamen de la Comisión sobre la ley de Imprenta tienen poco éxito. La ata- can desde todos los sectores. El tradicionalista Tejera afirma: «La Repú-
65 Al paro producido por la crisis industrial hay que añadir el descenso de la
emigración. Los 33.000 españoles que iban en el año 1928 a la Argentina se han reducido en 1932 a 7.0000. En los últimos cinco años han regresado de Cuba 92.000 españoles y han sido repatriados de toda américa 224.000,
blica o es la Constitución o no es nada. La Constitución garantiza en el artículo 34 la libre emisión del pensamiento. Este dictamen es un instru- mento de tiranía contra la libertad. Cuatro años de República y apenas ha habido dos meses de libertad; que se quite la República y nos dejen la libertad.» Se distinguen en la impugnación de la ley los diputados Gon- zález López, Recaséns Siches, Pascual Leone y Fernández Labandera. Los vocales de la Comisión encargados de su defensa, no demuestran celo ni entusiasmo. Puestos a discusión los presupuestos, todos los demás asuntos quedan aletargados. Y la ley de Imprenta arrinconada en el desván de los trastos inútiles.
En sesiones dobles, diurnas y nocturnas, se examinan los presupuestos. Las discusiones son serias y los diputados que en ellas participan demuestran conocimiento de lo que tratan. Es una de las pocas veces en que el Parlamento parece recuperar la conciencia de su misión y de su autoridad. Cuando se termina el estudio de gastos e ingresos de cada Departamento, se discute el articulado de la ley, hasta dar cima a la labor (29 de junio). «Jamás una Comisión de Presupuestos —afirma Barcia— dio las facilidades que ha dado la actual para dictaminar y discutirlos.» Calvo Sotelo enjuicia la obra con estas palabras: «Es el peor presupuesto de estos últimos años.»
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Inesperadamente surge un nombre ya clásico en la República, como sinónimo de excesos y violencias de un poder abusivo: Casas Viejas. En la audiencia de Cádiz se ve la revisión de las sentencias del capitán Rojas, que al frente de los guardias de Asalto reprimió aquel motín con singular dureza, obedeciendo las órdenes del entonces ministro de la Gobernación, Casares, y el de la Guerra, Azaña. Llamados a declarar, comparecen los dos gobernantes, y también lo hace el capitán de Estado Mayor Bartolomé Barba, que se ratifica en las declaraciones hechas durante el proceso, según las cuales Azaña ordenó que la represión fuese enérgica, sin prisioneros ni heridos, que siempre resultan inocentes, y «los tiros a la barriga». Azaña niega que diera semejante orden. En el fallo no se aprecian al capitán Rojas eximentes y se le condena a lo mismo que la vez anterior, o sea, por catorce homicidios a siete años cada uno, apreciándose sólo tres delitos equivalentes a veintiún años de reclusión.
Firmada por diputados monárquicos — Goicoechea en primer término se presenta a las Cortes (24 de junio) una proposición no de ley a
la vista de la sentencia de Cádiz para reclamar al Ministerio de Justicia el sumario instruido con motivo del proceso, a fin de revisar las órdenes de quienes, ejercían función ministerial reglamentariamente comunicadas, según el veredicto del Tribunal del Jurado, para contrastar su responsabilidad, y para que los diputados con conocimiento de causa ejerciten el derecho de acusación que les confiere el artículo 120 del Reglamento. Goicoechea evoca el capítulo ignominioso que sepultaba al Régimen en vergüenza, fango y lágrimas, según la frase de Martínez Barrio, el cual declara ahora que nunca pensó «que de las altas direcciones del Gobierno de Azaña salieran órdenes que pudieran poner el epílogo de crueldad que en Casas Viejas, para dolor de España y mal de la República, se produjo en aquella ocasión». «Vaya S. S. por otros caminos —añade Martínez Barrio— para buscar elementos de acusación, si cree que los hay, contra el señor Azaña.» El ministro de Justicia, Casanueva, tampoco se presta a facilitar el propósito de los diputados monárquicos. «Mientras a mí no me conste que la sentencia es firme —dice—, ni un papel, ni un documento del sumario vendrá aquí con mi consentimiento.» Goicoechea insiste en recordar las acusaciones formuladas en las Cortes contra Azaña y Casares Quiroga por diputados republicanos al discutirse los sucesos, y de tal modo solivianta a Martínez Barrio y a los componentes de su minoría, que el Presidente se ve y se desea por aplacar el alboroto. «Es profundamente grotesco —exclama aquél— el espectáculo. Alguien diría que esto no es una Cámara, sino un circo de acróbatas. Mantengamos todos la dignidad del Parlamento. No es posible entrar por el capítulo de las amenazas y los intentos de agresión.» «El ministro de Justicia, afirma Goicoechea, da la negativa a todos los que pretenden que se deduzcan las responsabilidades penales que fluyen del sumario por el proceso de Casas Viejas: Lasciate ogni speranza. No hay posibilidades de que nunca se