EL JEFE DEL GOBIERNO LEE A LAS CORTES EL PROYECTO DE REFORMA DE LA
CONSTITUCIÓN. — SE CITAN CUARENTA Y UN ARTÍCULOS QUEEXIGEN REVISIÓN.
— RECLAMACIONES CONTRA INJUSTOS DESPIDOS DE ARRENDATARIOS DE
TIERRAS. — EL MINISTRO DE HACIENDA PROPONE REDUCIR EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS, ACABAR CON LAS CAJAS ESPECIALES Y PERSEGUIR ABUSOS Y DESPILFARROS. — POR CULPA DE LOS RADICALES, LA ACUSACIÓN CONTRA
AZAÑA Y CASARES QUIROGA NO PASA AL TRIBUNAL DE GARANTÍAS. — EL MINISTRO DE AGRICULTURAPRESENTAA LAS CORTESEL PROYECTODE REFORMA DE LA REFORMA AGRARIA. — PROPONE LA INDEMNIZACIÓN A LOS GRANDES DE
ESPAÑA QUE FUERON EXPROPIADOS. — «ES UN INTENTO PARA ANULAR LA
REFORMA AGRARIA» (SÁNCHEZ ALBORNOZ). — «ESTE PROYECTO SE MANTENDRÁ EN PIE HASTA EL PRÓXIMO MOVIMIENTO DE REPRESALIA» (PRIMO DE RIVERA). — LAS IZQUIERDAS DECLARAN QUE EN SU DÍA EXIGIRÁN A LOS INDEMNIZADOS LA RESTITUCIÓN DEL DINERO PERCIBIDO. — IRREGULARIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN UN PLEITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COLONIAS Y UNA COMPAÑÍA NAVIERA. — LA REFORMA DE LA LEY
ELECTORALREDUCIDAA TEMADEDISCUSIÓN POLÍTICA.
Aprobadas por las Cortes la Ley Municipal, (28 de junio), los Presu- puestos y su articulado, el presidente del Gobierno lee a la Cámara (5 de julio) el proyecto de reforma constitucional. «Por primera vez en la historia política de España —se dice en el preámbulo—, una revisión cons- titucional se realiza aprovechando las posibilidades jurídicas que otorga la misma Constitución vigente. Los regímenes pre-constitucionales y las Constituciones han tendido a la inmutabilidad, con lo cual todo cambio no tuvo más trámites que los de la violencia.» «Surge ahora una norma superconstitucional», lo cual acusa «un alto grado de sentido jurídico y su práctica un feliz cambio de rumbo en nuestras costumbres ciudadanas». «El fomento oportuno de la reforma es éste, ya que no parece prudente aguardar a otra actividad sobreexcitada de tal modo que la más básica ley del Estado sólo registre notas cargadas de pasión extremista.» «No hay discordancia más torturadora y peligrosa que la que se produce entre el espíritu de la nación y la forma jurídica destinada a protegerle y revelarle.» «Esta propuesta está construida sobre la experiencia, a través de las más
variadas situaciones en las que los hechos han hablado con irrebatible objetividad.»
Lo primero que se cita como revisable son «los requisitos de aprobación modificación o derogación de los Estatutos regionales, a fin de que no queden sin normas precisas que los regulen», vinculadas inexcusablemente a la órbita soberana del Estado, funciones que, como la experiencia ha demostrado, no pueden entregarse a la autonomía regional sin grave riesgo; se trata de unificar cuanto se refiere al derecho de familia, tutela, obligaciones y contratos que ya en lo esencial se presentan en toda España con caracteres uniformes.
En el proyecto se citan cuarenta y un artículos que reclaman reforma (67). La relación comprende los referentes a Estatutos, adquisición de
vecindad, orden público, derecho de asociación de funcionarios, matrimonio, expropiación y socialización sin indemnizar, enseñanza, relaciones entre las Cortes y el Presidente de la República, Tribunales de Honor y de Garantías, amnistía y presentación de presupuestos.
Se enumeran también como necesitados de revisión todos los que se refieren a atribuciones del Presidente de la República, cosa explicable por cuanto que el proyecto está confeccionado con las mimbres proporcio- nadas por Alcalá Zamora en su alegato en favor de la reforma constitu- cional en los tres primeros Consejos de ministros del año. Con dicho ma- terial ha redactado el ministro Dualde su dictamen, ampliado y corregido por sus sucesores y aprobado en Consejo de Ministros (13 de junio). El proyecto pasará a examen de una Comisión de veintiún diputados, para ser discutido en el último trimestre, más no se advierte gran interés y prisa por sacarlo adelante, previsto que una vez aprobado las Cortes quedarán disueltas automáticamente y no desean esto los promotores de la revisión. Confían en que lograrán suprimir el espíritu agresivo del texto constitu- cional para situar a los españoles en un terreno de convivencia donde se puedan dirimir civilmente y en un ambiente de mutua comprensión las contiendas ciudadanas.
La reforma de la legislación de jurados mixtos origina prolijas discusiones. El proyecto autoriza al ministro de Trabajo la constitución de Jurados a título excepcional, condiciona que los presidentes deberán ser funcionarios en activo o excedentes de la carrera judicial, suprime los
67 Los artículos cuya revisión se propone son los siguientes: 12, 14, 15, 19, 20,
Tribunales industriales y determina como preceptivo el asesoramiento técnico si lo pide cualquier vocal.
Se pretende que los Organismos paritarios por su falta de garantías jurídicas y de competencia técnico-económica dejen de constituir un peli- gro para el desenvolvimiento laboral del país. «El proyecto —dice el ministro (5 de julio) — se inspira en un espíritu de independencia, en el deseo de separar a los Jurados mixtos de toda intervención de la política y hasta cierto punto de la Administración.»
Algunos diputados piden al Gobierno que impida se lleven a cabo despidos y desahucios contra el espíritu de la ley de Arrendamientos con violencia para los arrendatarios cumplidores de sus obligaciones y pací- ficos trabajadores y habitantes del campo. Así se dice en una proposición no de ley, firmada por diputados radicales y nacionalistas vascos (11 de julio). El diputado Irazusta denuncia que en varias provincias se producen despidos de arrendadores en masa, consecuencia, según el ex ministro Giménez Fernández, «de no haberse aprobado simultáneamente las leyes de arrendamiento y de acceso a la propiedad». «Una gran parte de lo que ocurre —añade— es el miedo al acceso a la propiedad y no hay motivo para ello, porque cuando llegue esa ley habrá que indemnizar religiosa- mente a los propietarios. El número de desaprensivos, malos españoles que atropellan al arrendatario es ínfimo» y con su conducta se preparan el mayor daño para ellos.» Según Álvarez Mendizábal, el 80 por 100 de los arrendatarios están bajo la amenaza de despido. Se exagera mucho, afirma el ministro de Agricultura. «Todavía no se ha practicado ningún despido.» El aviso es preceptivo y se realiza para renovar los contratos con arreglo a las formas de la nueva ley. El Gobierno actuará con toda severidad para evitar abusos o venganzas. Algunos diputados insisten en la siguiente sesión en sus denuncias y el ministro de Agricultura, Velayos, se ve en grave aprieto para responder si los propietarios que no trabajan directamente la finca pueden desahuciar. Las respuestas son ambiguas y los interpelantes exigen contestaciones concretas. Cuando la situación pa- rece más enredosa y complicada acude Gil Robles en auxilio del ministro en apuros. «¿A qué tiende la preposición?, pregunta. A evitar que al amparo de un precepto legal se puedan cometer injusticias y abusos. Pues entonces, todos estamos de acuerdo. Y si los firmantes de la proposición necesitan votos, les ofrecemos los nuestros, pues si se busca un terreno de justicia tendremos que encontrarnos. Pero si se trata de una maniobra política, daremos al caso su verdadero carácter. Al amparo de la Ley de
Arrendamientos no se pueden cometer abusos en forma de desahucios en masa».
* * *
Las Cortes discuten (12 de julio) los proyectos del ministro de Hacienda. El primero, una autorización para emitir bonos de Tesorería al 4 por 100 de interés anual, operación —explica Chapaprieta— concebida para que el Estado por medio del Centro de Contratación, pueda hacer frente a la demanda de divisas extranjeras, implante el seguro de cambio y pueda —pretensión un tanto ambiciosa— reintegrar una parte del oro que un mal día salió de España. A continuación se lee el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre autorizaciones al Gobierno para restringir los gastos del Estado. Los artículos del proyecto se refieren a reorganizaciones de los servicios de los Departamentos ministeriales: supresión de cajas especiales y exacciones que no se hallen legalmente establecidas; reducción de gastos de personal; limitación de los gastos de material y revisión de las concesiones de derechos pasivos La preocupación de los diputados Vidal y Guardiola. Amado y Sierra Rustarazo, al analizar el proyecto, se centra en los funcionarios públicos. ¿Acaso van a ser los únicos sacrificados para sanear la Hacienda? ¿En qué proporción se harán las amortizaciones de personal? El ministro tranquiliza a los alarmados. «El proyecto en materia de personal respetará todo derecho legítimo; aquel que haya entrado en la Administración, por vía legal, nada tiene que temer. El proyecto aspira a corregir abusos, y a acabar con la vergüenza de injustas desigualdades de sueldo.» Al discutirse el articulado del dictamen, y en su respuesta a los diputados Villanueva y Santaló, contrarios al proyecto (16 de julio), el ministro despliega ante la Cámara el espectáculo deslumbrante de sus planes. «No me avenía —declara— a la posibilidad de que un presupuesto, el de 1935, que lo conceptúo malo, pudiera tener todavía dieciocho meses de vida.» «Aspiro a que el déficit de 800 millones al final del ano quede reducido a quinientos.» «Para ello se cifrarán los gastos en su cantidad exacta, serán reforzados los ingresos, no con la creación de nuevos tributos, sino descubriendo bases de contribución ocultas.» «Los impuestos han llegado a tal límite en España, que hasta se explica la defraudación, ya que hay muchos contribuyentes que no pueden pagar, sin que desee decir con esto que justifique el proceder.» «En el mes último he logrado un aumento de veinte millones en la recaudación. Una reforma tributaria a fondo sólo se puede hacer con un presupuesto nivelado; entre tanto, como reza el
aforismo, producen más los tributos viejos y malos que los buenos y nuevos.»
«Para seguir siendo ministro de Hacienda necesito esta autorización. ¿No decimos todos que el déficit cada día es más alarmante? ¿Se puede nivelar el presupuesto de España sin hacer economías en los gastos? Al amparo de la ley de Restricciones, el Gobierno acometerá la reorganiza- ción a fondo de los departamentos ministeriales, donde hay muchos ser- vicios duplicados o inútiles.» El artículo segundo se refiere a las cajas es- peciales. «He podido contar hasta sesenta y dos. ¿Es posible que junto a un presupuesto del Estado tengamos setenta u ochenta presupuestos parciales, en los cuales se vacía una gran parte del dinero de los contribuyentes? ¡Estoy resuelto a acabar con esta vergüenza nacional!» Determinadas Cajas pueden prestar un servicio a la economía incorporadas al Estado. Si prevalecen, traerán a la Cámara su presupuesto, intervenido por el Estado, y rendirán sus cuentas al Tribunal de la Nación.
El personal se lleva el 37, el 38 ó tal vez el 40 por 100 del presupuesto. ¿Hay alguien que niegue que sobra personal y, sobre todo, que está mal distribuido? En la reglamentación de emolumentos hay una enorme injusticia. En algunos Ministerios el personal cobra su sueldo a secas: en otros, a los empleados entre dietas y asignaciones se les dobla su sueldo. En algún centro los empleados cobran por no ir por las mañanas y perciben horas extraordinarias por ir por la tarde. Hay un Ministerio donde francamente se dice: «Ingenieros con doble jornada». Y cobran doble suel- do, incrementado por dietas, quinquenios y horas extraordinarias. Hay organismos del Estado con funcionarios que cobran 70 u 80.000 pesetas. Quiero defender al funcionario modesto y si puede ser mejorarlo y acabar con esta vergüenza de la Administración española de despilfarros y abusos. La autorización que os pedimos no es en beneficio del Gobierno, sino de España.»
La mayoría de la Cámara escucha complacida el discurso del ministro de Hacienda y se muestra dispuesta a aprobar el tratamiento quirúrgico que aquél propone. Las oposiciones y los diputados regionalistas catalanes, por el contrario, entienden que la ley es innecesaria y perturbadora. Los que más temen son los funcionarios, que en escrito a la Comisión parlamentaria expresan su alarma y su miedo. Ventosa manifiesta: «Consideramos que el proyecto no es adecuado ni eficaz. La reorganización administrativa no debe ser substraída a la competencia, autoridad y al voto del Parlamento. El ministro ha denunciado una serie de abusos de los empleados. ¿Es que para corregirlos necesitan de una ley el
Gobierno y el ministro de Hacienda? ¿Qué garantías hay de que la ley de Autorizaciones proporcione la autoridad y energía necesarias para corregir otros abusos más graves? En cuanto a las Cajas especiales, comparto el criterio del ministro de Hacienda Todo lo que sea acabar con los abusos existentes y tratar de la nivelación del Presupuesto tendrá la simpatía de la opinión.»
En la discusión de enmiendas y votos particulares para modificar algunos aspectos de la ley se consumen varias sesiones. El ministro y los vocales de la Comisión de Hacienda, Villalonga y Rodríguez de Viguri, contestan a los interpelantes con espíritu transigente y benévolo.
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Reaparece en las Cortes la acusación contra Azaña y Casares Quiroga con la lectura del dictamen (20 de julio) emitido por la Comisión especial presidida por Álvarez Valdés. En realidad las tan alborotadas acusaciones habían quedado reducidas a las celebradas fogatas de virutas. Desde entonces los trabajos de la Comisión de veintiún diputados, encargada de proporcionar los documentos pertinentes al Tribunal de Garantías, se retrasaban por el retraimiento de la mayoría de los vocales radicales, contrarios a que prosperase la acusación. Así las cosas, al plantearse de nuevo la cuestión se sabe de antemano que es asunto perdido; de un lado la Lliga Catalana insiste en una actitud contraria, porque no puede olvidar que Azaña otorgó el Estatuto a Cataluña; de otra parte, los radicales recaban y obtienen de su jefe libertad de actuación. Un diputado radical, Izquierdo Jiménez, sostiene, sin embargo, que jurídicamente no hay argumento serio que oponer a que la Cámara abra un cauce para que se enjuicie a Azaña, mientras que el diputado de la Lliga Catalana Reig califica la acusación de improcedente y falta de fundamentos jurídicos. «El camino a seguir —afirma— no es el que señala el dictamen; sin mirar atrás, se debe iniciar un movimiento generoso que cree un clima espiritual de convivencia y de concordia entre los españoles.» Añade: «Es incomprensible que se plantee este problema cuando por la ley de 24 de abril de 1934 hemos concedido una amplia amnistía para toda clase de delitos políticos y sociales.» El presidente de la Comisión, Álvarez Valdés, no demuestra convencimiento ni entusiasmo. Hay que mantener la acusación, porque a juicio del fiscal existen cargos bastantes para abrir un enjuiciamiento encaminado a depurarlos y una masa de doscientos diputados comparte ese criterio. Álvarez Valdés
denuncia que el día que se emitió dictamen, sólo asistieron catorce miembros de la Comisión, compuesta de veintiuno, y por nueve votos «entre el que se contaba el mío» se acordó mantener la acusación; los vocales radicales desertaron. El cedista Mouta, principal acusador ante las Cortes, cuando se plantea el asunto insiste en las razones que entonces expuso. La Comisión, afirma, ha trabajado sin apasionamiento, con moderación y serenidad. El Tribunal de Garantías debe fallar una vez examinados los documentos que se le han proporcionado si Azaña intervino o no en la venta del armamento que fue a parar a manos de los insurrectos de 1934. Azaña —afirma el diputado— es invulnerable a los llamamientos a la convivencia: «es tan inflexible, tan rígido, tan poco propenso a aquello que entendemos nosotros que es útil a la vida de España, que no es posible esperar de él acto de arrepentimiento ni variación de conducta».
En contra de la acusación se declaran el nacionalista vasco Landáburu y el republicano de izquierda Barcia. El pensamiento del Gobierno lo expone Lerroux y es también de gran benevolencia: «Nada habría tan satisfactorio para mí que dar ocasión al señor Azaña — adversario o enemigo, en esta zona o en otra, para ahora o para siempre— para que quedase a la altura en que nosotros queremos a todos los hombres que han servido a la República con una recta intención.» Se trata de un problema de conciencia, y por lo tanto «mi partido puede obrar con arreglo a ella». «En problemas de esta clase yo, como jefe del partido, no puedo exigir subordinación a otra disciplina que la de la propia conciencia.» Goicoechea pretende inútilmente, con evocación de hechos y recuerdo de palabras pronunciadas en otro tiempo, reavivar la enemiga de ciertos republicanos contra Azaña.
Prevé la falta de votos para formalizar el quorum, y advierte que no será por culpa de cedistas, agrarios, monárquicos ni de las fuerzas de Melquíades Álvarez. Los desertores —no lo dicen, pero todos lo saben— son los radicales. Menos de treinta asisten a la sesión y a la hora de votar algunos de ellos se escabullen. La votación se realiza por bolas. De 257 diputados participantes, 189 depositan bolas negras, 68 bolas blancas. Como el número de diputados en el ejercicio del cargo es de 442 y la mitad más uno 222, no se logra la mayoría absoluta necesaria para que prospere la acusación.
Se desploma cual castillo de naipes el andamiaje montado con tanta gritería para exponer a la vindicta pública a Azaña y Casares Quiroga, como reos de maquinaciones contra la seguridad del Estado, malversa-
dores de fondos y proveedores de armamento a la revolución de Octubre. Desvanecida la polvareda, la figura de Azaña se yergue enaltecida y triun- fante.
* * *
La reforma agraria implantada durante el primer Gobierno de Azaña fue un aparatoso intento de transformación de la propiedad de la tierra, que llevó la anarquía y la ruina al campo. Inspiró la reforma el deseo de cumplir algunos de los compromisos contraídos en los días de propaganda con una desaforada teatralidad política. El propósito carecía de base ra- cional y de recursos financieros indispensables para indemnizar a los dueños de las fincas expropiables. En la sublevación del 10 de agosto de 1932 encontró el Gobierno pretexto para despojar a la nobleza de sus tie- rras sin compensarla. El atropello desbordado en espuma demagógica poco o nada beneficia a la empresa agraria. «A los dos años y medio largos de República, en diciembre de 1934, la revolución sólo había dado tierra a 12.660 campesinos» (68). El problema del campo «no llegó a constituir en
la política una aspiración nacional o preocupación primordial de todos los partidos del régimen», dice Ramos Oliveira.
Azaña no pronunció nunca un discurso sobre la cuestión agraria. Restablecer el orden jurídico, ordenar la producción y revalorizar la tierra, prometían las derechas en sus propagandas mediante la reforma de la Reforma Agraria. Giménez Fernández preparaba el proyecto de rectifica- ción, pero el ala derecha de la C. E. D. A. y los agrarios miraban con mu- cha prevención tales propósitos, desconfiados y recelosos del catedrático, cuyas ideas avanzadas no compartían. El nuevo ministro de Agricultura, Velayos, presenta a las Cortes la ley modificadora de la Reforma Agraria y levanta una tempestad de protestas de las izquierdas. Según el dictamen de la Comisión correspondiente, se trata de «armonizar la ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932 con la realidad nacional», mediante una revisión profunda que producirá efectos beneficiosos. El propósito fundamental es «simplificar la obra de la reforma» con la «supresión del derecho de retracto a favor del Estado | sobre las fincas que se transmitan contractualmente a título oneroso» y el relativo a las fincas emplazadas en lo que se denomina el «rodeo» de los pueblos. Punto capital es la supresión de las expropiaciones sin indemnización, así como lo referente a