El golpe y la dinámica del GRFA a medio plazo

5.1.- El 3 de octubre de 1968 y la toma del poder

Con la apertura de los temas políticos los acontecimientos se aceleraron, y los signos de que había militares dispuestos a romper con las reglas y asumir los costes de gobernar fueron cada vez más numerosos, tanto más cuanto se percibía que los políticos carecían de capacidades para penalizar a los golpistas si estos fracasaban. En buena medida esas penalizaciones dependían de las relaciones disciplinarias dentro de las mismas FFAA y, en este sentido, los principios jerárquicos también eran favorables al golpe desde el momento en que la iniciativa partió del comandante general del Ejército.

Cuando en septiembre de 1968 estalla el escándalo del Acta de Talara, las circunstancias no podían ser más favorables para un golpe de Estado. La oposición estaba dividida entre sí, el acuerdo sobre la reforma fiscal que se había dado entre la Presidencia Belaúnde y el APRA se encontraba en un callejón sin salida, y el bloque de gobierno había terminado aislado y literalmente roto (Pease García, 1977: 15-16). El Ejército, como colectivo, veía pocas razones para permanecer leal a la Presidencia. El Gabinete Hercelles termina por dimitir en la resaca del caso IPC y el vacío creado hasta que tome su lugar un nuevo Gabinete es aprovechado por el comandante general del Ejército y Presidente del Comando Conjunto, general Velasco Alvarado, para hacerse con el gobierno en la madrugada entre el dos y el tres de octubre.

Esta decisión tiene poco de impulsiva y responde en buena medida a formas de trabajo muy características. La abundancia de testimonios sobre los acontecimientos que rodearon el golpe del tres de octubre ha dejado pocas zonas oscuras sobre movimientos

que en esos días permanecieron secretos.80 Desde abril el malestar en el cuerpo de

oficiales por las consecuencias de los conflictos políticos sobre sus instituciones había ido en aumento, erosionando seriamente las simpatías con que todavía contaba Belaúnde. A mediados de ese mes las denuncias de contrabando contra el gobierno de Belaúnde y familiares del presidente se habían hecho extensivas a las FFAA, con acusaciones directas contra altos cargos militares en la comisión de investigación

80

En este apartado nos hemos basado en cronologías existentes, como la de Desco (1974) y la de Zimmermann (1974), entrevistas a militares que participaron en esa coyuntura (Tello, 1983) y, en menor medida, algunos documentos directos como Mercado Jarrín (1974).

abierta en el parlamento. Las cosas llegaron a un punto en que el alto mando consideró necesario, a finales de abril, hacer público un comunicado oficial en apoyo de su comandante general, el general Velasco Alvarado, y del Ministro de Guerra, general Doig, originando en esta maniobra rumores renovados de golpe militar. En mitad de esos acontecimientos parece ser que se gestó la conspiración. En una de las reuniones del grupo de trabajo del Ministerio de Guerra para preparar el texto, el 21 de abril, los coroneles Enrique Gallegos y Leonidas Rodríguez Figueroa estaban apartados en un descanso cuando, con aparente casualidad, se les unió Velasco Alvarado y comentaron la situación. Ambos coroneles expresaron su preocupación y la posibilidad de que las FFAA se tuvieran que hacer cargo del gobierno, sin que Velasco Alvarado manifestara postura alguna. Cuatro días después cita a ambos coroneles y les encarga un primer esbozo de plan de gobierno –el origen putativo de lo que con el tiempo sería el Plan Inca-, con lo que podemos datar con precisión el inicio de la conjura en esos días (hay una amplia coincidencia en las entrevistas a oficiales en Tello, 1983).

A fines de mayo el primer esbozo del plan de gobierno estaba listo. Velasco se lo muestra al Jefe del Estado Mayor y número dos del Ejército, general Dianderas, que no quiere intervenir (Rodríguez Figueroa en Tello, 1983, I). Poco después el general Morales Bermúdez abandona el Ministerio de Hacienda y el general Doig deja el Ministerio de Guerra. Belaúnde tanteó a Velasco Alvarado para que ocupara el Ministerio, como era el procedimiento habitual, pero éste rehusó alejarse a una posición administrativa y convenció a Belaúnde para que el nuevo ministro fuera el general Dianderas. El anterior inspector general ocupó el puesto de Dianderas como número dos del Ejército, general Sánchez Salazar -considerado como un personaje muy próximo a Belaúnde-, y el general Ernesto Montagne ocupó la Inspección General.

A posteriori, parece que a finales de mayo Velasco Alvarado se decantó finalmente por tomar el gobierno, seleccionando un pequeño grupo conspirador. Los coroneles Jorge Fernández Maldonado, muy vinculado a los coroneles Gallegos y Rodríguez Figueroa, y Rafael Hoyos, que dirigía la unidad de comandos, se unen para reformular el plan de gobierno mientras Velasco Alvarado entra en contacto con unos cuantos generales claves en la estructura jerárquica del Ejército y, muy en particular, con posiciones de mando en el área de Lima. Se trata apenas de cuatro. Montagne, Inspector General del Ejército, Maldonado Yáñez, Comandante de la Segunda Región Militar, que incluía Lima y la unidad más potente, la División Blindada, cuyo comandante, Alfredo Arrisueño, es el tercero del grupo y, por último, el general Mercado Jarrín, Comandante

General del Centro de Instrucción Militar (CIMP), que concentraba en su sede de Chorrillos todas las Escuelas Militares, además de ser un personaje muy influyente entre las unidades de inteligencia. Sánchez Salazar también fue tanteado de forma indirecta, pero tras afirmar que el Ejército no debe participar en política Velasco Alvarado tuvo mucho cuidado de que no le llegaran noticias del complot (Kruijt, 1991a: 136).

Hasta cuarenta y ocho horas antes del golpe el grupo quedó reducido a esas nueve personas. Antes que razones de proximidad ideológica, hemos de entender que entró en consideración la conveniencia de mantener toda la maniobra en secreto el mayor tiempo posible, teniendo en cuenta que con los rumores golpistas se había ampliado la vigilancia ante maniobras “anormales”. Esto explica que muchos oficiales que después se destacarían durante el GRFA o que eran estrechos colaboradores de los oficiales ya comprometidos no fueran informados hasta la madrugada del dos de octubre. Es el caso de los coroneles De la Flor y Richter, directores respectivamente de las Escuelas de Infantería y Caballería bajo mando del general Mercado Jarrín, que se incorporan apenas dos días antes del golpe. El también coronel Aníbal Meza Cuadra -que había tenido una conversación con Velasco a inicios del 68 donde dejó entender su predisposición a colaborar en un golpe- no fue informado hasta la víspera, a pesar de ser uno de los pocos oficiales que podía presumir de tener una relación personal de confianza con Velasco Alvarado (Meza Cuadra en Tello, 1983, I: 322-323). Un caso semejante es el del coronel Vargas Gavilano, Jefe de Operaciones e Instrucción de la Segunda Región Militar, que comandaba uno de los generales implicados, Maldonado Yáñez, que supo del golpe por la radio. No resulta complicado pensar que en todos estos casos primó el secreto sobre la confianza, y la pertinencia en el mando sobre la misma jerarquía interna. Como ya hemos dicho, Montagne era el número tres en el organigrama del Ejército, mientra que Arrisueño, Maldonado Yáñez y Mercado Jarrín tenían bajo su mando a todas las tropas en torno a la capital. Una vez tomado el poder, a excepción de este último, la disparidad de criterios sobre qué hacer una vez en el gobierno los va a convertir en un problema aunque antes fueran una solución. En este línea de pertinencia, los coroneles Enrique Gallegos y Leonidas Rodríguez Figueroa eran el jefe y subjefe de la división de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército y, junto a Fernández Maldonado, asumieron la preparación del golpe como un plan propio del Estado Mayor.

Desde finales de mayo, ya con el grupo definido, se empezó a trabajar de forma más estructurada con un objetivo conocido por todos ellos: la elaboración de los documentos

básicos para el golpe de Estado: el plan de acción para el día del golpe, el plan de gobierno, un manifiesto que sustentara la ocupación del gobierno y un estatuto que regulara las posiciones claves. Siguiendo con el secretismo de todo el proceso se emitió una directiva interna que enmascarara las reuniones y éstas empezaron a sucederse periódicamente. Las reuniones empezaron siendo dos o tres por semana para pasar a ser diarias según se acercaban las fechas. El proceso era completamente jerárquico: las propuestas iban del grupo de coroneles al de generales, y de ahí a Velasco, y de vuelta por el mismo cauce.

La segunda versión del plan de gobierno llega a manos de Velasco Alvarado a mediados de junio. Según alguno de los implicados, en ese punto congeló la decisión, pero cuando Belaúnde hace público el acuerdo con IPC y comienzan a surgir noticias confusas sobre sus contenidos Velasco Alvarado toma la decisión definitiva. En un último test, Velasco Alvarado decide solicitar el pronunciamiento de los generales del Ejército sobre el Acta de Talara. Sorprendentemente la comisión encargada al general Sánchez Salazar elude una crítica directa a Belaúnde. Velasco Alvarado solicita a Montagne que forme una segunda comisión y el 11 de septiembre se convoca a reunión a los treinta y seis generales del Ejército, que votan individualmente ambas propuestas. De forma casi unánime sale adelante la propuesta de Montagne, de ribetes nacionalistas muy críticos con el gobierno, lo que indicaba que Belaúnde contaba para entonces con muy escasas simpatías militares.

El 21 de septiembre Velasco Alvarado debía ir a Río de Janeiro para asistir a una conferencia de ejércitos pero delega en Montagne, con lo que el hervidero de rumores en que se había convertido Lima se agita todavía más. Al mismo tiempo, los planes de gobierno se aceleran y Velasco se decide a ampliar los contactos de última hora con una fecha ya en mente, aprovechando el cambio de Gabinete. Cuando el general Montagne regresa de Brasil el 29 de septiembre un segundo grupo de coroneles es citado a una reunión en el CIMP el día dos de octubre, entre ellos Leoncio Pérez Tenaud, Miguel Ángel De la Flor, y Pedro Richter, y los comandantes de las cinco zonas militares son informados y comprometidos, así como oficiales de la Marina y de la FAP a título personal -el Contraalmirante Navarro, el almirante De Las Casas, el general Chamot y el coronel Obradovich- (Mercado Jarrín en Tello, 1983, I). El 2 de octubre jura el cargo un nuevo Gabinete, acto al que asiste Velasco Alvarado aquietando los rumores, pero la decisión ya no tiene marcha atrás. Ese mismo día a las once de la noche la reunión en el CIMP concentra a un grupo amplio de coroneles y generales del Ejército. Una vez allí

son informados por el mismo Velasco Alvarado de sus planes e invitados a sumarse. A lo largo de la madrugada son informados otros oficiales, como el mismo general Morales Bermúdez.

Los acontecimientos se suceden según el plan de acción. Sin ninguna complicación el coronel Hoyos toma el Palacio de Gobierno y, dentro de ese operativo, Gallegos captura a Belaúnde. A las cinco y media de la mañana los centros de poder están bajo control del Ejército. El dispositivo había logrado sus objetivos y pocos minutos después Belaúnde sale hacia Buenos Aires. Mientras tanto, la actividad en el CIMP es frenética, dando un formato legal a los documentos preparados de antemano y afrontando el principal problema con que se iba a encontrar el golpe: Cómo comprometer a la Marina y a la FAP ante estos hechos consumados. Porque, significativamente, su alto mando no es informado hasta que todo está resuelto.

En torno a esta cuestión, en las horas siguientes, la tensión será creciente. El general López Causillas, que era el Comandante General de Aeronáutica, recibe la llamada de Velasco con Belaúnde ya detenido y, a su vez, informa al Ministro de Aeronáutica, general Gagliardi. A toda prisa se produce una reunión de los generales de la FAP que deciden enviar una comisión a las bases aéreas al norte de la capital para evitar que se unan al golpe (Gilardi en Tello, 1983, I: 192). La iniciativa ni siquiera llega a tener lugar. En el ínterin reciben la noticia de que Belaúnde va a salir para Buenos Aires y Gagliardi intenta llamar a la torre de control del aeropuerto para impedirlo, pero los oficiales de la FAP reunidos lo disuaden al saber que el aeropuerto está ya bajo control de las tropas del Ejército. Gagliardi abandona entonces el Comando y se reúne con el resto de los ministros en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. A las diez de la mañana del día 3 vuelve a llamar Velasco a la sede de la FAP. López Causillas pide tiempo para sostener una reunión con sus oficiales y finalmente acuerdan que López Causillas encabece una comisión de cuatro generales del arma, que se trasladaría desde el Ministerio de Aeronáutica hasta la base naval de El Callao para convencer al alto mando de la Marina de la necesidad de mantener una reunión a tres bandas con Velasco Alvarado. En el puerto la comisión de la FAP se reúne con el Comandante General de Marina, Almirante Castro de Mendoza, y otros ocho almirantes, quienes deciden formar una comisión similar a la de la FAP y que ambas comisiones se reúnan a su vez con Velasco Alvarado en el CIMP. Allí Velasco Alvarado expone los hechos, los motivos para el golpe y pide su apoyo. El almirante Castro de Mendoza pide tiempo para convocar un consejo de almirantes que tome la

decisión, pero ya son las dos de la tarde y Velasco, que no está dispuesto a perder más tiempo, deja en claro que está decidido a seguir aunque eso implique un enfrentamiento con la Marina. Con los coroneles cerrando de forma intimidatoria la única entrada de la sala de reunión, la comisión de la FAP intenta mediar y ofrece su apoyo a Velasco Alvarado. Castro de Mendoza se niega y pide el retiro del servicio. Posteriormente el almirante más antiguo, contraalmirante Raúl Ríos Pardo de Zela, acepta los hechos y se une al golpe.

Inmediatamente se decide el reparto de carteras, en un plan que ya parecía diseñado por los conjurados: ocho ministerios para el Ejército, dos para la Marina y tres para la FAP. Unas pocas horas después Belaúnde llega a Buenos Aires y el alto mando de las FFAA se traslada al Palacio de Gobierno donde, ese mismo día, Velasco jura como presidente y se constituye el nuevo gobierno militar. Al mismo tiempo, entre la treintena de coroneles reunidos en el CIMP Velasco Alvarado elige a ocho para que acompañen al general Cavero Calixto, Director de Inteligencia del Ejército, y formen el germen de un organismo que dará mucho que hablar, el Comité de Asesoramiento a la Presidencia (COAP) (Kruijt, 1991b).

5.2.- La formación del GRFA

El efecto inmediato del golpe de Estado es que los recursos militares se trasladan directamente al ámbito del gobierno mientras que los recursos políticos institucionales pierden todo su valor, desplazando a los partidos políticos fuera de la escena. Esos primeros momentos fueron de gran confusión entre los actores políticos acerca de los objetivos de las FFAA y de la duración de la Junta de Gobierno, que se esperaba transitoria bajo el modelo de la Junta de 1962 (Pease García, 1977). En la conferencia de prensa que sigue al golpe, el mismo 3 de octubre, Velasco Alvarado manifiesta que no hay un plazo determinado de gobierno y que todavía no se ha tomado una postura respecto a las elecciones que debían realizarse en 1969, afianzando la sensación de provisionalidad. Si a esto añadimos la erosión de los recursos políticos provocada por la división de los años precedentes y la desvalorización de los mismos que es innata al golpe, se explica la ausencia de respuesta al mismo, tanto como la desaparición de los partidos políticos en la escena de los años siguientes. El deslizamiento de los actores políticos es completo cuando, en apenas una semana, el GRFA hace efectiva la nueva

autonomía lograda con la llegada de los militares al poder y decreta la nacionalización de los controvertidos yacimientos de IPC en La Brea y Pariñas, anuncia futuras reformas y establece en el Manifiesto y en los dos primeros artículos del Estatuto del GRFA unos ambiciosos objetivos que pretenden transformar las estructuras económicas, sociales y culturales; lograr la independencia económica y salir del estado de subdesarrollo; y alcanzar una acción eficiente de gobierno.

En este último punto dejan muy clara su posición ante los partidos políticos que, desde su punto de vista, han “generado actos de inmoralidad” inadmisibles:

“En 1963 el pueblo peruano acudió a las urnas electorales con profunda fe y convicción democrática, respaldando con su voto al régimen fenecido y haciéndolo con el propósito de que el programa de gobierno, que fue esperanza de renovación y de transformaciones revolucionarias, se hiciera realidad. Nuestra historia registrará el abrumador apoyo popular y la leal y decidida cooperación de la Fuerza Armada al extinguido gobierno que, por lo tanto, pudo haber ejecutado su programa de acción. Pero sus dirigentes y los malos políticos, en lugar de dedicar sus esfuerzos a la solución de los problemas nacionales desde el ejecutivo y legislativo, despreciando la voluntad popular, sólo orientaron su acción a la defensa de los intereses de los poderosos, con prescindencia de las aspiraciones del pueblo. Primó su ambición personal presente y futura sobre el bienestar de la colectividad. Lo evidencian: la indefinición, la componenda, la inmoralidad, el entreguismo, la claudicación, la improvisación, la ausencia de sensibilidad social, caracteres constitutivos de un mal gobierno, que en tales condiciones no debía seguir detentando el poder.” (Manifiesto del GRFA del dos de octubre de 1968).

La desconfianza hacia los políticos es, por cierto, un sentimiento que sólo se iguala con la creencia en sus propias capacidades. Así, aunque en el estatuto del GRFA se prevé que el presidente pueda nombrar a ministros civiles, el primero sólo llegará tras 1975, ya entre signos de que los militares que controlan el gobierno están decididos a dejarlo. Hasta entonces el desinterés por llegar a acuerdos con fuerzas políticas es manifiesto, incluso cuando éstas se muestran dispuestas. Esto no implica que el GRFA no integre a civiles, pero éstos nunca acceden a puestos de responsabilidad. Su papel se restringe a la categoría de asesores con una influencia muy variable y, como veremos más adelante, polémica entre los mismos militares.

Toda la estructura de gobierno es copada por militares. El general Velasco Alvarado, consciente de las dificultades de intentar crear un gobierno estable sin contar con el resto del alto mando, a despecho de la heterogeneidad que pudiera suponer para el mismo ejercicio de gobierno, se esfuerza porque el primer Gabinete responda de forma estricta a criterios de jerarquía militar. Siguiendo un esquema convencional la cúspide

queda constituida por el Comando Conjunto, que forma la Junta Revolucionaria, cuyos miembros ocupan los ministerios militares de Guerra, Marina y Aeronáutica así como la Presidencia del Consejo de Ministros. El resto de los ministerios son repartidos entre los altos mandos, con posición muy destacada de los comandantes de las regiones militares. Esta apariencia de institucionalidad pronto entrará en crisis con la distancia en las preferencias entre los militares sobre la gestión del gobierno. Tres conflictos vendrán a