Guerra verde

La guerra verde en Colombia es un periodo en el que se evidencian los enfrentamientos entre los mayores explotadores de esmeralda en occidente de Boyacá, y que involucra el desarrollo social de la misma región.

Para Castillo (1987) la historia de la violencia ligada a las explotación de las esmeraldas empieza con la consolidación de dos familias que controlan la actividad en la parte occidental boyacense, una de ellas es la de Efraín González Téllez y la otra es la del Humberto “El Ganso” Ariza, las cuales trabajaron en conjunto durante la década del sesenta.

Los conflictos relacionados con esta gema preciosa inician a mediados de siglo XX, cuando la esmeralda era comercializada por grupos delictivos dedicados a su extracción, es decir cuando no era legal su explotación, por lo que el estado colombiano decide a finales de los años cincuenta entregar al ejército y a la policía la vigilancia de las minas esmeralderas en Boyacá, y el control financiero de las mismas al Banco de la República, como forma de regular los ingresos generados por la exportación de las gemas hacia Francia, Estados Unidos e Inglaterra, lo que

se traslapaba a las condiciones en las que se desempeñan las personas que laboran en las minas (Guitierrez & Barón, 2008).

Y es a partir de la ley 145 de 1959 que permite la explotación de las minas de esmeraldas a través de la figura de concesión, sin embargo las minas de Muzo y de Coscuez serían explotadas por el gobierno central, lo que consolido la informalidad de los grupos que lideran las zonas de explotación (Guitierrez & Barón, 2008).

A principios de junio de 1965, con el asesinato de Efraín González a raíz de un enfrentamiento con el ejército nacional en Bogotá (Castillo, 1987), se desata la violencia en la zona comprendida por Chiquinquirá, Muzo, Coscuez, Borbur y Somondoco (Cardozo, 2014).

Mientras este personaje fallecía, aparecía en el panorama uno de sus familiares como nuevo líder esmeraldero, Humberto “El Ganso” Ariza, quien ya había trabajado con él, sin embargo este no logra consolidarse como líder de la región, motivo por el que comienza una lucha armada entre los miembros del sector esmeraldero en el occidente boyacense, esto sumado a la negativa de Ariza de entrar en procesos de reducción de la ilegalidad y de disminución del control del estado en las minas de esmeraldas (Guitierrez & Barón, 2008).

Esta situación se fortalece con la pérdida del control de la explotación de las minas por parte del Banco de la Republica, razón por la que el gobierno central da en concesión a Ecominas las minas localizadas en los municipios de Coscuez, Muzo y Peñas Blancas, dicha empresa generó el pago de sobornos a funcionarios con el fin de mostrar la imposibilidad del Estado por controlar las condiciones de las exploraciones de las minas, labor que lidero Isauro Murcia (Guitierrez & Barón, 2008). El enfrentamiento entre el Ganso y Murcia dejaría un saldo aproximado de 1.200 personas asesinadas (Castillo, 1987).

A mediados de la década de los setenta se genera un nuevo ciclo de violencia, en la zona al presentarse la muerte de miembros del clan de los hermanos Vargas presuntamente por parte de Daniel Bustos Ortega en la zona de Otanche,

situación que lleva a la firma de un tratado entre las familias de esmeralderos y que es respaldado por el gobierno central al entregar en mediante la figura de licitación la explotación y comercialización de la gema mediante las asociaciones lideradas por Isauro Murcia en Muzo, y por los hermanos Vargas en Peñas Blancas y Coscuez (Guitierrez & Barón, 2008).

La empresa encargada de la explotación en Muzo y Quipama fue Ecominas mientras la zona de Coscuez fue otorgada a Esmeracol, las minas de esta última junto con las de la empresa Tecminas pertenecían por aquella época al control de Gerardo Molina, quien sería el sucesor de Isauro Molina, y de los hermanos Vargas, siendo estos reconocidos finalmente como empresarios legales ante el estado colombiano, suerte que no tuvieron todos los esmeralderos (Guitierrez & Barón, 2008).

La época más dura del conflicto se evidencia en la década de los años ochenta, cuando las familias de esmeralderos tanto legales como ilegales se dividirían en cuatro bandos uno sería el de Gilberto Molina en Quipama, Muzo y Peñas Blancas; otro sería los Suarez, Bustos, Espitia y Salinas en Otanche, otro sería los Castellanos, Rodríguez y Espitia en Santa Bárbara y los otros serían los López, Gualteros y Rodríguez en Borbur (Guitierrez & Barón, 2008).

Los enfrentamientos iniciarían nuevamente con la intromisión de Gerardo Molina en la zona de Coscuez, manejada por los culebreros, en los que participaba “Pacho” Vargas, Luis Romero y Daniel Caño al igual que las familias Barrera García y Murcia Chaparro, quienes se extendieron a las zonas de Pauna, Briceño, Coper y Buena Vista (Guitierrez & Barón, 2008).

Los enfrentamientos entre las familias, también se vio influenciada por la presencia de varios jefes del narcotráfico en la zona, es así como los esmeraldero liderados por Molina piden respaldo de Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mexicano”, jefe militar del cartel de Medellín, quienes se hicieron socios en un principio y finalmente terminan enfrentados, lo que termina en una masacre en el municipio de Sasaima en el departamento de Cundinamarca, donde fallecería Gilberto Molina por orden del Mexicano (Guitierrez & Barón, 2008).

De otro lado, el Mexicano, llega a la zona esmeraldera a principio de los años setenta, con la idea de mejorar la calidad de vida tanto de él como de su familia, es acogido por Gilberto Molina, de quien aprendió lo relacionado con las esmeraldas y que las cuentas se saldan con las balas, convirtiéndose en la mano derecha de este último, quien de igual forma poseía algunos cultivos ilícitos, en donde se inició Rodríguez Gacha como narcotraficante, tema que se abordara más adelante (Semana, 2012).

La relación entre Gacha y los esmeraldero llevo a la compra de predios localizados en los llanos orientales, en compañía con Carranza, Méndez y Vitar, al igual que mantenía nexos comerciales con Molina, ingresando en territorios típicamente manejados por las FARC, quienes ingresan al negocio del narcotráfico como forma de financiación de la lucha armada, que mantenían posiciones encontradas sobre la influencia de la cocaína en la sociedad colombiana (El espectador, 1989).

Sin embargo la muerte de Molina, era solo un nuevo vislumbre de lo que se acercaba a la zona, se presume que el autor material del asesinato fue el “Pequines” (Luis Murcia), quien provenía del sector de Otanche, Borbur, Santa Bárbara y Pauna, de igual forma se le vinculaba a Molina con grupos paramilitares de la época y a su finca como zona de asiento de dichas organizaciones (Semana, 1989).

El enfrentamiento entre Molina y Rodríguez Gacha solo terminarían con la muerte del segundo pocos meses después, puesto que la carga del conflicto fue traspasada a las familias, hecho que facilitaría los acuerdos de paz realizados en la provincia del Rio Negro, Cundinamarca (Guitierrez & Barón, 2008).

El acuerdo se resume en varios puntos como lo son el cese de ataques entre los dos frentes en lucha, el cierre de los grupos delincuenciales dedicados al sicariato conocidos como gatilleros, vigilancia del estado fortalecimiento de los procesos jurídicos, veeduría de miembros de la iglesia, la suspensión de las actividades relacionadas con el narcotráfico y ampliación de las personas que participan en la