En 2011, se anunció la posible desviación del río Ranchería en función de ampliar la explotación minera de carbón en la Guajira. La noticia generó un revuelo de opinión en prensa y también un gran movimiento internacionalista de solidaridad con las comunidades wayuu y los pueblos afroguajiros para detener este plan. Fue un momento muy importante, porque el aviso de que se expandiría la mina movilizó sectores sociales de la población guajira, que se juntaron en lo que se llamó en su momento el Comité en Defensa del Río Ranchería (en adelan- te, el Comité). En él confluyeron organizaciones indígenas, sectores políticos de izquierda de la región, ONGs y Sintracarbón. La prioridad de todas era el cuidado del río, la lucha contra la desviación del arroyo Bruno y la defensa de la dignidad del pueblo guajiro. Esta circunstancia significó el encuentro de diversas maneras de entender el territorio a la vez que concentró una preocupación común por el agua. Esto último, es un hito en el relacionamiento entre el mundo sindical y los procesos comunitarios y ambientalistas. Al respecto, Svampa (2013) llamó la aten- ción acerca del giro ecoterritorial que las luchas sociales han experimentado a partir del boom de las commodities en Latinoamérica. Este giro consistió en la revaloración de las naturalezas y el territorio en las agendas de reivindicación de los movimien- tos en muchos países, lo que amplió los repertorios de la lucha social al visibilizar- se la conflictividad ambiental, nuevas formas organizativas y de participación y diversos actores involucrados en las luchas contra el avance del extractivismo. Lo que ha sucedido en algunos sectores sindicales de Colombia, específicamente, en los del sector minero-energético puede denominarse como un giro ecocomunitario, es decir un cambio de perspectiva en la que algunas organizaciones sindicales, además de enunciarse desde el sujeto trabajador, lo hacen como comunidad. Con ello, se han abierto nuevos flujos de comunicación, de construcción de agendas y programas políticos, así como de territorialidades.
Durante mucho tiempo, las demandas de las organizaciones sindicales del sector minero-energético se centraron en los siguientes aspectos como la salud ocupacional, propuestas alrededor de la estatización de las empresas del sector y explotación soberana, violación de los derechos humanos y sindicales, formas
indignas de contratación, tercerización laboral, lucha contra las políticas dirigidas a eliminar las formas de organización de los trabajadores.
Sin embargo, hace unos años, las reivindicaciones territoriales y ambientales se han ido incorporando a sus agendas políticas y sectoriales. Esto sucede, princi- palmente, cuando las reivindicaciones laborales se asocian con la ampliación de la operación de explotación para aumentar los puestos de trabajo o las ganancias de las empresas. Al ampliarse la operación, se necesitan nuevos puestos de trabajo, pero, esto no es rentable para las empresas; entonces, estas amplían los turnos de trabajo, con lo que crean problemas de salud en los trabajadores y lesionan los acuerdos pactados en las convenciones colectivas.
La expansión del extractivismo y, en el caso de la Guajira, de la explotación de carbón ha generado una gran conflictividad socioambiental Las falsas promesas del desarrollo y los espejismos vendidos hace 30 años a la población guajira se han venido desvaneciendo año a año y las que han crecido son la pobreza, la crisis hídrica del departamento, la contaminación, la dependencia de la economía local a la minería y la falta de oportunidades para toda la población. Estos impactos han afectado de manera diferencial a las poblaciones de la Guajira. Las comunidades étnicas se han llevado la peor parte, ya que las “externalidades”, como las llaman las empresas en su argot, recaen directamente en su día a día: afectaciones al agua, a sus modos de vida, a sus formas de distribución y uso del territorio, entre otras. Lo cierto es que los impactos ambientales tienen, por ejemplo, una característica y es su conexidad. A diferencia de la mirada areolar5 que tienen del territorio (Eche- verry, 2004) las empresas y el Estado, la naturaleza, como sistema de interdepen- dencias, influye todo y, por tanto, sus afectaciones han resonado regionalmente y cambiado la mirada del sujeto trabajador, pues, este sufre, también, los rigores de la escasez y las trasformaciones climáticas producidas por el extractivismo minero. En la pugna por la dignidad laboral y también por la justa distribución de la renta minera, los trabajadores de Sintracarbón se involucraron en la disputa regio- nal por la desviación del río Ranchería. En el Comité, se dieron pasos importan- tes para llegar a acuerdos y confluir en un enfoque y un direccionamiento del 5 La mirada areolar es la que ve el territorio como conjunto de polígonos o áreas autocontenidas.
proceso reivindicativo. Defender el río Ranchería fue la prioridad de este comité y eso significó acercarse al territorio, a las comunidades, conocer las afectaciones y avanzar en formas de trabajo conjuntas.
Así lo expresa el líder Felipe Rodríguez:
hicimos actividades e investigaciones que nos permitieron interactuar con las comunidades, ayudarles a fortalecer sus procesos organizativos, sacar al sindi- cato de su lucha reivindicativa centrada solamente en las condiciones laborales y ponerlo en contacto con las comunidades desplazadas por la minería (Granados y Múnera, 2012).
Estas palabras y los testimonios surgidos en los talleres y en el acompañamiento durante años al sindicato dejan ver que la lucha por el río Ranchería despertó en algunos sectores sociales otras identidades. Específicamente, los pasos del giro ecocomunitario del sindicato fueron pensar el río como un nodo fundamental de la región, articularse a un movimiento amplio con perspectivas muy diversas y radicales frente a la minería de carbón y estrechar las relaciones con las comunida- des afectadas, en trabajos de acompañamiento y financiación concretos. Y ese giro amplió la mirada del sujeto sindical a una mirada del sujeto territorial. Cuando los trabajadores mineros empezaron a incorporar en sus narrativas referencias de identidad territorial y cuando también se encontraron en la pugna política con los pensamientos de pueblos étnicos, ellos también hicieron explícita su identidad territorial, es decir, su territorialidad y este nuevo lugar de enunciación que no renuncia a su lugar como trabajadores significó una nueva forma de actuar, pensar y negociar. Así se expresó Sintracarbón:
La Guajira es un departamento semidesértico donde su principal fuente hídrica –casi la única-, es el Río Ranchería. Cualquier afectación a este río o sus afluentes atenta, ni más ni menos, contra la supervivencia de las futuras generaciones. Acá, hoy, en pleno siglo XXI y después de más de 30 años de minería de carbón aún mueren niños de hambre y sed. Aun los indígenas beben agua insalubre de ja- güeyes, donde también los hacen sus escuálidos animales. El desarrollo que se preveía hace más de 30 años, cuando Cerrejón era solo una esperanza, lleva ac- tualmente un ejército de mineros enfermos, poblaciones desplazadas y afectadas
social, económica y ambientalmente. No hay desarrollo sustentable y es escasa la responsabilidad social empresarial. (…).
Como defensores a ultranza de la generación y estabilidad en el empleo, es claro que nos preocupa el anuncio de Cerrejón de la posible supresión de hasta 1.100 puestos de trabajo, si no extrae el carbón que hoy impide hacerlo el arroyo Bruno. Sabemos, que más del 60 % del PIB de la región depende de la minería y la huelga de 2013, de apenas 32 días, afloró el impacto social que causa en la región la dismi- nución de la producción de carbón. También entendemos que esa preocupación no nos puede hacer olvidar nuestro rol como actores sociales, nuestro compromiso con la comunidad y, sobre todo, como guajiros nativos o adoptivos (Sintracarbón, 2015). En la Guajira, se han agudizado las tensiones por el agua después de 2012, debido a las trasformaciones globales que ha producido la crisis climática, de la que es un gran responsable el extractivismo. La explotación del carbón es una paradoja que ejemplifica el sinsentido del modo de producción extractivista: se explota carbón en lugares donde se contamina el agua y se privatizan su acceso y su gestión; luego, este carbón va a otros lugares en donde se quema en centrales termoeléctricas para producir energía y los gases tóxicos y de efecto invernadero que produce la combustión del carbón afectan la capa de ozono y contaminan masivamente causando transformaciones climáticas y cambios en los regímenes de lluvias y temporadas en todos los lugares del mundo. Por supuesto, estos impac- tos también se experimentan en los territorios en los que se extrae el carbón, como la Guajira, que, por su condición semidesértica y su estrés hídrico viven la crisis climática de manera agreste. De esta manera el círculo del extractivismo se cierra, la crisis climática sale en forma de carbón y regresa en forma de sequía. Los afec- tados: los pueblos.
Las comunidades y los trabajadores han leído esta situación. Luego de lograr detener el proyecto de desviación del gran río Ranchería, han tenido que enfren- tar, desde 2014, la nueva amenaza de la expansión minera en el departamento: la desviación del arroyo Bruno, afluente del río Ranchería. El proyecto de expansión minero que preveía desviar dos tramos del arroyo Bruno y de otros arroyos en la media Guajira despertó nuevas articulaciones alrededor de lo ambiental entre el movimiento comunitario y el sindical en la Guajira. El desvío del arroyo Bruno
ha pasado por diferentes momentos (que no especificaremos aquí) en los que, hay algo muy interesante: el involucramiento gremial (de los sindicatos) al debate de la desviación del arroyo Bruno, ejemplo de una nueva gobernabilidad popular regional. Este ejercicio amalgamó identidades, reivindicaciones y aspiraciones diversas poniendo en el centro al agua como bien común, como un elemento de la naturaleza que garantiza el presente y el futuro y además que está involucrado con toda la población. Como señalan Göbel y Ulloa (2014), la instalación de proyec- tos mineros en territorios de pueblos indígenas ha generado transformaciones y reconfiguraciones tanto de procesos identitarios, como de la manera en que se arti- culan con las dinámicas económica, políticas y legales en diversas escalas; este es el caso de la lucha contra la expansión minera de carbón que ha entrelazado formas diversas y distintas de lo ambiental en la movilización y la participación política.
La lucha por el agua en la Guajira ha permitido entrever lo que señala Escobar (2014): la vida es relacional en todos los niveles y escalas y también es interdepen- diente. Por medio del agua, los territorios se conectan y sus flujos y beneficios invo- lucran lo humano y lo no humano, lo que hace de este elemento un gran articula- dor de sujetos y de defensas. También, ha mostrado que con la organización social por la defensa del agua se han establecido nodos de comprensión y conexión entre sucesos y discursos en escalas diversas. Con esto me refiero a que el puente tejido entre el sindicalismo y los ambientalismos ha dado paso a un nuevo momento de la organización social en la zona, en el que temas como la crisis climática, la tran- sición y la vida después de la minería han aparecido en las agendas reivindicativas.