La Historia, su enseñanza y los manuales antes de la «transformación educativa»

Una condición necesaria en todos los países en que se establecieron sistemas educativos modernos fue que con anterioridad se hubieran instalado en esas sociedades formas capitalistas. Paralelamente, para la definición de una asignatura escolar dedicada al estudio del pasado resultaba necesario que la Historia se hubiera establecido previamente como una ciencia institucionalizada. En el caso argentino ambos procesos son simultáneos y reconocen a un mismo protagonista resulta clave.

Bartolomé Mitre fue el responsable de la unificación del país con el predominio de Buenos Aires sobre el interior, al que sus fuerzas vencieron en el campo de batalla en 1861. Sobre esta base fue elegido presidente y ejerció la primera magistratura entre 1862 y 1868, período clave en la organización del Estado y el establecimiento de un modelo económico agro exportador. El polifacético presidente, además de político y militar, fue periodista, escritor, traductor del Dante y fundador de la historia científica en la Argentina. En 1859, Mitre había publicado la Historia de Belgrano y la independencia

Argentina, piedra basal de la historiografía argentina moderna. En 1861,

Juana Manso, una educadora, le envió el Compendio de la historia de las

Provincias Unidas del Río de la Plata que ella había redactado para que en su

carácter de amigo, protector e historiador diera el visto bueno al manual que había escrito inspirado en la Historia de Belgrano y dispusiera su adopción en las escuelas «si lo consideraba digno de llenar tan alta misión». Mitre le respondió en una carta que se incluye en la publicación del Compendio en 1862, donde dice que es «una obra cuya necesidad se hace sentir» (Narvaja de Arnoux, 1992: 131-150). Así, la visión de los vencedores comienza a transponerse tempranamente a la escuela primaria.

En la década de 1880, la inserción plena del país en el mercado mundial produjo un notable crecimiento económico y requirió un aumento de la mano de obra lograda mediante una gran inmigración que, comparada con la cantidad de pobladores ya residentes en el país, fue proporcionalmente la mayor del mundo. Este impacto demográfico tuvo como resultado una profunda complejización de la sociedad y de la cultura. Mientras esto ocurría, el orden político era controlado por una clase gobernante que se redefinió en esos años a partir de una alianza entre las élites de Buenos Aires y del interior. A estos sectores tradicionales, la incorporación del aluvión inmigratorio los inquietaba por los efectos que ese fenómeno tendría sobre lo que entendían debía ser el carácter nacional. A partir de entonces, la historia argentina cumplió un papel fundamental en la integración de los extranjeros a su nuevo país, el que no podía absorberlos mediante anclajes materiales. Sólo quedaba asimilar a los recién llegados mediante la creación de un imaginario colectivo, una Nación mítica por todos compartida. En ello cumplieron un papel fundamental la Ley 1420 –que hizo a la escuela primaria obligatoria, laica y gratuita– y la Historia, mediante los rituales patrióticos y la exaltación de los héroes, en la cual el relato mitrista predominó con prisa y sin pausa.

Paralelamente, se incorporó en 1884 la Historia argentina a los planes de estudio de la enseñanza media. Casi al mismo tiempo, Mitre completaba el «relato fundador» con la publicación en 1887 de Historia de San Martín

y la independencia americana, donde aparecen dos argumentos centrales

para lo que luego se dará en llamar la «historia oficial». En primer lugar, la equiparación de la independencia hispanoamericana con las grandes revoluciones de la época como la norteamericana y la francesa. Luego, la contraposición del modelo de Simón Bolívar al de José de San Martín, considerando monocrático al primero y democrático (y, por lo tanto,

éticamente superior) al segundo, según el criterio del autor (Devoto, 2002, p. 8).

Así, la visión de los organizadores de la Argentina moderna se transmitió a la escuela; su concepto de Nación quedó fijado en la enseñanza y se organizó el panteón de los héroes, que tenía como figura máxima al Libertador General San Martín y como excluido, al «tirano» Rosas.

Esto no quiere decir que la perspectiva de Mitre se haya incorporado a las aulas sin polemizar con otras visiones del pasado, especialmente con Vicente Fidel López, quien fuera legislador y antes protagonista de la lucha contra Rosas, aunque había militado en un bando enfrentado al del ex presidente. En 1886, Mitre publicó la versión definitiva de su Historia de Belgrano y López los tomos iniciales de su Historia de la República Argentina, obra que completó entre 1883 y 1893. Ambos autores confrontaron públicamente sus perspectivas acerca de cómo debía estudiarse el pasado: mientras el primero defendía una historia erudita basada en el escrutinio riguroso de los documentos, el segundo argumentaba a favor de las tradiciones orales y la conciente aplicación de recursos literarios para dar fuerza al relato histórico. Esta querella alcanzó directamente al plano de la enseñanza, cuando López publicó su Manual de Historia Argentina –que era una síntesis de su obra mayor–y entró en disputa con Clemente Fregeiro, autor de Lecciones de

Historia Argentina, un texto dirigido a la enseñanza secundaria que contaba

con el aval de Mitre (Maristany, Saab, Sánchez & Suárez, 2005).

A pesar de estas polémicas, la preeminencia mitrista se consolidó por diversas vías. En primer lugar por el reconocimiento de ser el fundador local de la Historia científica, basada en documentos –especialmente en fuentes públicas– cuya argumentación se realizaba desde los hechos mismos. Junto a esto no fue despreciable su influencia desde los organismos que contribuyera a crear como la Junta de Historia y Numismática –que se instituyó en 1892– o el diario La Nación, el periódico que fundó en 1870 a poco de terminar su presidencia. Pero como señala F. Devoto, otros dos elementos son todavía más poderosos para explicar su hegemonía. El primero fue su estilo, que aunaba una redacción historiográfica erudita con la creación de efectos dramáticos que facilitaban su utilización escolar. El segundo, que su visión de la Historia argentina soldaba presente, pasado y porvenir en la creación del mito de la irremediable grandeza futura de este país.

Si bien el modelo económico de la llamada Generación del ’80 perdurará sin inconvenientes hasta la crisis de 1929, el sistema político evolucionó hacia la vigencia plena de la Constitución con una reforma electoral que

estableció el voto universal masculino, secreto y obligatorio. Con la nueva ley se instala en 1916 el primer gobierno elegido libremente y en forma paralela la Historia se va constituyendo en una actividad profesional. Esta tarea fue responsabilidad de un grupo que desde 1905 se nucleaba bajo el nombre de Nueva Escuela Histórica, cuyos integrantes más destacados fueron Emilio Ravignani, Ricardo Levene, Rómulo Carbia y Diego Luis Molinari. Estos historiadores que por su edad y su origen –la mayoría de ellos era descendiente de inmigrantes– fue el primero que se ocupó del pasado sin haber sido parte de los temas estudiados, promovieron una ampliación de las temáticas incluyendo el estudio del accionar de los caudillos e incorporando inclusive a Juan Manuel de Rosas, el gran réprobo de la Historia mitrista. Su preocupación central fue ceñir los estudios a los parámetros académicos, en una empresa cuyos objetivos consideraban a la vez científicos y patrióticos. Paralelamente crearon las instituciones dedicadas a la formación de historiadores y generaron los circuitos de reconocimiento profesional, tareas que inevitablemente los acercaron al poder político.

Los embates de la crisis mundial de 1929 descolocaron al modelo económico argentino basado en la exportación de bienes primarios y colapsaron el orden político. Para una parte de la sociedad, los problemas que se habían desatado no eran otra cosa que la manifestación de los vicios de la democracia, mientras que grupos nacionalistas muy parecidos en sus ideas a los que estaban en auge en buena parte del mundo, promovieron un golpe de estado que se produjo en 1930.

La prueba de que el modelo liberal tenía falencias impulsó la crítica de los nacionalistas que abominaron del cosmopolitismo de los liberales, propusieron la afirmación de la nacionalidad a partir de rasgos de la herencia hispánica que consideraban exclusivos (religión católica, unidad étnica y lingüística), despreciaron a la democracia «formal» respetuosa del parlamentarismo y la división de poderes y exaltaron una democracia «sustancial» que entendía a la nación como unidad homogénea y monolítica (Ver Bertoni, 1998, pp. 185-192).

La polémica política se convirtió en un combate por la Historia. Si la ilusión que había instalado Mitre acerca de la grandeza de la Argentina no se concretaba en un país asolado por la crisis, sus contradictores forjaron un mito simétrico: había que buscar en el pasado a los culpables de que ese destino no se realizara y reivindicar a los injustamente condenados. Los nacionalistas, entonces, se definieron como partidarios del «revisionismo histórico» y criticaron agriamente las convenciones acerca de quiénes habían

sido los próceres y los réprobos de la Historia argentina. En esta lucha, una de sus banderas más importantes fue incorporar a Rosas al Panteón e impulsar el desalojo de quienes consideraban impostores (Quatrocci-Woisson, 1995).

A los revisionistas no les costó demasiado construir a su enemigo, la «historia oficial»: los miembros de la Nueva Escuela estaban instalados en las cátedras universitarias y eran consultados por el Ministerio de Educación en los variados asuntos que requerían asesoramiento especializado. Sus miembros se abroquelaban en la Junta de Historia y Numismática creada Mitre, que Ricardo Levene presidió de 1927 a 1931 y de 1934 a su muerte en 1959. En 1934, Levene anunció el proyecto de editar una obra monumental, la Historia de la Nación Argentina, para lo que consiguió enseguida financiamiento oficial. Este apoyo se coronó en 1938 cuando un decreto del presidente Justo transformó a la Junta en Academia Nacional de la Historia.

Por su parte, los revisionistas fundaron el Instituto de Investigaciones Históricas «Juan Manuel de Rosas». Desde esta «antiacademia», se dedicaron a investigar y reivindicar su actuación, promovieron la formación de una nueva memoria histórica y execraron a la «historia falsificada». En esta puja bregaron por incorporar nuevas efemérides y exaltaron especialmente al Combate de la Vuelta de Obligado, la resistencia para impedir el paso de la flota anglo –francesa, que reclamaba por la fuerza la libre navegación de los ríos interiores. Mediante este acto, Rosas se convertía para los revisionistas en el campeón de la defensa de la soberanía nacional y con esta maniobra buscaban encubrir un operativo de mayor alcance: reivindicar su gobierno autoritario para contraponerlo al modelo liberal –conservador que defendía la «historia oficial». Este grupo, al que le agradaba presentarse como marginado del favor oficial –lo que estaba lejos de ser cierto–, contaba con numerosos descendientes de familias tradicionales como Ernesto Palacio, Carlos Ibarguren, José María Rosa y los hermanos Irazusta.

Desde 1930, el avance de la influencia de la iglesia (que los liberales habían reducido drásticamente en la década de 1880) y del protagonismo político de las Fuerzas Armadas favorecieron la presencia de una perspectiva autoritaria en la interpretación del pasado. Así, se promovió la instalación en el sentido común de que la salvaguarda de los valores patrióticos estaba depositada en una fuerte voluntad política del Ejército al servicio de una particular interpretación de los principios católicos (Romero, 2004, p. 23).

De 1932 a 1943 se sucedieron una serie de gobiernos surgidos de elecciones fraudulentas que aseguraron la continuidad en el poder de una élite que no podía recuperarlo mediante el voto popular. Sin embargo, a pesar

de que los nacionalistas ocuparon en muchos casos lugares estratégicos en el gobierno, especialmente en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, la alianza del poder con la Academia Nacional de la Historia siguió vigente y desde los despachos oficiales se prefirió acentuar la presencia de la tradicional perspectiva del pasado argentino para aprovechar el potencial educativo que –sin distinciones– le atribuían todos los funcionarios.

Durante estos años, los rituales patrióticos relacionados con el período independentista quedaron definitivamente fijados. En 1933, se estableció por decreto del Poder Ejecutivo al 17 de agosto, fecha de la muerte del General San Martín, como Día del Libertador. Ese mismo año, se creó el Instituto Sanmartiniano con fuerte presencia militar, desde donde se lo exaltaba como modelo de nacionalidad con parejas virtudes como soldado y gobernante, comenzando así un nuevo matiz en el culto patriótico de su figura que se incrementará en los años siguientes. Las efemérides escolares incorporaron también nuevas conmemoraciones: en 1934 un decreto del Consejo Nacional de Educación consagró al 11 de mayo como Día del Himno; en 1937 una ley nacional dispuso que el 20 de junio se conmemorara el Día de la Bandera y, en 1941, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública dispuso que el Día de la Escarapela sería recordado todos los 18 de mayo. Simultáneamente, otras acciones completaron este afán patriótico: se ordenaron estudios para definir las características originales de los símbolos -la bandera, el escudo y el himno–, se erigieron monumentos a próceres aún no honrados de este modo y se realizaron masivos actos públicos en las efemérides con la participación de grandes contingentes de soldados y escolares desfilando en forma conjunta. Por otra parte, todos los partidos políticos sostenían distintas visiones de la Historia, buscando en el pasado nacional respuestas a los interrogantes del presente (Cattaruzza, 2003).

En este ambiente, los textos escolares obtuvieron la atención del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, que llegó a proponer la redacción de un texto único para la enseñanza secundaria de la Historia en 1940, propósito que fue desalentado por la Academia. Aún cuando ese proyecto fue dejado de lado, en 1941 el Consejo Nacional de Educación amplió el control que tenía sobre los manuales y estableció que sólo podrían emplearse en las escuelas aquellos que fueran aprobados por ese organismo. La Inspección General de Enseñanza sería la encargada de nombrar a los integrantes de las comisiones responsables de su aprobación y las Academias Nacionales podrían objetar aquellos tratamientos que juzgaran incorrectos. Los

considerandos del decreto eran claros acerca de lo que se proponía el Estado con la enseñanza de la Historia cuando decía que

... en particular los (libros) de historia argentina deberán inculcar los ideales patrióticos que guiaron a los creadores y organizadores de nuestra nacionalidad, exaltando sus virtudes y evitando toda información que se aparte de tales propósitos, como asimismo toda posición tendenciosa o polémica que pueda originar confusión en los alumnos (Cattaruzza, 2003, pp. 459-460).

Desde el revisionismo, Ernesto Palacio coincidía en la necesidad educativa de un relato apologético que no contuviera elementos polémicos.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial polarizó la confrontación política local en relación a cuál debía ser la posición oficial que se debía asumir en relación al conflicto. Desde 1939 se mantuvo una neutralidad que, en definitiva, resultaba favorable a las potencias del Eje pero las discusiones acerca de la conveniencia de mantener esa posición o de declarar la guerra fue determinante en el nuevo golpe de Estado que se produjo en 1943, promovido por el nacionalismo católico. El sector de los militares neutralistas tomó el poder aunque debió acceder tardíamente a declarar la guerra al Eje pocos días antes de la finalización del conflicto. Rápidamente Juan Domingo Perón se transformó en la figura más influyente de ese gobierno y luego, en 1946, fue electo presidente por el voto popular. La llegada del peronismo al poder no alteró la visión oficial de la tradición nacional. Como bien lo sintetiza Luis Alberto Romero:

curiosamente, para este movimiento alguna vez surgido del nacionalismo, (la tradición histórica) ... se encarna en primer lugar en San Martín, el libertador... que prefiguraba al segundo Libertador (se refiere a Perón), y luego ... –conspicuamente ausente Rosas– en la más clásica tradición liberal, la de Urquiza, Mitre, Sarmiento y Roca, con cuyos nombres fueron bautizadas las líneas de ferrocarriles nacionalizadas (Romero, 1994. 161).

En la enseñanza escolar de la historia hubo novedades cuando el gobierno cambió en 1949 los programas de estudio. Si en los planes de 1884 y 1910 se destinaban dos cursos para el estudio del pasado nacional y tres para la historia antigua, media, moderna y contemporánea, en el currículo de 1949 esa relación se invierte: se destinarían los dos primeros años a la historia universal y los otros tres a la historia argentina. Esta modificación hizo presumir una mayor influencia del nacionalismo y del revisionismo en los enfoques pero esto no ocurrió y la versión del pasado continuó inamovible.

Sin embargo, cuando Perón es derrocado por el golpe militar de 1955, los enemigos del régimen depuesto tenían otra percepción.

Un virulento proceso de «desperonización» comenzó en la sociedad argentina en general y en la educación en particular. Cultura Ciudadana – la asignatura incorporada en 1952 a la educación primaria y secundaria para inculcar en la escuela los principios políticos del justicialismo– fue reemplazada por una nueva materia, Educación Democrática, que buscaba adoctrinar ahora en los principios liberales. Sin embargo, en los nuevos planes de estudio aprobados en 1956 la enseñanza de la historia no sufrió alteraciones. Para la educación secundaria se mantuvieron dos cursos para historia universal y tres para historia argentina como se había establecido en 1949; el enfoque de los temas no se alteró y los manuales escolares publicados en los años previos a la «Revolución Libertadora» continuaron en vigencia, como también había ocurrido cuando Perón no discontinuó el uso de los textos aparecidos antes de su gobierno.

Pero si hasta ese entonces había existido una coincidencia significativa entre la historia erudita y la escolar, desde ese momento comienza a ensancharse la brecha entre ambas formas de ocuparse del pasado. A partir de 1955, en las universidades tomaron impulso los estudios históricos y se fortalecieron corrientes historiográficas renovadoras. La escuela de los

Annales o el marxismo ocuparon el centro de las discusiones, así como la

sociología, la economía y otras ciencias sociales ejercieron una creciente influencia en la ciencia histórica. Mientras tanto, los contenidos escolares no cambiaron y los nuevos manuales quedaron exclusivamente a cargo de autores cuya experiencia se limitaba a la docencia en el nivel medio. El caso más curioso es el de José Cosmelli Ibáñez, un profesor en letras, cuyos libros de historia fueron durante décadas los más vendidos. Si bien los autores de manuales habían conformado siempre un elenco heterogéneo en cuanto a sus vinculaciones con la disciplina, varios historiadores habían escrito libros para la escuela: Ricardo Levene (1912, reeditado en 1939), Rómulo Carbia (1917), Ricardo Caillet-Bois (1939) y José Luis Romero, cuyos notables textos de historia universal datan de 1945 y 19501.

La renovación de los estudios históricos y la falta de contacto de los nuevos autores con la actividad académica produjeron un distanciamiento cada vez mayor entre la historia investigada y la historia enseñada. Como dice L. A. Romero refiriéndose a los manuales:

1  _{Para un análisis de los libros de José Luis Romero, véase Amézola & Barletta (2001, pp.}

La llegada de nuevos autores reprodujo y cristalizó la versión del pasado elaborada por la Nueva Escuela. Alejados de toda práctica historiográfica, su condición de traductores hizo inevitable este resultado (Romero, 1994, p. 46).

A partir del derrocamiento de Perón, la vida política argentina transitó entre gobiernos militares fuertes y frágiles administraciones civiles. Esta debilidad era inevitable porque el peronismo estuvo proscrito y cualquier