IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CVR

Se considera que las recomendaciones de la CVR no son vinculantes porque la norma que dio inició su trabajo no incluyó tal tipo de provisión, y por tal razón, queda en manos de la voluntad política implementarlas. Sin embargo, las miles de solicitudes hechas a través de los testimonios de ser reparados y atendidos también corresponden al Derecho tanto Nacional como Internacional, pues en el último nivel, la recomendación de reparación es vinculante.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en su evaluación de los pasos post-CVR al aniversario de la presentación de su informe, escribe “a un año de la entrega del Informe final podemos afirmar que no existe una política nacional que atienda las reparaciones.” (2004, p. 24). De hecho, había pasado tres meses de la entrega del Informe Final de la CVR antes de que Presidente de la Republica, Dr. Alejandro Toledo73, se pronunciara el 21 de noviembre 2003 públicamente sobre las reparaciones donde sus principales afirmaciones fueron las siguientes:

- Pidió perdón a todas las víctimas y afectados.

73

- No reconoció que las violaciones de los Derechos Humanos por parte

de agentes del Estado fueran sistemáticas y generalizadas y que sólo hubieron excesos.

- Anunció medidas para conseguir fondos para la administración de

justicia y el registro nacional de víctimas.

- Anunció que se iniciaría un programa de reparaciones colectivas para

los departamentos afectados, que se llamaría Plan de Paz y Desarrollo.

- Anunció también reparaciones individuales en salud, educación,

vivienda.

- Se creó el día de la reconciliación el 10 de diciembre, Día de los DDHH. - Se anunció un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del

CVR

Es así que, como respuesta por parte del Estado, se plantea priorizar El Plan de Paz y Desarrollo en las zonas más afectadas por la violencia, así como las medidas de reparación individual en materia de educación, vivienda y salud. Según lo manifestado por Toledo: “[A]tendiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación hemos decidido llevar a cabo un conjunto de acciones de atención a los más afectados y sus familiares directos.” 74

Se designó 2,880 millones de nuevos soles para la ejecución de este Plan, reservando asistencia extranjera para inversión descentralizada de actividades y

74 _{Pronunciamiento del Presidente Alejandro Toledo sobre el Informe de la Comisión de la Verdad y} Reconciliación, 11 de noviembre de 2003. En línea: http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/0F5B71925BF6D160C1256DEF003890AE/$file/GoP+truth+c

servicios para responder a las condiciones de pobreza extrema y para poblaciones de un grado de extrema marginalización a fin de elevar las condiciones de la vida, y asegurar la paz y reconocerlos como verdaderos ciudadanos.75

La crítica inmediata fue que el Presidente confundió Desarrollo Social con Reparaciones. Muchos actores sociales consideran que este plan no es un plan de reparaciones colectivas sino un agregado de obras y acciones que el Estado tenía previstas para las Regiones Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, y además esta es otra obligación más del estado en materia de derechos sociales y económicos. Como nos comentó Iliana Estabridis de PCS, institución que esta asesorando la implementación de estas recomendaciones (PIR) en varias regiones, “el tema que es sumamente difícil y complejo, porque, como en este país no hay una clara conciencia respecto a qué significa violación de derechos y, por lo tanto, qué significa reparación integral, hay una tremenda confusión entre lo que es desarrollo, pobreza y reparación.” 76

Por lo expuesto, la propuesta de Presidente Toledo fue recibida con suspicacia, aunque todos están de acuerdo en que se hagan obras en las comunidades alto andinas más pobres. Lo grave es que se pretenda pasar este programa de desarrollo como un programa de reparaciones, lo cual confunde a la población. Como nos comentó un entrevistado77, “el desarrollo es un derecho que tenemos todos los peruanos. A acceder a servicios públicos de calidad, a participar de nuestra vida política. La reparación es el derecho de las víctimas a recuperar su

75 _{Decreto Supremo No. 092-2003-PCM, Publicado en El Peruano (22 de noviembre de 2003).} 76

Entrevista con Liliana Estabridis, Coordinadora de Programa. CPS. Lima. En fecha: 30 de agosto de 2004. 77 _{Entrevista con un afectado que por razones personales solicito reserva de su identidad, realizada en Lima el} 3 de noviembre de 2004.

dignidad por las violaciones que se cometieron y a sancionar a aquellos que violaron sus derechos fundamentales.”

En esta reacción inmediata, grupos de afectados publicaron sus protestas contra el Plan diciendo que si bien el Plan será importante para la atención de las condiciones que permitieron la violencia en primer lugar, no obstante, no estaba atendiendo lo que era reparación a las víctimas de la violencia y además esta propuesta se pone en conflicto a las víctimas de pobreza con víctimas del Conflicto Armado Interno “las consecuencias de la violencia no son las mismas que aquellas de recursos inadecuados”78 _{Por eso, las víctimas insisten en} reparaciones individuales por el daño sufrido por la violación de sus derechos.79 Respaldando esta perspectiva, la CNDDHH sostiene que el Plan “no es reparación colectiva…no responde al deber del Estado de reparar el daño causado.” (CNDDHH 2004, p. 24)

Otra indicación de la falta de coordinación en la implementación de reparaciones se demuestra en la formación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de paz, reparación colectiva y reconciliación80 que en su formación no incluye representantes del Ministerio de Salud, Educación0, Trabajo o vivienda, un mal inicio que finalmente fue corregido por la presión de la sociedad civil.

78

Pronunciamiento de la “Campaña con los afectados y las afectadas por Violencia Política”, (Lima, Perú: 26 feb. 2004) (archivo con autores).

79

Alerta de Prensa, “APRODEH Exhorta Al Ejecutivo: Comisión De Alto Nivel Obvia Recomendaciones CVR” Lima, Perú (Feb. 19, 2004) http://www.aprodeh.org.pe/notapress/notas/19feb2004ii.htm.

80

A pesar que, la comisión sería representativa, en su pronunciamiento, el Presidente Toledo específicamente hizo referencia a Educación, Vivienda y Salud. Se quiere destacar que en su pronunciamiento del 21 noviembre de 2003, el Presidente incluyó lo siguiente, “en el ámbito de la salud, hemos decidido que los huérfanos y las viudas accedan al Seguro Integral de Salud (SIS). Del mismo modo se iniciará un Programa Nacional de Salud Mental.” Entre sus “primeras acciones” dice que se ejecutará la construcción y ampliación de puestos de salud. Sin embargo, hasta ahora no se cuemples estas promesas y todavía no se ha presentado un diseño de una política nacional de reparaciones, ni tampoco normas vinculantes para convertir al PIR en una obligación del Estado.

De hecho, en entrevista con el representante de sociedad civil dentro de la Comisión Multisectorial, Jaime Urrutia, presentó una copia de la propuesta para incluir a los huérfanos y viudas en el SIS, indicando que aunque fue firmado por el Presidente todavía no se ha publicado oficialmente en El Peruano por lo que no tiene vigencia aún.