LA IMPUNIDAD EN MÉXICO

En abril de 2007 el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad se- ñaló que en México se sentencia a 24 personas por cada 1.000 hechos delictivos conocidos por las autoridades. Considerando el número de delitos cometidos realmente en el país se sentencian 7 de cada 1.000 hechos delictivos, lo que equivale al 0.7%. Este porcentaje era de 2007, en el que todavía no se suman los crímenes cometidos en el contexto de la guerra del Ejecutivo Federal en contra del llamado crimen organizado.

1 _{Véase: Párrafo preambular 4 del Estatuto.}

2 _{Por ejemplo, véase el fracaso de la experiencia de la llamada Fiscalía Especial para Movi-} mientos Políticos y Sociales del Pasado (FEMOSSP).

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El Gobierno Federal, a través de la página de Gobernación, tiene una sec- ción con la Información sobre el Fenómeno Delictivo en México —de agosto de 2010—3_{, que tiene “como objetivo informar sobre el estado actual de la lucha por}

la seguridad, así como de las causas de la violencia en algunas regiones del país”. Dicho documento parte de una premisa para justiicar la política del presi- dente de la República:

“• La debilidad de las instituciones de seguridad y justicia.

• Al iniciar la actual administración Federal prevalecían serias deiciencias en el marco

jurídico e institucional del país:

– La existencia de muchos cuerpos policiales mal pagados y equipados, sin esquemas de coordinación entre sí. Además, muchas de estas corporaciones estaban amenazadas o compradas por los delincuentes.

– Ministerios públicos y juzgados insuicientes, poco profesionalizados e ineicaces. – Leyes obsoletas”4_.

Datos oiciales sobre crimen organizado:

Conforme a la numeraria ofrecida por el Gobierno Federal, del 1 de diciem- bre de 2006 hasta el 31 de julio de 2010, en todo el país se han registrado 28 mil 353 homicidios vinculados con el crimen organizado. Se habla que en 2011 al mes de marzo el número asciende a las 35.000 personas fallecidas. Para este mismo periodo (2006-2010):

• El 80 por ciento de los homicidios atribuibles por el gobierno al crimen or- ganizado (22 mil 701 homicidios) según el ejecutivo federal han ocurrido en 162 municipios de los 2 mil 456 municipios de todo el país.

• La gran mayoría de estos homicidios, para el gobierno federal, son atribui- bles a la lucha entre organizaciones criminales.

Para explicar los homicidios entre organizaciones, el Ejecutivo Federal a tra- vés de una metodología cuestionable en términos del derecho a la verdad, con- formó una Base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. En este instrumento señala que un evento de muerte violenta (ejecu- ción) contiene por lo menos dos de los siguientes patrones de comportamiento:

• La víctima presenta impactos de arma de fuego larga y/o corta de grueso

calibre. Es importante destacar que el uso de dicho tipo de armamento no es exclusivo del crimen organizado, también las autoridades policíacas y las fuerzas armadas hacen uso de las mismas.

3 _{Véase: http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/home.}

4 _{Véase: apartado II sobre antecedentes del documento Información sobre el Fenómeno} Delictivo en México de agosto de 2010.

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• La víctima presenta huellas de tortura y lesiones severas. También se debe

aclarar que no se trata de una práctica exclusiva del crimen organizado, sino que por el contrario también las autoridades en México son señaladas de cometer este tipo de abusos.

• La víctima fue ultimada en el lugar del hallazgo o en lugar diferente al que

fue encontrada o bien localizado al interior de un vehículo. El lugar donde se ubica la víctima no establece una relación directa entre el crimen orga- nizado y el delito.

• Empleo de materiales característicos del modus operandi de la delincuencia organizada como mordaza, cobijas, cinta adhesiva, etc. Este indicador no ofrece certeza sobre la relación entre el uso de materiales determinados y que el delito sea cometido por el crimen organizado.

El documento aludido continúa. Señala que las circunstancias de los hechos para determinar que un asesinato se liga al crimen organizado son:

• Presunta relación de la víctima con grupos de la delincuencia organizada; • La víctima fue previamente privada de la libertad (levantón);

• Se efectuó el crimen en emboscada o persecución; • Se localizaron mensajes de la delincuencia organizada;

• En casos extraordinarios se considerarán aquellos homicidios registrados

dentro de centros penitenciarios, en los que participen actores vinculados a la delincuencia organizada.

Ninguno de los supuestos anteriores ofrece certeza ni a la ciudadanía, ni a los familiares de las víctimas sobre el origen o motivos de la muerte de una persona. El Poder Judicial debe determinarlo conforme a las obligaciones internacionales del Estado Mexicano, para hacer creíble la información.

Desde que se inició esta guerra, la Revista Contralínea reporta que 1.226 ni- ños han sido asesinados en fuego cruzado o asesinatos directos5_.

Datos oiciales de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que en la actual administración hasta el 25 de marzo de 2011 se han presentado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 4.772 quejas en contra de dicha Secretaría6_{. Es}

5 _{Isabel ARGUELLO, “1 mil 226 niños, asesinados en la “guerra” de Calderón”, en Contra-} línea. Periodismo de Investigación, número 224, 20 de marzo de 2011. Para consultar véase: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/03/22/1-mil-226-ninos-asesi- nados-en-la-guerra-de-calderon/?home.

6 _{Para conocer esta información véase página de la Secretaría de la Defensa Nacional:} http://www.sedena.gob.mx/index.php/derechos-humanos/quejas-y-recomendaciones.

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importante señalar que dichos datos no especiican sobre qué tipo de hechos. Asimismo, informa que se han dictado 74 recomendaciones, de las cuales 60 son resultado de operaciones contra la delincuencia organizada. La SEDENA infor- ma que la investigación de dichas violaciones a los derechos humanos vinculadas a la guerra contra el crimen del Presidente Calderón solo está ligada a las reco- mendaciones, no hay otras.

Ello demuestra una dudosa eicacia del control de los superiores sobre sus su- bordinados, y en particular evidencia una falta de sanción y de informar cuanto antes a las autoridades competentes de los abusos cometidos por sus subordi- nados. Esto sin duda los hace en principio responsables de los crímenes de sus subordinados conforme al artículo 28 del Estatuto.

A continuación se presenta la numeralia de dicha institución:

• En 38 recomendaciones, la averiguación previa se encuentra en integra- ción.

• En 11 recomendaciones se tienen causas penales.

• En 14 recomendaciones se envió al archivo, pues no se ha encontrado res- ponsabilidad alguna.

• En 4 recomendaciones no se inició averiguación previa porque se inició un

procedimiento administrativo.

• En 6 recomendaciones se concluyó la averiguación previa no acreditándo- se la conducta ilícita.

• En 1 recomendación no se inició averiguación previa por no haber partici- pado en los hechos personal militar.

De lo anterior se desprende que hay algunas investigaciones abiertas en la Procuraduría de Justicia Militar y casos en Tribunales Militares pero ni una sola sentencia. Tampoco ningún superior militar, ni civil, ha sido encontrado como responsable por la igura de responsabilidad del superior. Por el contrario, el Presidente de la República que tiene conocimiento de estos delitos contra la hu- manidad o de guerra, no toma medidas para detener la perpetración ni mucho menos poner ante la justicia a los responsables.

Por otro lado, la CNDH también ha documentado cerca de 11.000 casos exclu- sivamente de personas migrantes presuntamente cometidos por redes de crimen organizado, sólo en el año 20107_{. A esto se deben sumar los cientos de desapare-} cidos (levantados) que reportan organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo

7 _{Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe especial sobre secuestro de migrantes en} México, febrero 2011. Para consultarlo véase: http://www.cndh.org.mx/#.

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en el Estado de Coahuila, los cuales permanecen en absoluta impunidad. En el contexto de la visita reciente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forza- das e Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y dicha Comisión Nacional han reportado un incremento en casos de desaparición de personas en los últimos 3 años8_.