Innovación territorial y políticas públicas

Has los años setenta las intervenciones públicas en materia de innovación se habían limitado a políticas de oferta, emitidas desde los gobiernos centrales, destinadas a la construcción de infraestructuras, la creación de incentivos para atraer la investigación externa y el fomento de la innovación interna de la empresa, excluyendo al territorio de cualquier implicación. Esto era, en parte, debido a que la innovación era entendida de forma lineal, es decir, como una secuencia ordenada de etapas desde la dotación de recursos a la investigación, hasta la obtención de resultados.

En los años setenta y ochenta entra en juego el modelo evolutivo económico – del que ya hemos hablado más arriba- de tal forma que, aunque en esta época aún se siga viendo a la empresa como un ente individual, ya se establecerá que la innovación en sí no sólo procede de la investigación básica, sino que también surge como consecuencia de cambios acumulativos en los procesos productivos, los productos y la organización empresarial. Se seguirá adoptando una política de oferta, pero sin duda supone un paso más para la implicación de los poderes públicos en el proceso.

En los años ochenta y noventa, definitivamente, la empresa será concebida como un elemente de un sistema de innovaciones; y en lo que respecta a la innovación se entenderá que debe surgir de un proceso de retroalimentación –entre el ciclo productivo y las fases previas y posteriores al mismo, y los elementos del entorno-. Se trata de un enfoque sistémico que rechaza totalmente el carácter lineal del proceso de innovación y se centra en un modelo interactivo entre las instituciones y los agentes que crean y difunden el conocimiento, o aquellos que son encargados de diseñar, fabrica, distribuir y comercializar el producto obtenido gracias a lo anterior. El tipo de política que se aplicará desde ahora estará basada en la demanda y en el apoyo a proyectos e instituciones I+D, científicos y tecnológicos –empresas, universidades, etc.-que pongan

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en contacto a los elementos anteriores, o se encarguen de llevar a cabo el proceso y ejecutar las distintas fases. Así, las actuaciones se han centrado en aproximar la actividad investigadora a la demanda empresarial de tal forma que se ha desarrollado una serie de estrategias destinadas a que la investigación se oriente a la innovación, con políticas tanto de promoción y protección como de reducción y simplificación de los trámites; a llevar a cabo una prospección de las nuevas necesidades de mercado, con un fomento de los estudios sobre el mismo y de los flujos de información entre clientes y empresas; a financiar todas estas labores con sociedades de capital de riesgo, fondos de garantía, préstamos y subvenciones; y a la difusión de innovación a través de un fomento de la comunicación interempresarial y entre empresas e instituciones, y de un desarrollo de la oferta de servicios avanzados..

Por supuesto no sólo el aparato estatal tendrá que intervenir y esforzarse en el éxito de este proceso sino también las cada vez más importantes administraciones locales y regionales, ya que la proximidad de dichas administraciones a los agentes empresariales, favorecen el diseño de actuaciones precisas. En este contexto serán sobre todo las empresas de pequeño y mediano tamaño las que se beneficien de tal intervención.

En los últimos tiempos, este proceso se ha acompañado de la creación de infraestructuras propias para el desarrollo de estas políticas. Estamos hablando fundamentalmente de los parques científicos y tecnológicos, los centros de formación especializada, los centros tecnológicos y las entidades de transferencia de tecnología.

Ahora bien, esta fase de la evolución de las políticas y los modelos interpretativos de innovación no está exenta tampoco de dificultades. Cada uno de los componentes del sistema tendrá que ser tenido en cuenta pero de manera conjunta y no individualmente. Por otro lado, la competitividad manifiesta en el mundo globalizado en

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el que vivimos implica que siempre haya que estar al tanto de los avances y las nuevas tecnologías, pero también atentos a las exigencias de los consumidores. Esto a su vez requerirá que las políticas públicas sean flexibles, dinámicas y siempre atentas al mercado, para así dirigir su esfuerzo hacia la identificación y el estímulo de la demanda.

Asimismo, las políticas públicas orientadas a fomentar la innovación tampoco han estado exentas de críticas. Por un lado, se ha censurado el hecho de que éstas hayan primado a las empresas que han evidenciado ya una capacidad manifiesta de desarrollar actividades de investigación y desarrollo, antes que ayudar a la adopción y absorción de innovaciones a firmas que previamente no habían demostrado tal predisposición. Efectivamente se demandan actuaciones para la creación de empresas innovadores a través de tutoriales de proyectos y financiación y/o subvención para recurrir a expertos y consultores tecnológicos –elementos que serán básicos y comunes en todos los requisitos que describimos-. Para ello, también se requiere la introducción de innovaciones tecnológicas de productos y procesos, con la incorporación de una cultura de calidad y la adquisición de nueva maquinaria y equipos, con ayuda también de subvenciones. No será posible tampoco sin el fomento de innovaciones organizativas, es decir, sin la renovación de las formas de organización de la producción, la inserción de nuevos modos de jerarquización y administración de la fuerza laboral –para difundir ese aprendizaje y conocimiento del que hemos hablado- y la incorporación de una cultura empresarial más favorable a la innovación. Por último también tendrá que llevarse a cabo una cualificación de los recursos humanos, incluyendo en este grupo a empresarios, trabajadores y técnicos, a través de cursos de formación continua.

También se ha criticado otros puntos: el hecho de que los sectores económicos que se han visto favorecidos por las políticas de innovación han sido los vinculados a las nuevas tecnologías; la utilización excesiva de la subvención; la falta de atención a la

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articulación de las relaciones entre los agentes y las infraestructuras; la insuficiente coordinación entre los organismos de investigación públicos y privados, y entre las políticas de innovación nacionales y regionales; y la escasa participación de los agentes privados en la elaboración de dichas políticas.

Parece claro que todas estas deficiencias están centradas en la falta de la concienciación social y político-institucional requerida para que el proceso del que hablamos se lleve a cabo. Por tanto, los organismos públicos tendrán un deber más ya que, para la consecución del objetivo, es necesario la innovación, pero esta vez en las relaciones sociales, a través de la mejora del diálogo y la comunicación, el desarrollo de un clima de confianza a través de la transparencia, y el establecimiento de vínculos entre empresas y las comunidades donde se desarrollan. Es más, las propias formas de gobierno, en este sentido, han de reinventarse, llevando a cabo una apertura institucional, promocionando la participación de todos los actores sociales en sus propuestas y proyectos, elaborando políticas tanto estatales como regionales, flexibles y dinámicas, y fomentando una mayor cooperación entre las administraciones de las distintas escalas espaciales.