Instrumentos internacionales para el Tratamiento de los Reclusos

Reclusos

a).Principios Básicos para el tratamiento de los reclusos Adoptados

y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111,

de 14 de diciembre de 1990.

b) Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

Adoptadas por el primer congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus

resoluciones 663C (XXVI) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. Estas reglas mínimas, como lo señala en su artículo 1º, no tienen el objeto de describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente establecer los principios y las formas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos.

c) Instrumentos Internacionales Universales de Defensa de los

Derechos de las Personas Privadas de Libertad.

Al abordar el tema de los instrumentos internacionales cobra relevancia el principio de supremacía constitucional vigente en el sistema jurídico peruano, los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Perú adquieren una naturaleza vinculante y pasan a formar parte del derecho positivo.

En el ámbito del sistema penitenciario, el Estado peruano ha suscrito las siguientes normas internacionales, a continuación abordaremos algunos de ellos.

d) Declaración universal de los derechos civiles y políticos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene 15º artículos relativos a las prerrogativas de las personas detenidas o recluidas en un centro penitenciario (artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 9º, 10º, 11º, 17º, 18º, 19º, 21º, 23º, 25º y 26º).

e) Pacto internacional de derechos civiles y políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos constituye, junto con la Declaración universal de los Derechos Humanos, el instrumento base en la defensa de los derechos de las personas detenidas y condenadas. Incorpora los artículos de la Declaración Universal relativos al derecho a la vida, a la libertad de conciencia, el derecho a no ser torturado, entre otros.

f) Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y

culturales.

Otro de los instrumentos del sistema universal aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 es el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual contiene los derechos que conservan las personas detenidas y condenadas. Estos se refieren a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a la protección de las madres antes y después del parto, a la protección y asistencia de niños y niñas adolecentes, el derecho a la prevención de enfermedades y a la asistencia médica, y el derecho de toda persona a la educación.

g) Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (o reglas de

Tokio).

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (o Reglas de Tokio), adoptadas en 1955, constituyen principios y reglas para una buena organización penitenciaria y el tratamiento de los reclusos, marcan los

parámetros mínimos que deben cumplir las administraciones penitenciarias en los más distintos campos como la diferenciación entre los reclusos, las condiciones de los lugares destinados a ellos, la alimentación, los servicios médicos, etcétera.

h) Convención contra la tortura y otros tratos o penas, crueles,

inhumanos y degradantes.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Inhumanas o Degradantes adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1984, complementa los artículos relativos al derecho de no ser torturado contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Es necesario tipificar la tortura como delito en la legislación penal de los Estados Parte, así como formar al personal penitenciario en lo relativo a la prohibición de la tortura.

2.2.11. Instrumentos Nacionales para el Tratamiento de Reclusos.

Existen normas que regulan el régimen de vida de los internos en los establecimientos penitenciarios que son de estricto cumplimiento. En caso de violación de sus derechos, las personas privadas de libertad pueden promover quejas, así como otros recursos previstos en la ley. El Ejercicio de esta garantía no debe ser motivo de represalias por parte del personal penitenciario. En el Título IV, Capítulo I del Reglamento del

Código de Ejecución penal se encuentra descrito el Régimen Disciplinario que se aplica a todos los internos de los establecimientos del país.

a) La Constitución Política del Perú.

Este objetivo está relacionado a la declaración constitucional del artículo 1º, según la cual la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y siguiendo con el análisis constitucional, una persona que es privada de su libertad pierde solamente los derechos que la condena señala, quedando a salvo los derechos señalados en el artículo 2º y los que como persona le corresponden.

La Constitución Política del Perú de 1993, específicamente en su artículo Nro. 139º inciso 21, señala. “El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos penitenciarios adecuados.” Y el inciso 22 señala: “El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.” Lo señalado en estos artículos de la nuestra Constitución nos pone a la par de otras legislaciones constitucionales del resto del mundo, el cual es concordante con los tratados que el Perú ha firmado.

Al entrar en vigencia el Nuevo Código de Ejecución Penal de 1991, la estructura orgánica de la entidad rectora del sistema penitenciario peruano sufrió algunos cambios que fueron estipulados en el Reglamento de Organización y Funciones , del 11 de Febrero de 1993; sin embargo mediante la Resolución Ministerial Nro. 199-98-JUS, del 10 de setiembre

de 1998, se aprobó un nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional Penitenciario.

b) Código de Ejecución Penal D.L. Nro. 654.

Que, el decreto Legislativo Nro. 654, Código de Ejecución Penal, establece las normas de régimen y tratamiento de los internos sentenciados y/o procesados a nivel nacional, reconociendo que el tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad.(artículo Nro. II Título Preliminar del Código de Ejecución Penal).

c) Reglamento del Código de Ejecución Penal Decreto Supremo Nro.

015-2003-JUS.

En el Reglamento del Código de Ejecución Penal, el tratamiento penitenciario está contemplado en el artículo 97º el cual señala: “El Tratamiento penitenciario es el conjunto de actividades encaminadas a lograr la modificación del comportamiento del interno, con el fin de resocializarlo y evitar la comisión de nuevos delitos.

Artículo 61º del Código de Ejecución Penal.

Señala: “El tratamiento penitenciario es individual y grupal. Consiste en la utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, laborales y todos aquellos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las características propias del interno.” Un ejemplo es que la mayoría de estos métodos son letra

muerta, o un saludo a la bandera, por citar a uno de ellos el método psiquiátrico, no se da por cuanto en este establecimiento penal no existen psiaquiatras.