Intencionalidad:

terrorismo de Estado surge como respuesta a un enfrentamiento irregular que no llega a escalar en guerra civil porque no abarcaba a todo el entramado social argentino, en otras palabras, el terrorismo de Estado, era una forma de luchar contra el terrorismo insurgente pero con la concentración de una escalada en la violencia por parte del Estado.

La violencia política en la Argentina durante la Junta militar surge por el miedo del aparato estatal a la movilización social, a la cultura política del pueblo argentino, esta masa inorgánica crecía espontáneamente y generó un sentimiento, y una representación política de los ideales de una tercera vía que no trataba de expandir el comunismo, pero tampoco de apoyar el capitalismo, como lo proponía Perón, fué interpretada por la junta militar como una amenaza al status-quo, y trató a toda costa de poner el aparato policivo en contra de estos brotes. (Robben, 2008)

Por ende, si el cuerpo policivo de la Nación daba captura a un grupo insurgente, para los detentadores del poder era preferible matar a estos subversivos en secreto y sin juicio, porque si se encarcelaban legalmente y se procesaban, el régimen corría el riesgo de que en unos años ya no detentaran más el poder, y estos presos podrían salir libres por alguna amnistía y convertirse en unos buenos líderes políticos (Feierstein, 2008).

Para poder mantener el status-quo, la junta militar debía amedrentar a la población civil a toda costa; por tal motivo, la presencia de las fuerzas armadas fué fundamental para mantener cualquier manifestación de la sociedad. En otras

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palabras, la junta sabía que si le conquistaban las calles, estaría en riesgo su mandato (Robben, 2008). Por tal motivo, cuando ocurría un brote de una ideología por parte de los trabajadores, estudiantes, disidentes o guerrilleros estos los amedrentaban. Pero para poderlos amedrentar debían cuidarse de cierta forma con un cierto matiz de anonimato, para que su prestigio político no fuese enlodado por su escalada criminal. (Robben, 2008)

El crimen de la DFP consistía en capturar a cierto individuo de manera ilegal y fraudulenta por medio de las fuerzas armadas de la nación, sin dar razón alguna a los familiares, los cuales también se constituían como víctimas al no saber el paradero de sus seres queridos. Cuando este fenómeno político comenzó en la sociedad argentina, los familiares que buscaban sus seres queridos eran tratados como locos por no saber el paradero de sus hijos. Cuando se empezó a consolidar esta práctica clandestina y se volvió un secreto a voces, los familiares de las víctimas eran tratados como responsables de la DFP de sus propios familiares, por no haberle brindado una correcta educación a sus propios hijos o nietos. (Robben, 2008)

El terrorismo empleado por parte del Estado argentino a los insurgentes dió el resultado esperado por parte de los detentadores del poder, donde prácticamente había reducido a su mínima expresión al movimiento insurgente de los Montoneros. Sin embargo, contaban con otros problemas que no era tan visibles como un grupo guerrillero, los cuales eran: los disidentes políticos, los obreros, los estudiantes, los académicos, las amas de casa, entre muchos otros. En otras palabras el enemigo para la junta militar estaba agazapado dentro de las diferentes estructuras sociales argentinas. Por tal motivo, siguieron administrando el terrorismo de Estado contra estos miembros de las estructuras sociales, mediante métodos heterodoxos para un Estado como lo fue la DFP.

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La DFP en Argentina para la junta militar era una manera efectiva de control social; esta fué una forma de trasladar la guerra a la sociedad. Es decir, “la victoria y la omnipotencia del Estado fueron calando hasta convertirse en miedo. Las desapariciones trasladaron la guerra y la tortura a la sociedad civil, a los hogares y los lazos de familia, sumiendo a la mayoría de los familiares en una angustia en una incertidumbre que nunca los abandonarían, lo que los condenaba a vivir en un

estado mental y social de guerra y tortura”. (Robben, 2008, pág. 320).

La junta militar en Argentina utilizó la DFP con frecuencia a otros repertorios de violencias por las siguientes razones: primero, desde un punto de vista operativo, la DFP no necesitaba de un arresto judicial que demandaba penosos y prolongados tramites y permitía realizar interrogatorios mediante tortura; segundo, desde el punto de vista judicial, este método desaparecía las pruebas incriminatorias; tercero, en el plano político, se lograba confundir a la opinión nacional e internacional y se obstaculizó las movilizaciones de protesta por la incertidumbre del paradero y la facilidad de negar los hechos; cuarto, en el plano simbólico, la desaparición de cadáveres impedía que los muertos se volvieran mártires y se les hiciera ritos religiosos; quinto, en el plano económico, se buscaba seguir fomentando la inversión extranjera y los préstamos; sexto, en el plano histórico, los militares debían mantener su propio prestigio, el de su gobierno y el de sus fuerzas armadas en la opinión argentina; séptimo, en el plano pedagógico, buscaban una reeducación de la sociedad argentina castigando a los padres por no haber impartido valores patrióticos y cristianos; octavo, desde el punto de vista psicológico, la destrucción de los cuerpos se medía como un éxito logrado dentro de las fuerzas militares; finalmente, en el plano social, se traumatizó a las víctimas, a los familiares y a la sociedad argentina en general. (Robben, 2008, pág. 327)

5.1.3. Estrategia: