E L ESTADO BORBÓNICO

Si la decadencia de España iba a proporcionar a los estudiosos de cuestiones políticas, desde Montesquieu a Macaulay, una ocasión idónea para desarrollar la ironía liberal, sus consecuencias prácticas seguían acosando a los hombres de es- tado de la época borbónica que se esforzaban en levantar el desvencijado patri- monio transmitido por los últimos Austrias. No puede haber dudas, desde luego, sobre el estado de postración absoluta en que se encontraba el país a fines del si- glo xvii. El reinado de Carlos II «el Hechizado» (1664-1700) resultó ser un de- sastre total, una desnuda crónica de derrotas militares, la bancarrota real, regre- sión intelectual y el hambre por doquier. Hacia 1700, la población había descendido por lo menos un millón de personas por debajo de su nivel en la época de Felipe II. La única salvedad a esta imagen de decadencia general que ofrece la investigación más reciente es que la crisis alcanzó su punto más bajo durante la década de 1680. Fue por aquellos años, al tiempo que una serie de malas cosechas llevaban el hambre a Castilla, cuando se dieron los primeros pa- sos para resolver los problemas financieros de la monarquía, rechazando la pe- sada carga de deudas heredada de reinados anteriores. Al mismo tiempo, se de- tuvo la progresiva inflación causada por la devaluación repetida de la moneda, mediante una vuelta al oro y la plata como patrones de valor. Entonces hay evi- dencias que indican la existencia de signos de rehabilitación económica en Cata- luña y Valencia bastante antes del advenimiento de la nueva dinastía. Sin em- bargo, nada de esto debería hacer olvidar el hecho de que España había perdido sus industrias y se limitaba a exportar productos agrícolas como pago de las ma- nufacturas extranjeras. En cuanto al comercio colonial, Cádiz actuaba como mero lugar de paso en el intercambio de metal precioso americano por mercan- cías europeas.

Aunque las condiciones de la economía puedan parecer desesperadas, era el debilitamiento de la corona lo que amenazaba la supervivencia del país. Derro- tado por Francia en su lucha por lograr el dominio de Europa, el estado Habs-

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burgo fue presa entonces de pugnas internas. Con el acceso al trono de Carlos II, casi un imbécil, la aristocracia territorial extendía su jurisdicción señorial sobre distritos y ciudades enteras, y dominó los consejos centrales de la monarquía. Los famosos «tercios», que habían sido las primeras tropas de Europa, se rebaja- ron a milicias locales reclutadas y mandadas por la nobleza. Por entonces, la prestigiosa élite de los letrados, en los que habían confiado los Reyes Católicos y sus sucesores para gobernar el reino, había degenerado en una mera noblesse de robe que se formaba en seis «colegiales mayores». Las cortes del reino de Ara- gón se habían resistido con éxito al establecimiento de impuestos en la escala que había demostrado ser tan ruinosa para Castilla. En toda la península, tanto la recaudación de impuestos como la provisión de armas y vituallas al ejército se arrendaban a contratistas particulares, entre los más destacados de los cuales se encontraban varios comerciantes extranjeros. En resumen, mientras que en el resto de Europa continental el absolutismo dinástico estaba basando su nuevo poder en un ejército permanente y un control fiscal, en España la monarquía ha- bía sufrido una pérdida progresiva de autoridad.

El precio de una corona debilitada fue la guerra civil, la invasión extranjera y la partición del patrimonio dinástico, porque la muerte, largamente esperada, de Carlos II en 1700 provocó una guerra general europea, cuyo premio principal era la sucesión al trono de España. La elección por las Cortes de Felipe de An- jou, nieto de Luis XIV, obtuvo un amplio apoyo en Castilla, donde sus tropas francesas fueron bien recibidas. Pero el contendiente Habsburgo, el archiduque Carlos de Austria, contaba con el respaldo de Gran Bretaña, Holanda, Portugal, las provincias de Cataluña y Valencia y una parte considerable de la aristocracia castellana, la cual temía que la nueva dinastía la desposeyera de su poder. En el conflicto civil consiguiente, la península sirvió de campo de batalla, con Madrid tomada y vuelta a tomar por las fuerzas en contienda antes de que las tropas francesas aseguraran la victoria final borbónica.

El papel relativamente pasivo que desempeñó España en la guerra que deci- día su destino se hizo patente en el tratado de paz, firmado en 1713 en Utrecht, ya que, como compensación a su renuncia al trono español, el emperador de Austria recibió los Países Bajos, Milán, Cerdeña y Ñapóles. El rey de Saboya se quedó con Sicilia. Y, lo que era peor, Gran Bretaña retuvo Gibraltar y Menorca y obtuvo el «asiento» durante un período de 30 años. Por esta cláusula, Gran Bretaña gozaba de un derecho monopolístico de introducir esclavos africanos por todo el imperio español y, además, se aseguraba el derecho al envío de un barco anual con 500 toneladas de mercancías para comerciar con las colonias de España en el Nuevo Mundo. Finalmente se cedió a Portugal, fiel aliada de Gran Bretaña, Sacramento, un asentamiento en la ribera oriental del Río de la Plata, con una situación ideal para el contrabando. Si el tratado arrebataba a España sus posesiones europeas, que habían estado complicando a la monarquía en con- tinuas campañas, la brecha abierta en su monopolio del comercio colonial iba a revelarse como causa importante de conflictos futuros.

La entronización de Felipe V bajo la amenaza de una guerra civil e invasión extranjera permitió a los consejeros franceses sentar las bases de un estado abso- lutista con notable rapidez. Las insurrecciones de Cataluña y Valencia facilitaron la abolición de sus privilegios. En adelante, con excepción de Navarra y las Pro-