L A CREACIÓN DE LA DOES Y LA MADURACIÓN DE DIRCOTE

Las masacres de los penales ocurridas los días 18 y 19 de junio de 1986, ya mencionadas en este volumen, marcan el inicio de un nuevo momento en el conflicto signado por un despliegue nacional de la violencia.

Desde ese año, el enfoque de la contrasubversión, en lo que atañe a los cuerpos policiales, mostró cierta variación motivada, en gran parte, por un agravamiento de la situación: incremento de ataques con explosivos y asesinatos por parte del PCP-SL, incluyendo la muerte de dirigentes del PAP y el aumento de acciones del MRTA en Lima. En ese año, se decretó el estado de emergencia y el toque de queda en Lima Metropolitana y se dispuso que las Fuerzas Armadas asumieran el control del orden interno.

Por un lado, el gobierno creó y equipó a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) encargada de producir información de inteligencia para la alta dirección del ministerio. Una vez analizada dicha información, se diseminaba como notas de inteligencia a la misma DIRCOTE y otras unidades operativas. Sin embargo, el tipo de información generada no tenía valor táctico para el trabajo operativo de unidades como la DIRCOTE, que siguió postergada en lo esencial entre las prioridades del gobierno. Éste prefirió utilizar, en lugar del trabajo de inteligencia policial para la lucha contra la subversión, grupos operativos policiales militarizados. Con ese fin, creó la Dirección de Operaciones Especiales (DOES). Es decir, se insitía en la búsqueda de una solución únicamente militar.

Es pertinente señalar que las primeras promociones de DOES estuvieron integradas en su mayoría por suboficiales recientemente egresados de la Escuela Nacional de Policía que habían hecho el servicio militar obligatorio. A medida que se agudizaba el conflicto y aumentaban las zonas de emergencia, el número de policías fallecidos y heridos crecía. Era necesario, pues, contar con más agentes en el menor tiempo posible.

Los miembros de la DOES se convirtieron en el grupo de elite de la policía durante esta etapa del conflicto y fueron enviados a reforzar distintos destacamentos policiales de las zonas de emergencia que, para ese entonces, comprendían gran parte del país. Además de ser unidades de refuerzo, llevaron a cabo operativos e incursiones en diversas partes del Perú, como Puno, en donde murieron varios oficiales. En 1990 se cambió el nombre de la unidad a DIROES PNP. Tras el cambio de estructura orgánica en 1991, la dirección fue considerada un órgano de ejecución nacional y fue denominada Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES).

Si bien la DOES concentró las operaciones contrasubversivas e incrementó la capacidad de combate de un sector de policías enviados a zonas de emergencia, la mayor parte de policías que estuvieron en esas zonas no fueron DOES y no tuvieron un entrenamiento contrasubversivo adecuado. Por otro lado, la creación de la DOES tampoco implicó un mejor comportamiento de los policías con respecto a la población civil de las zonas de emergencia. La policía continuó siendo abusiva y autoritaria y se siguieron cometiendo violaciones a los derechos humanos.

El año siguiente, 1987, estuvo marcado por un serio revés —la toma de la ciudad de Juanjuí por fuerzas del MRTA— y por fuertes tensiones entre el gobierno y el personal policial subalterno motivadas por las grandes dificultades económicas de su institución. Las demandas salariales de los policías, así como sus protestas por el trato que recibían de parte de su comando fueron indicadores del desfavorable contexto en el que estos policías enfrentaban a la subversión.

El 6 de diciembre de 1988 se promulgó la ley que, modificando los artículos correspondientes de la Constitución Política del Perú, creaba la Policía Nacional del Perú (PNP). Ésta asumiría en adelante la organización y funciones de las Fuerzas Policiales (Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana) con todos sus derechos y obligaciones. Sin

embargo, la integración efectiva, idea que causaba tantos reparos y recelos como la precedente reorganización, quedó postergada para una posible solución en el siguiente gobierno.

En este contexto de turbulencia institucional y precariedad material, los agentes de la DIRCOTE buscaron recursos para la unidad e incentivos para su personal. El esfuerzo continuo de sus agentes se vio recompensado pronto con logros de mayor importancia como la captura de Alberto Gálvez Olaechea, Rodrigo, y periodista de Cambio y miembro del MRTA, el 17 de agosto de 1987.

Para 1988, la DIRCOTE llegó a tener cerca de mil miembros. Con este contingente era ya posible contar con una visión más amplia del estado de la subversión. El mayor volumen de información acopiada pronto rebasó la capacidad de procesamiento analítico. La DIRCOTE solicitó, por ello, el apoyo de los Estados Unidos para la capacitación de analistas. Por entonces, la DIRCOTE mantenían contactos tanto con la representación diplomática norteamericana como con personal de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y, eventualmente, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), básicamente, para coordinar medidas de seguridad para sus dependencias y las delegaciones que visitaban el país. En esta fase se recibió también cooperación técnica por medio de la Embajada de Israel.

Durante estos años la DIRCOTE detuvo a altos dirigentes de los grupos subversivos, especialmente del MRTA. Meses después de la captura de Gálvez, en febrero de 1988, los miembros del MRTA Hugo Avellaneda y Peter Cárdenas Schulte fueron detenidos en el aeropuerto cuando pretendían salir del país con pasaportes ecuatorianos. Una captura de especial importancia fue la de Osmán Morote Barrionuevo, número dos del PCP-SL. Por otro lado, el 3 de febrero de 1989 fue capturado casualmente Víctor Polay Campos, Rolando, en el Hotel de Turistas de Huancayo. Unos meses después, el 16 de abril de 1989, fue capturado Miguel Rincón Rincón, líder del MRTA. Otro logro importante de la DIRCOTE en esos años fue la captura de los responsables del asesinato del agregado naval de la Embajada del Perú en Bolivia, Juan Vega Llona.

En 1988, el jefe de la DIRCOTE, Javier Palacios, asistió al curso de guerra política dictado en la Escuela Fu Hsing Kang de Taipei, en Taiwan. Uno de los elementos más relevantes de ese curos era el énfasis que se ponía en la ideología como campo de lucha y, por tanto, en el carácter esencialmente político de todo movimiento subversivo. Evaluada según ese amplio enfoque, la estrategia seguida contra la subversión en el Perú resultaba muy limitada, como lo señaló el jefe de la DIRCOTE en una conferencia dictada en el Centro de Altos Estudios Militares en 1989, cuya grabación fue escuchada por la CVR.

El desempeño de la administración de justicia era uno de los grandes motivos de queja de la policía. El sistema judicial dejaba en libertad con demasiada frecuencia a los miembros del PCP- SL y del MRTA que la policía capturaba, supuestamente por falta de pruebas, aunque en muchos casos mediante cohecho o por temor a represalias.

El principal problema relacionado con la labor policial para la administración de justicia era la presentación de pruebas en la etapa de investigación prejudicial. Una situación, ya tensa, se empezó a agravar con la aprobación de la ley 24700 en 1987 que señaló al Ministerio Público como responsable de dirigir investigaciones prejudiciales sólo para casos de terrorismo. Hasta la derogación de dicha ley en 1989, la relación entre las Fuerzas Policiales y los fiscales se deterioró aun más. A ello se añadían las tensas relaciones entre la policía y los militares, los problemas en las cárceles y la falta de una respuesta adecuada al problema por parte de la clase política. La sensación de ingobernabilidad y el terror se extendían sin freno.

Este período se cerró con un hecho trágico que, al mismo tiempo, mostraba la profundidad de la crisis: el ataque al puesto policial de Uchiza por parte del PCP-SL. El ataque senderista en esa pequeña ciudad en el centro de una zona cocalera en San Martín concluyó en la destrucción de la delegación policial y la captura y asesinato de diez policías, entre ellos, tres oficiales a quienes los subversivos ultimaron después de someterlos a un mal llamado «juicio popular». La

muerte de los policías sobrepasados por una fuerza muy superior en número ocurrió a pesar de sus reiterados pedidos de ayuda que nunca fueron atendidos. El Ministro del Interior tuvo conocimiento oportuno de lo que estaba aconteciendo, pero no adoptó una decisión adecuada para brindar auxilio al puesto. Después de estos sucesos, las Fuerzas Armadas empezaron a reemplazar a la policía en las zonas cocaleras y se configuró un nuevo escenario de batalla.