II. Evaluación de los avances en los L.E
II.5. L.E Nº 5: Implementación de estándares internacionales sobre empresas y derechos
El Lineamiento Estratégico Nº 5 “Implementación de estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos” tiene como objetivo la promoción de la implementación progresiva de los Principios Rectores de las NN.UU. sobre Empresas y Derechos Humanos (Promover, Respetar y Remediar), en tanto marco global de los estándares internacionales, el mismo que será complementado con otros instrumentos internacionales, y aprovechará los importantes avances que respecto de la normativa interna, espacios de diálogos institucional, buenas prácticas de las empresas públicas y privadas, políticas sectoriales, entre otros, se han dado en los últimos años.
El Estado Peruano, en el marco de las obligaciones internacionales asumidas, la Constitución Política del Perú, la legislación interna y las diferentes políticas sectoriales vinculadas, debe garantizar que las empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos de las personas, especialmente de aquellas en especial situación de desprotección, en cada uno de sus ámbitos de acción.
Así, en el marco de los estándares internacionales, las NN.UU. desarrolló los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, los cuales fueron presentados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en abril de 2008, y se adoptaron, de manera unánime, en junio de 2011.
Los 31 principios rectores aprobados no crean nuevas obligaciones en materia de protección y respeto de los derechos humanos sino que promueven que la actuación de los Estados se adecúe al marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tomando en consideración sus tres pilares: proteger (basado en el reconocimiento de las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales), respetar (basado en el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos) y remediar (basado en la necesidad que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento). Estos principios vienen siendo adoptados tanto por el Estado como por las empresas, beneficiando la vigencia efectiva de los derechos humanos. Los principios antes referidos buscan identificar consecuencias adversas reales o potenciales para que puedan ser evitadas o mitigar su impacto. Por ello, no se limitan a “no hacer daño”, sino que incluyen medidas activas para prevenir que se produzca, así como ser capaz de demostrar qué medidas se han tomado. Dichas medidas han de ser equivalentes al riesgo o la probabilidad del perjuicio ocasionado y la severidad del posible perjuicio. La responsabilidad estriba en hacer frente a todas las consecuencias adversas, lo cual incluye la reparación, que puede comprender, entre otras acciones, una disculpa pública, la promesa de no volver a incurrir en un comportamiento similar, pago de una indemnización a las víctimas, etc. Las medidas pueden incluir mecanismos no judiciales de solución de agravios, considerados en la sección sobre Reclamación de los Principios Rectores. A su vez, complementan las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales (Directrices de la OCDE) y a la Declaración Tripartita de Principios de la OIT sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social (Declaración EMN de la OIT).
En relación con esta problemática, el PNDH 2018-2021 se inspira en los mencionados principios e iniciativas internacionales, aun cuando no se traten de instrumentos jurídicamente vinculantes. Por ello, este Lineamiento Estratégico contempla tres compromisos (dos programados para el 2018 y uno para el 2019), los cuales se detallan a continuación:
Se cuenta con una metodología en la cual se desarrollará la línea base, el diagnóstico y el Plan Nacional de Acción sobre empresas y derechos humanos. Esta metodología, de conformidad con los Principios Rectores, será construida de modo amplio, participativo, consensuado y descentralizado entre los sectores estatales, empresariales y de la sociedad civil.
Se cuenta con una línea de base y un diagnóstico aprobados, sobre la implementación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos y otros estándares internacionales en el Perú. De conformidad con los Principios Rectores, la línea base y el diagnóstico serán construidos de modo amplio, participativo, consensuado y descentralizado entre los sectores estatales, empresariales y de la sociedad civil. Para el 2019, se ha considerado como compromiso contar con una propuesta del Plan
Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos; a partir de la implementación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos y otros instrumentos internacionales.
1. Evaluación del nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos para el período 2018-2019
El presente informe muestra los avances alcanzados de los dos compromisos definidos para el 2018. Si bien a la fecha no se ha llegado a los compromisos programados, se evidencia un sustancial avance en las acciones para su logro.
En el mes de noviembre de 2018, a propuesta de la DGDH, el CNDH aprobó los cinco lineamientos estratégicos que deberán ser desarrollados en el PNA, a saber:
L.E. N° 1: Promoción y difusión de una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial conforme al marco de los estándares internacionales de los principios rectores y otros instrumentos internacionales.
L.E. N° 2: Diseño de políticas públicas de protección para prevenir vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial.
L.E. N° 3: Diseño de políticas públicas que promuevan el respeto de las empresas a los derechos humanos a través de la rendición de cuentas, la investigación y la sanción por los impactos de sus actividades.
L.E. N° 4: Promoción y diseño de procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de las empresas a los derechos humanos.
L.E. N° 5: Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación.
El 15 de diciembre de 2018 se realizó el lanzamiento del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, en los que se presentaron los cinco lineamientos referidos en el párrafo precedente.
Asimismo, se ha contemplado una estrategia multiactor, considerando como participantes en el proceso de elaboración del PNA a entidades estatales, la sociedad civil, actores empresariales, actores de pueblos indígenas y actores del sector de trabajadores; así como la participación de organismos internacionales y de la cooperación internacional. A la fecha de cierre de este informe, participan del proceso, en una denominada mesa multiactor, 128 instituciones que representan a los sectores antes mencionados.
Posteriormente, mediante Resolución Viceministerial Nº 01-2019-JUS, el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia aprobó la Metodología del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, elaborada por la mesa multiactor, la cual tiene como base la gestión por resultados y la transversalización de los enfoques de derechos humanos, de género, discapacidad, interculturalidad, etario, territorial, diferencial y otros complementarios. Del mismo modo, en la metodología se ha tomado en consideración la inclusión de mecanismos de participación ciudadana y la máxima transparencia en el proceso.
Tabla 1.1. Evaluación numérica del nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos para el 2018 y 2019 Nivel de cumplimiento Compromisos al 2018 Evaluación de compromiso pendiente a 2018 Compromisos al 2019 Número total de compromisos por nivel de cumplimiento alcanzado en el período 2018-2019 Alcanzaron o superaron la meta 0 1 0 1 En proceso 1 1 1 3 No se avanzó 1 0 0 1 Sin información 0 0 0 0 Total 2 2 1 5 Elaboración propia.
Tabla 1.2. Evaluación porcentual del nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos para el 2018 y 2019 Nivel de cumplimiento Compromisos al 2018 Evaluación de compromiso pendiente a 2018 Compromisos al 2019 Porcentaje total de compromisos por nivel
de cumplimiento alcanzado en el período 2018-2019 Alcanzaron o superaron la meta 0% 50% 0% 20,0% En proceso 50% 50% 100% 60,0% No se avanzó 50% 0% 0% 20,0% Sin información 0% 0% 0% 0,0% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Elaboración propia.
Tabla 2.1 Evaluación numérica del nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos al 2019 por entidad pública
Entidades públicas con compromisos a 2019
Alcanzaron o
superaron la meta En proceso
Total de compromisos por entidad a 2019
MINJUSDH 1 2 3
Total 1 2 3
Elaboración propia.
Tabla 2.2 Evaluación porcentual del nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos a 2019 por entidad pública
Entidades públicas con compromisos a 2019
Alcanzaron o
superaron la meta En proceso
Porcentaje total de compromisos por entidad a 2019 MINJUSDH 33% 67% 100,0% Total 33,0% 67,0% 100,0% Elaboración propia. 1.1. Principales logros
A continuación, se señalan los principales logros alcanzados para el periodo 2018- 2019. Respecto al compromiso de contar con una metodología con base en la cual se desarrollará la línea base, el diagnóstico y el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos
Se cumplió en septiembre de 2019, puesto que el 6 de ese mes la misma fue aprobada mediante Resolución Viceministerial Nº 01-2019-JUS. Cabe señalar que esta metodología fue construida de modo colaborativo por los miembros de la mesa multiactor del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Así, a partir de un primer borrador presentado por la DGDH, todos los integrantes de la referida mesa tuvieron la oportunidad de aportar sus opiniones, comentarios y/o sugerencias. Una vez concluida la sistematización de estos últimos, en agosto de 2019, se realizó una mesa multiactor, con la participación de actores estatales, empresariales, de los pueblos indígenas, la sociedad civil y del sector de trabajadores. Es importante destacar que a la fecha participan en la mesa multiactor 128 instituciones del Estado, el sector empresarial, los pueblos indígenas, los sindicatos y la sociedad civil, así como organizaciones internacionales de derechos humanos de la cooperación internacional. Como parte del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción, la DGDH ha implementado un intensivo plan de capacitación y promoción del diálogo, tanto en Lima como en dieciséis regiones del país, actividad que ha contado con la importante colaboración de la cooperación internacional. 1.2. En proceso de cumplimiento
Respecto al compromiso de contar con una línea base y un diagnóstico aprobados, sobre la implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos y otros estándares internacionales en el Perú
No se alcanzó al 2018; sin embargo, durante el 2019 y hasta el cierre de este informe, en septiembre de 2020, se han venido realizando las siguientes acciones:
o La metodología para aprobarse contempla dos etapas en el proceso de elaboración del PNA: la primera etapa consiste en la elaboración del diagnóstico y la línea de base de veintitrés temas priorizados en la metodología, para lo cual se contó con la asistencia técnica de tres universidades con experiencia en la temática. Los veintitrés documentos han sido concluidos y los primeros quince de ellos ya han sido revisados por la mesa multiactor. Los ocho últimos serán revisados por esta mesa entre octubre y noviembre de 2020.
o La segunda etapa consiste en el funcionamiento de las mesas multiactor, las cuales discutirán los diagnósticos y línea de base de los veintitrés temas priorizados, aprobados en la etapa anterior. Esta etapa, que ha iniciado en agosto de 2020, debe concluir en diciembre de 2020.
Respecto a la meta de contar con una propuesta de Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, aprobado por la mesa multiactor.
No se alcanzó al 2019; sin embargo, a partir de lo avanzado hasta la fecha se prevé su conclusión en marzo de 2021, de acuerdo con lo anunciado tanto por el presidente de la República en su mensaje a la Nación el 28 de julio de 2020, como en la exposición de la Política General de Gobierno del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República, el 12 de agosto de 2020.