La autonomía relativa del aparato de Estado

Si de acuerdo al anterior apartado el Estado se encuentra impregnado de concepciones hegemónicas que le dan estructura y orientación a su accionar y estas concepciones tienen que ver con los intereses de los grupos o clases dominantes, lo lógico sería pensar que el Estado tiene una dependencia funcional respecto de esos intereses. Ello lo convertiría en mero instrumento – mediado por la hegemonía – de reproducción del orden capitalista.

El planteamiento anterior muestra la necesidad de retomar el análisis en torno a la posibilidad (o imposibilidad) estructural de representatividad del aparato de estado respecto de su población en tanto ciudadanía y, sobre todo, de la posibilidad efectiva de la responsabilización de políticos y burócratas por sus acciones. En otras palabras, es necesario preguntarse si existen

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condiciones históricas en las que el Estado capitalista puede representar intereses y preferencias de las mayorías ciudadanas y en qué condiciones no lo puede hacer a pesar de que su conformación y actuación sea la de una democracia representativa. La denominada autonomía relativa del Estado es una respuesta parcial a estos cuestionamientos.

Esta autonomía relativa está ligada a las condiciones históricas de una sociedad y a las características concretas de la organización gubernamental. Revisando la literatura sobre el tema se pueden enlistar seis factores principales que inciden o permiten al aparato de estado tener autonomía relativa:

a) la diversidad de intereses de clase manifiestos en su conformación. Para Poulantzas (1979 citado en Gaggero, 2005) el aparato de Estado no está constituido por miembros e intereses de una fracción de clase sino de una relación de fuerzas clasistas diversas y en pugna en aspectos puntuales pero en acuerdos básicos en asuntos esenciales como la conservación del sistema económico. De esta forma, una política estatal debe ser considerada como resultante de contradicciones de clase o grupos inscritos en la estructura misma del Estado. Cuanto más diversa es su constitución más necesaria es la negociación entre fracciones. La autonomía relativa se basa en esa mediación de intereses y contradicciones.

b) la disyuntiva legitimación democrática vs proceso de acumulación capitalista. Claus Offe argumentó que un Estado con democracia electoral experimenta una complementariedad estructuralmente limitada34 con el proceso de acumulación capitalista que se convierte en una disyuntiva estatal (Colom y Mas Torres, 1988). Por un lado el Estado es responsable de generar el crecimiento económico y de acumulación de capital y su operación depende de ello (a través de los impuestos) y por otro requiere de legitimación democrática a través del voto que se

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Estado capitalista en tanto que forma institucional de poder político actúa guiado por cuatro directrices funcionales, denominados vínculos de complementación-exclusión entre el sistema de acumulación y sistema de integración política. A estos vínculos se les denomina principios de Exclusión, Mantenimiento, Dependencia y Legitimación (Colom y Mas Torres, 1988, pp. 230-231): a) La Producción es privada y se prohíbe al poder político organizar la producción de acuerdo a criterios políticos, solo los criterios de mercado son válidos; mediante la propiedad privada y el sistema de mercado se decide el uso de los medios de producción, b) el Estado tiene restricciones tributarias, es decir, el poder político depende indirectamente del volumen de acumulación privada vía los mecanismos del sistema impositivo, c) en virtud de lo anterior los políticos están incentivados a promover metas públicas a favor del impulso a la acumulación, y por último d) la legitimación democrática, según la cual los regímenes políticos democráticos sólo pueden acceder al poder si cuentan con respaldo electoral expresado en elecciones generales. Los procesos electorales encubren el hecho de que los recursos materiales del Estado dependen primariamente del proceso de acumulación y no del electorado.

Se debe tomar en cuenta que Offe teoriza en relación al Estado de Bienestar prevaleciente en el capitalismo de sociedades industrializadas altamente desarrolladas que él denominó como capitalismo tardío. En estas sociedades la localización y definición de los antagonismos entre clases es mucho más complejo dada la intervención social y económica del Estado.

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alimenta de acciones a favor de las mayorías electorales. En otras palabras la forma institucional del aparato de Estado depende de las reglas del juego democrático, pero el contenido material que sustenta sus acciones (presupuesto público) está condicionado a las exigencias de la estructura. Esta contradicción también se dirime entre grupos sociales (principalmente de políticos electos) y permite que algunas acciones estatales vayan acordes con las necesidades sociales y que éste se haga susceptible de control ciudadano.

c) la disyuntiva entre el reconocimiento y expansión de los derechos fundamentales del hombre, civiles y sociales, con las condiciones de funcionamiento estructural. Este antagonismo proviene del reconocimiento de los derechos sociales realizado principalmente el siglo pasado por los estados occidentales y que requirió la función redistributiva de la renta. La acumulación capitalista genera desigualdades sociales que limitan el ejercicio de los derechos sociales y el incumplimiento de estos puede generar inestabilidad política y social, especialmente porque el estado no cumple compromisos corporativos. Es posible que el Estado haga esfuerzos por responder a las demandas sociales en vista a estas condiciones de riesgo político y económico.

d) la formación del “autointerés” estatal. Se puede afirmar que la estructura político- administrativa-militar del Estado tiende a crear intereses institucionales propios dado que es identificable (y autoidentificable) como grupo social con poderes y funciones definidos. Este interés propio puede no ser idéntico al de sus diversas fracciones clasistas. Existen por lo menos dos razones para la formación de este autointerés, una es el requerimiento de eficiencia de las acciones del Estado que lo lleva a la búsqueda de parámetros de actuación burocráticos (de eficiencia y de apego a normas) los cuales implicaban una distinción entre lo político y lo técnico, otra razón es la conservación del poder y la estabilización del grupo social en esa posición que los llevaría a la formación de agendas propias no necesariamente determinadas por prioridades de la base económica. Esto significa que las estructuras políticas, burocráticas y militares sufren la tendencia que Robert Michels llamó la ley de hierro de la oligarquía.

e) la diversidad política funcional y geográfica. Otra fuente de autonomía relativa del Estado especialmente de aquellos constituidos políticamente como federaciones y en ámbitos de alternancia política es precisamente su división interna en territorios soberanos o autónomos en los que dirigentes y burocracias pueden provenir de partidos políticos diversos cuyas diferencias generan espacios de autonomía de las presiones capitalistas, sea privilegiando las locales o sea

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aliándose con las nacionales o con regionales atendiendo también diferentes niveles de presión social en cada territorio o región.

f) las interacciones estatales a nivel internacional. El tratamiento del estado nacional y sus elementos locales con sus pares en la dinámica política, económica y militar interna e internacional así como la creciente subordinación a las recomendaciones y condicionamientos de los organismos internacionales generan una soberanía comprometida que demanda una necesaria autonomización de decisiones y de acciones para manejar el gran volumen de variables inmersas en la actuación estatal.

Estos cinco argumentos se presentan en la Figura 2.1. en la que también se establecen relaciones interactuantes entre ellas y por tanto su complejización como fenómeno de estudio

La autonomía relativa no puede ser uniforme en el tiempo, ni a lo largo de la estructura funcional o geográfica del estado, por lo tanto condiciones históricas determinadas permiten que sea más amplia o restringida. Esto lleva a dos argumentos base en esta tesis: 1) que las acciones de control sobre el aparato de Estado se deben fundamentar más que en la asumida soberanía ciudadana sobre él, en reconocimiento de que tiene múltiples incentivos de acción en contra de la voluntad ciudadana, es decir que la acción del Estado debe controlarse no solo por lo argumentos liberales sobre la naturaleza humana ni por los neoliberales relacionados con comportamientos individuales oportunistas sino porque el desarrollo de las relaciones capitalistas lo posicionan en medio de poderosas disyuntivas que lo encaminan hacia destinos distintos al beneficio de las mayorías ciudadanas, y 2) las mismas disyuntivas al interior del aparato de estado permiten observar ventanas de oportunidad para influir e insertar conceptos, prácticas, normas, valores, etc. orientados al control de sus acciones. Pueden existir coyunturas históricas favorables para la modificación de las relaciones estado-sociedad.

Los factores revisados que pueden generar mayores oportunidades de cambio en cuanto a RCP son las necesidades de legitimación democrática y de respeto y cobertura de los derechos cívicos y sociales así como la diversidad política al interior del Estado. Todos estos elementos están íntimamente relacionados con la necesaria extensión de la hegemonía requerida para la conservación del poder en los regímenes con democracia electoral.

Figura 2.1. Factores que inciden en la Autonomía relativa del Estado.