La organización del Estado provincial comenzó con un movimiento reformista iniciado en el gobierno de Martín Rodríguez entre 1821 y 1824, promovido por su ministro de gobierno Bernardino Rivadavia que, inspirado en Jeramy Bentham y Destutt de Tracy, devino en un importante movimiento político y cultural. En este proceso el Cabildo debía ser suprimido no solamente por la superposición de jurisdicciones, sino también porque su sustancia histórica lo hacía incompatible con un régimen representativo con equilibrio de poderes.9
La ley que terminó con los Cabildos dio origen a la estructura judicial basada en los jueces de primera instancia -letrados, rentados e inamovibles- y a la justicia de paz lega. Pero en 1826 Buenos Aires fue declarada capital del poder nacional recientemente creado, siendo diezmado el poder económico de la provincia y suprimidas la Sala de Representantes y las instituciones creadas en
1821. Después del fracaso de la “feliz experiencia rivadaviana”, se inició la reorganización de la
provincia, pero sobre la base político-jurídica que aquella había dejado.
Ante la “novedad y felicidad” de la experiencia política que vivió Buenos Aires en 1820
de las ruinas dejadas por la crisis, Tulio Halperín Donghi se preguntaba si el nuevo ordenamiento era fruto de un preciso plan de reconstrucción política y económica surgido del talento de un
hombre o de un equipo político. La “feliz experiencia” ¿se debía a la visión profética, al raro genio de Rivadavia? La respuesta le otorgó una mayor relevancia a la coyuntura y afirmó que “lo que
8 Levaggi, 2005, op. cit.; Ternavasio, 2007, op. cit. 9 Chiaramonte, 1997, op. cit. pp. 180-184.
hace la originalidad de la experiencia que comienza es que ella se da en un clima en el que la guerra
ha dejado de ensombrecer.”10
En cambio, para Ricardo Piccirilli la obra gubernativa de Rivadavia después de 1820, permite demostrar que siguió los consejos de Jeremy Bentham en sus medidas administrativas, en la preocupación por el bien público y en la inquebrantable línea de conducta, que indicaban su clara identificación, de lo que se deduce un plan de acción. El modelo propuesto quedó inconcluso “en la medida que los principios resultaron foráneos al sentimiento de la colectividad.”11
Para Enrique Barba, el ideario de Rivadavia, continuado y perfeccionado por sus
colaboradores y discípulos, “alentó y dio contenido doctrinario a quienes en larga y cruenta lucha bregaron por la organización constitucional de la patria.” La influencia de Rivadavia propició
cambios y creó instituciones que prepararon el camino de la obra que cumplió como ministro de Martín Rodríguez, con reformas unidas por el lazo de la cultura que las vinculó y las erigió, entre ellas la organización del poder judicial.12
Desde otra perspectiva más reciente, el grupo rivadaviano buscó dar coherencia y sentido teórico a las reformas a partir de algunas de las ideas centrales de corrientes filosóficas europeas, fundamentalmente el sensualismo, el utilitarismo y la idéologie. En especial las ideas de Bentham y el principio de utilidad, que determinaba que las acciones humanas debían ser juzgadas según el grado de daño o placer que provocaban a la comunidad. Este principio estaba especialmente destinado a los legisladores, considerados responsables de administrar la sociedad, teniendo a su alcance los medios más idóneos para ello: el premio y el castigo.13 Dentro del proyecto, la abolición del Cabildo llevaba implícita una reestructuración del sistema jurídico, que siguiendo el ideal benthamiano buscaba ser simplificado y separado de los otro dos poderes, aunque no se haya podido lograr.14
El triunfo de los federales con Dorrego como gobernador en 1827 fue breve y su deposición profundizó el enfrentamiento con los unitarios que llevaría a Juan Manuel de Rosas al poder, con el proyecto de construir un orden social y político que, a pesar de la concentración de atribuciones del gobernador, mantendrían en vigencia la división de poderes y la ley electoral. Pero esto cobraría un nuevo sentido, legitimado en el sufragio y la opinión pública, que requirió de los sectores populares y el disciplinamiento de las elites políticas.15 Por ello es necesario seguir el desarrollo del proceso
10 Halperin Donghi, Tulio, Revolución y Guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, México,
Siglo XXI, 1979, p.352-379.
11 Piccirilli, Ricardo, Rivadavia y su tiempo, Buenos Aires, Peuser, 1943, tomo II, p.22; 27.
12Barba, Enrique M. “Rivadavia y su tiempo”, en Rivadavia, homenaje de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación, La Plata, UNLP, 1945, pp. 10; 14-15.
13 Gallo, Klaus, op. cit., 2008, pp. 184-185, 193-194.
14 Gallo, Klaus Bernardino Rivadavia: el primer presidente argentino, Buenos Aires, Edhesa, 2012, p. 77.
15Paganini Rosana, Souto Nora, Wasserman Fabio “El ascenso de Rosas al poder y el surgimiento de la Confederación
institucional en la campaña, que tomó ritmos diferentes y fue resultado de la centralización de mecanismos de poder por parte del Estado, como el intento fallido de establecer la primera instancia con tres jueces letrados, que fueron adquiriendo funciones que excedían notablemente las judiciales y fracasaron.16
Para lograr la paz social y construir un nuevo orden legítimo se requería de un aparato de contención construido por un cuerpo de funcionarios leales al gobierno, pero reconocidos y aceptados por la sociedad: los jueces de paz.17 La experiencia de los paisanos durante el rosismo reconstruyó la relación entre los subalternos y el Estado, agregando muy poco al cuerpo de leyes en vigencia y a las instituciones judiciales en funcionamiento. Lo que distinguió al período fue la
“pedagogía de la ley”, el esfuerzo por restaurar la autoridad de la ley como reguladora de las
interacciones sociales.18 Esto ha generado un importante tema de debate, porque desde otro punto de vista no significó una alteración de los elementos esenciales que constituían el orden semántico de la vieja cultura jurídica, manteniéndose una dinámica de continuidad en el proceso de transición.19 De todas formas, la consolidación del Estado provincial a partir de 1852 estuvo signada
por la continua presión que reclamaba la expansión del territorio -indispensable para la producción ganadera- y la búsqueda del Gobierno por alcanzar el control y la definición territorial.