La participación como objetivo institucional

Es poco probable, por no decir imposible, encontrar una ONG de desarrollo, que no proclame la participación de los beneficiarios de un proyecto dentro de su misión - visión, por lo que la planeación y la estrategia de ejecución de los procesos participativos se han convertido en un rasgo institucional característico de las ONGs, independientemente de que se cumplan o no. (Arcos, Palomeque, 1997: 79)

En la década de los 70, caracterizada en Latinoamérica por los regímenes dictatoriales, para las ONGs, la participación se constituyó en una de las garantías imprescindibles para la construcción de una sociedad “mejor”, en la lucha de la sociedad civil por la democratización y contra el autoritarismo y la injusticia social (Martins, Heisler, 1995: 71, 77). Dejando por sentado el compromiso de las ONGs en contribuir a través de la participación a la transformación de las estructuras de poder vigentes y, por lo tanto “su intención de desempeñar el papel de agentes de cambios sociales” ((Martins, Heisler, 1995: 88).

Antes de profundizar en lo que la participación significa para las ONGs, debe estar clara su posición dentro de la sociedad civil, lo que a su vez dará la pauta para entender la remarcada importancia que adquiere el concepto de participación dentro de las organizaciones no gubernamentales.

En términos jurídicos y políticos, las ONGs forman parte del complejo de instituciones de la sociedad civil, y como tal no son la sociedad civil ni están en capacidad de representarla. Esta sería una de las principales diferencias con el Estado, el cual debido a su carácter de representante electo tiene la capacidad de ejecutar programas y proyectos sin necesidad de establecer lazos de coordinación con las comunidades. En este sentido, las

ONGs están “implícita o explícitamente obligadas a negociar con las poblaciones con las que desean o intentan trabajar” lo que les “obliga” establecer procesos participativos y por ende relaciones de poder con los beneficiarios. (Arcos, Palomeque, 1997: 80).

En un análisis al desempeño de las ONGs en el Ecuador, Arcos y Palomeque, encuentran dos visiones diferentes de la participación manejadas por dichas organizaciones. La primera con un enfoque instrumental, plantea los procesos participativos como parte de la metodología aplicada a la elaboración y ejecución de programas a fin de cumplir los requerimientos de los organismos de financiamiento; y la segunda con un enfoque político, reafirma a la participación como un medio orientado a equilibrar las relaciones de poder (Arcos y Palomeque, 1997: 84).

Para el encausamiento de los procesos participativos, en ambos niveles: instrumental y político, es necesario la preexistencia de organizaciones civiles o comunitarias, según sea el caso. Esto explica en gran medida la orientación de varias ONGs al desarrollo de actividades de organización, capacitación y educación, lo que generó el surgimiento de un sinnúmero de organizaciones sociales en sus áreas de influencia.

En este sentido y enfocado a las comunidades indígenas6, Bretón explica la proliferación de organizaciones de segundo grado, en términos de estrategia, como una respuesta a los requerimientos establecidos por un contexto externo a las comunidades, y que condiciona la preexistencia de una red de organizaciones de base para la ejecución de programas y proyectos. En vista de esto, Bretón concluye que existe “una relación directa de causa y efecto entre la presencia de ONGs y la mayor o menor densidad organizativa” en determinada región (Bretón, 2001).

Lo señalado nos lleva a pensar en las relaciones de poder que se suceden entre las ONGs y los beneficiarios, entre las ONGs entrevistadas por Arcos y Palomeque, una declaración interesante en este sentido, habla de una “semántica de la dominación”, que “consiste en una dinámica que lleva a los beneficiaros a decir lo que los técnicos de las ONG quieren escuchar” (Arcos, Palomeque, 1997). Este fenómeno se podría explicar tanto por una débil cultura de participación en asuntos públicos en el país o tal como lo señala

Bretón como una estrategia de respuesta por parte de las comunidades a fin de conseguir los proyectos ofertados.

Por otro lado, en muchos casos el uso recurrente de la participación como retórica ha dado origen a confundir la participación con procesos de contribución comunitaria asociados al colectivismo y sin mayor contenido político, generando dependencia en primer lugar y luego conflictos cuando las organizaciones maduran o son consideradas como ejecutoras directas de proyectos por parte de los gobiernos locales u organismos internacionales. En este sentido, se estaría gestando un nuevo rol para las ONGs, no de representación o intermediación frente a fuentes de financiamiento, sino de de asistencia y acompañamiento técnico a las organizaciones. (Arcos, Palomeque, 1997: 90)

Adicionalmente, uno de los ideales del accionar de las ONGs es ser más eficientes que el Estado y más justos que el sector privado lucrativo (Tonello, 1996: 3). Siguiendo este planteamiento, la relación entre las ONGs y el Estado siempre ha estado caracterizada por la falta de confianza entre ambos actores. Sin embargo, como ya se señaló anteriormente, la posición antigubernamental y contestataria de las ONGs ha sido desplazada, en varios casos, hacia una actitud colaborativa, concertada, participativa e intermediaria, en respuesta a la modernización de los Municipios y la descentralización, que crearon un espacio para la intervención de las ONGs, en el cual el Estado delega responsabilidades en la ejecución de ciertos programas sociales. En este sentido, la nueva institucionalidad de las ONGs, supeditada en su mayoría al financiamiento por parte del Estado, correría entre otros, los siguientes riesgos:

• convertirse en meros instrumentos de políticas públicas (Valderrama, 2000: 31) • un enfoque totalmente instrumental de la participación

• limitar su accionar al lobby, con la alta probabilidad de caer en relaciones clientelares.

Lo que, en el peor de los casos, ha llevado a las ONGs, según Chiriboga (1995: 39), citado por Bretón (2001), a:

La ausencia de experiencias positivas de acción de fortalecimiento del sistema político, es decir de los partidos políticos, del parlamento, de formas de control ciudadano sobre los gobernantes, de la gobernabilidad, etc. Esto se considera un campo externo de las ONG, normalmente considerado de dominio de los dirigentes y de las formaciones políticas. Esta despreocupación, sin embargo, no deja de

presentar inquietudes, desde el punto de vista del fortalecimiento democrático en nuestras sociedades.

Desde una visión más optimista, la relación entre el Estado y las ONGs puede significar la visión de un desarrollo compartido que implique la participación y co-responsabilidad con la sociedad civil y por tanto el involucramiento de la misma a través de las ONGs en el diseño de políticas, programas y proyectos de desarrollo, donde el Estado y las ONGs se convierten en socios en la lucha contra la pobreza (Arcos y Palomeque, 1997: 110).

En este sentido, hay una apuesta por parte de las ONGs en cuanto a la definición de su rol de incidencia política, haciendo referencia a las acciones que influyen en las decisiones públicas a favor de intereses comunitarios, enfatizando el proceso de formulación de políticas públicas sectoriales y nacionales a fin de aportar a la llamada “democracia participativa”, desde la sociedad civil.