Entre el año 2000 y el 200 el número de efectivos de la Policía Nacional se incrementó en 1,012 (un 16%), es decir, más de dos puntos porcentuales por encima de la tasa de crecimiento poblacional. En ese mismo período su presupuesto en córdobas aumentó un 96%, pasando de 249 millones a 487 millones de córdobas. El aumento del presupuesto se ha destinado, en buena medida, a financiar equipos: motocicletas, vehículos, combustible, etc. e incrementos salariales a los altos mandos. Pero ese incremento, que fue de 46% entre el 2000 y el 2001 y de 25% entre el 2001 y el 2002, apenas alcanzó el 7% entre el 2002 y el 200 (MHCP, 2000-200), primer año de gobierno de Bolaños. ¿Bolaños estuvo menos interesado en que la Policía Nacional alcance mayores vuelos? Sin embargo, su posición de esa entidad es notoriamente mejor que la del Sistema Penitenciario Nacional, que en ese mismo período vio reducirse su presupuesto en un 11% (MHCP, 2000-200). También a la Procuraduría de Derechos Humanos y la Secretaría de la Juventud les fueron asignadas partidas bastante más escuálidas y aplicadas reducciones significativas. De modo que, en las opciones del gobierno para garantizar la seguridad ciudadana, el ‘palo’ parece ocupar los primeros lugares, mientras la producción de la zanahoria se reserva a la ayuda externa.
Esa predilección, pese a lo dicho, no ha sido muy decidida. Al menos no en las proporciones que la percepción pública demanda. La solución por la que han optado la mayoría de los ciudadanos de clase alta y algunos de los estratos medios es trasladarse a condominios ubicados en zonas suburbanas, atrincherarse tras extensos muros perimetrales e invertir en seguridad privada, un negocio enormemente próspero en el que los altos comisionados y ex comisionados de la Policía Nacional tienen parte muy importante, aportando su capital y su know how. La inversión en seguridad privada supera a la inversión pública en seguridad. Y en esa situación Nicaragua no se diferencia de otros países de la región. En todos los países centroamericanos los empleados de las compañías de seguridad privada superan a los oficiales de seguridad pública (Godnick et
al., 2002:11).
En Nicaragua, entre 1990 y 1995 aparecieron 8 compañías de seguridad privada. En los cinco años siguientes, 9 compañías más entraron a ese mercado, empleando a 6,56 agentes. En mayo del año 2000, la Policía Nacional apenas contaba con 6,076 miembros, de los cuales sólo 4,005 eran oficiales de policía. El resto era personal administrativo (Godnick et al., 2002:9). Ese año, 47 compañías de seguridad privada operaban en el país y empleaban a 6,56 agentes (Godnick et
al., 2002:11). En el 2002, el número de agentes de la policía era el 94 % del número de empleados
en la seguridad privada (MHCP, 2002; Godnick et al., 2002:9). En 2005 Nicaragua disponía de 8,60 policías (MHCP, 2000-2005) y la seguridad privada, con 67 empresas, cubrían 4,15 objetivos con 9,29 guardas y 6,805 armas (Policía Nacional, 2005). Sólo en Managua, los 8,217 guardas de estas empresas se acercan al número nacional de policías. A esos guardas, se suman 5,000 vigilantes de calle que operan de forma independiente (Montesinos, 2005). De esta forma se soslaya un tratamiento radical y se va por las ramas, que se terminan desgajando. Esta vía sólo conduce hacia la atomización, la disolución de los lazos sociales, el “sálvese quien pueda… pagar por su seguridad”.
La seguridad privada permanece en un estado crítico, y no sólo porque las élites urbanas viven sus vidas en un limitado número de lugares altamente protegidos. Esta estrategia hace que en cierto estrato social los barrios funcionen como territorios que se defienden de la peste. Ocurre lo que Michel Foucault (2000:52) describe como estrategia de control y estudio de las ciudades afectadas por una peste: “un poder también continuo en su ejercicio, y no simplemente en su pirámide jerárquica, porque la vigilancia debía ejercerse sin interrupción alguna. Los centinelas
tenían que estar siempre presentes en los extremos de las calles, los inspectores de los barrios y distritos debían hacer su inspección dos veces por día, de tal manera que nada de lo que pasaba en la ciudad podía escapar a su mirada.” Estos espacios vigilados funcionan como “enclaves fortificados”, espacios de residencia, consumo, ocio o trabajo privados, cerrados y monitoreados, diseñados para aislar a sus ocupantes del crimen y, por tanto, para minimizar su inseguridad. Estos enclaves –sostiene Rodgers– toman típicamente la forma de comunidades auto-suficientes y condominios cerrados con muros elevados, tecnología de vigilancia sofisticada y seguridad privada 24 horas al días protegiendo las residencias y lugares de esparcimiento en la zona de residencia (Rodgers, 2004b:11).
En cambio, en los barrios pobres se concentran los delitos y la mayor parte de la violencia. Para percatarse de este desequilibro, en Nicaragua basta con conocer las zonas de acción de la delincuencia y los escenarios, víctimas y hechores de los homicidios. Se registra una situación similar en otros países latinoamericanos. De acuerdo al Núcleo de Estudos da Violência, entre 1977 y 1994 hubo un 160% de incremento en las tasas de homicidios en Brasil. Pero el miedo y la “plática del delito” generados por esta violencia a menudo oscurecen la altamente desigual distribución por clase, género y región de los diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, aunque estas cifras deban ser tratadas con cautela, es claro que las tasas de homicidio varían ampliamente: en la ciudad de Río de Janeiro en 1996, la tasa de homicidio de hombres de 15-4 años de edad en el opulento residencial de Leblon fue de 12.7 por 100,000 habitantes, mientras en el barrio de clase obrera Benfica fue de 214 por 100,000, equivalentes a la tasa de mortalidad de países que enfrentan una guerra civil (Penglase, 2005:4). Rodgers (2004b:114): lo que Harvey ha denominado “el derecho a la ciudad” se torna condicionado a atributos como la riqueza, clase social y residencia en un área particular.
A juicio de Rodgers, la estrategia de las élites ha tenido otro efecto: la provisión privada de seguridad convierte los espacios públicos en privados. Dado que los diferentes lugares que excluyen a los pobres están diseminados por toda la ciudad, se puede sostener que las élites urbanas de Managua viven en lo que cabe denominar “red fortificada”. Como un “enclave fortificado”, una “red fortificada” es separada del resto de la ciudad y permite, a aquellos que están en ella, permanecer aislados de los elevados niveles de delincuencia urbana e inseguridad (Rodgers, 2004b:120). La nueva red de avenidas y carreteras que une puntos remotos de Managua, tiene la función de permitir que las élites capitalinas se desplacen sin peligro desde los lugares de residencia hasta los centros de trabajo y diversión. Esta reconfiguración urbana lleva a nuevos patrones de organización segregada espacialmente que erosionan la misma noción de “espacio público”. Aquellos de “dentro” sienten poca responsabilidad hacia aquellos de “fuera”, y ya no se identifican con las nociones de cohabitación e interacción, sino, más bien, a un ideal de separación de aquellos percibidos como diferentes (Rodgers, 2004b:114). Según Rodgers (2004b:122), cada vez es más reconocido que la gobernabilidad de las ciudades se está transformando en algo más relacionado con la gestión del espacio que con disciplinar a los delincuentes. El ejemplo clásico de esta nueva forma de gobernabilidad espacial es el enclave fortificado, que produce orden creando espacios que excluyen las conductas peligrosas. Puesto que aquellos que se benefician de la transformación de las metrópolis son a menudo aquellos que efectúan los cambios, Rodgers (2004b:12) sostiene que la desimbricación” de Managua representa un ejemplo de lo que Lasch ha llamado “la revuelta de las élites”. Pero esta es una cara de la moneda. Desde otra perspectiva, cabe ver esta reconfiguración urbana como una retirada de las élites y sectores medios de “la calle” –como tradicionalmente era considerada– para replegarse en espacios públicos-privatizados. Este repliegue implica también un cambio en los patrones de consumo, que también se repliega hacia los alimentos higiénicos de importación que ofrecen los shopping centers. A la seguridad